“Washington, 28 (EFE). — Ante la amenaza de que la Argentina se convierta en un nuevo Chile en la política exterior norteamericana, un grupo de ciudadanos norteamericanos urgió hoy al Congreso para que apruebe una legislación oportuna impidiendo la intervención en la política argentina de las grandes empresas multinacionales y de la Agencia Central de Inteligencia (CÍA)”. (Del telegrama publicado en “El Cronista Comercial” del 29-5-1973).

Ocho mil compañeros que concurrieron a la Asamblea realizada en el estadio del club Atlanta el 7 de febrero último, convocados por el Sindicato Buenos Aires de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, aprobaron las conclusiones del presente trabajo, como una contribución concreta a la lucha de los trabajadores y del pueblo todo por la Liberación Nacional y Social, por la que venimos empeñando nuestra acción desde el nacimiento mismo de la clase trabajadora en nuestra Patria, que encuentre su más alto grado de expresión política en la gloriosa jornada del 17 de octubre de 1945.
El permanente accionar de nuestro gremio, junto con la movilización y cooperación de los trabajadores telefónicos y otros sectores del pueblo argentino, han permitido poner de manifiesto, una vez más, la existencia de una situación de dependencia respecto de los centros monopólicos internacionales, que imponen planes de desarrollo sin tener en cuenta nuestros intereses nacionales y sociales, así como también los mecanismos que permiten el drenaje multimillonario de ENTel, y por consiguiente del Patrimonio Nacional, que como lo hemos dicho en forma reiterada, por lo desembozado, no titubeamos en calificarlo como un robo al país.
Entendemos que para superar la crítica situación a que se ha llevado a nuestra empresa, en el área de las comunicaciones debemos ser dueños, como trabajadores y pueblo, de las fábricas proveedoras de equipos y materiales que se encuentran en el país, de los recursos económicos provenientes del Ahorro Nacional y de la tecnología que construyen directamente los trabajadores argentinos.
El 1º de abril de 1969, Guillermo Borda, en ese entonces Ministro del Interior, anunciaba por la red nacional de radio y televisión, que ENTel había formalizado sendos contratos con las empresas “argentinas” “Siemens” y “Standard Electric”, subsidiarias de conocidos monopolios internacionales, convenios celebrados el 17 de marzo de ese año y aprobados por ley 18.166 (Bol. Of. del 20-5-969).
FOETRA para posibilitar el conocimiento masivo de las cláusulas más lesivas de esos contratos, imprimió y pegó carteles con los pasajes más destacados de sus textos, en las paredes de nuestra ciudad.
Aquella decisión gubernamental fue presentada por el Ministro citado como un brillante acierto del régimen. El país daría un salto impresionante en la materia. Sus palabras fueron: “Más de veinte años de continuo deterioro del sistema (telefónico), durante los cuales no se hizo ninguna renovación apreciable de los materiales obsoletos, han provocado una crisis honda, cuya superación exige un gran esfuerzo técnico y financiero”.
La afirmación de que las obras exigirían un gran esfuerzo financiero se entiende, si se piensa que el monto (estimado) de los contratos sumaba 78.000 millones de pesos moneda nacional. A ello agregaba Borda: “Las obras civiles, equipos, redes y tareas accesorias llevan el costo de la obra a 220.000 millones de pesos”. Los trabajos equivaldrían a una vez y media el valor del Chocón-Cerros Colorados, aclaraba el Ministro.
“Tan importante inversión no ha de pesar sobre el Tesoro Nacional, sino que se pagará con un muy moderado reajuste tarifario, que unido a la expansión del sistema y a las ventajosas condiciones de financiación, permitirá absorber el costo. El plazo de pago se escalona en un plazo de 11 años y se prevé un crédito de uso facultativo para ENTel de 45.000.000 de dólares. La operación pone de manifiesto la confianza de los capitales extranjeros sobre nuestra economía”. (Los hechos habrían de encargarse de demostrar lo contrario.)
Como se ve el negocio era presentado por este vocero gubernamental como brillante. Una inversión gigantesca que se autofinanciaba, un extenso plazo para los pagos y, además, la confianza de los generosos consorcios multinacionales que ponían a nuestra disposición unos cuantos millones de dólares para cubrir alguna imprevisión.
Como los vendedores ambulantes, con su clásico: “como si esto fuera poco”, Borda añadía: “Pero los contratos ofrecen otras características singulares que es necesario destacar. El valor de la línea telefónica se ha reducido entre un 30 y un 35% de lo que actualmente cuesta, lo que significa una economía del orden de los 40.000 millones de pesos”. (En cambio, los trabajadores telefónicos hemos denunciado que ENTel lleva pagado ya un exceso de 50.000 millones de pesos moneda nacional a las empresas contratistas.)
Pero hay más. Inmediatamente el Ministro, cuyo nombre se omite en la mención actual de los personajes vinculados a la gestación de los contratos telefónicos, aseveraba que con el cumplimiento de los mismos se iba a lograr una gran expansión de la industria nacional, que iba a exportar en poco tiempo. También, un crecimiento telefónico del 60% con relación a lo que existía en ese momento.
Finalizaba tan importante mensaje con las siguientes palabras: “La bondad del sistema de telecomunicaciones es un verdadero puntal, una condición inexcusable del desarrollo económico y cultural del país en el que la “revolución argentina” se halla empeñada. Al dictarse la ley 18.166, aprobatoria de los convenios con la Siemens y la Standard Electric, el Gobierno ha dado un paso importante en la solución del problema telefónico y echado las bases de una industria esencial para el desarrollo del país”. En verdad, no fue así.
Al día siguiente, una de las firmas signatarias de los contratos publicaba en los diarios una solicitada a toda página celebrando las bondades del convenio y pronosticando un venturoso futuro en las telecomunicaciones. Firmaba “Standard Electric – ITT”.
Uno de los rasgos fundamentales de la política económica de la “revolución argentina”, expuesto reiteradamente por Onganía, puede sintetizarse con la expresión: puerta abierta a las inversiones extranjeras.
Al mencionar a las firmas a las que se les confirió ia responsabilidad de las obras, cabe recordar que los monopolios ya no dirigen sus negocios a los rubros de infraestructura y servicios, preponderantemente. Se han infiltrado en las industrias manufactureras y extractivas, copando los mercados internos de los países iberoamericanos. Disfrazándose en algunos casos de “industrias nacionales” gozan de franquicias varias para la colocación de su producción, que responde siempre —en última instancia— a las necesidades de las casas matrices.
Sería un error pensar que la dependencia se da solamente en el plano económico, pues ella se proyecta a todas las actividades sociales. Tal vez no resulte ocioso puntualizar que en nuestro país fue común que ministros y presidentes fueran digitados desde el exterior, que proyectos de suma importancia fuesen consultados con mandatarios extranjeros, que durante buena parte de este siglo los miembros del gobierno debiesen recibir previamente el visto bueno desde las metrópolis imperiales y que en 1945 el embajador Braden, de triste recuerdo, condujo la política de la Unión Democrática, aplastada por el pueblo argentino y su líder el Gral. Perón. La lista sería larga y, sin duda, triste para nosotros. No es necesario mencionar más casos, de los muchos que existen, para tener presente la ingerencia extranjera en nuestras cuestiones políticas.
Por supuesto, esto no es privativo de la República Argentina, en el resto de Iberoamérica tenemos muchos casos semejantes. El imperialismo, a través de sus personeros y con su financiamiento, ha derrocado cuanto gobierno nacional fue o pudo significar un obstáculo para su dominación continental.
Nuestros desangrados países son una excelente fuente de recursos para los consorcios multinacionales. Alguna que otra vez, con muchas dificultades y tras soportar toda clase de presiones en contrario, es posible conocer los entretelones de alguna de sus maniobras canallescas. Tal es lo que sucede ahora con la ITT. La International Telephone and Telegraph (ITT) ha tenido que reconocer su participación en la política interna chilena y sus conexiones con la CÍA para tratar de evitar, en acción conjunta, la presencia de un gobierno popular en la república hermana, como la información periodística reciente ha ilustrado, en parte, a! divulgarse la investigación llevada a cabo por el Congreso de EE. UU., al impulso de algunos parlamentarios, no obstante las limitaciones propias de esa estructura gubernamental norteamericana.
Dado que el resultado de las elecciones chilenas de 1970 podía afectar los intereses administrados por los ejecutivos de la ITT, estos destinaron fuertes sumas de dólares para dificultar el ascenso al gobierno de quien, como Allende, representaba un peligro real. Con estos datos, no puede sorprender que dicha empresa, u otras similares, empleen ¡guales o parecidos procedimientos para intentar derribar a gobernantes defensores de lo nacional, dispuestos a enfrentar la expoliación imperialista. En ese sentido, entiendo que los argentinos debemos estar, como dice el Gral. Perón, atentos y vigilantes.

  • Contenido de los Contratos
  • Los contratos estipulan que Standard Electric y Siemens se encargan de la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 730.000 líneas telefónicas, equipos y aparatos telefónicos. De los materiales a utilizarse, el 70% debía ser de fabricación nacional. El resto sería importado en condiciones de excepción, ya que se consideraba que el importador directo era ENTel. Inclusive, en los contratos hay un par de cláusulas que leídas a la ligera darían pie a pensar en la defensa del interés nacional. El art. 23, en ambos contratos, establece que tanto Standard Electric como Siemens se comprometen a colaborar en las investigaciones a cargo del Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones, que se proyecta por separado. Ello fue letra muerta. El art. 27 dispone que el transporte de materiales desde el exterior se efectuará en buques de bandera argentina, pero agrega, dejando abierta la puerta para que pueda burlarse ese enunciado general, que “el envío podrá ser efectuado en barcos de otra bandera, sin que se requiera para ello una autorización especial”, si en los diez días siguientes a que la mercadería esté lista para su embarque, no hubiera un barco argentino en condiciones de recibirla.
    Con todo, esto último es una circunstancia menor en comparación con otros aspectos de los convenios. En su mensaje de abril de 1969 el Dr. Borda sostuvo que los precios eran bajísimos. (El monto total de la inversión, al que ya me referí, era prácticamente imprevisible por el juego de las cláusulas de variabilidad de precios a favor de las empresas). Los márgenes de utilidad para los consorcios fueron del 124% para la Standard Electric y del 100 % para la Siemens (así lo reconoció el siguiente Administrador Gral. de ENTel., Cnel. Horacio Sidders en conferencia de prensa). También dijo este funcionario, “Hay artículos cotizados por Standard a 2.362 dólares y que nostros compramos en Francia por 854 dólares a otra filial de la ITT (Le Material Telephonique). Ese mismo material lo vende también la ITT en Brasil (Standard Electric Brasilera) a otro precio: 1.710 dólares” (Rev. Redacción, Nº3, pág. 31).
    Como se ve, un pésimo negocio para el país. El detalle que podría resultar grotesco es que la “revolución argentina” recién se dio cuenta de ello dos años y medio después de la puesta en marcha de los trabajos, pactados por cinco años, obligado por las reiteradas denuncias formuladas desde distintas posiciones del quehacer nacional.
    Ante la pregunta ¿cómo es posible que una empresa estatal sea objeto de semejante abuso durante tiempo tan prolongado sin que haya mecanismos de control que la pongan en evidencia? la respuesta es sencilla: aquel gobierno entendió como inconveniente el contralor severo de las empresas extranjeras. En esa forma era consecuente con su política favorable al desarrollo de los entes multinacionales, que en definitiva y paralelamente dañaba los intereses nacionales.
    Todo esto hizo que las facturas mensuales fuesen conformadas sin mayores inconvenientes durante dos años y medio, convalidando el exceso en la facturación. Según Borda íbamos a ahorrar un 35%. Pues bien, pagamos todos los meses un 40% de más. La diferencia es bastante elocuente. Si la Empresa Nacional cayó en la cuenta, según el decir de sus propios intérpretes, fue por cuestiones de rutina. Los contratos podían ser prorrogados y para esto se hacía preciso convenir los términos de la ampliación, con posibles modificaciones, 30 meses antes de los vencimientos. Como los contratos vencían en el año 1974, a mediados de 1972 un grupo de técnicos de ENTel informó sobre las conclusiones de la labor de investigación que se les había encomendado.
    Así como no fue controlada la facturación, tampoco se supervisó la importación de mercaderías. En consecuencia, entraron al país elementos que se fabrican en nuestro territorio. Parecerá ridículo, pero hemos importado toma-corrientes y flejes. La industria nacional no será altamente sofisticada, pero nadie duda que está en condiciones de producir esos elementos.
    En medio de tal anarquía hubo materiales fabricados en el país que ENTel pagó como importados. Esto no fue impedimento para que los pagara otra vez, luego, como material nacional. Cobrar un mismo elemento dos veces, una como importado y otra como nacional, parece difícil de lograr, pero Siemens y Standard Electric lo consiguieron.
    Desde el punto de visto económico, entonces, los contratos fueron un desastroso negocio para la República Argentina. Además el abandono del indispensable control nacional sobre las actividades de las empresas multinacionales en el área de las comunicaciones, significó renunciar a una porción de nuestra soberanía. Una empresa estatal no puede manejarse en términos estrictamente económicos, debe cuidar la seguridad nacional y evitar afectarla en sus negocios con los consorcios internacionales. También en este punto la “revolución argentina”, en la práctica, reprimió a los defensores del patrimonio nacional y protegió a los que atentaron contra nuestro propio interés. Igualmente el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones, de que tanto se habló, quedó en el papel.
    Las empresas multinacionales firmantes de los contratos: ITT y Siemens obtuvieron ganancias fabulosas, facultad de importar lo que quisieron, sobrefacturación de algunas mercaderías, posibilidad de decidir desde el exterior su actividad, etc. En concreto, su logro fue en materia telefónica la de aumentar día a día nuestra situación de dependencia.
    Mientras en las esferas oficiales se trató de silenciar el escándalo, al extremo de que se cursaron instrucciones escritas a nivel ministerial, prohibiendo “críticas excesivas”, FOETRA como parte de un proceso más amplio y continuado que incluyó hasta carteles murales y asambleas, publicó en agosto de 1972 y en febrero de este año un trabajo titulado “Denuncia de los Contratos con Empresas Multinacionales”, en el que, una vez más, aclaramos las consecuencias de estos convenios leoninos.
    En abril del corriente año y luego del aplastante triunfo del Movimiento Nacional del 11 de marzo, en conferencia de prensa, los entonces Ministro Pedro Círdillo, el Subsecretario de Comunicaciones, Cnel. Mario Desimoni y el Administrador de ENTel, Cnel. Horacio Sidders, dieron la información más amplia que de fuentes oficiales recibiera el país sobre la cuestión. Cabe preguntarse si hubieran actuado de la misma manera de no mediar las denuncias previas y el pronunciamiento popular.
    La conferencia oficial confirmó lo expuesto anteriormente por FOETRA. El Cnel. Sidders calificó el obrar de los monopolios contratantes de lesivo para el patrimonio nacional y lamentó “la dependencia tecnológica que tanto sentimos”.
    Como conclusión de las investigaciones realizadas, ENTel pidió la derogación de la ley 18.166, la anulación de los contratos y la formación de una comisión liquidadora de cuentas. También la Fiscalía Nacional de Investigaicones Administrativas produjo dictamen acusatorio al respecto (4-5-73).
    Por todo cuanto he expuesto, es que los trabajadores telefónicos hemos pedido públicamente:
    a) Estatización de la Compañía Argentina de Teléfonos y de la Compañía Entrerriana de Teléfonos;
    b) Derogación de la Ley de Telecomunicaciones por ser su contenido lesivo a los intereses nacionales, siendo además una herencia condicionante para el Gobierno institucional;
    c) Creación del Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones, con pautas claras orientadas al logro de nuestra independencia tecnológica;
    d) Investigación del grado de participación de la ITT en la construcción y explotación del Hotel Sheraton;
    e) Expropiación de las firmas multinacionales Siemens y CSEA-ITT, realizando previamente un análisis de las inversiones efectuadas por estas empresas desde que se instalaron en el país, el estado actual, contable físico de esas inversiones y el estudio de las utilidades obtenidas por las mismas, para poder llegar a un resultado definitivo sobre el remanente, si lo hubiere, para el caso que correspondiera su indemnización; y
    f) Participación de los trabajadores en todos los niveles de conducción y decisión de la ENTel.
    Decíamos en febrero: “Esta, entendemos, es la única salida posible para romper nuestros lazos de dependencia, dado que ni la renegociación de los contratos ni una posible licitación internacional, serán la solución en el marco de sub ordinación en que se desenvuelve actualmente nuestro país”.
    Hoy, y ya el Movimiento Nacional Peronista en el Gobierno, entendemos que las medidas propuestas deben hacerse realidad, por ser la verdadera solución a este grave problema.

    Julio I. Guillan

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