A mediados del año 1971, defensores de presos políticos y con militancia en la causa nacional visualizamos la necesidad de contar con un organismo profesional de abogados que, cuanto menos, cumpliera dos funciones: 1) nuclear a los profesionales del derecho en una entidad que sirviera de respaldo a la actividad defensista, y 2) denunciar la represión que la dictadura militar ejecutó como parte de una politica general de entrega y sometimiento en beneficio de los monopolios y del imperialismo.
Proyectos como éste estuvieron en mente y en germen en muchas oportunidades desde 1955; sin embargo, por muchas circunstancias, la tarea no llegó a concretarse con anterioridad.
La dictadura militar que desde 1966 terminó de desmantelar los últimos resortes de la economía nacional, provocó como correlato en lo social la pauperización de las capas medias de la población y en lo político la comprensión —por parte de dichas capas— del fenómeno nacional expresado en el peronismo. En el plano universitario y profesional el puñado de militantes peronistas se convirtió a través de este proceso en una de las corrientes principales y con mayor peso.
Dentro de este contexto los abogados peronistas formulamos un llamamiento a otras corrientes políticas para constituir un organismo profesional que cumpliera las funciones antes mencionadas. Facilitó, fundamentalmente, el proceso de conjunción el fresco recuerdo del secuestro y asesinato del colega Néstor Martins y la represión desatada por la dictadura contra los abogados, cuyo punto más alto consistió en la detención de una veintena de ellos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a mediados de 1969, en oportunidad de instaurarse el estado de sitio en todo el territorio de la República.
La coincidencia esencial del conjunto de profesionales que se núcleo fue, al margen de las disidencias políticas e ideológicas, la común caracterización de nuestra Patria como Nación semicolonial con desarrollo capitalista y el enjuiciamiento de la dictadura militar como producto necesario de un sistema que se derrumba por el desarrollo de las luchas populares.
De ahí que, sobre la base de la multiplicidad política e ideológica, en la conformación de la Gremial el criterio político que imperó como guía para la acción fue el apoyo profesional a cualquier forma de lucha popular contra la dictadura militar, integrándose como ente de acción contra las manifestaciones antipopulares y represivas. Detallar el sinnúmero de acciones desarrolladas por la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal desde su creación en septiembre de 1971 hasta la actualidad significaría caer en el anecdotario. Sin embargo repasando mentalmente dichas actividades aparece una característica fundamental de esta etapa: la Gremial sirvió y se movió como organismo de respuesta ante la represión dictatorial a las luchas del pueblo argentino pero no pudo desarrollar una política de ofensiva contra el régimen en la plenitud deseada.
Esta realidad no pudo ser superada a pesar del nivel consciente de las distintas directivas habidas y del activismo puesto de manifiesto. Lo que sí se comprendió es que distintas causas llevaron a este resultado irreversible; entre ellas, el orden prioritario de la actividad a desarrollar en la etapa —téngase en cuenta que la casi totalidad de los afiliados activos eran defensores de presos políticos—, el mosaico de tendencias existentes internamente en la Gremial; la imposibilidad de crecer numéricamente en la capa profesional debido a la campaña intimidatoria de los organismos parapoliciales, etc. Sin embargo, debemos señalar como ítems irreversibles de la actividad de la Gremial el hecho de haber cubierto un vacío político nunca jamás cubierto con anterioridad. Hoy, cuando no existen más en las cárceles del país presos políticos, cuando se ha derogado la totalidad de la legislación represiva y se han disuelto los tribunales especiales (Cámara Federal en lo Penal de la Nación); cuando en lo ancho y en lo largo de la patria el pueblo ha recuperado el Gobierno, cuando sobre la base de la participación activa del Movimiento Peronista en las calles y en el Parlamento y en el Ejecutivo se crean los cimientos de un poder popular, la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal debe reformular su política a fin de participar activamente en las tareas de Reconstrucción Nacional.
Tal es, a partir del 11 de marzo de 1973, el tema latente en las discusiones de la Gremial que, sin embargo, quedó sin resolución debido a que la actividad central encarada fue la lucha incondicional por la libertad de los presos políticos.
Ya existen algunas pautas sobre la problemática: la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal tiene vigencia en esta etapa por cubrir un territorio tradicionalmente cubierto por la oligarquía (Colegio de Abogados) y los liberales (Asociación de Abogados de Buenos Aires). Sobre esa base, la discusión sobre las actividades a encarar, las relaciones políticas a desarrollar y las tareas propias de gremio quedan planteadas.
La Asociación Gremial de Abogados se fundó hace menos de un año como fruto de la necesidad de organizar a los abogados que decididamente desean abrazar la causa del pueblo y para asegurar de una manera eficiente la defensa de los prisioneros del régimen, políticos, gremiales y estudiantiles.
La represión desatada por la dictadura militar se dio a publicidad mediante informes que contienen datos precisos de las personas que fueron objeto de vejaciones y tortura. Paralelamente a ello se denunció sistemáticamente la política del gobierno tendiente a descargar la crisis que vive el país sobre las espaldas del pueblo trabajador y acentuar la monopolización creciente de nuestra economía y la dependencia de nuestro país al imperialismo.
Paralelamente al desarrollo de la Asociación Gremial de Abogados, que puso todo su esfuerzo en el cumplimiento de sus objetivos, los aparatos de “segundad” del sistema comenzaron una campaña de desprestigio e intimidación. No les bastó las amenazas y atentados contra distintos abogados, les fue necesario inclusive atentar contra la sede del organismo mediante una bomba de alto poder explosivo.
En la tarea emprendida ya no está sola la Asociación Gremial de Abogados. Entre los días 17 y 20 de agosto sesionó en la Capital la Reunión Nacional de Abogados con la participación de más de 350 profesionales.
El día 16 de agosto viajó una delegación de la Asociación Gremial a Rawson, consciente del clima que vivía el país. La Reunión Nacional de Abogados, mediante telegramas dirigidos al Presidente de la República, exigió garantías para las personas alojadas en distintos establecimientos carcelarios y militares. Habían transcurrido tan sólo 48 horas luego de la finalización del Encuentro de Abogados y la opinión pública se conmovía ante una de las tragedias más importantes que soportó el país: LA MASACRE DE TRELEW.
Conscientes de nuestra misión profesional viajó de inmediato una delegación de abogados a Trelew, con el objeto de informarse de la situación e intentar salvaguardar la vida de quienes aparecían sobreviviendo a la matanza. El día 22 de agosto la Asociación Gremial de Abogados convocó a una conferencia de prensa para informar .sobre la situación de Trelew, pero una bomba conteniendo más de 2 kg. de gelinita obligó a que se realizara en la vía pública, luego del estallido que inutilizó gran parte del edificio de nuestra sede.
La Asociación Gremial de Abogados, frente al silencio impuesto por el gobierno a la prensa, toma bajo su responsabilidad difundir todos los elementos de juicio que lleguen a nuestras manos, a fin de que el pueblo tenga conciencia y conocimiento de cómo ocurrieron realmente los hechos.
INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES A DIFUNDIR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL INFORME QUE PRECEDE, YA QUE LOS MISMOS SON PATRIMONIO DEL PUEBLO Y EN CONSECUENCIA DEBEN SER CONOCIDOS.

  • Declaración final de la Reunión Nacional de Abogados “Néstor Martins” realizada en esta Capital con la presencia de 350 abogados de todo el país
  • En la República Argentina no existen siquiera vestigios del denominado “estado de derecho”. Los derechos humanos son violados e ignorados por la legislación, la jurisprudencia y la práctica represiva. La dictadura militar que detenta el poder desde hace seis años, luego de un anterior período institucional viciado por fraudes y proscripciones, ejerce el gobierno en forma discrecional y carente de todo contralor. Su base de sustentación es la minoría oligárquica y antinacional y se mantiene con el único fundamento de su fuerza armada (militar y policial del Estado).
    La Justicia del Sistema, con algunas excepciones, se ha convertido en una siniestra farsa. La creación de inconstitucionales tribunales especiales ha transformado la defensa de centenares de prisioneros políticos en esfuerzo prácticamente inútil, en la mayoría de los casos.
    Esta situación es expresión de una política de estancamiento económico y de endeudamiento financiero sin límites que se aplica al servicio de la concentración monopólica y de la dominación imperialista. Consecuentemente se explota en forma ascendente e ininterrumpida al pueblo trabajador y se produce el empobrecimiento progresivo de las capas medias de la población.
    El pueblo no permanece espectador de esta política y se expresa, en su descontento, por medio de manifestaciones de distinta índole: la protesta callejera, las acciones armadas de las organizaciones político-militares, las sublevaciones populares y las luchas obreras.
    Estas expresiones de protesta popular son reprimidas: son comunes las ocupaciones militares de ciudades, las razzias tn las villas miseria, la disolución e intervención de sindicatos, los encarcelamientos por causas políticas, gremiales y estudiantiles, obligándose a los soldados conscriptos a enfrentar a sus compatriotas.
    Existen centenares de presos políticos confinados por largos períodos en cárceles, alejados de sus hogares y se utiliza ese vergonzoso campo de concentración flotante que es el buque “Granadero”.
    La práctica sistemática de castigo, vejaciones, secuestros y torturas son sólo aspectos sobresalientes de una sangrienta represión contra el pueblo, que caracteriza a un estado típicamente policial.
    Los abogados, que asumimos el compromiso de nuestra responsabilidad como parte de nuestro pueblo, sufrimos en nuestras agrupaciones gremiales y personalmente ataques, calumnias, campañas de intimidación, amenazas y atentados. Muchos colegas sufren o han sufrido encarcelamiento prolongado. Néstor Martins ha sido asesinado tras su secuestro, en acción muy similar a la que protagonizaron hace algún tiempo funcionarios policiales, indultados después de haber sido condenados por la Corte Suprema, en un acto de gobierno que otorga piedra libre para la ejecución de crímenes similares.
    Frente a su total orfandad y al hostigamiento de las luchas populares, el gobierno intenta una salida electoral condicionada y proscriptiva.
    Coherente con lo anteriormente expresado, y en la certeza de que la vigencia plena de los derechos humanos y democráticos sólo se logrará con la instauración de un nuevo sistema sin explotadores ni explotados, la Reunión Nacional de Abogados denuncia y repudia, en este momento histórico argentino, al Gran Acuerdo Nacional y a todos aquellos políticos que aceptando las reglas de juego del gobierno se convierten en sus cómplices.
    Las clases dominantes no se arriesgarán a perder por la vía pacífica lo que han usurpado a través de la violencia, del sudor, la sangre y la libertad de nuestro pueblo y mucho menos constituyen, ellas mismas, el trampolín de su suicidio.
    La Reunión Nacional de Abogados es consciente de que sólo el acceso del pueblo al poder podrá transformar en profundidad las estructuras económico-sociales anacrónicas que imponen la dependencia y la explotación de los trabajadores. Surgirá asi el nuevo derecho que enmarcará las relaciones socioeconómicas culturales y políticas del hombre nuevo, en una sociedad sin explotadores ni explotados en la cual los abogados no serviremos como instrumento de la opresión interna ni de la dependencia internacional.
    Presidente – Vicepresidente – Secretarios

    28 de mayo de 1973
    Mario Kestelboim

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