El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del Perú acaba de promulgar días pasados, la ley que regula la creación y funcionamiento de las Empresas de Propiedad Social. Esta constituye uno de los peldaños más altos en la escala ascendente de la participación del pueblo peruano en la dirección de sus propios destinos, meta señalada desde los inicios de su revolución.
En el aniversario de la independencia del Perú, el general Juan Velasco Alvarado señalaba que en su país «todas las expresiones del poder surgirán de los fundamentos mismos de la sociedad, es decir, allí donde piensan, actúan y deciden los hombres y mujeres que con su esfuerzo físico e intelectual crean una riqueza que debe beneficiar a todos los peruanos».
Tamaña empresa, en un país donde el pueblo —en su mayoría de piel morena— no participó jamás en la conducción de los asuntos públicos. Si casi siempre la elección parlamentaria más democrática es en realidad, una distorsión de los anhelos populares, donde a los votantes se les promete todo para después no cumplir nada, es de imaginarse cómo ha sido la cosa en el Perú, donde en uno de los procesos más disputados, discutidos y masivos de su historia, cuando se enfrentaron Sánchez Cerro y Haya de la Torre en 1931, sólo votaron 3 de cada 100 peruanoss. Veinte años después, en 1961, los electores eran 20 de cada 100. Y en las últimas elecciones municipales, en 1966, igualmente «masivas», sólo votaron cuatro electores sobre cada diez adultos.
Y proseguía diciendo el líder del pueblo hermano que «La concreción de este gran ideal participacionista, esencia misma del humanismo revolucionario que defendemos, supone el abandono gradual pero definitivo de los comportamientos manipulatorios y de los mecanismos de intermediación que en el pasado arrebataron a los ciudadanos el derecho a intervenir y a decidir en todos los asuntos de la vida social».
«Y supone asimismo, agregaba, la ruptura igualmente gradual pero también definitiva con todos los comportamientos paternalistas y autoritarios que ilegítimamente presupone condición de inferioridad en los humildes y en los pobres».
Clara y tajante definición de principios, hermosamente singular en dirigentes surgidos de la dura disciplina castrense. Contrariamente a otras revoluciones, donde con el pasar de los años se fue restringiendo cada vez más la participación de los trabajadores hasta llegar a la «manipulación» e «intermediación», en Perú se va dando el proceso inverso. Gradualmente, pero con firmeza, se ha ido avanzando en los distintos niveles. Así, se comenzó con la reforma agraria, las sociedades agrícolas de interés social (SAIS), las comunidades industriales y ahora las empresas de propiedad social.

LA COMUNIDAD INDUSTRIAL
Como se sabe, la «comunidad industrial» es una forma de participación y co-gestión entre los trabajadores y el empresariado privado. Partiendo de empresas ya establecidas, que empleen a más de 6 trabajadores o superen un mínimo de capital social, anualmente se separa un 25 por ciento de las utilidades brutas. De ese 25 por ciento dos quintas partes se distribuyen a fin de año entre los trabajadores prorrateando las horas trabajadas y la antigüedad de cada uno, mientras el resto se lo destina a inversiones en el capital de la empresa, hasta que los trabajadores llegan al 50 por ciento.
En el inicio la parte laboral cuenta con un director y a medida que va incrementando su participación en el capital van aumentando los directores obreros, hasta llegar a la paridad, o sea, igualdad de directores laborales y empresarios. El presidente se designa por común acuerdo entre las partes y en caso de empate, se resuelve por sorteo. Los ideólogos de la revolución explicaban que este método había sido preferido al del desempate a través del estado, para impedir cualquier desviación paternalista.
Como de este sistema están excluidas las empresas estatales
(que, por lo general, son las consideradas estratégicas y que antes pertenecían a los monopolios), cabe señalar que la «comunidad industrial» rige para lo que en Argentina se denomina pequeña y mediana industria. Vale decir que todo aquel empresario que emplee más de 6
obreros en forma permanente, está obligado a compartir la dirección de la empresa y de las utilidades con sus trabajadores, pero al mismo tiempo se asegura que su aporte al proceso de cambios y un lugar en el camino hacia la sociedad socialista.

LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL
El nuevo avance consiste en la formación de empresas creadas y dirigidas totalmente por sus propios trabajadores, dentro de un sistema nacional dividido en sectores. Según establece la ley cualquier grupo de trabajadores o trabajadores y técnicos, pertenezcan o no a una misma empresa, pueden proponer la formación de una nueva sobre la base de un proyecto. Si en principio ese proyecto tiene viabilidad, pasa para su estudio a la Corporación de Fomento Industrial. Si la nueva empresa cumple con satisfacer una necesidad y encuadra en los nacionales de desarrollo, la Corporación Financiera aporta los fondos necesarios para su puesta en marcha.
La empresa en cuestión pasa a ser propiedad no únicamente de los obreros que en ella trabajan, sino de todos los trabajadores del sector, para evitar que la competencia individual entre las empresas cree en sus integrantes un nuevo egoísmo, al que consideran propio del sistema capitalista y no de la sociedad de trabajadores que están forjando.
El experimento es original, no sólo por la armónica complementación con los demás sectores sino porque pone en manos de los propios trabajadores la gestación y dirección de las empresas.

EL SOCIALISMO PERUANO
La revolución peruana es antiimperialista, pues ha expropiado los bienes del imperialismo y lo ha enfrentado en su política exterior. La revolución peruana es anticapitalista, en la medida que ha desplazado a la propiedad capitalista de los grandes centros de la economía y que —sin atacar a la pequeña y mediana industria— pone el acento en el desarrollo de las formas sociales de propiedad.
Los dirigentes de la revolución buscan, como dice Velasco Alvarado, «un camino revolucionario autónomo y propio del Perú y su recusación del comunismo, del modelo soviético del socialismo, la realizan a partir de una posición que bien entendida es mucho más revolucionaria.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON EL CHILE DE ALLENDE
No sólo por cercanías geográficas, sino por sus comunes perspectivas latinoamericanas, se impone la comparación entre los procesos chileno y peruano. Ambos compartían la característica de proceso autóctono, no ceñido a la política de las grandes potencias, dieron gran importancia a la participación popular, enfrentaron con energía al imperialismo, y realizaron una profunda reforma agraria abriendo paso a formas socialistas y comunitarias de explotación de la tierra.
Pero allí terminan las similitudes. En el plano militar, en Chile se contaba apenas con una minoría de oficiales pro-allendistas, mientras que en Perú han sido la mayoría de los oficiales los que fueron diseñando unidos a un selecto pero valioso equipo de civiles, los perfiles de su revolución.
También en la importancia asignada a la participación popular existen grandes similitudes, pero mientras la chilena fue tumultuosa y multitudinaria, surgida de las mejores tradiciones de su movimiento obrero y socialista, la del Perú es gradual, creciente y fomentada desde la cúspide por un gobierno que no nació del calor popular, sino que más bien encontró al instaurarse un frío glacial en las masas. Es que años y años de desengaño habían vuelto desconfiados a los clientes de los demagogos y caudillos de turno.
Sin embargo, es en el plano
de la co-gestión y de la dirección de las empresas, donde la diferencia es más notoria. En Chile no llegó a implementarse la participación en la pequeña y mediana industria, con lo que no sólo no se incorporaron eficazmente sus trabajadores, sino que los empresarios fueron ganados en bloque por la reacción derechista. Además, la dirección de las empresas estatales llamadas también de «propiedad social», estaba compartida por partes iguales entre funcionarios gubernamentales y representantes obreros elegidos por sus bases, con el voto de desempate en manos de un funcionario estatal.
En el caso chileno, por la ausencia de una clara dirección revolucionaria, se perdieron aliados importantes por presuntos extremismos que se agitaban inteligentemente por la derecha, a la par que en algunos aspectos no se avanzaba tanto como en el Perú porque, y esto no hay que dejarlo pasar por alto, la empresa de propiedad social establecida ahora en el Perú, es mucho más avanzada, socialmente hablando, que la que existía en Chile.

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