La reivindicación de Rosas no responde a meros intentos justicieros de los intelectuales. De ser así, no trascendería el ámbito restringido de los cenáculos cultos. La justicia histórica se confirma en la conciencia de las masas que surge, ante todo, de la injusticia que padecen ios oprimidos. En nuestros países, la opresión está marcada por la dependencia. De allí que todo proyecto nacional deba recuperar en el pasado ios eslabones que marcan su propia trayectoria.
La primera forma en que las masas se reconocen como revolucionarias —sin requerir una acabada elaboración intelectual— se da en el plano de la sensibilidad que, lacerada por la injusticia, emprende intuitivamente su propio revisionismo histórico. Los valores que orientan esta revisión se contraponen, casi “naturalmente”, a los de la clase que sancionó las condiciones de la opresión. Así, mientras la historia liberal es una historia de minorías para minorías, representadas por sus héroes individuales; la historia popular es la historia de las reivindicaciones políticas y sociales de la mayorías trabajadoras que no reconocen otras pautas de valoración que las que expresan sus luchas revolucionarias, donde no se exaltan las formas tradicionales del heroísmo individual.
Por eso, las “lecciones” de la historiografía oficial no encontraron eco colectivo en la conciencia de las masas que, oponiéndose a las fórmulas condenatorias o laudatorias consagradas, señalaron a sus propios traidores y conductores.
Los sectores liberales vieron en todo movimiento nacional un peligro para sus intereses de clase, no vacilando en condenar a sus representantes como enemigos de las “libertades humanas”. El pueblo comprendió de qué libertades se trataba y el sentido oculto detrás de las acusaciones empecinadas que la prensa oficial endilgó, antes a Rosas, después a Perón. Comprendió que el punto irritativo era, desde siempre, la propia lucha por su libertad social que, en los dos casos, había alcanzado el mayor nivel político.
Esta lucha no está destinada a erigir héroes de mármol, sino que identifica a sus conductores con un proceso cuyo último e inapelable sujeto son las mayorías nacionales. Sólo a partir de Es unidad política de las grandes masas podrá plantearse como alternativa un socialismo nacional auténticamente revolucionario, sobre la base del poder popular.

El gobierno de Juan M. de Rosas abarca casi un cuarto de siglo de nuestra historia nacional. Su firme actitud frente a la desembozada política de las potencias imperiales, más el hecho de haber pacificado el país devastado por largos años de anarquía, nos lleva a preguntarnos sobre la coherencia de su proyecto político nacional y los reales alcances de sus formulaciones Antiimperialistas.
El revisionismo rosista reivindica la total coherencia de esa política, la historia liberal la impugna en bloque. Creemos que la insuficiencia del primer planteo y la interesada tergiversación del segundo, no tienen en cuenta la complejidad de factores que es preciso considerar para responder a las exigencias de nuestro presente.
La interpretación liberal, profundamente antinacional por esencia, explica los términos en que se produce su refutación por el revisionismo rosista. Es comprensible que esta corriente haya exaltado los aspectos nacionales de la tradición, menospreciados por los historiadores oficiales en detrimento de la verdad histórica. Pero la reivindicación de Rosas concluye en un enfoque parcial y simplificador si se la pretende rescatar, en su totalidad, en función del proyecto nacional independiente en que está empeñado hoy el pueblo argentino. Si el único blasón de Rosas “es el de servir como ejemplo de todo lo que debe afirmarse y enfrentarse contra una experiencia constitucional de 85 años, que ha sido desastrosa para la soberanía argentina”, los conflictos y dificultades del presente se resolverían con la mirada puesta en el pasado.
En las luchas de los países dependientes por su liberación, el logro de la identidad nacional es de esencial importancia. Si, bajo las formas implacables que adoptan hoy las dominaciones imperialistas, la identidad nacional supone ante todo el ejercicio de una práctica revolucionaria común, es verdad que también se afirma abrevando en las raíces de un pasado común. Pero la consideración del pasado, de la tradición, como modelo inalterable de un proyecto futuro, conduce inevitablemente al statu quo.
Tomar los contenidos de la tradición como única pauta para valorar el sentido de los procesos históricos implica, por principio, una actitud reaccionaria.
O sea que, dadas las condiciones en que accedimos a nuestra historia, adulterada desde siempre por las corrientes liberales, toda actitud revisionista es, de hecho, positiva en cuanto problematiza los fundamentos políticos e ideológicos de las mismas. Pero los alcances políticos del revisionismo dependen de la manera como asuma el pasado: o bien lo recupera como una realidad inmóvil, o bien lo toma como punto de apoyo de una política nacional con proyección revolucionaria.
En la consustanciación con las masas montoneras del pasado, las masas combativas de hoy reencuentran su propia tradición e invocan a aquellos caudillos que más se identificaron con sus reivindicaciones frente a las oligarquías antipopulares. En contraste con la grandilocuencia patriótica de las fórmulas de la historia oficial, la simplicidad del “naides más que naides” de Felipe Várela expresa, más allá de las circunstancias históricas, las fuerzas de reivindicación social que sustentan toda política antiimperialista realmente revolucionaria.
Es a la luz de este último criterio revisionista que trataremos de examinar algunos aspectos relevantes del gobierno de don J. M. de Rosas. El período es tan complejo que resulta imposible abarcarlo comprensivamente sin intentar el análisis de sus contradicciones desde un punto de vista dialéctico.

  • II. Rosas, hombre del orden
  • “Tanto en mis afecciones personales como en mis deberes públicos, la legalidad es para mí un elemento general, y no hay sacrificio que no haría por no cargar con la nota de inconsecuente.” (Rosas, Carta a López, 17-5-1832.)
    Después del período de luchas civiles que azota a la República desde el año veinte y que culmina con el asesinato de Dorrego, la aparición de Rosas se impone con el peso de una necesidad histórica, a la altura de la cual supo ponerse el Restaurador de las Leyes. Rosas encauzó a la sociedad argentina por los carriles de un orden que asegurara la feliz consecución de sus negocios públicos.
    ¿Sobre qué bases o en función de qué modelo piensa Rosas organizar el país? ¿Cuál es la fuente que inspira su concepto de orden? Nos hemos preguntado acerca de este principio que guió su acción de gobernante porque Rosas no sólo estuvo al frente de una gestión de gobierno sino también elaboró sus fundamentos ideológicos, expresados en numerosos documentos y correspondencia. Entre ellos reviste particular importancia el mensaje al cuerpo diplomático pronunciado en ocasión del 25 de mayo de 1836, el mismo año en que se promulgó la ley de Aduana.
    Transcribimos su texto completo porque resulta esclarecedor para la cuestión que tratamos:
    “Qué grande, señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la Nación para festejar el primer acto de soberanía popular, que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre año de mil ochocientos diez. Y cuan glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y dignidad sin ejemplo. No para sublevamos contra (as autoridades legitimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la Nación, habían caducado de hecho y de derecho. No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida España”
    “Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo abierto celebrado en esta ciudad el 22 de mayo de mil ochocientos diez, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honra y gloria eterna del pueblo porteño. Pero, ah, ¡quién lo hubiera creído! Un acto tan heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española, y a su desgraciado monarca, un acto que ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada, por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente.”
    “Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobremanera la gloria del pueblo argentino, pues que ofendidos con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos siete años en aquella noble resolución, hasta que cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el fin y profundamente conmovidos del triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición anegada en nuestra sangre inocente con ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la suya propia, nos pusimos en manos de la Divina Providencia, y confiando en su infinita bondad y justicia tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos; nos declaramos libres e Independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera.”
    “El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor al orden establecido, que había excitado hasta entonces nuestro valor, avivado nuestra lealtad y fortalecido nuestra fidelidad para no separarnos de la dependencia de los reyes de España, a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la Corte de Madrid en asolar nuestro país. Sea pues nuestro regocijo tal cual lo manifestáis en las felicitaciones que acabáis de dirigir al gobernador por tan fausto día; pero sea renovando aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la Causa Nacional de la Federación, que ha proclamado toda la República.”
    Resulta claro que Rosas vincula esencialmente la idea de orden a la de la subsistencia en América de las viejas formas de autoridad de la tradición hispánica. Desde esta perspectiva interpreta el fenómeno de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo no fue un acto de rebelión sino de lealtad y fidelidad bien entendidas a España, y la declaración de la independencia la única alternativa ante la actitud asumida por la metrópoli. Por eso, desde una perspectiva americana, ni la Revolución ni la Independencia implicaron una ruptura con el viejo orden cuya continuidad se evidencia desde el pasado colonial hasta el presente. Precisamente, la pacificación del país dependerá de la renovación de “aquellos nobles sentimientos de orden, lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la Federación que ha proclamado toda la República”.
    No escapa a la perspicacia política de Rosas el hecho de que tal restauración, dado el deterioro institucional causado por las luchas civiles, sólo puede lograrse mediante la coacción autoritaria de un gobierno fuerte. Pero, lejos de fundar esta necesidad en los recursos de un poder arbitrario, trata de dar bases legales a esa autoridad. Y nada más válido que rescatar las pautas impuestas desde el pasado por la tradición.
    ¿Cuáles son los contenidos afirmados por la tradición hispánica según Rosas? Los valores de la religión católica, la obediencia, lealtad y fidelidad al soberano, la subordinación a los poderes legalmente constituidos, en síntesis, el mantenimiento del orden que estableció la vigencia de esos valores.
    Rosas percibe que en las provincias del interior han sobrevivido aquellas tradiciones hispánicas a través de las instituciones eclesiásticas y administrativas de la colonia. Pero esta renovación de los principios tradicionales se le planteaba en una situación histórica diferente, que necesariamente debía condicionar su aplicación. La primitiva polarización de puerto e interior en el virreinato se había agudizado en extremo, como consecuencia de la política centralista de la oligarquía portuaria en detrimento de los intereses de las provincias.
    Pero si la tradición funciona como factor defensivo de las provincias contra el “progresismo” porteño, es preciso admitir que también surgieron nuevas existencias generadas en la gesta emancipadora: la incorporación de las masas populares a la acción libertadora (con Güemes, Artigas y los caudillos del litoral) despertó un pujante sentimiento de nacionalidad. Rosas, al frente del gobierno de Buenos Aires, debía encarar las justas reclamaciones de las provincias del interior, integradas por entonces en torno a su creciente conciencia nacional.
    Por otra parte, los términos del antiguo equilibrio interregional del virreinato se habían alterado. Las disputas jurisdiccionales entre las partes, antes remitidas al poder centralizador de la metrópoli, se circunscribían ahora al ámbito nacional, dentro del cual debían dirimir sus disputas sobre cuál sería el centro del poder: de hecho, Buenos Aires, el estado provincial más poderoso, estaba destinado a ocuparlo.
    Rosas busca la síntesis entre el viejo orden y la nueva situación, o sea, debe justificar su propia autoridad y la de Buenos Aires en nuevos términos legales. Dado el estado de guerra civil, la realización efectiva de este proyecto requería la autoridad de un ejecutivo fuerte, pero respetuoso de los sentimientos tradicionales del interior, en un espíritu de legalidad al cual Rosas permanecerá fiel hasta los últimos años de su vida. El carácter consultivo que dará a su política se mantendrá, incluso, en las situaciones en que la decisión personal parecía volverse más urgente.
    Las medidas que arbitra para llevar adelante su gestión de gobierno estarán avaladas, ya sea por el respeto implícito al orden establecido, ya sea por consideraciones de orden pragmático, más atentas a las urgencias políticas inmediatas, a las que Rosas se esfuerza siempre por encontrar un fundamento legal.
    Estas dos fuentes de su legalismo —respeto al orden tradicional y medidas de orden práctico— configuran, de algún modo, el mentado realismo político de Rosas que, en el orden interior, resulta justificadamente defensivo de los derechos autónomos de las provincias respecto a la avasallante política extranjerizante que les fue impuesta hasta entonces.
    Pero esto no implica que, en prospectiva histórica, no resulte una política estática, en cuanto resuelve los problemas de la realidad a partir de una confirmación de los valores de la tradición o bien por la mera acomodación empírica de lo existente.
    Por el contrario, la porfiada firmeza con que defendió la soberanía nacional en su política exterior confirió un nuevo sentido a la respuesta unánime con que lo acompañaron las masas populares y comprometió el apoyo patriótico de los caudillos del interior que, en la gesta revolucionaria, habían hecho irrupción en defensa de ese mismo principio de la nacionalidad.
    Sólo a la luz de este sentimiento ancestral de la nacionalidad puede comprenderse la asombrosa sabiduría diplomática —tan menospreciada por la “inteligencia ilustrada”— que Rosas despliega durante la intervención extranjera, como lo trasunta la documentación oficial de la época.
    Su política exterior también se encauza bajo el más cuidadoso respeto de las leyes, pero en la medida que se inspira en el inalienable derecho de la Nación a defender su soberanía e integridad, se constituye en un ejemplo histórico que trasciende los marcos formales del mero legalismo, para despertar la conciencia argentina frente a todo nuevo intento de avasallamiento extranjero. En este sentido, nuestro pueblo puede reconocer en Rosas un auténtico precursor de sus luchas nacionales, cuyo espíritu se resume magistralmente en la carta que dirigiera a Berón de Astrada, en ocasión del primer bloqueo francés. El contenido americanista de estas líneas se impone por sí mismo, más allá de toda interpretación: “… ¿Qué más? El bloqueo. ¿Y qué otra cosa debe esperarse de tal injusticia que la Irritación de las naciones débiles y muy particularmente de todas las del continente americano? Aún sin saberlo ya se pronuncian con indignación y sobrada libertad las prensas de ellas. La ocasión, pues, del bloqueo injusto que sufrimos, es la mejor oportunidad que se nos presenta para romper de firme esas cadenas y ser verdaderamente libres, uniéndonos los Estados de América con fuertes vínculos que nos dará por resultado esa respetabilidad que ya necesitamos sin demora si no queremos ser la presa de los esclavos más tristes del más fuerte, tan sólo por la falta de concordancia fraternal … Ya debe usted reconocer la firme resolución en que estoy de no retrogradar una sola línea de lo que ya se ha visto en mi correspondencia. Más fácil será que perezca, que suscribir a la ignominia y baldón que recibiría nuestra cara Patria después de tan heroicos esfuerzos en la honrosa lucha de nuestra Independencia. Debemos mirar como verdadero enemigo de la Confederación al que quiera despojarnos la grande e inmortal gloria que nos prepara en los fastos de la historia del nuevo mundo esta ocasión que nos han dado el cónsul y contraalmirante francés, de inmortalizar el nombre de los argentinos. Los derechos que se interponen en ella son de todo el continente americano, y nos haríamos indignos de figurar entre los nuevos Estados, si a la injusticia y avanzada pretensión de estos dos agentes de la Francia sacrificásemos nuestro honor, dignidad e independencia, dando una lección funesta que pondría en peligro la soberanía de las demás repúblicas, de cuyo concepto justamente decaeríamos, legando a la posterioridad en el nombre argentino el testimonio de nuestro propio envilecimiento. (Carta a Berón de Astrada, 19 de junio de 1838.)

  • III. La Confederación
  • La resistencia de las provincias a la constitución rivadaviana de 1826 había provocado un choque frontal con Buenos Aires.
    Esta situación agudiza la anarquía ya existente desde el año 20 y condiciona una posición defensiva de las provincias que, por entonces, habían comprendido que contra el desmedido poder porteño resultaría impotente toda oposición aislada de algunas de ellas. De esa comprobación surgen los pactos federales de la época. Pero, al mismo tiempo, reconocen que no pueden prescindir de Buenos Aires en sus propios proyectos de integración, considerando que Buenos Aires centralizaba el poder económico del país.
    El pacto federal de 1831, el más importante de todos, firmado por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe (no suscripto por Corrientes, inicialmente invitada), muestra la comunidad de intereses entre Buenos Aires y las provincias del Litoral, origen de futuras alianzas y rivalidades que marcarán, en gran parte, el proceso argentino. A Buenos Aires, tradicionalmente librecambista, se opusieron las aspiraciones de las provincias, sintetizadas en el proteccionismo aduanero inmediato y en la nacionalización de la Aduana. El vocero del Litoral, en las famosas discusiones preliminares al Pacto Federal, en 1830, fue don Pedro Ferré, representante de Corrientes. Precisamente, porque sus posiciones no fueron aceptadas por Buenos Aires, Corrientes no refrendó el pacto inicial, incorporándose después. Por lo demás, estas justas pretensiones provinciales llevarán a Rosas a rectificar la posición porteña promulgando la ley de Aduana de 1835.
    El Pacto Federal es el instrumento cohesivo que utilizarán estas provincias contra el poder de la Liga Militar del Interior, presidida por el general Paz. Vencido Paz, las provincias del interior ingresan al Pacto Federal: Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Corrientes, La Rioja, Tucumán, San Luis, Catamarca y San Juan.
    Esta será la base histórica real de la política de integración empírica de Rosas, cuyos fundamentos doctrinarios expuso éste en la célebre carta a Quiroga, desde la hacienda de Figueroa, el 20 de diciembre de 1834. Es conveniente analizar esa carta para comprender en qué espíritu se plantea Rosas el problema de la organización nacional, ante la insistente requisitoria, por parte de las provincias, de llamar a un congreso constituyente. En ese sentido es un anticonstitucionalista, en cuanto no considera a la constitución como un factor decisivo y previo para la unidad nacional. Rosas considera que en el estado de guerra civil general que padece la República, las discusiones sobre una constitución, lejos de ser un elemento pacificador, pueden desencadenar las discordias latentes entre las provincias. Por eso, la constitución debe ser el resultado del ordenamiento institucional efectivo en lo que hace a la administración pública y económica dei país: “Además usted conocerá que teniendo que pugnar no solamente con el poder de los hábitos contraídos en el período de la revolución, en que ha prevalecido más o menos tiempo el sistema de la unidad y la opinión de un número considerable de ciudadanos que aún no han perdido del todo el influjo de su posición, es preciso preparar los resortes en que debe montarse la nueva máquina política; y mientras las provincias no hayan organizado su sistema representativo y afianzado su administración interior, mientras no hayan calmado las agitaciones internas y moderándose las pasiones políticas que la última guerra ha encendido, y mientras las relaciones sociales y de comercio bajo los auspicios del país no indiquen los principales puntos de interés general que deben ocupar nuestra atención, creo sería funesto ocuparnos de un Congreso Federativo.” (Carta a Felipe Ibarra, diciembre 16 de 1832.)
    En una palabra, “la unión y tranquilidad crea el gobierno general (establecido constitucionalmente [agregado nuestro]) la desunión lo destruye, él es la consecuencia, el efecto de la unión, no la causa…”. Por eso “… el Gobierno General en una República Federativa no une los Pueblos Federados, los representa, unidos; no es para unirlos, es para representarlos en unión ante las demás naciones …” (Carta de la Hacienda de Figueroa.)
    Estas ideas serán llevadas a la práctica, en parte, sobre la base del respeto por el orden establecido, la tradición de las autonomías provinciales —en lo cual se apoya Rosas para manejar sus relaciones con las provincias—, y en parte, por el arbitrio de una política de integración que “… negociando por medio de tratados el acomodamiento sobre lo que importa el interés tíe las provincias todas, fijaría gradualmente nuestra suerte; lo que no sucedería por medio de un congreso, en el que al fin prevalecería, en las circunstancias, la obra de las intrigas a que son expuestos. El bien sería más gradual, es verdad; pero más seguro”. (Carta a Quiroga, 5 de febrero de 1831.) Con tales argumentos, Rosas postergará sin término la convocatoria a un Congreso Constituyente.
    La política del orden se reducirá ahora a una larga tarea de persuasión ejercida sobre los caudillos locales para que, por sucesivos acomodamientos de las partes entre sí, se recomponga la unidad. La máxima de la política de Rosas, su concepto de la función del gobernante consistirá en “… dar tiempo a que se destruyan en los pueblos los elementos de discordia …” a fin de dirigir sus tendencias “… para hacerles variar de rumbo sin violencia y por su convencimiento práctico de la imposibilidad de llegar al punto de sus deseos. . .”, que no eran otros que la organización constitucional. (Carta de la Hacienda de Figueroa.)
    El Pacto Federal, con la posterior incorporación de casi todas las provincias, autoriza a Rosas a “ejercer el manejo de las relaciones exteriores de la Federación”. Esta autorización cobra fuerza legal en 1835, a comienzos de su segundo gobierno, cuando la legislatura bonaerense lo inviste con la suma del poder, refrendado
    por un plebiscito en la ciudad de Buenos Aires exigido por Rosas (marzo de 1835). La suma del poder concedida por plebiscito provincial lo acreditaba de derecho y de hecho (dada la supremacía de Buenos Aires) para ejercer la representación nacional ante el exterior, otorgada por las provincias.
    La idea de la Federación es exaltada en adelante, a través del uso oficial de fórmulas muy precisas, sobre cuya importancia insiste Rosas permanentemente, de modo que “… al decir todo argentino, los buenos argentinos, todo patriota, los buenos patriotas …” se deba decir “… todo argentino federal, los buenos argentinos federales, todos los buenos patriotas federales . . . “, porque el uso de esas voces desnudas (argentino, patriota) que “… tenían entre nosotros una significación noble hoy la tienen muy ambigua y sospechosa”. (Carta a Heredia, 16 de julio de 1837.) Esto, agregado a los mecanismos legales y al fortalecimiento de los vínculos de la religión —como factor de cohesión política—, configura un cuadro ideológico que traduce la general acquiescencia a los principios del federalismo.
    Pero, en el panorama real del país, es preciso determinar las diferentes reivindicaciones regionales que se ocultaban bajo el rótulo común del federalismo. Por una parte, el “federalismo” bonaerense, que a pesar de su mayor apertura a los reclamos provinciales, se mantiene aferrado a los privilegios de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, el federalismo del Litoral, que comparte los intereses de Buenos Aires pero no detenta las prerrogativas del puerto único. Por último, el federalismo de las provincias mediterráneas, las más afectadas por el centralismo porteño, abandonadas a la impotencia económica y social como secuela del mismo. Esta situación genera, a lo largo del gobierno de Rosas, permanentes manifestaciones de descontento que revelan la persistencia de resquemores no superados en el interior.
    La Ley de Aduana de 1835, que intenta paliar esas dificultades, es recibida con gran beneplácito por las provincias. El gobierno la fundamentó ante la Legislatura en los siguientes términos: “Largo tiempo hacía que la agricultura y la naciente industria fabril del país se resentían de la falta de protección y que la clase media de nuestra población que por la cortedad de sus capitales no puede entrar en empresas de ganadería, carecía del gran estimulo al trabajo que producen las fundadas esperanzas de adquirir con él medios de descanso en la ancianidad y de fomento a sus hijos. El gobierno ha tomado este asunto en consideración y notando que la agricultura e industria extranjera impiden esas útiles esperanzas sin que por ello reportemos ventajas en las formas o calidad, que por otra parte la agricultura es el mejor plantel de ios defensores de la patria, y madre de la abundancia, y que de la prosperidad y bienestar de toda esta clase tan principal de la sociedad, debe resultar el aumento progresivo del comercio interior y extranjero, así como el mayor producto de las contribuciones, ha publicado la Ley de Aduana, que será sometida a vuestro examen por el Ministerio de Hacienda”.
    O sea que, por dicha ley, Buenos Aires sustituía el libre cambio por un proteccionismo franco: se prohibía la importación de manufacturas elaboradas en el país y se gravaba con fuertes derechos la introducción de coches, monturas, bebidas alcohólicas entre otros productos. No se cobraba impuestos a las carnes transportadas por barcos argentinos y se impulsaban industrias nacionales como la talabartería, el tabaco, los astilleros, fábricas de tejidos, artesanías y vinos.
    Esto produjo la reacción de los comerciantes ingleses que se quejaron a su gobierno de las desventajas que les acarreaban tales restricciones.
    Pero aun cuando inicialmente la Ley de Aduana produjo consecuencias beneficiosas, la implementación de la misma no logró incrementar la producción del interior más allá de su carácter esencialmente artesanal y por lo tanto no lo capacitó para satisfacer las demandas del mercado interno. Por otra parte, la incidencia de los bloqueos paralizó los efectos de la ley. Después de 1841, el proteccionismo se debilita en forma progresiva sin que se arbitren medidas para refortalecerlo.
    El verdadero impulso industrialista se registra en el campo de la ganadería bonaerense. Prueba de ello es la pujanza que logra la industria saladeril. Sin embargo, esto resulta insuficiente para la formación de una burguesía industrial nativa capaz de propulsar un capitalismo nacional diversificado, no centrado en la absoluta supremacía del latifundio exportador porteño.
    De todos modos, frente a la orientación tradicional de la política unitaria, es indudable el carácter nacional de muchas medidas económicas de Rosas, aun cuando no se hayan enmarcado dentro de un plan político-económico de alcances nacionales en sus efectos. A pesar de estas limitaciones, el gobierno de Rosas, en tanto apoyado en una política de marcada defensa de nuestra soberanía, se destaca frente a los proyectos entreguistas que instrumentaron los gobiernos liberales posteriores a Caseros.

  • IV. La soberanía nacional
  • A pesar de la legislación proteccionista de Rosas en lo económico, los intereses británicos en el Río de la Plata seguían siendo hegemónicos con respecto a las otras potencias europeas.
    La política francesa, a partir de 1836, sin romper su entendimiento con Inglaterra contra la Santa Alianza, adquiere independencia en sus proyectos expansionistas. Por entonces se establecieron los protectorados en Argelia, Tahití y Egipto.
    El afan expansionista de Francia, a la zaga del poderío inglés, fijó también sus miras en la cuenca del Plata. Esta competencia es la causa real del bloqueo ordenado por Francia desde 1838 hasta 1840. La declarada intromisión de los intereses extranjeros en la política argentina repercutió en sus conflictos internos. Francia instrumenta las disidencias contra Rosas aunando las pretensiones de los unitarios, los intereses económico-políticos de la Banda Oriental y del Litoral y el descontento siempre latente de las provincias mediterráneas. En su alianza política con Rivera, que provoca el derrocamiento del presidente constitucional Oribe (adicto a Rosas), los franceses se proponen ocupar el puerto de Montevideo como primer paso de su asentamiento en el Río de la Plata. Por otra parte, favorecen las campañas unitarios en el interior de la Confederación y promueven una conspiración contra Rosas en las provincias del Noroeste.
    La habilísima diplomacia de Rosas, por medio de dilaciones que evitan el enfrentamiento armado, se pone en acción: con tacto sofoca las rebeliones intestinas, por otro lado, y rebaja a un tercio de su valor los derechos aduaneros sobre las importaciones inglesas, con lo que obtiene una inmediata adhesión de los comerciantes británicos en el Río de la Plata. Esto atrae el apoyo de Inglaterra en la solución del conflicto.
    El ministro Palmerston, informado por Mandeville de las alianzas secretas de los franceses con los unitarios y con Rivera, remite ese informe detallado al gabinete francés, como velada amenaza a los planes de Francia. Esta, ante la presión de los ingleses y de la liga europea, que no está en condiciones de soportar, comisiona al barón de Mackau para iniciar tratativas de paz. El bloqueo concluye en octubre de 1840 con la firma de un tratado definitivo. Según Cady: “Aunque Mackau estaba entusiasmado con su obra es perfectamente evidente que el arreglo fue una victoria de Rosas. El gobernador había desafiado durante más de dos años a una potencia europea y hecho la paz voluntariamente en términos considerablemente menos desfavorables que las exigencias originales de Roger (cónsul francés en Buenos Aires). Sus enemigos locales quedaban desesperadamente desacreditados por su alianza con el extranjero y él en libertad de acción para determinar hasta qué punto intervendría en el Uruguay. El artículo sexto 3 sugería una intención definida por su parte de atraer a aquel Estado a una relación política más o menos directa con la Confederación Argentina”.
    La solución del conflicto por vía diplomática bajo condiciones favorables a la Confederación confiere a Rosas un inmenso prestigio americanista por su tenaz defensa de la soberanía nacional.
    Este prestigio se pondrá a dura prueba en ocasión del segundo bloqueo conjunto de Inglaterra y Francia hacia 1845.
    A mediados del siglo XIX la política expansionísta de Inglaterra se rige, en el orden internacional, por la imposición del principio del laissez-faire. En tanto el laissez-faire propugna la libre concurrencia a nivel universal (falsa libertad proclamada entre desiguales) es, por esencia, antiproteccionista. A través de los teóricos liberales de los países periféricos Inglaterra instrumenta en los mismos la aplicación de esa política que la favorece. Por ello sabotea todo intento proteccionista que obstaculice el libre acceso a nuevos puertos y mercados.
    A este respecto, el interés de franceses e ingleses, de larga data, por la independencia de la Banda Oriental, indica la importancia geopolítica de la misma como pieza clave para lograr la libre navegación del Plata y sus afluentes. Por ese medio pretendían dominar el “libre” comercio en la cuenca del Plata y supeditar así el “desarrollo” de todo el sector (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) a las necesidades de su propio mercado.
    En los prolegómenos del segundo bloqueo Rosas lanza, por medio de Oribe, una campaña contra Rivera, para recuperar el dominio sobre la Banda Oriental. Después del primer bloqueo, Rivera, ante el fracaso de la alianza con los franceses, había intentado establecer un protectorado inglés en el Uruguay. Su propuesta fue rechazada por Gran Bretaña que firmó, en cambio, un tratado comercial con vistas a una futura apertura de los ríos. Entre 1842 y 1844 la diplomacia anglo-francesa en el Plata es zigzagueante. Sus agentes ejercen un permanente hostigamiento, no exento de vacilaciones, que reflejan la ambigüedad de las metrópolis. Tales oscilaciones, durante ese período, obedecían a una política dual en sus objetivos: por una parte, el gabinete inglés ve en Rosas una garantía de orden social indispensable para sus negocios oficiales; por otra, los intereses muy específicos que apuntan al predominio sobre la Banda Oriental
    El artículo sexto rezaba: “Si el gobierno de la Confederación acordase a los ciudadanos o naturales de algunos, o de todos los estados sudamericanos, especiales goces civiles o políticos, más extensos que los que disfrutan actualmente los súbditos de todas y cada una de las naciones amigas y neutrales, aun la más favorecida, tales goces no podrán ser extensivos a los ciudadanos franceses residentes en el territorio de la Confederación Argentina, ni reclamarse por ellos”.
    John F. Cady, La intervención extranjera en el Rio de la Plata, Losada, Buenos Aires, 1943.
    Inglaterra puede practicar el laissez-faire como consecuencia de un proteccionismo de siglos que promovió el extraordinario desarrollo del capitalismo inglés. Es justamente este desarrollo el que exige la aplicación del laissez-faire a nivel mundial, para obtener nuevos mercados.
    Y a la libre navegación de los ríos, los vuelve particularmente atentos a las relaciones de Rosas con el Uruguay. Los ingleses necesitaban los dos puertos —Buenos Aires y Montevideo— para dar plenos alcances a la penetración comercial en el interior de Sudamérica.
    Una vez más los unitarios, aliados con Rivera, sirven a los ingleses en sus pretensiones intervencionistas y éstos intrigan, en beneficio propio, apoyándolos contra Rosas. Se envía a Florencio Várela a Londres en una misión para gestionar la directa intervención inglesa en el Plata. La misma contemplaba un proyecto segregacionista por el que Entre Ríos y Corrientes formarían un estado independiente.
    Frente a la acción conjunta de todos estos factores Rosas demostró nuevamente sus grandes dotes diplomáticas: inicia contactos políticos con Estados Unidos, contando con los aparentes contenidos americanistas de la doctrina Monroe. De hecho, sólo recibió apoyo moral. Cuando la escuadra inglesa trata de impedir el bloqueo de Brown a Montevideo, Rosas, con gran sagacidad, ordena su retirada a Buenos Aires, anticipando la posterior desautorización del gobierno inglés. Las potencias imperiales no previeron el ajetreo a que las sometería la compleja trama de la diplomacia rosista. Las misiones de paz se suceden sin que logren la definitiva anuencia del jefe de la Confederación.
    Otras dificultades, además, encontrarían los europeos en la consecución de sus intentos de conquista. Estas fueron señaladas por San Martín, con previsión estratégica, en la carta que dirigiera al cónsul argentino en Londres:
    “… Bien sabido es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina … y aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy bien seguro que sea por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ello es que la totalidad se le unirán y tomarán una parte activa en la actual contienda; por otra parte (como la experiencia ya lo tiene demostrado), que el bloqueo que se ha declarado no tiene en las nuevas Repúblicas de América (sobre todo en la Argentina) la misma influencia que lo sería en Europa; él sólo afectará a un corto número de propietarios, pero a la masa del pueblo que no conoce las necesidades de esos países, le será bien indiferente su continuación. Si las dos potencias en cuestión quieren llevar más adelante las hostilidades, es decir, declarar la guerra, yo no dudo un momento que podrían apoderarse de Buenos Aires, con más o menos pérdidas de hombres y gastos, pero estoy convencido que no podrán sostenerse por mucho tiempo en posesión de ella: los ganados, primer alimento. . . pueden ser retirados en muy pocos días a distancias de muchas leguas; lo mismo que los caballos y demás medios de transporte; los pozos de las estancias inutilizados, en fin, formando un verdadero desierto de 200 leguas de llanuras sin agua ni leña, imposible de atravesar por una fuerza europea, la que correría tanto más peligros a proporción que ésta sea más numerosa si trata de internarse. Sostener una guerra en América con tropas europeas, no sólo es muy costoso, sino más que dudoso su buen éxito tratar de hacerla con los hijos del país; mucho dificulto y aun creo imposible encuentre quien quiera enrolarse con el extranjero.”
    Esta carta, dada a conocer por la prensa europea, incidió, a manera de advertencia, tanto en la opinión pública como en esferas oficíales. Los argentinos confirmaron las previsiones de San Martín: el 20 de noviembre de 1845 se enfrentan la poderosa escuadra anglo-francesa y el fervor patriota de las tropas de Mansilla. En el perdido recodo de Obligado se concentró la dignidad de toda América en el coraje con que los gauchos defendieron sus ríos contra la avidez de las potencias civilizadoras. Los aliados, que se internaron hasta Asunción, no recogieron los frutos de su victoria. Al decir de Cady: “… La expedición al río Paraná no contribuyó para nada a realizar los propósitos de la intervención. La tentativa resultó también un fracaso lamentable desde el punto de vista comercial, pues muchos de los barcos regresaron con sus cargamentos completos. La consecuencia más importante fue exaltar el patriotismo del pueblo argentino hasta un grado sin precedentes. Todas las facciones se unieron para oponerse a los extranjeros, que trataban de desmembrar el país. Rosas llegó a obtener el apoyo de un número de voluntarios británicos, los cuales prestaron servicios en la batería que actuó con más eficacia en el combate de Obligado”.
    A la larga, la firmeza empecinada de Rosas obligó a las potencias a levantar el bloqueo a pesar de su triunfo. En 1847, Gran Bretaña; en 1848, Francia. El conflicto había terminado sin que Rosas hubiera reconocido, en ningún momento, la independencia de la Banda Oriental. Es la culminación de una política totalmente coherente con su idea inicial sobre la integridad territorial del antiguo virreinato.

  • V. Rosas, hombre de Buenos Aires
  • La claridad de los principios sobre soberanía que guían la pertinaz defensa de la integridad nacional mantenida por Rosas es irrebatible aún para sus detractores. Sin embargo, los acontecimientos que desembocan en Caseros nos llevan a preguntarnos sobre las bases reales de sustentación que, a partir de su política interna, dio a su política exterior.
    Caseros es la culminación de un proceso “impulsado por la presión expansionísta del capitalismo europeo”. Pero fue posible por la colaboración de las fuerzas económicas insatisfechas del Litoral, que al bregar por la libertad de los ríos coincidían con los objetivos del comercio inglés.
    Hasta entonces, el equilibrio del gobierno de Rosas se ha basado en su capacidad para las soluciones parciales en los conflictos internos y en la firmeza de su política exterior. En 1850, estos métodos son ya inoperantes para contrarrestar los intereses conjugados de las dos fuerzas que, por su propio desarrollo, enfrentaron a Buenos Aires. En efecto, aunque la política de Rosas protegió a las provincias con medidas económicas favorables —Ley de Aduana—, nunca lo hizo en detrimento de Buenos Aires. No concibió la implementación de un proyecto económico integral. Su federalismo logró una unificación ideológica que no tuvo su correlato en una igualdad económica entre las provincias. Esta situación hizo crisis en el caso del Litoral que, hacia 1850, había incrementado su desarrollo como para discutir con Buenos Aires, en paridad de condiciones, sus prerrogativas económicas. Pero, en esta ocasión, la característica habilidad de Rosas para neutralizar las fricciones internas lo hubiese llevado a lesionar las pretensiones hegemónicas de los terratenientes ganaderos. Dice Burgin: “Al trazar la política económica de su gobierno, muy pocas veces se aventuró Rosas a pasar los límites relativamente estrechos de la provincia y la clase que representaba. Para él y la mayoría de los jefes federales porteños, el concepto de la economía nacional era impracticable y hasta peligroso. La economía nacional suponía un grado de integración política y económica de las provincias difícilmente alcanzable y, desde el punto de vista de Buenos Aires, indeseable”.
    Los ganaderos de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, no fueron especialmente perjudicados por los bloqueos. Si los efectos proteccionistas de la Ley de Aduana pudieron resentirse por causas exteriores como los bloqueos, también es verdad que Rosas no la complementó con otras medidas de orden económico que reforzasen esos efectos: política de tierras, política tributaria. La carencia de tales medidas, que hubiesen compensado la desigualdad económica entre Buenos Aires y las provincias del Interior, la ahondó aún más y contrapuso las ciases provinciales empobrecidas a los ricos terratenientes bonaerenses. El comercio interno de la Confederación, regulado por un sistema de aduanas provinciales que entorpecía el Intercambio interior gravando enormemente sus productos, permaneció inmodificado hasta la caída de Rosas y debilitó los vínculos interprovinciales. A las provincias más alejadas (Salta o Jujuy) las importaciones llegaban sobrecargadas de impuestos y a su vez, les resultaba muy difícil colocar sus propios productos en los mercados centrales del país. Esta situación es relativamente independiente de los efectos de los bloqueos, en cuanto hace a la estructura misma de un sistema económico general que sigue sometido al ámbito restringido de los intereses ganaderos de Buenos Aires. Incluso en la misma provincia no se impulsó un desarrollo industrial que revertiese, aun en ínfima medida, en beneficio de la economía nacional.
    No se trata de evaluar la política económico-social de Rosas con criterios actuales en lo que hace a contenidos revolucionarios. Por el contrario, intentamos apreciar esos contenidos a la luz de las posibilidades históricas de su propia época.
    El adalid del federalismo americano, su primer promotor, José Artigas, había comprendido que la esencia revolucionaria del federalismo consistía en la posibilidad de instaurar una justicia interregional.
    La clarividencia de Artigas dio relevancia a los aspectos económicos del federalismo, sin los cuales pierden importancia sus planteos políticos. En el Reglamento provisional de derechos aduaneros para las provincias confederadas de la Banda Oriental del Paraná, de 1815, se imponen los mismos derechos de importación y exportación a todas las provincias federales, englobándolas dentro de una especie de “unión aduanera” que las convertía en un único organismo económico. Artigas mismo, en carta al gobernador de Corrientes, dice al respecto: “Con ese motivo mandé a ese gobierno un reglamento provisorio con los derechos correspondientes a formar el equilibrio comercial de las demás provincias y asegurar un resultado favorable con las demás”. Los términos en que concibe la relación de las provincias federadas son claros: igualdad de beneficios.
    Después de la invasión portuguesa a la Banda Oriental, en 1816, y ante la indiferencia de Buenos Aires que no le ofrece ninguna ayuda, Artigas debe reglamentar las condiciones del comercio con los ingleses. En esa oportunidad mantiene intactos los principios proteccionistas ya expresados en la carta al gobernador de Montevideo, del 12 de agosto de 1815: “… Los ingleses deben conocer que ellos son los beneficiados y, por lo mismo, jamás deben imponernos: al contrario, someterse a las leyes territoriales según lo verifican todas las naciones, y la misma inglesa en sus puertos” “. Artigas intuye genialmente que el libre cambio exterior propugnado por Inglaterra está respaldado por siglos de proteccionismo “en sus puertos”, y pretende aplicar una política económica similar.
    Cabe preguntarse en qué medida el mero proteccionismo aduanero podía posibilitar el desarrollo autónomo de una economía de integración interregional, dado el carácter artesanal y la precariedad de las industrias provinciales. Las provincias argentinas no pudieron lograrlo, pues carentes de capital y mano de obra, necesitaban de la nacionalización de la renta aduanera. Y Buenos Aires nunca hubiese consentido en compartir con las provincias los beneficios que le reportaba su monopolio financiero. El federalismo de las provincias no es un mero sentimiento vinculado a la tradición hispánica, es una necesidad surgida de la impotencia económica que se les impone en su realidad cotidiana. Por eso reclaman a Buenos Aires una “justicia regional” que las haga partícipes de la distribución equitativa de la