P. y L. — ¿Podría caracterizar históricamente el Plan Trienal, para luego relacionarlo con esta etapa del Movimiento Nacional Peronista?
S. M. — En términos históricos aparece como una continuidad del desarrollo de la política revolucionaria del Movimiento. A partir de eso vamos a poder catalogarlo en función de las coordenadas actuales, o sea, de la etapa de Reconstrucción Nacional que estamos viviendo.
Lo primero que convendría apuntar es que la planificación peronista nosotros pensamos que es la única y auténtica planificación que ha existido en estos últimos treinta años, ya que los planes quinquenales son verdaderos planes de gobierno, no meramente instrumentos de ordenamiento económico. Tenían una dimensión mucho más amplia, exteriorizando de alguna manera la idea de la comunidad organizada, que es la idea básica sobre la cual se desarrolló la primera etapa de la Revolución Peronista. Los planes quinquenales contenían disposiciones en lo administrativo, en lo político, en lo social y en lo económico como un capítulo que —vale la pena destacarlo— en general era el último capítulo a considerar. Recuerdo que muchas de las leyes de ordenamiento político, como el caso del voto femenino, estaban contenidas en el Primer Plan Quinquenal.
Decíamos que esta es la única y auténtica planificación porque en estos últimos dieciocho años se han intentado desarrollar de alguna manera planes, entre comillas, de ordenamiento económico, pero en el único y exclusivo sentido de apuntar al mantenimiento del sistema y a seguir desarrollando la acumulación en manos fundamentalmente de las empresas monopólicas y de las empresas multinacionales.
En ese sentido el Plan Trienal, si bien se asume como una continuidad en tanto rescata los grandes objetivos políticos de la Revolución Peronista, e inclusive su lenguaje es bastante similar al de los planes quinquenales, aunque tal vez podamos apuntar la presencia de un lenguaje cepalista, porque era muy propio de aquellos trabajos que hacía la CEPAL durante la década del 50, aquellos trabajos de diagnóstico económico realizados para Argentina y otros países latinoamericanos, no es un plan abarcativo del ordenamiento político sino más bien se centra fundamentalmente en lo económico-social, y desde ese punto de vista se lo visualiza como un plan coyuntural, como un plan para una etapa perfectamente determinada y definida, que además el general Perón ha delimitado muchas veces, tomando como elemento principal el Pacto Social. Tan está tomado como elemento principal el Pacto Social que yo me atrevería a decir que una caracterización global del Plan Trienal nos llevaría a resumirlo como la explicitación del Pacto Social. Es decir el ordenamiento en lo económico que se desprende del acuerdo entre representaciones sindicales de empresarios y trabajadores.
En ese sentido no resulta sorprendente que la política primordial que encara el plan sea la política redistributiva, pensada en términos de reconstituir una distribución del ingreso que fue típica de los dos primeros gobiernos del general Perón y que después se fue deteriorando, lenta pero constantemente, en contra de la clase trabajadora.
Tal como se manifiesta en el propio plan, es por lo tanto un plan de cambio, no un plan continuista, que tendería a apuntalar las estructuras del sistema, sino que tiende fundamentalmente a trastocarlas. Pero creo que se trata de un cambio enmarcado en la etapa que el general Perón ha definido como principalmente de Reconstrucción Nacional. Que el mismo general ayer ha puntualizado que es previa a la etapa de Liberación.
Da manera que se me ocurre que a través de esta dilucidación en etapas, el plan se define perfectamente bien: es un plan de cambio dentro de una etapa de Reconstrucción Nacional no dentro de una etapa de Liberación Nacional, posterior a aquella.
Esto ubica, a mi parecer, al Plan dentro de sus coordenadas políticas correctas y hace que lo evaluemos en términos adecuados y que no le pidamos al Plan más de lo que la etapa política puede dar.
Tal vez por el hecho de que es un plan coyuntural y por esa circunstancia apuntada, su acento se halla en lo global más que en lo sectorial, a diferencia de los pseudo planes de estos últimos dieciocho años, y también la circunstancia de que se recupera de alguna manera el consenso mayoritario, en tanto que hay una consulta previa al plan. No aparece como un documento económico impuesto a la comunidad, sino como resultante de un acuerdo que la comunidad ha expresado mayoritariamente en las urnas, con antelación a la elaboración del plan.
Por otra parte el plan conlleva la acción del gobierno popular desde el 25 de mayo en adelante: es más, afirma que antes de la elaboración del plan —en el período que media entre el 25 de mayo y la concreción del Plan Trienal— se tomaron algunas medidas por parte del gobierno popular que posibilitaron la explicitación de este plan y fundamentalmente ayudaron en esta etapa de cambio y reconstrucción que el plan ordena y regula.
Entre esos hechos podemos enumerar rápidamente los siguientes: la fijación de precios máximos, que es el eje de la política antiinflacionaria, el propio Pacto Social, consolidado a partir del 25 de mayo, las leyes que el Plan llama leyes para la Reconstrucción, o sea la nacionalización de depósitos bancarios, el ordenamiento y la reglamentación de los bancos y de las entidades para-bancarias, la renta de la tierra, las leyes sobre inversiones extranjeras, la corporación de empresas nacionales, las leyes sobre entidades financieras, las leyes de fomento agropecuario, de fomento industrial, de promoción minera y de la mediana y pequeña industria, el plan nacional de vivienda, la política que se inició a partir del 25 de mayo de incremento en la participación en el producto por parte de la clase trabajadora, a través de un aumento que, habiendo sido detenido el proceso inflacionario, se transformó en un incremento del salario real, lo que el plan llama reordenamiento del Estado, a través del proyecto de Corporación de Empresas Nacionales, el acta de compromiso del campo, base de la política agropecuaria, la reforma del sistema impositivo con todas sus incidencias redistributivas, al eliminar prácticamente el peso impositivo sobre las rentas menores, y la política de apertura en lo internacional, que es el correlato de la eliminación de las barreras ideológicas. Todos estos elementos el Plan los señala como elementos primordiales imprescindibles, y que han sido estructurados antes de la concreción del propio Plan. Con respecto a este último elemento, la apertura al mercado internacional, creemos que es importante señalar un hecho que en lo político —a mi entender— no ha sido tomado en toda la profundidad que merece. Me refiero al hecho histórico del rompimiento del bloqueo a Cuba. La Argentina comercia hoy con Cuba un volumen realmente importante (cerca de los 1.000 millones de dólares, de los cuales adelanta un préstamo o una financiación para los primeros 400 millones de dólares), lo cual marca una redefinición de la política continental con respecto a Cuba. Sobre todo al obligar a las empresas norteamericanas a vender a Cuba, por imposición del Estado argentino, pasando por sobre las limitaciones y restricciones que a las propias empresas causa la política exterior de los Estados Unidos. Creo que esto tiene un doble sentido muy positivo: significa el rompimiento del cerco económico a Cuba, la consolidación de los lazos de cooperación en el Tercer Mundo y fundamentalmente la imposición de la voluntad del Estado argentino sobre la determinación de las casas matrices de las empresas extranjeras, fundamentalmente del imperialismo norteamericano.
Esta caracterización muy breve del plan creo que confirma lo que decíamos al principio; es la expresión en lo económico y en lo social de una etapa perfectamente definida, la etapa de Reconstrucción Nacional, que repito según sus propias palabras, es una etapa necesariamente previa a la etapa de liberación, que yo entiendo, es la Etapa de la Liberación Nacional y Social.
Creo que esto es importante marcarlo porque las críticas que podamos hacer al plan entonces se dividen en dos grandes rubros: las críticas que hacen a lo que podemos llamar una implementación no del todo adecuada y las críticas que yo creo que son superfluas, provenientes de quienes tratan de adelantar etapas, de saltar etapas, sujetando el plan a críticas que se le podrían hacer evaluándolo en términos estratégicos y no tácticos. De alguna manera, con las palabras del general Perón, podríamos decir que esas últimas son las críticas de los apresurados. Creo que éstas las podemos eliminar y si coincidimos en esta catalogación política del plan, centrarnos en tratar de analizarlo y de verlo con sus aciertos y defectos en términos de esta etapa principalmente de Reconstrucción Nacional.
Decíamos que el plan define objetivos que van más allá de lo meramente económico —y en eso le reconocemos una continuidad con respecto a los Planes Quinquenales—, a saber, la construcción de una patria libre, justa y soberana, recogiendo el espíritu más neto de la Revolución Peronista. Y fija como objetivos estratégicos la justicia social, que no solamente está encarada en términos de la política distribucionista, a los efectos de corregir la participación actual de los distintos sectores en el ingreso, sino que tiende a modificar las estructuras, como para que esta política redistribucionista de alguna manera influya sobre la concentración de la riqueza, o sea quebrar la estructura que determina como secuela lógica una asimétrica distribución del ingreso en contra de la clase trabajadora.
Habla luego de la expansión económica, apuntando que en el plan no se enuncia este objetivo dentro de una perspectiva desarrollista, como podría ser por ejemplo la perspectiva económica del gobierno subimperialista de Brasil, y en eso debemos reconocerlo, no se tiene por objetivo fundamental alcanzar una determinada tasa de crecimiento, si bien la tasa de crecimiento propuesta es notoriamente alta (el doble del promedio de los últimos diez años). Sino que la expansión económica se interpreta en el sentido de quebrar la dependencia, no de fomentar un crecimiento en el cual la acumulación se realice en manos de las empresas monopólicas internacionales o inclusive de una clase social ligada al proyecto del imperialismo.

P. y L. — Reflejaría la comprensión de que es imposible una transformación de la estructura productiva del país en un sentido nacional a través de un proceso de concentración de la renta.
S. M. — Exacto. Por eso poníamos el ejemplo de Brasil, donde el proceso de crecimiento es un proceso liberal de acumulación capitalista. Esto importa señalarlo, porque a veces surgen comparaciones totalmente inadecuadas, por relacionar meramente indicadores económicos. Y a esto nos tienen acostumbrados las estadísticas internacionales, que por algo nacen en los países imperialistas.
Brasil, pongamos por hipótesis, crece a un punto más que Argentina; el problema es que esos dos crecimientos están reflejando dos políticas distintas. Brasil crece en términos de la acumulación clásica capitalista; el plan se propone y es la explicitación concreta en ese sentido del ideario peronista, se propone un crecimiento en términos de la redistribución del ingreso y de la cada vez más plena participación de la clase trabajadora en la riqueza, oponiéndose concretamente a la concentración de la renta en manos de las clases sociales ligadas al proyecto del imperialismo.

P. y L. — El objetivo de consolidar un mercado único de consumo que fue siempre uno de los objetivos del peronismo, aparece también en el plan. Se busca un mercado lo más homogéneo posible para que no se modifique el perfil de la demanda en favor de las clases altas, como ocurre en Brasil, donde el mercado de consumo lo constituye el 15 por ciento de la población. Con lo que esto implica a nivel del proyecto de industrialización.
S. M. — Claro. Tan cierto es esto que el propio Plan lo señala, entre los objetivos se encuentra el de una mejor calidad de vida, lo cual naturalmente es poner la mayor cantidad de bienes en manos de la clase trabajadora, pero tratando de no copiar formas importadas de consumo, es decir tratando de quebrar el famoso efecto de mostración, que sirve para trastocar la demanda, para falsearla en favor de los productos que fabrican los monopolios y las empresas multinacionales. En ese sentido se plantea recuperar una forma de consumo argentina, que responda inclusive a las características de la cultura nacional, oponiéndose a la forma de consumo de los países imperialistas. Por un lado se salvaguardaría así la distorsión de la economía y el manejo que podrían hacer de ella las empresas monopólicas y multinacionales, y por otro lado recuperaría en lo económico una forma del ser argentino, de las necesidades argentinas.
Para concluir con la enumeración de los objetivos del Plan diremos que plantea también la democratización real, explicitada por el gobierno de la voluntad mayoritaria, y consecuentemente porque el plan sea expresión de esa voluntad mayoritaria, lo que se llama en términos del Plan la reconstrucción del Estado, o sea la dirección del Estado por las mayorías populares y la dotación de los recursos adecuados para que el Estado cada vez cumpla un papel más amplio en el campo económico y social; la recuperación de la independencia económica, uno de los objetivos más caros del peronismo, pues forma parte de la ideología básica del Movimiento, en el sentido de la ruptura de la dependencia y la no sujeción a las barreras ideológicas, lo cual apuntala esta posibilidad del comercio con todos los países del mundo y fundamentalmente de la solidaridad con los países del Tercer Mundo (el caso de Cuba es un ejemplo y yo apuntaría que el reciente entendimiento con Libia es otro ejemplo ponderable, que pone a la Argentina a salvo de la crisis energética mundial y por primera vez en estos últimos dieciocho años se consigue un financiamiento no proveniente de los organismos financieros internacionales o de los bancos privados de los países imperialistas). Y por último el concepto de la integración latinoamericana, sobre el cual no vamos a abundar porque está perfectamente definido por el general Perón cuando habla de la etapa del continentalismo, etapa previa al universalismo.
Pero decíamos que el objetivo básico —con respecto al cual también se pueden enunciar algunas críticas— es la política redistributiva. A la cual la llamaría política redistributiva de la etapa de la Reconstrucción, pues sólo se apunta a recuperar una participación de la clase trabajadora en el producto que fue típica de los dos primeros gobiernos del general Perón. Entiendo que es de la esencia del pensamiento del general Perón que este incremento de la participación de los trabajadores no se agote en recuperar el nivel que tenían en 1955, sino que es una política que debe profundizarse cada vez más, hasta llegar a las etapas en que la clase trabajadora realmente tenga una participación abrumadoramente mayoritaría en el producto: que la acumulación se haga favoreciendo esta participación de la clase trabajadora y no en manos de empresas privadas, sean nacionales o extranjeras.
Es decir, yo creo que en esta etapa podemos acotar este proceso de redistribución o podemos juzgar adecuada y necesaria esta política redistributiva, pero completamente conscientes —creo, repito, que es la esencia de la doctrina justicialista— de que esta redistribución no se agota en esos niveles, sino que a partir de esa redistribución se profundizará en las etapas sucesivas de la Revolución Justicialista, como seguramente se hubiera profundizado de no haber ocurrido el contragolpe imperialista en 1955.
Recuerdo que en el Primer Plan Quinquenal existía ya un proyecto de accionaríado obrero, se llamaba específicamente así. La ley del accionaríado obrero fijaba una retribución límite al capital del 5 por ciento es decir se trataba de una medida realmente revolucionaria, pues se acotaba la retribución al capital, y por encima del 5 por ciento las empresas que voluntariamente quisieran acojerse a la protección del Estado, retribuirían a los trabajadores en acciones de la propia empresa, en acciones de trabajo, digamos, de ahí la denominación de la ley.
Así se limitaba por un lado la porción que los capitalistas obtenían y por otra llevaba a que se capitalízase la presencia de los trabajadores, loque implicaba además su intervención en la dirección de la empresa, como una autogestión, hasta tanto la empresa llegase —creo que decía la ley— a pasar íntegramente a manos de los trabajadores.

P. y L. — Eso me recuerda la ley que el gobierno nacional de Velazco Alvarado tiene actualmente en vigencia, donde según el ritmo de producción y de beneficios que obtenga la empresa también se da un traslado de la propiedad de la empresa, hasta quedar en manos de los trabajadores.
S. M. — Exacto. Por eso creo que podemos coincidir en lo siguiente. No es que se vuelva atrás, es que nos encontramos en una etapa inicial de reconstrucción; pero después de eso, estos proyectos que ya estaban contenidos en el Primer Plan Quinquenal seguramente tienen que ponerse en vigor.
Y en ese sentido sí podemos apuntar alguna crítica al Plan Trienal, y es que en toda esta política redistributiva no aparece el germen de lo que podría ser autogestión, cogestión, participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, etcétera. Si bien esta etapa es ulterior, creo que el germen o el enunciado de esos objetivos deberían estar contenido en el Plan Trienal.
Sin embargo la política de redistribución sí tiene un desarrollo que nos parece interesante. Se apunta que no sólo va ser social en términos de la partición del producto entre empresarios y trabajadores, sino que además se propugnará la redistribución interna dentro de la clase trabajadora (porque nadie ignora que hay capas de la clase trabajadora bastante más marginadas que otras; un ejemplo típico que se destaca en el propio Plan es la mayor participación que logran los trabajadores urbanos con referencia a los rurales, ya que estos cuentan en su contra el menor nivel de organización, la menor facilidad del contralor para asegurar el cumplimiento de la legislación social, etcétera).

P. y L. — En ese sentido la ley de contrato de trabajo, cuyo proyecto fue del Poder Ejecutivo, seria complementaria, en la medida en que incidiría favorablemente en sectores de la clase trabajadora menos protegidos, sectores de la construcción, changarines, etcétera.
S. M. — Es precisamente una de las leyes que implementa este objetivo del Plan Trienal.
Lo otro que apuntaríamos en cuanto a la política general de redistribución es el acento en la redistribución regional; además de las asimetrías en lo social y en lo sectorial, dentro de la misma clase trabajadora, también se da una asimetría totalmente tangible cotidianamente, que es el privilegio de zonas del país, fundamentalmente de esta monstruosa Capital Federal y Gran Buenos Aires, o sea de las zonas que rodean los puertos, con respecto al interior del país. Se va a tratar de corregir la distribución regional del ingreso, de manera que no se produzca la concentración de la riqueza ni sectorial ni regionalmente.
Cabe destacar que este ha sido un objetivo casi permanente de la central empresaria, que precisamente nació como una expresión del empresariado del interior, opuesta al manejo del empresariado argentino a través de centrales como la UIA, que tenían asiento en la Capital Federal. Creo en ese sentido que se trata de uno de los elementos importante de la CGE, a saber, que aporte una visión empresarial desde el interior.
La redistribución regional aparece como uno de los objetivos más importantes; evidentemente la política de unidad nacional no debe darse solamente en términos del acuerdo entre todas las corrientes de opinión política que estén por la liberación nacional, sino que también una forma de la unidad nacional es corregir las asimetrías y los desfasajes que se dan en el goce de lo producido en el país entre los habitantes de una zona con respecto a otras.
Además la política redistributiva se integra a través de una acción social bastante intensamente prevista en el plan. Fundamentalmente esta acción social se ejerce en dos vertientes: por un lado brindar servicios indispensables gratuitamente a la población trabajadora (salud, educación, principalmente en cuanto a la enseñanza primaria, objetivo con el cual estamos totalmente de acuerdo) y por otro lado la construcción de viviendas. El plan de viviendas parece bastante fundamental por su impacto en la demanda intermedia, la demanda de casi todas las industrias que están conectadas con la actividad de la construcción, y en segundo lugar porque absorbe desocupados, lo cual contribuye a incrementar la participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional.
Tal importancia se le asigna al sector construcción que debe crecer a una tasa que duplica la del crecimiento del producto bruto (al 14,8 por ciento).
Hay, sin embargo, objetivos que no aparecen dotados de una implementación adecuada. Podríamos mencionar el caso del cobre, con respecto al cual se habla no sólo de cubrir el déficit actual sino de tener un cupo exportable de 70 u 80 mil toneladas en un período muy corto, de cuatro años, sin que se haya ubicado —por lo menos no tengo yo noticias de que haya ocurrido— un yacimiento importante de este mineral y una prospección, un relevamiento del territorio nacional (cuyas dos terceras partes son desconocidas en su aspecto minero) lleva bastante más que cuatro años. Es muy probable que en la Argentina existan imponderables reservas de cobre, pero el plazo para ubicarlas y para que se esté en condiciones de explotarlas es bastante mayor que cuatro años.
Lo mismo puede decirse respecto a las construcciones navales. Se habla de un aumento sustancial y prácticamente es una industria donde hay que incrementar notoriamente las instalaciones (astilleros, puertos), incluso la propia capacidad técnica, y esto no me parece que pueda lograrse en el período del plan ni en los plazos fijados que superan ese período, el año 80 u 82. Parecen objetivos desmesuradamente grandes en términos de lo que conocemos como disponibilidades actuales.
Pero continuemos, por otra parte la política redistributiva también se integra con la reforma impositiva, donde se liberan a las rentas menores de cargas. Se incrementa también lo que se llama el salario social, a través de incrementar las asignaciones familiares y en general las jubilaciones y lo que los economistas llaman rentas de transferencia. Finalmente se integra con una política alimentaria, a través de la cual se intenta paliar los efectos de abastecimiento, no solamente el control de precio sino los problemas que plantean en términos de precios y abastecimiento los intermediarios, tratando de redefinir la dieta para brindar mayores calorías, más proteínas y vitaminas, abandonando el acento en la carne, que es la alimentación básica del argentino, e incrementando el consumo de los bienes sustitutos (pollo, cerdo, pescado, etcétera), lo cual va a determinar un acrecentamiento del cupo exportable de carne.
Es decir la política redistributiva aparece bastante bien implementada, contrariamente a otros objetivos del plan, cuya implementación —por lo menos en el marco de los documentos que conocemos, el tomo principal y los tres tomos más pequeños sobre petroquímica, energía y política agropecuaria— no aparece tan claro. Más bien se visualizan como una expresión de deseos que como mecanismos posibles o probables de consecusión. Con respecto a la política redistributiva, con todo, podemos señalar la siguiente crítica o por lo menos la siguiente incógnita: paralelamente aparece una política redistributiva y un objetivo d menor endeudamiento externo, es decir que la inversiones crecen bastante pronunciadamente la inversión pública aumenta un 21 por ciento y la inversión bruta interna el 21,4 por ciento (la inversión bruta interna triplicaría así la tasa promedio del período 71-73, que era del 4,5 por ciento); el peso entonces de la inversión pública y de la inversión bruta interna va a pasar del 32,2 por ciento a un 41,9 por ciento. Esta inversión naturalmente, si hay un objetivo de menor endeudamieto, va a tener que financiarse con ahorro interno. Ahora bien, en el Plan se habla al mismo tiempo de un proceso redistributivo y de un incremento de la tasa de consumo (la tasa de incremento de consumo prevista para la clase trabajadora es del 7,8 por ciento anual). . . El salario real va a crece al 7 por ciento, la productividad al 4 por ciento, la ocupación al 3,4 por ciento; el incremento de los salarios reales y de la ocupación es lo que explica la mayor participación de los trabajadores en el producto; incluso el salario real crece más que I productividad (al 7 por ciento y la productividad al 4 por ciento) lo que de alguna manera explica el mayor peso relativo que la clase trabajadora va a tener en el producto, porque esta es una productividad seguramente calculada con respecto al trabajo, y el mecanismo va a ser similar al del período 45-55, durante el cual el salario real crecía en términos del crecimiento de la productividad, pero computando el trabajo como único factor de la producción.
Pero decíamos: el consumo por trabajador crece al 7,8 por ciento, pero además se prevé un aumento del ahorro de los trabajadores. Eso es un poco una incógnita; subiría el consumo pero también el ahorro interno, pues este debe constituir el aporte sustancial del crecimiento realmente ponderable de la inversión. No sé si hay documentos complementarios del Plan, pero en el marco de estos tomos no aparece el mecanismo claro y explícito por el cual pueden alcanzarse estos dos objetivos conjuntamente.

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