Mediante las reformas del Código Laboral que rige las relaciones obrero-patronales en la actualidad, el gobierno popular busca recuperar y acrecentar en el país la justicia social. Esa meta, cuya concreción también será un reflejo del poder alcanzado por la clase trabajadora argentina, necesariamente debe irse manifestando en leyes que consoliden los derechos. El proyecto de ley de Contrato de Trabajo constituye, en ese sentido, un importante paso adelante. Por eso incluimos este breve informe sobre su contenido, admitiendo desde ya que su evaluación plena sólo será posible teniendo en cuenta también aquellas modificaciones o agregados que pueda experimentar en su paso por las Cámaras.

El proyecto de ley de Contrato de Trabajo tal como está redactado, importa un avance con relación a la legislación laboral vigente. Se incorporan a sus normas los principios más avanzados de la jurisprudencia, que por supuesto no eran los dominantes, y por las reivindicaciones concedidas su promulgación también significará —aunque de manera indirecta— incrementos salariales para los trabajadores. Sin embargo, el previo veto del equipo económico sobre el primitivo proyecto de la CGT (base del que comentamos) suprimió varios de aquellos principios que tendían a modificar favorablemente el esquema vigente de la legislación laboral.
El proyecto de ley del Ejecutivo se divide en quince títulos: el primero trata disposiciones generales; el segundo, el contrato de trabajo en general; el tercero, las modalidades de este último, incorporando normas precisas referidas al contrato de trabajo a plazo fijo y al contrato de temporada. En los sucesivos títulos se analizan las remuneraciones, las vacaciones y otras licencias, feriados obligatorios y días no laborables, el trabajo de los menores, la duración del trabajo y el descanso semanal, la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, la transferencia del contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo, la prescripción y caducidad de los privilegios, para terminar en el título XV referido a disposiciones complementarias.
Entre las normas más elogiables del proyecto del Poder Ejecutivo podemos mencionar el artículo 32, que establece el principio de la solidaridad en los contratistas o subcontratistas, también aplicable a las empresas subordinadas o relacionadas según el artículo 33. A continuación transcribimos los párrafos salientes de ambos artículos.
“Quienes contraten o subcontraten con otros la realización de obras o trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria, tenga ésta o no fines de lucro, deberán exigir a éstos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado (…)”.
“Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un grupo industrial, comercial o de cualquier otro orden, de carácter permanente o accidental, o para la realización de obras o trabajos determinados, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables.”
Se establecen principios que permiten determinar con menores exigencias la existencia de contrato de trabajo, con importantes presunciones a favor del trabajador, como por ejemplo la no contestación de una intimación del trabajador por parte de la patronal. Asimismo se establece la exigencia de un libro especial que individualice al empleador, al trabajador, su fecha de ingreso y egreso, remuneraciones asignadas y percibidas, con recaudos precisos para su confección.
Con relación a la remuneración, se mantiene la legislación vigente, pero se tutela la percepción de la misma por el trabajador, ya que los recibos para ser válidos se tienen que extender de acuerdo con las formalidades de la ley y concordar con las restantes anotaciones, pudiendo el trabajador sostener —en el supuesto de que exista un ejercicio abusivo de la patronal— su invalidez por cualquier medio de prueba.
Se amplía el régimen de licencias, se determinan con precisión los feriados nacionales y la forma de pago cuando se trabaja durante ellos, se reglamenta el trabajo de mujeres, prohibiendo el trato discriminatorio y estableciendo que la jornada no podrá superar las 8 horas diarias o las 48 semanales, prohibición que no alcanza al trabajo de los hombres, ya que para el supuesto de jornadas superiores se prevé el plus del 50 % o 100 % según los días en que se realicen las horas extraordinarias. Se establece un sistema de presunciones en favor del trabajador en caso de despido por causa de matrimonio. El proyecto contiene además normas de protección a la maternidad y reglamenta el trabajo de menores.
Sobre jornada de trabajo no hay innovaciones importantes, con excepción del pago de horas extraordinarias al que antes nos hemos referido.
Se permite al trabajador que elija su médico en caso de enfermedad y se reglamenta la forma de comunicación de enfermedades o accidentes, fijando que en el caso de producirse el despido durante dichos períodos, se abonen los salarios por todo el tiempo de la enfermedad, al par de las indemnizaciones que correspondan.
Se establece la obligación de guardar el empleo cuando el trabajador se incorpora al servicio militar, correspondiéndole todos los beneficios que se obtengan durante ese período y también los aumentos por antigüedad.
Se reglamenta el preaviso de la misma forma que estaba regulado. Se aumentan los topes máximos indemnizatorios elevándolos a tres veces el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil, elevando el mínimo a dos meses de sueldo.
Se reglamenta el reintegro de gastos aportados por el trabajador y el resarcimiento de los daños por ese concepto; se establecen indemnizaciones por muerte del trabajador, equiparando para tal beneficio a la viuda y a la mujer que durante cinco años hubiere convivido con el trabajador; se concede también una indemnización por muerte del empleador.
Se aumenta el plazo de prescripción a cuatro años, manteniéndose el plazo de dos años por acciones derivadas de accidente y enfermedades profesionales, reglamentándose que las actuaciones administrativas interrumpen la prescripción.
Se establecen otros privilegios en favor del trabajador, reglamentándose los mismos detalladamente.
El antecedente del proyecto del Poder Ejecutivo fue el proyecto elaborado por la CGT que se debió a la pluma del doctor Centeno.
Analizaremos ahora las normas que consideramos sustanciales de ambos proyectos.
El artículo 2º del proyecto del Poder Ejecutivo mejora la propuesta de la CGT, ya que no excluye expresamente de su régimen a los trabajadores sujetos a contrato de ajuste (trabajadores marítimos), pero mantiene la exclusión con referencia a los trabajadores del Estado y a los trabajadores del servicio doméstico, exclusiones que considero infundadas e injustas.
Pero el problema no queda limitado solamente a los expresamente excluidos, sino que también afecta a trabajadores que están incluidos, pues la norma elaborada por el Poder Ejecutivo es contradictoria: en la primera parte del artículo 2º se toma el principio de que esta ley será aplicable en tanto establece mayores beneficios que los estatutos especiales, principio correcto, pero inmediatamente después leemos: “En ambas circunstancias la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidad de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta”.
La redacción de este párrafo echa por tierra el principio adoptado en la primera parte del artículo.
De acuerdo con ella quedarían excluidos de la ley los trabajadores de la construcción, trabajadores changarines, como los portuarios, etc. Considero que los legisladores deberían proponer una formulación de este artículo que contemple la aplicación de la nueva ley de contrato de trabajo a todos los trabajadores del país.
La redacción contradictoria nuevamente deja en manos de los jueces la aplicación de aquellos casos dudosos, con el peligro que tal solución entraña.
Una norma ambigua es la que se refiere a la buena fe; las partes deben ajustar su conducta a lo que “es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo” (artículo 68).
La configuración del buen o mal trabajador es un arma sumamente peligrosa. Podría considerarse mal trabajador al que exija mejores condiciones de trabajo y se niegue a someterse a un ritmo de producción compulsivo que atente contra su salud, etc., etcétera.
Los artículos 69 al 71 merecen un análisis particular, ya que otorgan plenas facultades al empleador para organizar económica y técnicamente la empresa y como consecuencia de esta facultad se lo autoriza a introducir todos aquellos cambios relativos a las formas y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
Dicha facultad exclusiva del empleador no tiene ningún tipo de contralor por parte de las entidades sindicales, ni por los trabajadores del lugar o sus representantes (comisiones internas, delegados).
Considero que esta facultad sólo se debe otorgar con la previa aceptación de la entidad sindical y los trabajadores de la fábrica o establecimiento mediante la participación de la representación del personal. Toda la moderna teoría en la materia prevé la participación de los trabajadores no sólo en lo que se refiere a las modalidades particulares del contrato de trabajo, sino también al proceso de producción mismo, al ordenamiento administrativo, etc., que en realidad son mucho más importantes.
El proyecto de la CGT con referencia a los controles del personal implicaba un importante avance; partía del principio general que no se podía imponer ningún tipo de contralor que no fuere indispensable para la conservación de los bienes, estableciendo además que cualquier control a adoptarse debería contar con la previa aprobación de la entidad sindical y del Ministerio de Trabajo.
Esta formulación vetada por empresarios del área ejecutiva adopta un principio inverso, a saber, la posibilidad de introducir sistemas de control, requiriendo para su implantación sólo la aprobación de la autoridad administrativa, quien deberá consultar empero a la organización sindical.
Es evidente que las normas así planteadas echan por tierra el objetivo expuesto de la entidad sindical.
El artículo 93 del proyecto del Ejecutivo, coincidente con el de la CGT, establece: “El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular, dedicación y una producción adecuada a las características de su empleo y medios instrumentales que se le provean. Deberá aplicar su voluntad y capacidad profesional, de modo de lograr la mayor eficiencia y rendimiento en el trabajo a que se lo destine”.
Esta norma define la mayor productividad. Sin embargo, a los trabajadores no se les otorga ningún tipo de contralor sobre la actividad del empresario, sus ganancias, las modificaciones técnicas que se empleen para mejorar la producción, etc. Nada se dice en todo el proyecto sobre lo regulado expresamente en el artículo 14 bis de la Constitución, cuando sostiene: “participación en las ganancias de las empresas, con control de producción y colaboración en la dirección…”
Sobre los feriados nacionales y días no laborables había en el proyecto de la CGT una norma específica que los regulaba. El proyecto del Poder Ejecutivo se remite a la legislación vigente. Considero que la propuesta de la CGT es la correcta. También la conducción económica quitó el artículo 193 del proyecto de la CGT que equiparaba los días de cada gremio a los feriados nacionales.
Sobre la jornada de trabajo el proyecto del poder Ejecutivo y también el de la CGT remiten a la ley y estatutos vigentes. Este es un tema que por su importancia debió haber tenido un tratamiento especial. La reducción de la jornada es un objetivo mundial de los trabajadores; la tendencia a su reducción es fundamental y considero que debería reglamentarse expresamente en la ley la jornada de trabajo, que no puede exceder de cuarenta y cuatro horas semanales u ocho horas diarias.
Sobre jornada nocturna repite el régimen vigente: siete horas de trabajo. Para trabajos insalubres o peligrosos fija la extensión actual: 36 horas semanales, con prohibición de exceder las 6 horas diarias.
Tampoco la ley determina expresamente cuáles son las tareas que se deben considerar peligrosas e insalubres. Considero que la reglamentación debe ser detallada; no basta una remisión a los estatutos especiales.
Un párrafo de elogio especial merece el artículo 243 del proyecto del Poder Ejecutivo con referencia a los alcances y efectos de la huelga y otras medidas de acción directa. Considero que este artículo y los siguientes incorporan conquistas reclamadas por los” trabajadores durante todas sus jornadas de lucha, lo cual resulta evidente en su formulación:
“La huelga y las otras medidas de acción directa que interrumpan la prestación de los servicios sólo suspenderán los efectos de la relación laboral por todo el tiempo que duren.
“La participación en ella del trabajador en ningún caso puede constituir causa de despido, ni aun mediando intimación del empleador de reintegro al trabajo, salvo que se diese la situación prevista en el artículo 263, según calificación que harán los jueces prudencialmente en cada caso en particular.
“Importará trato ilegal y discriminatorio, la no reincorporación de parte del personal involucrado en una huelga u otra medida de acción directa, luego de su cesación, invocándose como única razón la participación del trabajador en la misma, hubiese o no mediado intimación del empleador de reintegro al trabajo.”
Una norma cuya peligrosidad es manifiesta y que debiera derogarse es la siguiente (art. 276): “Cuando a consecuencia de un estado de crisis que comprenda a la actividad, se operasen en el seno de la empresa situaciones o circunstancias objetivas de receso que afecten considerablemente a su desevolvimiento y a una pluralidad de trabajadores, el empleador, por los procedimientos que prevea la ley, podrá solicitar se le autorice a adoptar cualquiera de las siguientes medidas: a) cesación de las actividades de la empresa y consiguiente extinción de los contratos de trabajo; b) suspensión de las actividades empresas y consiguiente suspensión de los contratos de trabajo; c) modificación de las cláusulas contractuales, modificación o reducción de los planteles del personal, jornada u otras condiciones o modalidades de empleo y desenvolvimiento de las relaciones de trabajo. La ley proveerá los alcances y consecuencias de la resolución que en tales procedimientos se dicte, con relación a la extinción o subsistencia del contrato de trabajo y a las indemnizaciones que en cada caso correspondan al trabajador, de acuerdo a las circunstancias demostradas. Será parte legítima en tales procedimientos la asociación profesional representativa en la actividad de que se trate”.
En este supuesto, los trabajadores podrían quedarse sin ninguna protección.
Finalmente, hemos de referirnos al problema fundamental: el despido. La normatividad propuesta por el Poder Ejecutivo mantiene lo fundamental del sistema actual, ya que solamente modifica el cuantum indemnizatorio. Es decir que la reforma es de cantidad y no de calidad, ya que no existe una protección del derecho a trabajar, sino una protección económica en el supuesto de despido injustificado, tomando el principio fundamental del régimen capitalista, la consideración del trabajo como una mercancía, a pesar de que en la exposición de motivos se fundamenta la ley en base a no considerar el trabajo como tal. Si bien es cierto que no cambiaría el carácter de mercancía del trabajo humano, el principio de total protección del derecho a trabajar sería un avance de gran importancia.
Dentro de los límites del sistema económico vigente la propuesta de la CGT incorpora el principio más avanzado. El artículo 282 textualmente dice: “Cuando por las leyes o las convenciones colectivas de trabajo se otorgue al trabajador la estabilidad absoluta, éste gozará de la garantía de permanencia en el empleo …” Esta norma se refiere a los estatutos que otorguen la estabilidad absoluta, tema al cual no hace mención el proyecto del Poder Ejecutivo. Debemos entender al respecto que esta norma no abarca a todos los trabajadores, sino a aquellos que tienen protección especial por un estatuto legal o por las convenciones colectivas.
Pero lo realmente novedoso en cuanto al despido, y que implica un importante progreso, es la propuesta del artículo 293, referida a despidos socialmente injustos, que dice: “Todo trabajador no beneficiario de la garantía de estabilidad en los términos del artículo 282, que fuese despedido contando con una antigüedad en el empleo no inferior a SEIS (6) meses, tendrá acción, al deducir su demanda para solicitar del juez declare la nulidad del despido, disponiéndose su reinstalación en el empleo que desempeñaba o el que le corresponda al momento de la sentencia, con los mismos alcances y consecuencias determinados en los artículos 285 a 289”.
“Esta acción caducará a los TREINTA (30) días de producido el despido.”
La nulidad del despido y la reincorporación del trabajador será dictaminada por los jueces si de las circunstancias comprobadas resultare un manifiesto abuso del derecho y el acto del despido calificable como socialmente injusto, cuando además, por la índole de las relaciones que se den entre las partes y las exigencias de complementación propias del contrato de trabajo, sea posible la subsistencia de este último.
“No dándose tales circunstancias el empleador sólo responderá por las indemnizaciones que prevé el artículo 270 de esta ley, además de la que corresponda por falta u omisión del preaviso.”
Todas estas normas fueron vetadas por la conducción económica. Es decir aquellas propuestas por la CGT y no incorporadas al proyecto del Poder Ejecutivo son, sin duda, las más importantes. Por ejemplo, el artículo que se refiere al des pido socialmente injusto es riguroso y reglamentarista, pero incorpora un principio fundamenta en defensa de los intereses del trabajador: el df su derecho a trabajar. Considero que debe apoyarse la propuesta de la CGT.

  • Conclusiones preliminares
  • El proyecto del Poder Ejecutivo promueve importantes conquistas laborales, aunque las mismas se mantienen en los límites de la legislación vigente y los beneficios incorporados son principalmente cuantitativos. La propuesta de la CGT fundamentalmente es valiosa en cuanto se refiere a la estabilidad en el trabajo y al despido socialmente injusto, que incorporan nuevos criterios que hacen a la defensa del derecho a trabajar.
    Ninguna de las dos propuestas plantea la reducción de la jornada de trabajo, ni reglamenta precisamente las tareas peligrosas o insalubres, ni las condiciones de higiene y seguridad en que se ha de desarrollar el trabajo, temas que hacen a la salud y a la vida de los trabajadores.
    Tampoco resulta aceptable que se excluya de los beneficios de la ley a ciertos trabajadores, por la redacción ambigua del artículo 2º.
    Las partes vetadas del proyecto de la CGT lo fueron por el equipo económico. Resulta sospechosa la actitud de la CGT que no ha alzado su voz de protesta en defensa de su proyecto, que en la propuesta oficial ha perdido lo fundamental y novedoso de las reformas redactadas por el doctor Centeno.
    No ha habido pública difusión de ese proyecto original, no lo conocen ni siquiera aquellos especialmente interesados, metodología adoptada siempre por la burocracia sindical para impedir la participación de los trabajadores, que movilizados ya hubieran obtenido la sanción del proyecto y seguramente también con mejoras a su favor.