Cuando las cifras engañan
El Plan Trienal, como todos los planes económicos, plantea objetivos justos para el futuro: la plena vigencia de la justicia social, una fuerte expansión de la actividad económica, el desarrollo de patrones de consumo que respondan a la realidad de nuestro pueblo, la unidad nacional, la democratización real de la sociedad argentina a través del gobierno de las mayorías, la reconstrucción del Estado, la recuperación de la independencia económica, la integración latinoamericana. Pero si vale la pena analizar a fondo este plan es porque detrás de él existe un sólido poder político que vuelve realistas las metas planteadas. Lo que en los planes de la dictadura
eran sólo palabras que no creían ni siquiera quienes las formulaban, aquí se convierten en afirmaciones de verdadero valor. Esta vez el Pueblo tiene derecho a saber y derecho a exigir.
En principio, el plan impresiona por sus metas ambiciosas: una tasa de crecimiento de la economía del orden del 7 y medio por ciento anual, garantizada por fuertes inversiones estatales y privadas y acompañada por un proceso de redistribución de los ingresos que lleve la participación de los asalariados al 47,7 por ciento en 1977. Para ello, el plan supone que los salarios reales crecerán un 7 por ciento cada año, mientras que la desocupación
prácticamente desaparece. En cuanto a la productividad sube un 4 por ciento anual, es decir menos que los salarios reales.
Finalmente, según el plan, las exportaciones se duplicarán. Claro que todo esto en los papeles. Escarbando un poco se descubre que los objetivos no son tan grandiosos como parecen al principio, y que incluso las metas reales son difíciles de cumplir; que las prolijas proyecciones esconden trampas estadísticas y que ni la más modesta de las cifras planteadas puede conseguirse sin lucha. Por supuesto, ni siquiera este plan está pensado para realizarse en su totalidad. Pero lo que habrá que analizar es si el actual proceso económico va
realmente en la dirección buscada. Veamos algunos ejemplos.

LAS INVERSIONES
Para que economía crezca al 7 y medio por ciento anual —nivel medio nunca alcanzado en la Argentina— es necesario, según el plan, un esfuerzo de capitalización tal que haga crecer las inversiones a una tasa del 12,4 por ciento. Esto parece particularmente impresionante si se lo compara con la magra tasa histórica del 4,5 por ciento, vigente, de acuerdo a las cifras que nos suministran, en el período 1961-74. En principio, siempre es alentador comparar el futuro promisorio con la realidad pasada, porque ocurre que nuestros planes para mañana todavía no han chocado con la experiencia. En este caso, sin embargo, los datos que nos ofrecen como una interpretación de lo que ha venido ocurriendo en la Argentina son sencillamente falsos.
Si se toma como base el año 1971 —tan excepcional como que su nivel de inversión no fue superado hasta 1968— la capitalización anual resultante es baja. Pero no lo es tanto si partimos de cualquier otro año. Para el período de la dictadura militar, por ejemplo, la tasa llega casi al 9 por ciento, es decir el doble de ,1o que postula el plan. Otra trampita estadística aparece con la participación del Estado en las inversiones: “En 1973 —dicen— la inversión pública representa un 32,2 por ciento de la inversión total, mientras que en 1977 este porcentaje ascenderá al 41,9 por ciento”. Al margen de que la inversión pública no es un valor en sí mismo —a veces sirve para que los grandes empresarios monopolistas usen para su beneficio la formidable capacidad de producción y de compra del Estado— se desliza aquí una nueva deformación. Porque ocurre que 1973 es el año más bajo de los últimos quince, y que incluso durante el primer quinquenio de la década del sesenta se superó, en promedio, el 40 por ciento.
Sin embargo, esto no es lo esencial. Cabe preguntarse si el mundo del futuro que se pinta —aún después de echar luz sobre las trampas estadísticas— tiene algo que ver con la realidad. Hasta el momento sólo se comprueba la creciente actividad del Estado, sobre todo en materia de planificación de inversiones en sociedad con las naciones socialistas de Europa Oriental. Así es que ya está garantizado al cumplimiento de las metas energéticas del plan a través del convenio con la URSS, y la instalación de empresas mixtas con mayoría estatal y participación polaca, rumana y checa para la explotación de la pesca, el petróleo y la fabricación de turbinas respectivamente. Del lado privado sólo se comprueba —al menos por ahora— la parálisis de las inversiones. Una fracción creciente de los empresarios reclama por la baja rentabilidad y, consecuentemente, le exige al gobierno mayor liberalidad en materia de precios. Como esto entra en pugna con el objetivo de redistribuir los
ingresos las grandes empresas han decidido presionar mediante el simple expendiente de no ampliar su capacidad productiva. La semana pasada, uno de los órganos de prensa principales del capital monopolista extranjero, el Economic Sur-vey, lanzó uno de sus ataques más violentos: “Paradójicamente, en cualquier campo que se señale, las autoridades económicas pueden sacar a relucir un nuevo acuerdo, un nuevo compromiso, un nuevo plan, pero a ellas les consta, tanto más que a nosotros, que todos esos recursos son puramente publicitarios”. Y luego: “En muchos casos, como ocurre precisamente con la producción de automóviles, las dificultades se disimulan con la exportación, pero lo que se está exportando es la propia fábrica, cuyo desgaste no se repone y esto también es descapitalización”.
Están amenazando, más que nunca, quizás porque saben que ahora se entra en una negociación decisiva. Tal como hoy está planteado el proyecto de Unidad Nacional, el proceso de capitalización en el marco de un intento sumamente moderado de redistribución de ingresos a favor de los trabajadores es la exigencia que el Estado le impone al sector empresario en un plano puramente económico. La aceptación o no de estas condiciones determinará en gran medida el rumbo del proceso. En este sentido, pueden ocurrir tres cosas: 1) Que los grandes empresarios no acepten las reglas del juego, en cuyo caso no sólo el Estado deberá hacerse cargo de una porción creciente de las inversiones sino que, además, ambas partes caerán en un conflicto cada vez más agudo; 2) Que finalmente acepten las actuales condiciones y se decidan a invertir con una tasa de rentabilidad baja, compensada por la expansión de la demanda interna y, para algunos de ellos, por la apertura de nuevos mercados; 3) Que el Estado vaya cambiando gradualmente las reglas del juego mediante la li-beralización definitiva de los precios. Esto querrá decir que el objetivo de la redistribución de los ingresos queda totalmente postergado.
Hoy se pueden verificar síntomas de cada una de estas tendencias, y ese es el motivo de que se hagan las predicciones más contradictorias respecto al futuro de la política económica. Algunas grandes empresas parecen dispuestas a someterse a las nuevas normas de rentabilidad, como es el caso de Dalmine-Siderca, que acaba de anunciar una ampliación sustancial de su producción siderúrgica. Muchas otras se resisten tenazmente, de lo cual
es una prueba elocuente el desabastecimiento y el mercado negro -en los rubros de la hojalata, textiles, alimentos, insu-mos petroquímicos y parte de la siderurgia. Finalmente, el gobierno está mostrando una alarmante flexibilidad en materia de precios. Si se sigue concediendo en este campo se agudizarán los reclamos de los trabajadores.

EL SECTOR EXTERNO
En este rubro es donde Gelbard puede mostrar sus éxitos más resonantes. El Plan Trienal ha previsto exportaciones por 3.500 millones para 1974 y casi seguramente se venderá por 4.000. Se dijo que iban a colocarse 700 millones de dólares en productos industriales y quizás se superen los 1000. El objetivo de 1977 está cerca de los 6000 millones de dólares, una cifra verdaderamente espectacular para los argentinos, que todavía no terminamos de incluir en nuestro razonamiento el hecho de que el dólar también pierde valor. Finalmente, para ese año, si las pautas del plan se cumplen, el Banco Central dispondrá de reservas tales que estarán cubiertos doce meses de importaciones.
Sin duda, la prioridad del equipo económico es acumular suficientes divisas, más que mejorar el poder de compra de los trabajadores. De acuerdo a lo que explica el propio plan, la demanda efectiva externa —es decir la diferencia entre las exportaciones y las importaciones— tiene que crecer a una tasa del 33 por ciento anual, mientras que la demanda interna lo hará al 6,6 por ciento. Esto significa que la estrategia de crecimiento económico está más apoyada en los compradores extranjeros de nuestros productos que en el poder adquisitivo dentro de nuestras propias fronteras.
Una primera crítica se puede hacer en nombre de la justicia social, pero lo que tendremos que ver es la íactibilidad del proyecto. A primera vista, las cifras no sólo parecen convincentes sino también realistas. De acuerdo al balance de pagos planeado, el gobierno dispondrá fuertes créditos comerciales a los exportadores, como ya lo hizo en el caso de Cuba. En 1974 hay 330 millones por ese concepto; en 1977, el monto sube hasta los 510 millones. Por otra parte, el Plan Trienal contiene supuestos sumamente moderados respecto a lo que puede ocurrir con los precios futuros de nuestras exportaciones e importaciones: tendencia a la baja para i los primeros y al alza para los segundos. Siendo así, parecería que todo está previsto.
Pero no es tan sencillo. En los últimos dos años, las cotizaciones de nuestros productos de
exportación han subido a ritmos nunca vistos. Desde abril del 73 hasta abril del 74, por ejemplo, el trigo ascendió un 90 por ciento y el maíz un 70. En el cuarto trimestre de 1973, la carne se pagaba un 50 por ciento más cara que un año antes en los mercados internacionales. En general, todas las materias primas y los alimentos producidos por los países del Tercer Mundo producían excedentes tan notables que, por primera vez en la historia, el Fondo Monetario Internacional debió computar una transferencia de ingresos en contra de los centros imperialistas. La experiencia más amarga que debieron pasar fue, sin duda, la del petróleo.
¿Puede perdurar este nuevo nivel de precios relativos? Implícitamente, el Plan Trienal supone que sí. De acuerdo a sus proyecciones, nuestros precios de exportación, después de haber crecido un 300 por ciento en los últimos años, bajará un 16 por ciento en el período que va de 1974 a 1977. En cuanto a los precios de importación, subirán un 40 por ciento. Esta última cifra podría impresionar como adecuada a primera vista, si no fuera porque ya han subido un 40 por ciento desde abril de 1973 hasta hoy. En cuanto a la primera —la de los precios de exportación— parece estar frenando su alza en todos los mercados. En el caso específico del trigo, aún
con una cosecha argentina bastante mediocre, la tendencia futura es netamente bajista.
De manera que, para el Plan Trienal, los actuales precios no son coyunturales sino que marcan la inauguración de una nueva época en las relaciones económicas internacionales, una época marcada por el fin de la tendencia al deterioro de los términos del intercambio de los países del Tercer Mundo. Marcar esto no significa desconocer que efectivamente está ocurriendo algo nuevo en el mundo, sino, simplemente, hacer explícita una hipótesis optimista por parte de los plani-ficadores. Si ellos tienen razón, entonces las metas de desarrollo propuestas pueden, en términos generales, cumplirse.
Para finalizar con el sector externo, debe señalarse que el rubro de inversiones extranjeras directas en el Balance de Pagos planeado presenta cifras muy exiguas. Esto, sin embargo, no debe engañarnos. El ítem Otras entradas previsibles de capital prevé 1750 millones de dólares ingresados durante los cuatro años, con un subtotal de 550 para 1974. Habrá que imaginar que detrás de ese título se esconde una esperanza por parte del equipo económico de Gelbard: la de los ya legendarios inversionistas, los cuales, si alguna duda tienen respecto a traer sus capitales debe buscarse menos en la ley de inversiones extranjeras que en la hasta hace unas semanas regía la política de precios.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
Porque se trata del gobierno del general Perón, éste es el aspecto más importante del Plan Trienal. El objetivo es que los trabajadores se apropien, en 1977, de un 47,7 por ciento del Ingreso Nacional. Esto se logrará —dicen— mediante un aumento del 7 por ciento anual en los salarios reales, una reducción de la tasa de desocupación urbana hasta un 2,5 por ciento y un incremento del producto por hombre ocupado del 4 por ciento. Respecto a estas cifras, es conveniente señalar que, si la experiencia europea es válida, los capitalistas suelen frenar sus incursiones no bien comprueban que los salarios reales crecen más que la productividad. Por otra parte, resulta notable que en este punto tan crucial no se planteen metas intermedias. Simplemente, se paite de un 42,5 por ciento en 1973 y se llega a 47,7 en 1977. Por último, el Plan Trienal imagina que los asalariados podran ahorrar parte de sus ingresos en el futuro, lo cual sirve, en los papeles, para financiar una bueña parte de las obras sociales.
Si nos guiamos por lo que está ocurriendo, se podría asegurar que la meta de redistribución de ingresos es una de las más postergadas. Suponiendo que en promedio, el último aumento fue de un 18’/ contando a las familias con jubilados, la mejora se habrá perdido indefectiblemente y totalmente para el mes de septiembre. Entonces, todavía a siete meses de las convenciones paritarias anunciadas, el gobierno deberá optar entre aguantar el creciente descontento popular o resignarse a una tasa de inflación sensiblemente más alta de lo que se acepta en el Ministerio de Economía. Esta contradición sigue en pie y seguirá en pie mientras la columna vertebral del Movimiento Peronista, la clase trabajadora, deba frenar sus luchas en aras de una negociación que le es ajena.
Por otra parte, también en este aspecto florecieron las trampas estadísticas. En primer lugar, ahora se vuelven a computar los aportes patronales jubilatorios en la remune-raciónde los asalariados, lo cual supone algo más de un 3 por ciento adicional respecto al sistema anterior. Además, es evidente, si se comparan estas cifras con las del Banco Central, que los datos son distintos. De esta manera resulta un 42,5 por ciento para los asalariados en 1973. Pero, así también, ocurre que en 1969, 1970 y 1971 —tres años de dictadura militar— la proporción estaba por arriba de la de 1973. En particular, 1970 registra un 46 por ciento para los asalariados. Esto se manifesta más agudamente si tomamos el caso específico del obrero industrial, que en 1973 figura como apropiándose del 32,6 por ciento del producto de su sector, mientras que en 1970 absorbía —siempre según las cifras del Pran Trienal— un 38,9. La diferencia es del 6,3 por ciento.
Pero la verdad no está en las páginas 350 y 351 del Plan Trienal, sino en la realidad.

SECTOR AGROPECUARIO
Para que toda esta complicada arquitectura del Plan Trienal tenga sentido, el producto agropecuario deberá crecer a una tasa anual del 6 por ciento, es decir un 600 por ciento más que lo habitual en los últimos años. El instrumento para conseguir este objetivo es el impuesto a la renta potencial de la tierra, que grava con tasas progresivas la subexplo-tación de la tierra. Este año el impuesto no puede aplicarse, puesto que no están preparados los catastros. Aún más, es problemático que se aplique el año que viene. Entonces, ¿cómo se conseguirá para 1977 tamaño aumento de la producción?

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