• Derecho, educación y clases sociales
  • En razón de una división del trabajo social tan antigua como la existencia del propio derecho como técnica de organización social, advertimos que la función de legislador es privativa de las clases cultas, es decir de las que han alcanzado los niveles más altos de conocimiento de cada sociedad. Pero también sabemos que tales grados superiores de educación y de conocimiento científico son extraños a los trabajadores manuales, los que generalmente no alcanzan a cumplir ni siquiera el ciclo de enseñanza primaria, nominalmente calificado de “obligatorio”.
    Es lógico que así sea, en nuestra sociedad burguesa dependiente, ya que el legislador dicta las leyes como gobernante, crea el derecho que regula el comportamiento de los miembros de cada sociedad, y esto lo hace desde el Estado, el que constituye un poder social que dispone de un aparato de coerción para garantizar la defensa del interés de la clase dominante, siendo al igual que el derecho, expresión de determinadas relaciones de producción. Ambas instituciones, íntimamente vinculadas entre sí y con rasgos comunes según el grado de desarrollo alcanzado históricamente en cada sociedad por sus medios de producción, contribuyen a consolidar económica y políticamente la dominación de una clase social determinada.
    En consecuencia, en el común de los casos, en el mundo capitalista, el trabajador se transforma así, como individuo y como clase social, en destinatario, en sujeto pasivo de leyes elaboradas en base al pensamiento, a los intereses, a las ideas, a los valores, a las necesidades reales o artificiales, y conveniencias de quienes por extracción social, composición de clase, formación cultural, intereses de círculo e ideología, se identifican con las clases poseedoras.
    En nuestro análisis no debemos perder de vista el carácter relativo de las teorizaciones, las que se refieren a determinadas sociedades, cuyas instituciones son consecuencia, en lo mediato o inmediato, de las condiciones en que se da la relación entre las clases antagónicas, del desarrollo de sus fuerzas productivas, de los vínculos de subordinación y dependencia en el piano internacional o como Estado soberano en ejercicio de su plena autonomía. Fundamentalmente debemos evitar que, por vía de nuestras especulaciones doctrinarias, demos la imagen del carácter eterno e inamovible de las estructuras politicas de un cierto tipo de Estado y que proyectemos las actuales formas en el tiempo y en el espacio como ideal permanente.
    El tipo de Estado vigente en cada sociedad es el resultado del régimen económico que allí rija, de la política concreta que se realice y de las garantías que efectivamente brinde a sus habitantes, con prescindencia del mayor o menos número de garantías y derechos que enuncie formalmente en su Constitución y en sus leyes. Este derecho, tanto en su producción como en su contenido y en su forma, está íntimamente subordinado al tipo de Estado de que se trate. El contenido del derecho se determina no por la voluntad personal del o de los funcionarios a cargo de la producción legislativa, del legislador de turno, como tampoco por el ideal abstracto de “Justicia”, sino por las relaciones económicas y sociales que condicionan la voluntad de la clase que ejerce el poder del Estado.
    En síntesis, el derecho, expresado como un orden jurídico coactivo encaminado a someter a los habitantes de un país a las condiciones imperantes de la producción y el cambio, refleja siempre, en última instancia, determinadas condiciones económicas, sin por ello negar su reacción sobre el proceso económico.
    Nuestra propia experiencia nos enseña que todas las leyes, desde la más importante como la Constitución, hasta los meros reglamentos, son producto de la labor intelectual de órganos sin participación de representantes de la clase trabajadora argentina, salvo en los períodos de gobierno peronista, en los que sí hubo y hay en los cuerpos legislativos auténticos obreros. Consecuentemente, cada período histórico argentino reflejó y refleja en su legislación, el interés económico y social correspondiente a la clase de sus componentes y de las fuerzas políticas prevalecientes.
    Pero este manejo de los aparatos conceptuales de la sociedad por parte de las clases poseedoras que, a su vez, son las que han alcanzado los niveles más altos de educación, no se manifiesta únicamente en el plano de la legislación, trasciende hacia todos los niveles superestructurales. La clase trabajadora argentina sabe que para alcanzar el poder y luego conservarlo, es preciso también que las masas adquieran una formación intelectual adecuada para superar las enseñanzas, hábitos y costumbres impuestos por los detentadores de los medios de dominación social. Las masas trabajadoras deben superar los viejos hábitos de la intelectualidad y reeducarse para la liberación. Es por medio de la educación, explica Lenin, que la clase dominante inculca las convicciones que recibe el pueblo.
    No debemos olvidar que durante los últimos dieciocho años, las escuelas oficiales y privadas estuvieron sirviendo a la recolonización cultural. De ahí la importancia de recuperar el control ideológico de nuestra sociedad.
    Decimos todo esto como introducción al tema constitucional para que quede bien claro, aún por sabido, que la Constitución no es más que una ley, la más importante y trascendente de las leyes, pero de la misma naturaleza que las otras normas que en ella encuentran su fundamento normativo, y que su contenido no es producto del azar ni de las buenas o malas intenciones que individualmente puedan tener los constituyentes como seres humanos, ni tampoco resultado del mayor o menor grado de preparación general o conocimiento especializado de cada uno de ellos. Esto nos explica por qué la Constitución de 1853 defendía los intereses del liberalismo, mientras que la de 1949 los intereses del Pueblo y de la Ilación Argentina.
    Otro de los errores a evitar es el de concebir la Constitución como un bien abstracto, resumen de cuanta idea revolucionaria o progresista pueda hallarse en el Derecho Constitucional comparado, al margen de la verdadera correlación de fuerzas existentes en nuestro medio. La dialéctica de la historia nos enseña que el paso de una forma política a otra, por sí sola, no elimina lo más mínimo la dominación de la clase explotadora. Una Constitución divergente de la realidad a la que se la destina, reflejará una legalidad idealizada pero desprovista de efectividad y de inmediato se transformará en letra muerta.

  • Distintas etapas revolucionarias en los países dependientes
  • Con relación al momento histórico que vivimos, entendemos útil para su mejor comprensión, las siguientes ideas de Mao Tse Tung: “En su primera etapa o primer paso, tal revolución (la de liberación contra el imperialismo) de un país colonial o semicolonial, aunque por su carácter social sigue siendo fundamentalmente democrático-burguesa y sus reivindicaciones tienden objetivamente a desbrozar el camino al desarrollo del capitalismo, ya no es una revolución de viejo tipo, dirigida por la burguesía y destinada a establecer una sociedad capitalista y un Estado de dictadura burguesa, sino una revolución de nuevo tipo, dirigida por el proletariado y destinada a establecer, en esa primera etapa, una sociedad de nueva democracia y un Estado de dictadura conjunta de todas las clases revolucionarias. Por consiguiente, esta revolución abre precisamente un camino más amplio al desarrollo del socialismo. Durante su curso, atraviesa varias fases, debido a los cambios en el campo contrarío y entre sus propios aliados, pero su carácter fundamental permanece inalterado. Tal revolución combate consecuentemente al imperialismo, y por lo tanto éste no la tolera y lucha contra ella …” (“Sobre la nueva democracia”, Obras Escogidas, t. II, pág. 358).
    Más adelante agrega: “La revolución china en su primera etapa (subdividida en múltiples fases) es, por su carácter social, una revolución democrático-burguesa de nuevo tipo, y no es todavía una revolución socialista proletaria; sin embargo, hace ya mucho tiempo que forma parte de la revolución mundial socialista proletaria y, más aún, constituye actualmente una parte muy importante de ella y es una gran aliada suya. La primera etapa o primer paso de esta revolución, de ningún modo es ni puede ser el establecimiento de una sociedad capitalista bajo la dictadura de la burguesía china, sino el establecimiento de una sociedad de nueva democracia bajo la dictadura conjunta de todas las clases revolucionarias del país dirigida por el proletariado; con ello culminará la primera etapa. Entonces, será el momento de llevar la revolución a su segunda etapa: el establecimiento en China de una sociedad socialista”.
    Al caracterizar la primera etapa de la revolución china, la de la nueva democracia, Mao destaca el paso del proletariado, de clase que participaba en la revolución como dependiente de la dirección política ejercida por la burguesía y la pequeña burguesía, al de fuerza consciente e independiente que hegemonizó la conducción política, aunque la burguesía nacional continuó participando en la revolución.
    Sobre el papel de la burguesía puntualiza que ésta, por pertenecer a un país colonial y semicolonial y verse oprimida por el imperialismo, aún tiene en ciertos períodos y hasta cierto punto un carácter revolucionario, incluso en la época del imperialismo, en el sentido de que se opone a los imperialistas extranjeros y puede aliarse con el proletariado y la pequeña burguesía. Marca en tal sentido la diferencia con la burguesía zarista, que pertenecía a una potencia imperialista, a un Estado agresor, por lo que no tenía carácter revolucionario. En cambio, siendo China un país víctima de la situación colonial, su burguesía nacional tiene en ciertos períodos y hasta cierto punto un carácter revolucionario. “Aquí, el proletariado tiene el deber de no pasar por alto este carácter revolucionario de la burguesía nacional y de formar con ella un frente único contra el imperialismo y los gobiernos burócratas y caudillos militaros”.
    “Pero, al mismo tiempo, precisamente por pertenecer a un país colonial y semicoloníal y ser, en consecuencia, extremadamente débil en los terrenos económico y político, la burguesía nacional china tiene también otro carácter, o sea, su tendencia a la conciliación con los enemigos de la revolución. Aún en los momentos en que participa en la revolución, es reacia a romper por entero con el imperialismo; además, está estrechamente vinculada a la explotación que se ejerce en el campo mediante el arriendo de la tierra. Por ello, no quiere ni puede derrocar completamente al imperialismo y aún menos a las fuerzas feudales. Así no es capaz de solucionar ninguno de los dos problemas o tareas fundamentales de la revolución democrático-burguesa de China. En cuanto a la gran burguesía china … se entregó en brazos del imperialismo y se confabuló con las fuerzas feudales para combatir al pueblo revolucionario … “.
    Mao advierte como ley general válida para la burguesía de todos los países, la de su carácter dual: de un lado, partícipe de la revolución, del otro, su tendencia a la conciliación con los enemigos de la revolución. “Frente a un enemigo poderoso, la burguesía se une con los obreros y campesinos para combatirlo, pero cuando éstos despiertan, la burguesía se alia en contra suya con el enemigo”.
    La” república de nueva democracia concebida por el líder chino partía de estructuras del Estado y del Poder asentadas en el conjunto de todos los sectores antiimperialistas y antifeudales, con el proletariado como fuerza dirigente.
    Reduce los múltiples sistemas de Estado a tres tipos fundamentales, según el carácter de clase de su Poder: a) República bajo la dictadura de la burguesía; b) República bajo la dictadura del proletariado, y c) República bajo la dictadura conjunta de las diversas clases revolucionarias.
    “El primer tipo lo constituyen los Estados de vieja democracia. En la actualidad, después del estallido de la Segunda Guerra imperialista, ya no queda rastro de democracia en muchos países capitalistas, transformados o en vías de transformarse en Estados donde la burguesía ejerce una sangrienta dictadura militar… El segundo tipo es el vigente en la Unión Soviética, y se halla en gestación en los países capitalistas. En el futuro, ésta será la forma dominante en todo el mundo por un determinado período.”
    “El tercer tipo es una forma de Estado de transición que debe adoptarse en las revoluciones de los países coloniales y semicoloniales. Cada una de dichas revoluciones tendrá necesariamente características propias, pero éstas representarán ligeras diferencias dentro de la semejanza general. Siempre que se trate de revoluciones en colonias o semicolonias, la estructura del Estado y del Poder será forzosamente idéntica en lo fundamental, es decir, se establecerá un Estado de nueva democracia bajo la dictadura conjunta de las diversas clases antiimperialistas.”
    En cuanto al sistema de gobierno, lo define como forma de organización del poder, al que lo sustenta en órganos adecuados para la lucha contra el enemigo y para la propia protección. “Pero este sistema debe fundarse sobre elecciones con sufragio realmente universal e igual para todos, sin distinción de sexo, creencia, fortuna, instrucción, etc., sólo un sistema electoral así dará a cada clase revolucionaria una representación acorde con el lugar que ocupe en el Estado, permitirá expresar la voluntad del pueblo, facilitará la dirección de la lucha revolucionaria y encarnará el espíritu de la nueva democracia. Este es el centralismo democrático. Sólo un gobierno basado en el centralismo democrático puede poner en piano juego la voluntad de todo el pueblo revolucionario y luchar con la mayor eficacia contra los enemigos de la revolución. El espíritu de ‘no permitir que sea propiedad exclusiva de unos pocos’, debe reflejarse en la composición del gobierno y del ejército; sin un sistema auténticamente democrático no podrá alcanzarse este objetivo y no habrá correspondencia entre el sistema de Estado y el sistema de gobierno. .. ésta es la única orientación correcta para nuestra presente labor de ‘reconstrucción nacional'”, decía Mao Tse Tung en enero de 1940.
    Por nuestra parte, reconocemos que la actual política de Reconstrucción y Liberación Nacional conducida por el General Perón, se sustenta en la acción conjunta de los distintos sectores antiimperialistas del país, y que la participación de la burguesía nacional se da como responsable de la economía argentina. Su presencia ha sido ponderada por nuestro Conductor en reunión con los miembros de la Confederación General Económica, con motivo de tomar estos a su cargo la reactivación de las empresas estatales (ver La Nación del 13-1-1974).
    Mientras algunos grupos políticos se dedicaban a negar la presencia en nuestro país de una burguesía nacional, ésta avanzaba en la toma de posiciones dentro del Movimiento Nacional y del propio gobierno hasta transformarse en los conductores y planificadores de la economía.
    Los acuerdos económicos internacionales celebrados con China, URSS, Checoslovaquia, Polonia, Cuba, Rumania y otros países socialistas, la imposición a las empresas subsidiarias del imperialismo de la obligación de cumplir con la provisión de materiales de la industria automotriz y ferroviaria a Cuba, con lo que rompen el bloqueo a la república hermana, el cuestionamiento de los organismos políticos (OEA en Lima), financieros (BID, al exigir modificaciones sustanciales en su Carta constitutiva y condiciones más equitativas en las relaciones con los países del Tercer Mundo), y militares del imperialismo (Carcagno en Venezuela), muestran a esa burguesía en la línea de oposición a los intereses monopólicos internacionales, aunque al propio tiempo su política tiende, en el frente interno, a obtener a través del “Pacto Social” la subordinación a sus intereses de la clase trabajadora argentina, sobre la que descarga el mayor peso de la reconstrucción nacional.
    También debemos tener en cuenta que su comportamiento en 1955, en el derrocamiento del primer gobierno peronista, la muestra con el carácter dual a que se refiere Mao, para los momentos críticos de todo proceso revolucionario de liberación, por lo que el mismo requiere, para su superación sin claudicaciones, de la participación activa, preponderante y hegemónica del proletariado argentino.
    Las consideraciones que anteceden sobre la burguesía no tienden a justificar a ese sector de la realidad social argentina, ni mucho menos, sino a reconocer con objetividad su capacidad operacional y su peso efectivo, puesto que como dice Fernando Lasalle, la Constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que rigen en esa sociedad, las que, a su vez, constituyen las fuerzas activas y eficaces que informan todas las leyes e instituciones jurídicas del Estado en cuestión. (Cfr. “¿Qué es una constitución?”).
    Este autor, en ese trabajo breve, ágil y sumamente sustancioso, de conocimiento conveniente para quienes asumen una responsabilidad política, nos recuerda que “una constitución real y efectiva la tienen y la han tenido siempre todos los países . .., y no hay nada más equivocado ni que conduzca a deducciones más descaminadas, que esa idea tan extendida de que las Constituciones son una característica peculiar de los tiempos modernos. No hay tal cosa. Del mismo modo y por la misma ley de necesidad que todo cuerpo tiene una constitución, su propia constitución, buena o mala, estructurada de un modo o de otro, todo país tiene, necesariamente, una constitución, real y efectiva, pues no se concibe país alguno en el que no imperen determinados factores reales de poder, cualesquiera que ellos sean”.
    Ahora bien, cuando en los factores reales de poder imperantes en un país se opera una transformación, surge la necesidad tío darse una nueva constitución.
    Ello es lo que ocurre en nuestra República al acceder al gobierno el Movimiento Nacional Peronista, con la conducción como presidente del general Perón. Pero como esto ha ocurrido por la vía electoral, por medio de las instituciones burguesas heredadas del régimen de dependencia (aunque como resultado de la lucha que durante 10 años encaró la clase obrera y el pueblo todo desde la resistencia), los factores de poder correspondientes a las fuerzas enemigas subsisten en el seno de nuestra sociedad, condicionando y limitando la posibilidad de concretar en lo inmediato los objetivos nacionales revolucionarios y socialistas, expresados o latentes de dicho Movimiento. Más aún, son las contradicciones que se dan en la sociedad argentina las que se expresan en el mismo Movimiento.
    En tales condiciones, partiendo de la realidad que enfrentamos, del grado de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, de la relación de fuerzas entre las clases sociales, del peso efectivo de la clase obrera, sin utopías y en un avance por etapas, consideramos que al reformarse la Constitución, por ahora debemos fijarnos como objetivos los de la Liberación Nacional y de la democracia popular, para lo que deberemos obtener el reconocimiento jurídico de las instituciones que nos permitan su creación.
    La lucha de los países colonizados o neocolonizados por su liberación ha sido larga, dura y muy cruenta y se debió insistir en la necesidad de la unidad nacional para su obtención. Así lo dice también Kwame Nkrumah, quien cuenta: “Nuestra experiencia prueba que la democracia, como sistema en funcionamiento en los Estados de creación reciente, debe soportar, sin que sea posible evitarlo, muchas tensiones. Sus mecanismos y su modelo de gobierno se superponen sobre estructuras sociales diferentes de aquéllas en las cuales se desarrolló primitivamente”. (África debe Unirse, pág. 115.)
    La génesis de los movimientos de liberación, constante en los países que luchan por superar la dominación extranjera, es expuesta así por Nkrumah: “En los países coloniales que procuran sacudir el yugo del imperialismo, el surgimiento del nacionalismo encuentra expresión en un movimiento mayoritario que aprovecha las aspiraciones populares de libertad y forma de vida mejor. Incluso donde existe cierto desacuerdo entre los diferentes grupos locales con respecto a los medios que se emplearán para obtener la libertad, la fuerza que el poder vigente emplea para suprimirlos suele lograr que se unan en un amplio frente nacional. Así, el movimiento nacionalista representa a la mayoría de la población. Los grupos disidentes que persigan objetivos individuales o particulares opuestos a los objetivos nacionalistas están condenados al fracaso. En consecuencia, es inevitable que, con la concesión del sufragio universal a todos los adultos, el partido nacionalista resulte electo por una mayoría que, para quienes están acostumbrados a la política bipartidaria más equilibrada de, por ejemplo, Gran Bretaña o Norteamérica, parece consecuencia de la intimidación”.
    “Recuerdo las palabras de Julius Nyerere, en ocasión de hablar de la enorme mayoría que apoyaba al movimiento nacional del pueblo de Tanganica: ‘El movimiento nacionalista que lucha por la independencia y la logra, inevitablemente forma el gobierno del nuevo Estado. Con seguridad, resultaría ridículo esperar que un país se divida en forma voluntaria para conformarse a una expresión particular de la democracia, y que lo haga durante una lucha que exige la completa unidad del pueblo. Nadie puede llegar a la conclusión de que tal país no es democrático o que no procura ser democrático’ “. (James Camerón, La revolución africana.)
    “La popularidad del partido que logra la libertad continúa en el período de plena independencia e incluso aumenta cuando se obtienen, bajo su gobierno, mejoras en las condiciones económicas y sociales, de modo que la mayoría crece. Puesto que esta abrumadora mayoría parlamentaria lleva a cabo, casi sin excepción, la política del gobierno, parece que se tratara de un régimen de partido único. Este es el modelo que se ha dado en los Estados que emergen del coloniaje, modelo que he denominado Democracia Parlamentaria del Pueblo y que el pueblo de Ghana ha aceptado” (ob. cit., págs. 105/6).
    Por su parte, Hernández Arregui denomina al comienzo del primer gobierno del Gral. Perón, democracia autoritaria de masas, carácter que la califica de forzosa, ya que “En un país dependiente, un gobierno revolucionario es la libertad autoritaria del pueblo contra la opresión que las minorías llaman ‘libertad’… “. (Formación de la Conciencia Nacional, pág. 407.)
    En el capítulo introductorio de esta obra, el autor precisa el sentido que corresponde atribuirle a su expresión “régimen autoritario”, que no se vincula con el desconocimiento de las libertades personalísimas ni de las formas democráticas de ascenso al poder, sino al quebrantamiento de un aparato montado por las clases altas para la explotación, mediante un sistema económico y político restrictivo de esos privilegios. La lucha de las masas contra sus enemigos de adentro y de afuera sólo puede resolverse mediante el establecimiento del “control de las exportaciones y medios de propaganda, con el apoyo estatal al movimiento popular y la participación del Ejército, en esta política nacional defensista. Tal es el caso de Nasser en Egipto, con su antecedente, el gobierno de Perón en la Argentina. El capitalismo nacional aún débil, en una etapa cíe la lucha por la liberación, debe ser apuntalado por el capitalismo de Estado y la política de nacionalizaciones, único medio cíe protección para las todavía endebles estructuras económicas locales. Frente al capitalismo monopolista internacional la sola valla es el monopolio estatal, que además contribuye al disloque del mercado capitalista mundial al sustraer zonas de influencia a la explotación internacional de las grandes potencias” (ob. cit., pág. 30).
    Es decir que, en la actual etapa de transición debemos procurar una Constitución que asegure la participación activa de las masas en la estructuración de los organismos políticos, plena vigencia del sufragio universal, formas democráticas auténticamente populares y sociales, y defensa real y efectiva del patrimonio y de la soberanía nacional. O sea que tienda a hacer realidad las tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. A propósito de esta última, entendemos que en la etapa nacional, es la que garantiza la unidad, movilización y organización de los trabajadores dentro de la política de Reconstrucción y Liberación Nacional.

  • Revolucionarismo sin masas
  • Ante la convocatoria a elecciones para constituyentes no sería extraño que, tal como ha ocurrido en otras oportunidades (como en 1957) grupos de “izquierda” se pronunciasen por el voto en blanco o la abstención revolucionaria. Al respecto y sobre el verdadero alcance de tales actitudes son ilustrativas las siguientes frases de Lenin dichas en 1909: “El razonamiento de los socialistas revolucionarios se basa en el famoso método subjetivo en sociología … Los subjetivistas no se preocupan de comprobar con datos objetivos el convencimiento de si existen unos u otros caminos de lucha… Esa consigna —concentrarse en los medios extrapartamentarios de lucha— fue justa en uno de los períodos más notables de la revolución rusa, en el otoño de 1905. al repetiría ahora sin espíritu crítico, los socialistas revolucionarios proceden como el personaje del cuento popular que irritaba afanosamente… pero siempre a destiempo. No han comprendido… que al repetirla ahora sin critica, sin sentido, como una palabra aprendida ele memoria, revelan no revolucionarismo sino estupidismo… La doctrina socialista revolucionaria es perjudicial, errónea. reaccionaria, aventurera y pequeñoburguesa … Los intelectuales sin masas jamás han tenido ni tendrán medios de lucha parlamentarios ni extraparlamentarios serios …
    En 1908 las masas campesinas expresaron desde la tribuna de la Duma sus demandas, pero no lucharon extra-parlamentariamente. Eso es un hecho imposible de rehuir lanzando chillidos “izquierdistas” y gritando frases socialistas revolucionarias…”. Y al hacer el balance de las elecciones del año 1913 agregaba que las constituciones implantadas en los distintos países de Europa son el resultado de una larga y difícil lucha de clases, que recogen el fruto de una serie de victorias, conseguidas a duro precio, de lo nuevo sobre lo viejo, y de una serie de derrotas infligidas por lo viejo a lo nuevo, que son componendas entre fuerzas históricas de una sociedad en extinción y la burguesía liberal, que la clase obrera jamás admitió que las reformas pudiesen producir cambios sustanciales, poro que en modo alguno renunció, en determinadas circunstancias, a presentar sus reivindicaciones inmediatas concretándolas en reformas.
    Si dichas consideraciones son válidas, en general con mucha más razón cuando, como en nuestro caso, se trata de un Movimiento Nacional que tras dieciocho años ha obtenido mediante la lucha del pueblo y de sus organizaciones más combativas el acceso al gobierno por la via del sufragio con una mayoría aplastante y que pretende consolidar e institucionalizar su posición con la reforma constitucional.

  • Alcance de la nueva legalidad peronista
  • A partir del instante en que adquiere estado público el propósito del Gral. Perón de institucionalizar la República desde la perspectiva del Movimiento Nacional, para sentar las bases de una nueva legalidad del pueblo, opuesta a la caduca legalidad del sistema, se plantea el problema del tipo de Constitución a elaborar y sobre los alcances y sentido del acto constituyente. Se especula sobre el retorno a la Constitución de 1949 y se escuchan voces interesadas que elogian el papel cumplido por la Constitución liberal de 1853, a la que califican de documento reflejo de la voluntad de los argentinos, por lo que convendría, afirman, que la nueva carta magna siguiese sus líneas fundamentales.
    No falta quien, como La Nación (20-12-1973), aunque atribuyéndoselo a “observadores”, se incline por la reformulación de las funciones, facultades y órganos de los poderes de la República. “Una suerte de régimen parlamentario, con un Poder Ejecutivo fuerte y un habilidoso primer ministro que le sirva de fusible”. Más aún, el articulista insinúa la intención de promover la recomposición política del país. Estima probable una constituyente, que como la de 1853, actúe como poder constituyente y como poder constituido. Un texto legal fundamental que conserve las garantías y libertades públicas consagradas por la Constitución de 1853/60, pero que podría otorgar jerarquía constitucional a la ley de asociaciones profesionales. Trae como antecedente útil la experiencia de aquel entonces y dice:
    “Para resumir, pues, la convención de 1353 hizo lo siguiente: sancionó la Constitución, dictó leyes orgánicas, coexistió con el gobierno nacional delegado y realizó la elección presidencial, el escrutinio, y tomó juramento a Urquiza. Acaso sea interesante que les observadores retengan la siguiente afirmación contenida en el manifiesto del 7 de marzo de 1854 cuando los convencionales, al hacer el resumen de su trabajo memorable reconocen que su independencia “ha sido absoluta de toda influencia, pero se ha mantenido siempre sin violencia, en armonía con los otros poderes llamados a gobernar durante el período constituyente …”
    El análisis conjetural de nuestro periodismo comprometido con el sistema se detiene en remarcar las bases democráticas que debe conservar la Constitución, los aspectos institucionales que pueden ser tomados de los modelos europeos, al propio tiempo que pretende ir creando conciencia sobre la inconveniencia de retornar a las cláusulas económico-sociales contenidas en la Constitución de 1949.
    Como lo expresó el Secretario General de la Presidencia, doctor Solano Lima, existe coincidencia en los más altos niveles de la conducción de los movimientos populares mayoritarios sobre la necesidad de la reforma constitucional (diarios del 1-12-1973); en verdad, puede afirmarse que al respecto se ha logrado acuerdo en las conversaciones entre el Gral. Perón y Ricardo Balbín, quedando como cuestión a resolver la oportunidad de la convocatoria, que todo parece indicar que será en el segundo semestre de 1974.
    Para el conductor de nuestro Movimiento Nacional los temas del momento de la convocatoria y el contenido de la reforma, corresponde que sean resueltos por los respectivos organismos colegiados. Su posición es de absoluta legalidad. “Para mí, debe hacerse la reforma constitucional; el Congreso dirá la oportunidad, que eso es lo que corresponde… también soy partidario del plan que establezca la Constituyente, a la cual deberemos dejar obrar sin ninguna presión ni indicación”.
    “La Constituyente, por ser soberana, es la que ha de resolver. En consecuencia, no haciendo gravitar opiniones que deben ser decididas por ellos, y no por insinuaciones externas” (conferencia de prensa del 1» de enero de 1974).
    La resistencia a las cláusulas económico-sociales de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949, entre las que se incluía el trascendente art. 40, cuya vigencia contribuyó al derrocamiento del primer gobierno peronista, no es sólo de ahora ni de la década del cincuenta. Apenas dictada, en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, uno de los profesores titulares de esa casa de estudios, la cuestionaba como producto de “la influencia socializante” de las constituciones de México de 1917, de Alemania de 1919, de España de 1931 y de la URSS de 1936.
    Agregaba este docente de aquella universidad pseudo-peronista: “A nuestro juicio, las declaraciones de derechos sociales se justifican, precisamente en cuanto son determinación de principios que se encuentran de un modo indeterminado en el Derecho Natural… Pero toda determinación es empobrecimiento. No debemos ver un progreso sino un regreso en este tipo de Constituciones, signo de estos tiempo desgraciados; como en su momento significaron una decadencia las constituciones escritas impuestas por el racionalismo, sobre la constitución natural de los pueblos”.
    “Queda dicho con ello que, cuánto más minuciosa y detallista, cuánto más enumerativa es una constitución, más débil y pobre su contenido…” (Año IV, nº 14, mayo-junio 1949, pág. 525).
    El autor, a quien preocupaba la “tendencia socializante” que advertía en los antecedentes inmediatos de la reforma (proyectos de los diputados Cooke, Guardo, Albrieu y otros) que el derecho de propiedad apareciese definido en sus verdaderos y justos alcances —para lo que recurría a la doctrina social de la Iglesia— concluyó su trabajo aparentemente neutro y aséptico, cargado de dudas e incertidumbres, con estas palabras: “Por nuestra parte y para terminar … sólo señalaremos como una deficiencia el exceso de artículos que hacen más débil la posición adoptada. Resta saber si no obstante las disidencias y discusiones, el texto constitucional logrará la paz y prosperidad de la República. Ese es nuestro íntimo deseo aunque comprendemos que, como lo decía Demóstenes, ‘escribir una ley no es nada; en hacerla querer está todo'”.
    La transcripción la consideramos indispensable para que se vea con claridad las reservas y resistencia que ya envolvían a una parte de la intelectualidad, que desde la cátedra universitaria tenía por misión formar a una parte de la juventud argentina.

  • Características de las Constituciones del Tercer Mundo
  • Al pasar al tipo de constituciones que podríamos tomar como antecedentes, cabe recordar que las anteriores al siglo XVIII son constituciones consuetudinarias articuladas por leyes fundamentales que formalizaban la autoridad del rey, que compartía en algunos aspectos el gobierno con el clero, la nobleza y el Estado común (ricos productores y comerciantes), por lo que para nosotros, al igual que el pensamiento de Aristóteles y demás clásicos, no tienen otro valor que el de mera referencia histórica.
    Las “constituciones escritas” aparecen a partir del último cuarto del siglo XVIII en Estados Unidos, Francia y América del Sur y en ellas se codifica en una sola y solemne acta legislativa las estructuras legales de los nuevos regímenes políticos burgueses.
    Pero, como dice Sampay, la clase social que instauró las nuevas constituciones, no obstante asumir en su lucha la representación de todos los sectores oprimidos por los sectores hasta entonces dominantes, era una minoría que excluía del gobierno a las clases populares, ya que éstas no contaban como entidad política en los nuevos regímenes, a semejanza de lo que ocurría en los viejos. “Porque en la etapa inicial de la revolución del mundo contemporáneo, el mecanismo para desarrollar la producción consistía en agrandar al máximo las ganancias bajando al mínimo… el costo de los bienes, en relación con el costo de la producción artesanal del mismo género de bienes, manteniendo en el subconsumo a los grandes sectores de la población .a.. Empero este mecanismo para desarrollar la producción requería transformar en trabajadores modernos y, en alguna medida, en consumidores modernos, a los componentes de los mayoritarios sectores ignaros de la población. Lo cual se alcanzaría mediante la educación de dicha parte de la población y esta generalización de la educación habría de acarrear, al cabo de algunas generaciones, el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las necesidades de estos sectores populares, el desarrollo de su capacidad de juzgar, el descubrimiento de poder juntos progresar y, por fin … la exigencia de ejercer el gobierno político. Queremos decir que al final, para consumar la revolución del mundo contemporáneo, habría de sobrevenir la articulación de una Constitución democrática para efectuar plenamente la justicia del bien común” (“Constitución, Justicia y Revolución”, en Liberación y Derecho, nº 1, enero/abril 1974, pág. 23).
    En las expresiones finales, nuestro constitucionalista se refiere a las modernas constituciones contemporáneas de definido contenido económico-social. Pero, dentro de éstas debemos, a su vez, diferenciar entre las que responden a los modelos del capitalismo “occidental”, al modelo soviético y a los modelos del Tercer Mundo.
    En el área de los pueblos de Asia, África y América Ibérica, aún dentro de una máxima simplificación, corresponde distinguir entre aquellos estados que como los iberoamericanos, se estructuraron legalmente según los esquemas de las democracias liberales de fines del siglo XVIII, de los nuevos países surgidos al concierto de las naciones formalmente independientes, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de éstos lo hicieron subordinados al modelo europeo. Así, entre los años 1958 y 1961, quince ex posesiones coloniales francesas del continente africano se organizaron como repúblicas soberanas, teniendo como fuente común la Constitución de Francia de 1958. Es decir que la adopción de un régimen presidencial fuerte fue producto de su dependencia cultural e institucional, aunque en el marco de procesos de afirmación de sus respectivas nacionalidades.
    En ellas se advierten grandes similitudes con las formas jurídicas de su ex metrópoli. Instituyen un poder legislativo unicameral, se definen como democráticas, laicas y sociales, admiten el voto por representación de un legislador por otro, y prohíben la discriminación racial. Hay casos como el de Costa de Marfil, donde la nueva Constitución estatuye como idioma oficial el francés.
    En ambos grupos de estados existe una evidente subordinación al modelo importado de Europa o Estados Unidos con diferencias que emergen más del distinto momento histórico en que llegan a la independencia formal que por otras razones.
    Pero no son esas constituciones las que más nos Interesan, sino aquellas otras como la argelina, la siria, la yugoslava, la árabe unida, la indonesia, la china, que presentan caracteres normativos de institucionalización del cambio revolucionario y de ruptura con el imperialismo.
    En la obra constitucional de estos pueblos y en nuestras propias tradiciones históricas es donde encontraremos las fuentes más fecundas para una auténtica modernización de nuestras instituciones jurídicas.
    Así expresaba el entonces coronel Nasser: “La democracia es una reafirmación de la soberanía del pueblo, de su toma de posesión de todos los poderes y de su consagración a la realización de sus objetivos y el socialismo la fiel expresión de que la Revolución es una obra progresista. La democracia es la libertad política, el socialismo es la libertad social. Es imposible separa ríos”.
    Para poner en evidencia que esta democracia y esta libertad de que nos habla Nasser tiene muy poco de común con la democracia y la libertad burguesa de 1789, puntualiza entre los objetivos prioritarios fijados por el pueblo egipcio —varios no alcanzados— a partir de la jornada del 23 de julio de 1952, los de liquidar al colonialismo y a los traidores internos que lo apoyaban, al feudalismo que reinaba arbitrariamente sobre vastos territorios, poner término a la dominación del capital sobre el poder público, instaurar la justicia social, constituir un Ejército Nacional poderoso y establecer una sana vida democrática.
    Esos seis objetivos tendían a ser integrados en la vida nacional y la forma de garantizarlos era la de no admitir ninguna restricción a los derechos y reivindicaciones de las masas, instrumentar los poderes del Estado al servicio de los Intereses de las masas populares y no de ios del capitalismo, pues éste iba intentar explotar la independencia nacional, continuando su acción colonialista.
    El principal intérprete de la “Revolución Nacional” árabe señalaba que antes del cambio, “el poder económico estaba en manos de una coalición formada por el feudalismo y el capitalismo explotador. Era, por lo tanto, inevitable que la política, al igual que los partidos políticos, fuera el reflejo fiel de esta fuerza y de los apariencias visibles de esta coalición. Es asombroso constatar que ciertos partidos políticos no vacilaron durante ese período, en proclamar sin ningún pudor que el poder tenía que ser confiado únicamente o los que tenían intereses”.
    Por ello pensaba que la democracia debía extenderse a todos los centros de producción, que el pueblo debía fijar los objetivos económicos y convertirse en la autoridad encargada de controlar su ejecución, a través de los consejos populares en los centros de producción, los que también controlarían los engranajes de la administración central y local. “La nueva Constitución deberá organizar el retorno de los dirigentes populares a sus bases y confirmar su responsabilidad ante la fuente primera de su fuerza. Debemos recordar constantemente que el espíritu revolucionario alimenta plenamente las bases populares, que el carácter revolucionario de estas bases y su perenne aspiración al progreso constituirá el impulso del espíritu revolucionario del dirigente. No se impulsan las energías del pueblo sumergiendo las esperanzas de las masas … “, decía el Cnel. Nasser en 1962, en su programa, del que rescatamos como positivo su concepción antiimperialista y revolucionaria, aunque limitada, entre otros factores, por la falta de reconocimiento de la lucha de clases en el seno do nuestras sociedades.
    En el tratamiento de la cuestión constitucional debemos tener presente que ante la extinción del colonialismo, el neocolonialismo trata de ser impuesto por el imperialismo para asegurar el mantenimiento de su dominación.
    Entre 1919 y 1966 la población mundial sometida al régimen colonial directo bajó del setenta por ciento a menos del uno por ciento de la humanidad. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial desapareció el colonialismo directo de cerca de setenta países de Asia, África y el Caribe y la adopción por las Naciones Unidas de la resolución sobre eliminación de esa forma de explotación directa no fue más que el reflejo del cambio producido en la situación mundial, advierte Jack VVoddis {El Saqueo del Tercer Mundo). Ello lleva a que el neocolonialismo aflore como un fenómeno mundial de primer orden y así como los movimientos de liberación nacionales obligaron al repliegue del colonialismo, su propio contenido antiimperialista les impide encerrarse en la democracia burguesa y crea condiciones para formas de transición hacia el socialismo, que constituyen vallas efectivas al neocolonialismo que se refugia en las fuerzas políticas y sociales proimperialisías locales. Para salvaguardar e intensificar la explotación de nuestro Tercer Mundo, el imperialismo combina sus fuerzas y crea formas colectivas, económicas y militares y en casos extremos apela, con la complicidad de oligarquías nativas, a la intervención directa.

  • Antecedentes demoliberales argentinos
  • En estas condiciones hablar de la vigencia de la Constitución de 1853 en sus líneas fundamentales, o da sus libertades formales, es ocultar el verdadero problema que envuelvo la reforma.
    El carácter liberal, individualista, europeizante y abierto a la penetración capitalista fue puesto de manifiesto por el propio Alberdi, quien enfatiza su menosprecio al nativo con estos términos: “La libertad económica es para todos los habitantes, para nacionales y extranjeros, y así debía ser. Ceñirla a sólo los hijos del país, habría sido esterilizar este manantial de riqueza, supuesto que el uso de la libertad económica, más que el de la libertad política, exige, para ser productivo y fecundo, la aptitud e inteligencia que de ordinario asisten al trabajador extranjero y faltan al trabajador argentino de esta época” (Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, pág. 13). Aclara que todas las libertades enunciadas por el art. 14 están encaminadas a garantízar el libre uso y disposición de la propiedad y del comercio. Inclusive la libertad de cultos tiende a facilitar la presencia del extranjero “más adelantado, inteligente, activo y capaz” que nosotros. Su identificación con la escuela de Adam Smith es total.
    Por eso, ese gran patriota que fue Scalabrini Ortiz lo juzgó con estos términos: “Desde sus orígenes, desde la concepción mental de su inspirador, defender los intereses individuales del pueblo argentino y los derechos generales de la Nación significaba alzarse contra la Constitución. … El mismo Alberdi reconoce que “La Constitución federal argentina es la primera en Sud América . . . que ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros”.
    Continúa Scalabrini Ortiz: “Se dice que la Constitución de 1853 se inspiró en la Constitución Norteamericana y eso es cierto en cuanto se refiere al perfil anodino de las instituciones políticas, a la técnica de ciertos procedimientos que pueden ser de una o de otra manera sin que la modificación influya en la marcha de las sociedades, y en cuanto al reconocimiento abstracto de que la soberanía reside en la voluntad popular, fue ininterrumpidamente escarnecida en los sucesivos fraudes electorales que constituyen la habitualidad y la ignominia de nuestra historia política. La vida económica de estos pueblos quedó inerme, más aún, encadenada de antemano por la dialéctica venal de estos curiales que encubrían con la palabra libertad, que todos amamos, la voluntad de expoliación y la insaciable codicia del capital extranjero. Lo que ocurrió entre 1853 y 1945 con el breve esfuerzo reivindicador de Hipólito Yrigoyen, fue una consecuencia directa de la perfidia siniestra con que fue concebida la ley básica de nuestra constitución nacional” … “El hecho real fue la entrega de la economía del país al extranjero para que éste lo organizara de acuerdo a su técnica y conveniencia. Y el extranjero organizó el país de tal manera que en adelante los frutos de la riqueza natural y del trabajo argentino fueron creando, no prosperidad individual ni solidez y fortaleza nacional, sino capital extranjero invertido en la Argentina”. (“La Nueva y la Vieja Constitución”, conferencia publicada en 1948 y reproducida en el libro Yrigoyen y Perón, págs. 96, 101 y siguientes.)
    Para que nadie se engañe sobre el contenido de la reforma próxima conviene recoger las ideas centrales expuestas por Solano Lima en un reportaje concedido a La Opinión y publicado el 6 de diciembre de 1973. Allí explicó que Perón concebía un mundo en libertad, pero con la libertad en función social, una nueva Constitución para todos elaborada con la cooperación de los partidos políticos, “para reconstruir el Acuerdo de San Nicolás”, para que sea representativa y federal, pero donde tendrán que estar los derechos sociales, los derechos de la ancianidad y de la niñez. El texto se encaminará a mantener el fondo de la Constitución peronista, pero en lo formal el gobierno hará todas las concesiones necesarias para concretar la unidad nacional. El articulado surgirá, dijo, de la redacción de un grupo de juristas de diversos partidos, que será luego discutido por el gobierno con los |efes de los partidos políticos, para, finalmente, someterlo al pueblo y a la Asamblea Constituyente, que funcionará con el acuerdo ya concretado. Lógicamente, la plena legalidad del sufragio popular asegurará al pueblo que allí se exprese, en las condiciones reales emergentes de la relación de fuerzas sociales, el interés de la mayoría, con sentido nacional y popular.
    El rechazo del líder del Movimiento Nacional al demoliberalismo capitalista ha sido una constante de toda tu vida. Una vez más el 3 de noviembre último, en u mensaje a los trabajadores, decía: “Así como el acento que cargado sobre lo político en la etapa demoliberal capitalista, en la nueva etapa lo está, en profundidad en lo social. Es decir, que ya hoy en el mundo priva lo social… El demoliberalismo capitalista —no podemos negarlo— en los últimos dos siglos de la existencia hizo avanzar la ciencia y la técnica más que cualquier otro sistema de los otros diez siglos precedentes. Eso no lo puede negar nadie. Pero tampoco se puede negar que todo ese inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos…”. En otro pasaje agregó: “Hay muchos que dicen: yo soy demoliberal. No es raro. Yo he encontrado a algunos tontos que todavía están enamorados del sistema feudal, del medioevo; de manera que si hay tontos que todavía están en el siglo XV, cómo vamos a pensar que no existan otros que están en el siglo XIX o a comienzos del XX. Pero esos son los últimos resquicios que van quedando de una etapa de injusticia que recibió la alabanza de todos los intelectuales del mundo. Hoy los nuevos intelectuales comienzan ya a pensar de otra manera y a concebir las cosas en otra medida. Es a esa evolución a la que contribuimos con nuestra organización…”.
    Quedan así descartadas todas las formas de retorno a instituciones y principios de un sistema caduco.
    Para conocer el rumbo a seguir en el tema de la reforma constitucional, precisamos partir de la idea de que las estructuras económicas en última instancia, condicionan las formas e instituciones políticas y jurídicas. Quienes gobiernan son los integrantes de la clase económicamente dominante que se beneficia con esas estructuras y la Constitución escrita de un Estado, o su super ley, es un instrumento del sector social predominante, con el que afianza su preeminencia. “El elemento definitorio de la Constitución real es la clase social que predomina, y la Constitución escrita, concediéndole juridicidad formal a la violencia que monopoliza, convierte en legal a la Constitución real” (Sampay, Arturo, “Constitución y Cambio Estructural”, en revista Realidad Económica, nº 14, agosto/sept 1973).
    Los cambios en las estructuras económicas y en la Constitución real de un país se dan cuando una clase sustituye a otra en el predominio político. Sustitución que puede realizarse súbitamente, por la fuerza, o a través de un proceso de transición.
    “En esta etapa de transición coexisten con poder, entonces, el sector social en trance de ser sometido y el sector social cuyo predominio ha comenzado vigorosamente. Y esta transitoria dualidad de poder, reflejo del conflicto irreductible entre dos clases sociales que se disputan el predominio político… suele desarrollarse dentro del marco de la Constitución escrita preexistente.”
    En busca de los pasos previos e indispensables para transformar las estructuras económicas argentinas, Sampay enuncia la recuperación de los recursos naturales en poder de los monopolios, la explotación con sentido nacional de los recursos energéticos con transferencia al Estado de todas sus fuentes, la nacionalización del comercio exterior, el cambio del régimen de apropiación y tenencia de los campos, la instauración de una política propia de promoción de las técnicas y de las ciencias, para hacer realidad la liberación nacional en el campo tecnológico.
    Con cita del español Miguel Herrero de Miñón, agrega: “Todas estas medidas, ciertamente, conducen al cambio de las estructuras económicas, más, para realizarlas, se necesita, según enseña la experiencia de los países dependientes que han emprendido su liberación, que el movimiento que organiza a los sectores populares … debe institucionalizar su acción, a fin de lijar la política nacional revolucionaria e inspirar y controlar el comportamiento de sus delegados en el gobierne, dejando incólume, por supuesto, la libertad de los demás partidos políticos”.
    Aboga por la transferencia de los bienes del dominio privado al del Estado, regido por los sectores populares organizados, para lo que considera previo caracterizar jurídicamente a las grandes empresas como bienes colectivos que conllevan, por lo mismo, la tendencia a su nacionalización, pues no pueden ser asimiladas a la noción de propiedad de la Constitución, ya que se trata de dos realidades esencialmente diferentes.
    Este destacado constitucionalista en la parte final de su artículo señala que la Carta de 1853 no prohíbe una institucionalización extraconstitucional del Movimiento revolucionario que es el peronismo, sin cuya participación activa no es posible un proceso de transformación substancial.
    “Empero, todo lo que permite la Constitución escrita de 1853 por falta de preceptos prohibitivos, la de 1S49 lo dispone de manera expresa y concede a los órganos del Estado las atribuciones precisas para tomar las decisiones conducentes al cambio de las estructuras económicas… El país se viene desenvolviendo al margen de una Constitución escrita políticamente legitimada por la voluntad expresa de la Nación; porque la que el pueblo se dio, mediante genuinos representantes, fue derogada por el decreto de un gobierno de facto, el 27 de abril de 1956, ratificado por una Convención Constituyente que, para poder hacerlo, eligió sus miembros previa proscripción del movimiento político de los grandes sectores populares”.

  • Vigencia de las cláusulas fundamentales de la Constitución de 1949
  • A la discusión sobre la Constitución de 1949 siempre trató de presentársela a nivel normativo, sobré presuntas deficiencias formales vinculadas a la ley de convocatoria, o referirla a ambiciones de perpetuación en el poder por parte del Gral. Perón. Se trató así de desviar el verdadero centro de la atención: la defensa del patrimonio nacional, la afirmación real de la soberanía, la defensa de los intereses del pueblo y el reconocimiento de sus derechos.
    Consideramos que el mejor testimonio sobre dicho documento fundamental es el del propio Gral. Perón, quien en 1971 dijo: “Nuestra Revolución Justicialista partió de un gobierno legal y constitucional, elegido por una gran mayoría y pretendió alcanzar sus sujetivos por la vía legal, dentro de la Constitución Nacional de 1949, por modificación de la legislación preexistente y realizarse por la via institucional. Se trataba en consecuencia de promover y acelerar una evolución que Kevara progresivamente a la República a un cambio fundamental de estructuras, hacia un nuevo régimen y un nuevo sistema en el que el Estado, la política y las condiciones socioeconómicas, se orientaran hacia un socialismo nacional tan pronto como consiguiera liberarse de las influencias y la penetración imperialistas, sin lo cual no había soluciones posibles.”
    Sin intención de hacer un análisis exhaustivo ni mucho menos de la Constitución Justicialista ni de su génesis, estimamos adecuado rememorar que la bancada opositora (radical) comenzó en la Convención de 1949 su labor obstruccionista impugnando en la sesión del 24 de enero a la Asamblea y a los títulos de todos sus miembros por ser inconstitucional la declaración legislativa que promovió la reforma y por constituir “la última etapa de un plan destinado a consolidar y perpetuar una concentración de poderes funesta a la libertad de los pueblos”. Dado el rotundo fracaso de esa tentativa, permanecieron sus miembros en el recinto de deliberaciones hasta el 8 de marzo, fecha en la que su vocero, tras afirmar que la justicia social del peronismo no fue un fin en sí misma, sino un medio de lograr el apoyo popular para conquistar el poder y luego realizar desde él los objetivos de entregar los dispositivos del control económico-financiero de la Nación a representantes de una nueva oligarquía, se pronunció por acentuar la limitación del poder personal de los presidentes y, consecuentemente, por entender que la modificación constitucional tenía por fin posibilitar la reelección del Gral. Perón, renunciaron a continuar en la Convención y se retiraron definitivamente.
    El tiempo habría de demostrar cómo esa actitud estéril y proclamadamente golpista, se constituiría en uno de los grandes errores históricos del radicalismo.
    Veamos la fundamentación que compartimos, en sus principales pasajes, del más importante teórico de la reforma, el convencional Sampay, para conocer los verdaderos motivos de esa decisión hecha suya por el pueblo argentino, aunque manteniendo reservas por nuestra parte con respecto a la filosofía a la que vinculó en ese entonces su exposición.
    Destacó que el proyecto respetaba la organización de los poderes del Estado adoptada en la Constitución de 1853, aunque con ajustes que la experiencia de casi un siglo aconsejaba, entre ellas y de acuerdo con la realidad política que se vivía, la de posibilitar la reelección presidencial, pues el país conocía un profundo proceso revolucionario del liberalismo burgués y si la suerte de esa empresa argentina dependía de que el general Perón fuese reelegido presidente de la República por el voto libre de sus conciudadanos, debía quitarse de la Constitución el impedimento que no aconsejaban ni la prudencia política ni la circunstancia histórica que enfrentaba al país.
    Luego advertía que cuando una constitución ha perdido vigencia porque la realidad se ha desapareado de ella, debe abandonarse la ficción de una positividad que no existe y adecuarla a la nueva situación. Así el reconocimiento de los derechos sociales, las medidas económicas elaboradas por la revolución, sus leyes protectoras de la economía nacional que la libraban de la expoliación de los consorcios -capitalistas eran atacados de inconstitucionales por los sectores privilegiados, invocándose la libertad de industria y comercio asegurada por la Constitución de 1853. Por ello urgía incorporar definitivamente al texto de la Carta Fundamental el nuevo orden social y económico. Esa Constitución no reconocía al obrero sus derechos, decía porque la prestación de trabajo era incluida en la libertad de comercio.
    Al tratar la actividad económica del Estado que se propiciaba, ubicaba en primer término la nacionalización en modo absoluto de las instituciones bancarias oficiales, incluyendo el Banco Central. “Si el Banco Central no está en manos del Estado es imposible promover, guiar y cumplir la acción política que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, como tampoco podrá lograrse la expansión ordenada del a economía nacional con miras a que la explotación de la riqueza posibilite a cada trabajador el ejercicio del derecho al bienestar que le garantiza la reforma. Constitucionalizamos el Banco Central …porque queremos impedir el retorno del Banco Central de sir Otto Niemeyer, calcado sobre el molde de los que funcionaban en dominios británicos, ya que es sabido … que un banco central en manos foráneas es el ápice del edificio imperialista en todo país sometido al coloniaje económico.” Se procuraba evitar que volviesen a dictarse fallos judiciales como aquél de la Corte Suprema que admitió como legítimo al banco de Niemeyer.
    “La autorización constitucional para que la ley pueda estatizar el comercio externo, desde un mínimo hasta un máximo de monopolio, según lo requieran las circunstancias, obedece a la realidad contemporánea surgida de la total destrucción del libre mercado internacional, y es el único dispositivo que se posee para defender la economía del país… Quienes en el presente reclaman el libre comercio exterior… quieren, en verdad, o bien el comercio dirigido por la metrópoli de una zona de influencia, o bien el comercio dirigido por los carteles internacionales”.
    En otros pasajes sobre el mismo tema añadía: “La reforma constitucional convierte en bienes de la Nación todos los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y cualquier fuente natural de energía con excepción de las vegetales; los hace bienes públicos que no se pueden desafectar, enajenar, ni conceder a particulares para su explotación, es decir, transfiere esos bienes a la categoría de propiedad pública nacional y establece el monopolio del Estado para su explotación, introduciendo además, como consecuencia, un cambio profundo en el régimen jurídico de las minas respecto del vigente en el Código Civil y en el Código de Minería …”
    “La llamada nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el acrecentamiento de la producción de esas riquezas … ha sido movida también por la necesidad de convertirlos en instrumento de reforma social. Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos —que es lo mismo—, al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino sólo por criterio de utilidad social …” (Diario de Sesiones, t. 1, págs. 269 y sigs.).
    El proceso de recolonización integral que vivió el país a partir del derrocamiento del régimen peronista y de la derogación de la Constitución de 1949, para facilitar la implementación de una política favorable a la penetración imperialista, ya fue motivo de análisis en nuestro trabajo del número 1 de Peronismo y Socialismo, al que nos remitimos.
    En el ámbito nacional, como antecedente digno de ser tenido en cuenta al estudiarse los precedentes constitucionales, merece especial mención la Constitución de la Provincia de Mendoza elaborada en las sesiones del año 1948 y principios de 1949, que inauguró el proceso de transformación de los estatutos fundamentales de dicho período, con sentido social. Sus deliberaciones están reflejadas en los tres tomos de diarios de sesiones. Se trabajó sobre un proyecto original del Poder Ejecutivo Provincial, al que la propia Convención modificó, el extremo de que todos los sectores políticos que participaron (peronistas, radicales, laboristas y comunistas) lo consideraron producto del trabajo común. También allí el radicalismo comenzó por impugnar la capacidad de la Convención invocando presuntas deficiencias en la convocatoria, y al ver fracasado su propósito, se puso a colaborar en una obra que estimamos de consulta obligatoria por los aportes e innovaciones, particularmente en materia de “garantías sociales” y “régimen económico”. El 4 de marzo de 1949 comenzó a regir en la provincia, aunque luego debió adaptarse al texto nacional, conforme lo dispuesto por la cláusula 5′ de las Disposiciones Transitorias de la Carta de ese mismo año.
    Entre los otros textos que podríamos citar a nivel provincial y anteriores a ella, no hay aportes de trascendencia excepcional que justifiquen una mención especial, sin perjuicio de reconocer lo que en su momento significaron como avance legislativo para las respectivas provincias. (Entre Ríos de 1933, Santiago del Estero de 1939, Salta de 1929, San Juan de 1927, Tucumán de 1907.) En cambio, sí merece nuestro reconocimiento Juan Manuel de Rosas por lo que aporta a la organización nacional, superando el período de la anarquía, a través de la instrumentación del Pacto Federal —antecedente expreso del Acuerdo de San Nicolás— como se destaca en el trabajo de las compañeras Garmendia de Camuso y Schnaith, y por su resistencia a que se elaborase un texto constitucional mientras no hubiere una real y efectiva representación, pues de lo contrario su redacción quedaría en manos de los sectores cultos que expresaban las ideas y los intereses ajenos al país.
    Esta conclusión no contradice el objetivo de unidad nacional, realmente sentido por el Gral. Perón, ni significa en modo alguno, pensar en postergar el reconocimiento de los derechos del pueblo y de la nación toda, por medios instrumentales que hagan realidad los objetivos de liberación externa e interna, por tratarse de distintos momentos históricos.
    Con Hernández Arregui decimos: “Hoy, la imagen colonial de la Argentina retrograda ante el renacer, en otras circunstancias históricas, de las montoneras difamadas por Mitre y Sarmiento. La Argentina de Roca, aunque arizada de bayonetas, está muerta. Los símbolos del martirio del pueblo, vuelven del pasado y vivifican la conciencia nacional. Los héroes calumniados o denegados por la historiografía oficial, no están yertos. Como no han fenecido las provincias relegadas por la oligarquía porteña y el predominio anglosajón. La visión presuntuosa de una Argentina de raza blanca, de la Constitución de 1853, se estremece ante el rechazo altivo del pueblo frente al vasallaje.” (Peronismo y Socialismo, pág. 267).

  • Parlamentarismo y presidencialismo
  • Entre las innovaciones de las que con más insistencia se habla, está la incorporación de “un primer ministro con poderes para reorganizar el gabinete cuando fuese necesario y, al estilo de las más maduras democracias europeas, para poder formar nuevo gobierno ante una crisis, sin que por ello, se modifiquen les pautas de estabilidad presidencial”, con un Congreso vigente (sin disolución) por encima de cualquier crisis. (La Nación, 20 de enero de 1974, dado como un trascendido del pensamiento del Gral. Perón).
    Para Panorama la modificación de la ley fundamental significará más que el simple retorno a la Constitución de 1949 (no tan simple ni de limitada trascendencia), algo más profundo como sería el cambio del actual sistema presidencialista por uno de tipo parlamentario o a la europea, donde las responsabilidades del Ejecutivo están a cargo de un primer ministro, mientras que el presidente se dedica a elaborar la línea política y presta su atención a los grandes temas nacionales (n’ 347, 10/ 16-1-1974, “El enigma del Primer Ministro”).
    La óptica de la cultura dependiente lleva a idealizar todo lo europeo y a olvidar la realidad del medio que nos rodea. En primer término la experiencia de la democracia parlamentaria continental no puede ser calificada de brillante ni tampoco su incorporación eventual crearía alteraciones políticas de magnitud. Mientras en Europa los parlamentos por su composición heterogénea quitan estabilidad al gobierno, nosotros con un Congreso con mayoría absoluta peronista tendríamos asegurada la permanencia y ejecución de la política fijada por el Jefe del Movimiento Nacional.
    “La forma de gobierno parlamentaria, hasta hoy la más extendida en Europa occidental, no presenta diversidades sustanciales en sus versiones monárquicas o republicanas, ya que en cada uno de tales casos el ejecutivo aparece igualmente diferenciado en dos secciones bien separadas, a saber un jefe de Estado políticamente irresponsable (y, por tanto, de funciones prevalentemente formales) y un gabinete (constituido por varios ministros) que traza la orientación política, es responsable frente al Parlamento y debe dimitir cuando ha perdido su confianza. Es decir, ambas realizaciones permiten alcanzar la virtud esencial de la forma parlamentaria que consiste en mantener inamovible al jefe del Estado (vitaliciamente si es rey y por un determinado y suficientemente largo período si es presidente), asegurando así al gobierno un elemento estable de continuidad aunque haga al Poder Ejecutivo (centrado esencialmente en el gabinete) extremadamente sensible a toda fluctuación de la opinión pública” (Biscaretti di Ruffia, Derecho Constitucional, pág. 245).
    Este autor italiano clasifica los distintos tipos de gobiernos parlamentarios europeos continentales —clásicos, racionalizados, directoriales, de tendencia equilibrada, etc.—, pero, no obstante la simpatía con que los trata, no puede ocultar que esas variaciones fueron producto de los fracasos sucesivos de cada modelo anterior. Así en Francia entre 1871 y 1940 se contaron ciento nueve gabinetes, a razón de seis meses de duración promedio cada uno, hasta su derrumbe con la derrota militar.
    Duverger entiende que para comprender la verdadera significación del parlamentarismo y del presidencialismo, es preciso confrontarlos dentro de la evolución general de los regímenes democráticos en la segunda mitad del siglo XX. Recuerda que el sistema parlamentario fue introducido en Francia por una asamblea monárquica, la misma que aplastó a la Comuna, que de sus experiencias francesa e italiano tenemos presente sus vicios, sus fracasos, su impotencia, su mediocridad, sus consultas, las intrigas de pasillos.
    Además, originariamente los Parlamentos tenían por función esencial expresar les intereses de los diversos grupos de la burguesía y de los diferentes partidos, frente a un ejecutivo monárquico que encarnaba la unidad del país.
    Por eso dicho constitucionalista se pronuncia en contra de aquel sistema y a favor del ejecutivo fuerte pretendido por Carlos De Gaulle. Lo considera en el actual desarrollo histórico, técnicamente necesario para asegurar la gestión de un aparato de producción planificado que, a su vez, requiere un gobierno sólido y estable. Igualmente, el poder creciente de los grupos de intereses económicos exige políticamente un gobierno fuerte.
    Por último, dice que el sistema parlamentario no tiene en cuenta la tendencia contemporánea a la personalización del poder. El poder ha estado siempre, más o menos, personalizado, pero en el mundo contemporáneo hay un acrecentamiento de ese carácter, lo que ocurre tanto en los países occidentales —capitalistas—, como en los de la órbita socialista y en los del Tercer Mundo. Sólo Italia y Francia después de la muerte de De Gaulle son excepciones, aunque si tomamos períodos históricos esta misma afirmación parcial se relativiza, ya que en momentos de crisis estos países sienten la necesidad del hombre fuerte. Claro que debemos diferenciar entre el líder que mantiene una relación dialéctica con la masa de los movimientos nacionales del mundo colonial o neocolonial y a la que expresa, y a los jefes de gobierno de las sociedades capitalistas evolucionadas, donde un estado consolidado no precisa del factor humano que sintetice la unidad nacional, aún cuando de hecho pueda en ciertas circunstancias darse.
    En estos sistemas en que el primer ministro y su gabinete son proyecciones del Parlamento no creemos poder encontrar la mejor fuente para esa clase de reformas, que no compartimos por las razones teóricas y prácticas enunciadas precedentemente, a las que se agrega la rivalidad en el ejercicio de las facultades gubernamentales que se dan entre el jefe de Estado y el jefe del Gobierno, dificultando la marcha. De todos modos, si tal idea de un ejecutivo dualista se llevase adelante, la extraordinaria personalidad de Perón y su calidad de Conductor indiscutido de la Nación atemperan las objeciones, pero, en ese caso, no sería el modelo europeo el aconsejable, cuando existen en el Tercer Mundo ensayos que deben ser tenidos en cuenta.
    En efecto, mientras la Constitución argelina de 1963 establece que es el presidente de la República el que define, dirige, conduce y coordina la política interior y exterior del país conforme a la voluntad del pueblo concretada por el partido único (Frente de Liberación Nacional) y expresada por la Asamblea Nacional (art. 48), la Constitución de la República Árabe Unida de 1964 deja al presidente de la República el nombramiento del presidente del Consejo y su remoción, como también nombra los ministros y les revoca sus funciones. Además tiene el derecho de convocar al Consejo de Ministros y de asistir a sus reuniones, presidiéndolas cuando participa (arts. 114 y 115). Claro que la proposición al pueblo de la candidatura del presidente de la República es hecha por la Asamblea Nacional, la que tiene la facultad de censurar al gobierno o a un ministro, y en tal caso deben presentar su renuncia al presidente de la República, quien, por su parte, tiene derecho a disolver a la Asamblea( arts. 102, 89, 90 y 91).
    La Constitución Provisional de la República Árabe Siria del 1º de mayo de 1969 confiere al jefe del Estado y al Consejo de Ministros las atribuciones del Poder Ejecutivo. El primero designa al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros a propuesta del último y acepta sus dimisiones, tiene todos los derechos conferidos al presidente de la República y sus atribuciones, salvo las expresadamente otorgadas a otros órganos y puede disolver la Asamblea Popular por decreto motivado que adopta en Consejo de Ministros. Las funciones del Consejo de Ministros son las de controlar la ejecución de los servicios del Estado, elaborar y aplicar la política general, ejercer el Poder Legislativo cuando la Asamblea Popular no está reunida en sesión, con ratificación posterior de ésta y preparar el proyecto del presupuesto general del Estado, planificar el desarrollo y la mejora de la producción y la explotación de los recursos naturales y todo lo que tenga por efecto consolidar la economía nacional.
    El Consejo de Ministros es solidariamente responsable ante la Asamblea Popular, la que también nombra al presidente de la República o jefe del Estado (arts. 52/ 66 y 48).
    Por considerarlo antecedente valioso puntualizamos que los arts. 120 y 129 de la Constitución árabe citada disponen que el presidente de la República puede, en casos excepcionales y con autorización de la Asamblea, dictar decretos con fuerza de ley, y que el presidente puede consultar al pueblo en los asuntos importantes que afecten los intereses superiores del país, dejando a la ley la organización del modo de referéndum.
    La Constitución francesa da De Gaulle del 5 de octubre de 1958, de cita obligada por su repercusión entre los especialistas y, en general, en todo el llamado mundo Occidental, concibe el papel del presidente como árbitro entre los poderes y garantía de la unidad y continuidad nacional. Nombra discrecionalmente el primer ministro y, a propuesta de éste, a los ministros. Puede someter a referéndum determinadas cuestiones y posee la facultad de disolver al Parlamento. El temor de los constitucionalistas, como el alemán Karl Loewenstein (Teoría de la Constitución, pág. 118), de que se transformase en una dictadura constitucional, que en casos de excepción pudiese terminar en monarquía absoluta, a través de su aplicación, quedó totalmente disipada y como producto de predicciones falta de sustento racional.
    Los antecedentes protagonizados entre nosotros por Alsogaray y Frondizi en tal sentido (actuando de hecho aquel como regente gubernamental), no son precisamente elementos que juegan a favor de la innovación de que se trata, aunque las situaciones políticas difieren en profundidad por la falta de representatividad de esos personajes.
    Nuestra experiencia y en particular la que va desde los golpes de Estado sucedidos en los últimos treinta años, nos muestra la necesidad que sienten quienes ejercen el poder estatal, luego de acceder al mismo, de cambiar la integración de la cabeza del Poder Judicial, para obtener una Corte Suprema que aplique el derecho desde una perspectiva política lo más afín a su propia línea, y así asegurarse la declaración de legitimidad de su gobierno y de los actos a través de los cuales genere su acción.
    Esto ocurre tanto con los gobernantes identificados con los intereses del pueblo, como con los servidores de la Oligarquía y del imperialismo. Al advertir dicha realidad estimamos útil poner de manifiesto que la Constitución de Costa de Marfil del 3 de noviembre de 1960, modificada el 11 de enero de 1963, establece la periodicidad en la designación de los integrantes de la Corte Suprema, la que se constituye con diputados elegidos por la Cámara Nacional y de su propio seno, después de cada renovación general. Ese mecanismo tiene la ventaja de posibilitar, en casos de movimientos nacionales triunfantes, que por la vía de la integración constitucional, se obtengan coincidencias en la posición política de las conducciones de los tres poderes del Estado, cuando debe respetarse la tradicional separación de los mismos.

  • Constitucionalización de las organizaciones gremiales. Autogestión
  • Para concluir corresponde detenernos en la presente constitucionalización de la ley de asociaciones profesionales, como dice el comentario del diario La Nación que antes transcribimos.
    Pensarnos que el propósito de elevar a las organizaciones gremiales a instituciones de existencia necesaria dentro del ordenamiento superior nacional reviste excepcional importancia. Dejamos de lado, por supuesto, la regulación de los mecanismos operativos que en la actual ley permiten a la burocracia su reaseguro, por cuanto son normas de jerarquía secundaria como para integrar una Constitución.
    La crisis de los partidos burgueses tradicionales y de sus Parlamentos hizo nacer y desarrollar la idea de la representación gremial en el proceso legislativo. No se trata solamente de la participación de los llamados grupos de interés en la administración, sino en los niveles superiores de conducción del Estado.
    Así como los consejos de trabajadores y campesinos de la revolución soviética de 1917 —experiencias positivas de una organización original del proceso político— asumieron simultáneamente el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y los distintos niveles de la administración pública, el corporativismo italiano con su Carta del Lavoro del 21 de abril de 1927 y su posterior Consejo Nacional de las Corporaciones y la “Cámara de los Fascios y Corporaciones” instituida en 1939 en lugar del Parlamento político, desvalorizó por completo durante un largo período esta idea.
    Claro está que en la evaluación no podemos quedarnos en la mera forma, en la institución vacía, en el órgano, sino que el enfoque debe hacerse desde lo político y saber a qué intereses sirve y cuál es la clase que usa el aparato estatal. Sólo a partir de allí podemos hacer el balance, pues de lo contrario las conclusiones siempre serán erróneas.
    Insistimos en considerar la posibilidad de constitucionalizar a los sindicatos como una medida encomiable, consciente de que su inserción se haría en un Estado burgués, pero también de que abriría una perspectiva hacia la democracia popular, lo cual adquiere especial significación dado el carácter de país sometido a las presiones del imperialismo que posee la Argentina.
    Nuestra opinión se apoya en el pensamiento del Gral. Perón, cuando dice que “ya no hay trabajador que no sepa que, si no toma el poder a través de sus hombres, pierde el tiempo en soñar con reivindicaciones sociales que se le vienen negando desde hace siglos”. Al respecto agrega que “La clase trabajadora organizada debe actuar como factor de poder en la comunidad moderna si quiere ser respetada y considerada en sus intereses profesionales. El factor de poder es esencialmente político y, despojar de este factor de poder a las organizaciones profesionales, implica dejarlas indefensas e inertes frente al ataque de los que defienden los demás intereses internos de la comunidad”. Previamente deja sentado que fue la burguesía la que propugnó la idea de que los sindicatos no deben intervenir en política, para así dejar el terreno libre a la acción de los partidos políticos demoliberales (Cfr. Mensaje a los Trabajadores, publ. en Las Bases del 15-2-1973).
    No pretendemos inmediatamente algo similar a la autogestión yugoslava, pero no la estimamos un objetivo inalcanzable. Su configuración aún no ha concluido definitivamente en dicho país. Comenzada institucionalmente con la ley sobre los Consejos de Trabajadores de 1950, continuada con la Constitución de 1953, la encontramos como contenido principal de las “Enmiendas Constitucionales” de 1971 y motivo de especial tratamiento en los cambios previstos en 1973.
    En la enmienda XX de 1971 se establece que Yugoslavia es un Estado Federal que se cimenta en el poder y en la autogestión de la clase obrera y de todos los trabajadores, y una comunidad democrática y socialista autogestora de trabajadores y ciudadanos, y de pueblos y nacionalidades que disfrutan de plena igualdad de derechos. En la enmienda siguiente se precisa que la baso de las relaciones autogestoras socialistas proviene de la posición económico-social del trabajador en la reproducción social, que al disponer de los medios de reproducción en propiedad social y al tomar decisiones directas y en igualdad con los demás trabajadores del trabajo social, le permite beneficiarse con los resultados de su trabajo. Más adelante se establece que por los acuerdos autogestionarios pueden los trabajadores conjugar sus intereses particulares con los intereses comunes, en cuanto a la distribución social del trabajo y la reproducción social.
    Aún por parte de quienes, como Mandel, piensan que la autogestión yugoslava, en una “economía socialista de mercado”, presenta desviaciones por la presión de los elementos burocratizados dentro de las empresas, reconocen que ha creado condiciones mucho más propicias al advenimiento de un verdadero poder de los trabajadores que otros ensayos, por lo que sobre sus fundamentos puede proseguirse la búsqueda de un modelo válido de organización económica en la época de transición del capitalismo al socialismo (Control Obrero, Consejos Obreros, Autogestión, págs. 47/8).
    Las reflexiones que expusimos sobre la reforma constitucional expresan nuestra opinión a favor de un retorno a los principios económico-sociales de la Constitución de 1949, de órganos de poder dotados de efectivos medios de ejecución, de innovaciones que permitan comenzar el camino de superación de formas e instituciones burguesas en vías de extinción, alejados de utopías irrealizables y concientes del momento histórico que vivimos y de la relación de fuerzas sociales que se da en nuestra patria.
    También y como una manifestación de la permanencia en América Ibérica de la concepción unificadora de nuestros Estados, podríamos en el Preámbulo hacer mención, como los países árabes, de que formamos parte de una común nación.
    A este ámbito, el de los creadores de normas, le es correctamente aplicable el siguiente razonamiento de Hernández Arregui: “El error de las capas intelectuales alienadas a Europa es pensar la realidad colonial a través de sistemas de pensamiento germinados en otros ámbitos históricos, en naciones avanzadas que han cumplido su ciclo industrial y cuyas filosofías nacionales son inaplicables, o sólo por débil analogía, a una situación histórica divergente. Adecuar sin crítica métodos y filosofías europeas a la situación colonial, es carencia de sentido histórico, incluso con relación a las filosofías que sirven de modelo y que deben juzgarse como productos mentales sin encaje, por su origen y desenvolvimiento en naciones dadas, con el origen y desenvolvimiento de ias ideas nacionales en desarrollo de estos países que lidian por desterrar el coloniaje” (¿Qué es el ser nacional?, pág. 274).

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