• Habla un militante de la Unidad Popular
  • P. y L. — A partir de su experiencia personal, ¿cómo identificaría los elementos principales que se habrían jugado en el derrocamiento del presidente Allende y en el fracaso —esperamos que sea temporario— del proceso de liberación nacional y social en Chile?
    —Yo diría que su pregunta tiene por lo menos dos amplios niveles de respuesta.
    Quiero decir que el problema de los “elementos que se habrían jugado” en la caída del Gobierno Popular chileno es un problema que puede ser enfrentado en el nivel de los acontecimientos inmediatos que prepararon y produjeron el golpe, y, por otra parte, en un nivel que sea capaz de situar tales acontecimientos dentro del conjunto de la sociedad chilena, y en el lapso de tres años que fue el de la duración del Gobierno Popular. La conspiración contra el Gobierno y, en especial, contra quien, por decisión democrática del pueblo lo encabezaba, el presidente Allende, no se inauguró ni dos semanas ni dos meses antes de su caída. Empezó desde el momento mismo del anuncio del triunfo popular en las elecciones del 4 de setiembre de 1970.
    Me voy a referir, necesariamente, a una y otra cosa. No es posible, al menos en una conversación como esta, separarlas. Y me voy a referir a ello a partir de mi propia experiencia, la de militante de uno de los partidos de la Unidad Popular. No es esta, en consecuencia, la opinión de un dirigente. Es la de un simple militante de base.
    Yo era profesor en una pequeña universidad en el sur de Chile, en una ciudad también pequeña (100.000 habitantes). En la universidad, como en otros sectores de la población, se vivía, desde varias semanas antes de producirse el golpe, un clima de inquietud y, en cierto modo, de espera. Todo el mundo sentía que el golpe podía venir de un momento a otro y todos, por la lectura de los periódicos, por las conversaciones con los amigos y compañeros, por los editoriales vociferantes de los diarios de derecha (El Mercurio, La Tribuna, etc.) o por la propaganda incesante de sus. radios (Radio Agricultura, Radio Minería y otras muchas) y canales de televisión (13 de la Universidad Católica, por ejemplo), comprendíamos que se estaba viviendo el momento más difícil desde el triunfo en las urnas el año 1970.
    En realidad, eran muchos los acontecimientos significativos que se habían venido sucediendo en las últimas semanas. En primer lugar, el Gobierno estaba enfrentado a una embestida muy fuerte de parte de los gremios patronales. Esta embestida estaba liderada por el gremio de los dueños de camiones, que agrupaba detrás suyo al resto del transporte nacional, a casi todos los gremios de comerciantes y a la mayor parte de los colegios profesionales. Esto no significa que no hubiese transportistas, comerciantes o profesionales opuestos, individualmente o en grupo (recuerdo los que se llamaron Frentes Patrióticos y cuya tarea exclusiva consistió en hacer andar el país a pesar y en contra del boicot), a la maniobra. Los hubo, pero eran una minoría. El paro de los gremios patronales cumplió con sus objetivos de preparación del golpe, desgraciadamente. Pese a que los trabajadores, la clase obrera en primer lugar, y toda la clase obrera, porque aquí no había fisuras de ningún tipo, desplegaron una fortaleza y un espíritu de sacrificio inmensos, los efectos de la huelga patronal se hicieron sentir. El país, mayoritariamente, se quedó sin transporte, sin comercio y sin la actividad profesional. Se resintió.
    Por lo demás, vale la pena advertir que no era ésta la primera vez en que la maniobra se echaba a funcionar. Ya el año anterior, el mismo intento se había realizado, aunque esa vez, si descontamos el terrible daño que aquello significó para el conjunto de la economía nacional, con resultados negativos para los patrones. Los trabajadores pararon entonces la embestida.

    P. y L. — ¿Por qué no lograron eso mismo un año después, y con la experiencia adquirida el año anterior? Más todavía, sí, como lo demostraron las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la coalición de Gobierno había consolidado posiciones, al subir desde el 36 % del electorado, que fue la cuota con que se eligió al presidente Allende, hasta el 44 %, que obtuvo la Unidad Popular en esas parlamentarias.
    —Por múltiples razones, y entre ellas no es la menos importante ese triunfo parlamentario de marzo de 1973.
    Después de esas elecciones parlamentarias, la burguesía entendió que no podía arriesgar otra elección en Chile. Por primera vez, en la historia del país, un gobierno, después de tres años en el ejercicio de su mandato, no sólo no se deterioraba, sino que ganaba posiciones. Otra elección y la Unidad Popular, la coalición de partidos y movimientos que sostenía al Gobierno, habría obtenido más del 50 % del electorado, logrando de este modo una influencia tal sobre el conjunto del estado chileno que habría hecho que el proceso de transformaciones que se estaba llevando a cabo se tornase prácticamente irreversible.
    En estas condiciones, la derecha tradicional chilena, la burguesía en sus sectores más afectados por los cambios, a través de sus expresiones gremiales, los gremios patronales, y de sus expresiones políticas, partidos como el Nacional o como la agrupación fascista Patria y Libertad y la casta dirigente del Partido Demócrata Cristiano, decidieron jugarse el todo por el todo. Era su última oportunidad, pensaban. Por eso esta vez la embestida fue mucho más a fondo que la del año anterior.
    Sin embargo, esto no basta para explicarse de una manera convincente toda la fuerza que lograron desarrollar. A mi juicio, esta fuerza tiene un origen interno y otro externo, ambos de tipo económico, además de una serie de otras concomitancias políticas e ideológicas, que también deben ser tenidas en cuenta.
    En cuanto a la cosa interna, ya he dicho que la ofensiva patronal de 1972 lesionó terriblemente a la economía chilena. Los patrones perdieron la partida, es cierto, pero la perdieron como en esas batallas en las que el bando ganador, pese a su triunfo, emerge muy debilitado. No en cuanto a hombres, en este caso. Todo lo contrario. Los trabajadores chilenos comprometidos con el proceso de cambios ganaron en número y en conciencia después de aquel episodio. La mejor demostración es el resultado de las elecciones parlamentarias del mes de marzo siguiente. Pero la dificultad se había creado en las bases materiales de sustentación del país. Me explico. Consecuencias de la ofensiva del año 72 fueron la ampliación y la agudización de los dos problemas más graves que aquejaban a la economía chilena desde el punto de vista de sus efectos instantáneos sobre la vida de la población, y cuyas causas se hallarán sin duda en la actitud de permanente boicot asumida por los enemigos del Gobierno Popular. Estos problemas eran el desabastecimiento y el mercado negro. Desabastecimiento, porque la burguesía (lo que era el sector privado de la economía, por oposición a las empresas y a los predios agrícolas que eran o habían pasado a poder del estado y al manejo de los trabajadores) se negaba a producir o porque, mediante su control casi absoluto de los canales de distribución y comercialización, desviaba del alcance de las mayorías los productos más esenciales, inclusive aquellos que producían las empresas del estado o que venían del sector reformado de la agricultura, trasladándolos al mercado negro. En cuanto a este último, no era sino el resultado lógico de aquellos capitales a los que no se quería hacer producir, capitales que iban a dar por ello, y como parte del boicot, al campo de la pura y simple especulación. Todo esto se agravó después de la ofensiva patronal de 1972, todavía fue peor después del triunfo de marzo del 73 y alcanzó su cúspide en los meses anteriores al golpe. Los enemigos del pueblo ponían en funcionamiento todo su poder económico para pavimentar el camino del golpe futuro. El desabastecimiento y la especulación desenfrenada, acaparamiento, mercado negro, etc., fueron sus mejores armas. Por esto es que, a los trabajadores les fue difícil responder la segunda vez. Me acuerdo que los obreros y los estudiantes, multitudes de ellos, en particular los muchachos de las escuelas normales y de la Universidad Técnica, se movilizaron para abastecer a la población, para acrecentar la producción y sobre todo para normalizar el flujo de productos. Si sólo se hubiese tratado de eso, quizá se habría tenido éxito una vez más. Pero no era eso solo, desde luego.
    Estaba también gravitando el factor externo. Conocida es la actitud general del imperialismo con respecto a Chile: sus inversiones electorales para impedir el triunfo del pueblo en 1970 (dinero para las campañas de Alessandri y de Tomic), su presencia en la primera intentona contra Allende, la que a dos meses de su elección culminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general Rene Schneider, de limpia tendencia constitucionalista y por lo tanto opuesto a las aventuras subversivas que ya por entonces se fraguaban; y, principalmente, el bloqueo económico posterior tendido contra mi país. Si bien no fue idéntico al cumplido en contra de Cuba, este bloqueo económico contra Chile existió y existió desde los primeros meses del Gobierno Popular. Existió bajo la forma de cancelaciones súbitas de líneas norteamericanas habituales de crédito, en particular después de la nacionalización del cobre. Era presumible. Más allá del asunto de las retribuciones, estaba el mal ejemplo. La nacionalización del cobre en Chile era, sin duda, si se la observa desde el punto de vista del imperialismo, un mal ejemplo para el resto de América Latina. El descuento de las utilidades excesivas obtenidas por las compañías cupreras a lo largo de décadas y más décadas de explotación de nuestra riqueza básica, utilidades desde luego enormemente superiores a las que por ley les son permitidas a esas mismas compañías en Europa y en su propio país, en donde existen topes máximos que no pueden sobrepasarse (la explotación descarada sólo es posible en los países más débiles) sentaba un principio decisivo, principio este que se convertía, para ellos, en poco menos que herético. Cualquier día les hacían lo mismo con la fruta centroamericana o con el petróleo venezolano. En consecuencia, había que castigar, y lo hicieron sin asco.
    Porque no les bastó con cancelar sus propias líneas de crédito. Presionaron además en todos los organismos internacionales en los que tenían influencia con el fin de dejar al país sin divisas para importaciones. Con respecto a la renegociación de la deuda externa, el imperialismo ató, sin ningún tapujo, su anuencia a una supuesta “retribución justa” por parte de Chile a las compañías cupreras. La agresión llegó a tanto que incluso las compañías abrieron (y perdieron) juicios contra Chile en varios países europeos, solicitando (y logrando a veces, aunque sólo por períodos muy breves) el embargo de los cargamentos de cobre chileno. Por otra parte, no hay que olvidar la agresión en el plano de las importaciones de tecnología industrial. Es sabido que la infraestructura técnico-industrial —maquinarias y equipos— en todos o en casi todos los países de América Latina es, en general, de procedencia norteamericana. Pues bien, es muy fácil, en estas condiciones, sabotear un país. El imperialismo no tuvo inconvenientes en hacerlo en el caso de Chile, con las reposiciones de la maquinaria del cobre, por poner un ejemplo a mano, y sin que por ello falten otros muchos. Pero tampoco para ahí la cosa. Como si lo anterior hubiese sido insuficiente, dos o tres meses de huelga, por parte de los transportistas y de los comerciantes, algunos de ellos burguesía mediana y pequeña (si bien es cierto que también había otros que eran dueños de flotas enteras de camiones, de líneas completas de microbuses y de verdaderas redes de supermercados, y éstos es claro que no tenían nada de pequeños, ni siquiera de medianos), no se mantienen sin un financiamiento fuerte. Ese financiamiento se produjo, por supuesto. A Chile entraron, en los meses previos al golpe y con el exclusivo objeto de “mantener” la huelga, maletas llenas de dólares. ¡Cómo habrá sido la lluvia que hasta hizo bajar el dólar negro! Esto no había quien no lo supiera. Repentinamente, el mercado negro del dólar se veía saturado por una lluvia de billetes verdes que no estaban computados oficialmente en parte alguna. ¡Así cualquiera mantiene una huelga! Los bolsillos de los transportistas y comerciantes, sobre todo los de sus más connotados dirigentes, se llenaron a reventar. Los Vilarín, los Cumsille, tipos que después salieron a recorrer el mundo a explicar “la verdad chilena” … En fin, esta historia, la historia de la presencia del imperialismo en el golpe chileno, es, como la del cuento, una historia de nunca acabar. El hecho concreto es que, al deterioro de la economía provocado por la acción interna de la antipatria, se sumó este trabajo de zapa del imperialismo. Se trataba de quebrar al país económicamente, y si no lo lograron del todo, al menos contribuyeron a crear una situación de crisis que abría el camino del golpe.
    De manera que ante la pregunta acerca de por qué la embestida patronal de 1973 no pudo pararse con la misma firmeza con que se paró la del 72, mi respuesta sumaria es la que acabo de dar. La burguesía nativa cipaya y el imperialismo se pusieron con todo para asegurar el éxito de la escalada. Aun cuando los trabajadores habían avanzado en número y en conciencia, entre 1972 y 1973, el nivel de la conspiración también había avanzado.
    Con todo, si los militares no hubiesen entrado en el juego, mi opinión es que, una vez más, los trabajadores habrían ganado la partida. Con los tanques y las metralletas de por medio, ya no hubo nada que hacer.

    P. y L. — Usted dijo antes que la fuerza que llegó a alcanzar la huelga de transportistas, comerciantes y profesionales se explicaba no sólo por los factores fundamentalmente económicos que acaba de sumarizar, sino también por la acción de “otras concomitancias políticas e ideológicas”. ¿Cuáles fueron ellas?
    —Cierto, creo que vale la pena señalarlas.
    Desde el punto de vista político, no cabe duda que es de gran importancia la actitud asumida, así como las acciones concretas desarrolladas por los Poderes Legislativo y Judicial, en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, durante todo el gobierno del presidente Allende, pero más que nada en los meses que precedieron al golpe. En lo que atañe al Poder Legislativo, el quebradero de cabeza permanente de la oposición fue su carencia en e¡ seno del Congreso de los dos tercios de la votación. Tenían mayoría, eso es cierto, pero sólo una simple mayoría. En términos generales, simple mayoría les significaba restringirse sólo al nivel de las medidas obstaculizadoras, a veces altamente obstructivas, pero medidas que a la larga el Ejecutivo podía sortear por medio de los recursos del veto y de insistencia. Oponerse a un veto o a una insistencia significaba que la oposición, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Chilena, debía reunir, en ambas cámaras, una mayoría de dos tercios. No la tenían. Este era el límite. Podían acusar ministros, por ejemplo (casi no hubo uno que se salvara), o funcionarios de importancía. Podían también demorar el despacho de determinados proyectos de ley, como el proyecto que reprimía el delito económico y que era vital para combatir el mercado negro y la especulación de todo tipo. En suma, podían obstruir. Pero no hasta sus últimas consecuencias, no hasta el punto de llegar a Imponerle sus criterios al Ejecutivo. En estas circunstancias inventaron lo que les pareció una solución ideal. Sentaron la tesis absurda de que si bien para legislar ordinariamente les eran necesarios los famosos dos tercios, no ocurría lo mismo tratándose de una reforma constitucional. Era la locura. Según eso, se podía reformar la Constitución por simple mayoría, aun cuando no se pudiera despachar leyes comunes y corrientes de la misma manera. Incluso senadores y diputados democratacrístianos declararon que eso era una burla. No podía estimarse de otro modo. Era una cuestión de mera lógica. Pero así como la razón y la lógica no les han quitado el sueño posteriormente, tampoco entonces ello ocurrió. Articularon un proyecto de reforma constitucional que reunía sus principales objeciones al Gobierno Popular e intentaron imponerlo por simple mayoría. Lo aprobaron y lo enviaron para su promulgación. Sabían que el presidente Allende, que por lo demás había sido parlamentario durante más de treinta años, no podría aceptarlo. Ello le habría significado renunciar de hecho a las prerrogativas de su cargo y, en sentido amplio, autorizar la transformación del régimen presidencial chileno en un régimen parlamentario. Cambiar así el espíritu mismo de la institucionalidad chilena y de la Constitución que la rige. No dio, pues, el pase a la promulgación. Eso era precisamente lo que sus enemigos esperaban. La finalidad última del juego politiquero quedó en descubierto. Declarar la ilegalidad o, cuando menos, la ¡legitimidad del Gobierno. Dar la venia parlamentaria al golpe de estado.
    Así ocurrió, en efecto.
    La Cámara de Diputados o, mejor dicho, su mayoría reaccionaria, puesto que los parlamentarios populares hicieron abandono del recinto antes de que se votara, en aquella sesión que pasará a la historia como una de las sesiones más negras de la historia parlamentaria chilena, porque en ella los diputados reaccionarios se anulaban a sí mismos, cerrando simbólicamente el Congreso y dando luz verde al golpe, declaró al Gobierno ilegítimo. En los cuarteles, los militares goipistas han de haber aplaudido alborozados. La mayoría del Congreso, aquellos partidos que decían defender la democracia contra el totalitarismo marxista, los estaban llamando a gritos para que sacaran sus tanques a la calle. Pero, detrás de los militares, los alborozos más grandes tienen que haber sido los del imperialismo y la burguesía cipaya. Todas sus agresiones, el boicot económico, el mercado negro, el desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación, las huelgas antinacionales de los gremios de transportistas, comerciantes y profesionales, todo eso era justo. El Congreso lo decía. Aun cuando la manera de decirlo haya sido torciéndole el cuello incluso a la más elemental racionalidad.
    En este mismo nivel de las “concomitancias políticas”, debo referirme, aunque sea brevemente, al trabajo sucio cumplido por el Poder Judicial. Particularmente la reforma agraria y, en general, la constitución del área social de la economía tuvieron que sufrir sus embates, eso al margen de las acciones concretas en contra de individuos, funcionarios, periodistas, intelectuales o simples militantes de los partidos populares. Por otro lado, en fallos que harán época, los jueces reaccionarios absolvían o daban penas menores a los criminales confesos del general Schneider (ahora los están nombrando embajadores) o relevaban de cargos a terroristas de derecha sorprendidos en plena realización de sus actividades delictuales. Todos tenían sonoros apellidos, es verdad. A lo mejor (o a lo peor), ahí estaba el secreto: se trataba sólo de las “travesuras” de los niños de la oligarquía.
    Pero usted me preguntaba también por las concomitancias ideológicas. En este sentido, la campaña periodística impulsada contra el Gobierno por los medios de comunicación de masas que la oposición controlaba fue algo nunca visto antes en Chile. La procacidad con que esa campaña se llevó a cabo, la bajeza de sus métodos, sólo son concebibles si se piensa, al mismo tiempo, en que cualquier querella, además de ser tildada en el acto de persecución a la libertad de prensa, no tenía posibilidad alguna de prosperar dentro del aparato judicial. Podía insultarse al presidente o a los funcionarios más importantes de su Gobierno en la más absoluta impunidad. Por lo demás, comparados con los medios de comunicación de masas adictos al Gobierno Popular, aquellos que estaban en poder de la oposición eran más y mejores. El Gobierno, o los partidos que lo apoyaban, disponían, grosso modo, de un par de canales de televisión, algunas radios de corto alcance y cuatro o cinco diarios capitalinos más unas cuantas revistas. También de la Editorial del Estado, Quimantú. Eso, más o menos. Del otro lado había mucho más, desde luego. Pero no era eso lo más grave. Lo más grave era que uno salía de la capital (yo mismo vivía en una provincia, lo declaré al principio) y las informaciones del Gobierno bajaban casi a cero, sobre todo las informaciones de tipo local. La acción del Gobierno Popular se silenciaba o, lo que es peor, se tergiversaba. De Concepción al Sur, esto es, a lo largo de más de un tercio del país, no había un solo diario de izquierda. En la misma ciudad en que yo vivía, aparecía sólo un diario, perteneciente a SOPESUR, empresa democratacristiana y de la derecha democratacristiana. Todo esto es explicable, sin embargo. Medios de comunicación de masas significan dinero y el dinero, con las siempre bien dispuestas inyecciones de dólares provenientes del hermano mayor, ya sabemos dónde estaba.
    No es extraño entonces que de parte de los diarios, las revistas, las radios o la televisión reaccionarios la huelga patronal se haya atizado hasta niveles increíbles. Los camioneros se convertían en héroes de la democracia y la libertad, y lo mismo pasaba con los comerciantes o con los médicos, por cuyo abandono criminal de funciones se moría mientras tanto la gente en los hospitales. Así andaban las cosas. La huelga de los gremios patronales caotizaba el país y recibía todo el apoyo de la burguesía y sus expresiones políticas e ideológicas, y el del imperialismo y su boicot y su lluvia de dólares.

    P. y L. — ¿Y los militares?
    —Bueno, ellos a la espera, aunque no eran pocos los indicios que se filtraban día a día respecto de lo que estaban por hacer. Afuera les preparaban las condiciones, pero en sus cuarteles —y no sólo en sus cuarteles, ya voy a explicar por qué— ellos no permanecían inactivos. Por ejemplo, en los días anteriores al golpe se produjeron ciertos desplazamientos en el interior de las Fuerzas Armadas, que vieron la luz pública y que, a corto plazo, probaron ser decisivos. Todo el mundo sabía en Chile que dentro de las Fuerzas Armadas había por lo menos dos sectores, un sector de militares constitucionalistas, es decir, adictos a lo que en Chile se llama la doctrina Schneider (en memoria de la actitud y las opiniones del general asesinado en 1970 por los fascistas), y que significaba un modelo de profesionalismo, prescindencia política, obediencia al Generalísimo constitucional de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, etc., como ámbito de funcionamiento de la institución. En síntesis, la doctrina Schneider no hace sino ratificar y explicítar lo que respecto de las Fuerzas Armadas está dicho en la Constitución Política del Estado Chileno. Pues bien, un sector de los militares se reconocía en estas tesis. La cabeza visible de ellos era el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González. Pero había” otros: los generales Pickering, Sepúlveda Squella, el director general de Carabineros y algunos oficiales de menor graduación. No se trata, y que esto quede claro, de oficíales política o ideológicamente comprometidos con el Gobierno Popular. Nada de eso. Se trata de oficiales constitucionalistas. Ellos articulaban un sector y, además, de cara a la opinión pública. El otro, de cuya existencia se sabía pero que siempre se mantuvo en las sombras, era el sector de los golpistas. El presidente Allende usó el lenguaje con la máxima propiedad al llamarlos “traidores” en su último discurso. Ni siquiera era un insulto, era una simple descripción. Porque decenas de veces le juraron lealtad públicamente, mientras desde sus madrigueras preparaban el golpe. Así lo han reconocido después ellos mismos en sus declaraciones a la prensa. El golpe fue preparado con muchos meses de anticipación. Entre tanto, como en todas las traiciones, la hipocresía fue la norma de conducta.
    Más o menos una semana antes del 11 de setiembre se pudo ver con claridad que los sectores reaccionarios habían logrado escalar posiciones casi definitivas en el interior de las Fuerzas Armadas. Presentaron sus expedientes de retiro Prats, Pickering, Sepúlveda Squella y otros. Prats dijo que lo hacía para evitar una guerra civil. Cuando esto ocurrió, se tuvo un índice indiscutible de que los militares podían dejarse caer en cualquier momento. Los sectores reaccionarios consolidaban su hegemonía, ganaban el control de la institución.
    Por otro lado, la mayoría del Congreso había hecho aprobar no mucho tiempo antes una ley de control de armas cuya ejecución se entregó a las Fuerzas Armadas. Esta ley fue usada por los militares golpistas desde por lo menos un mes antes de que se lanzaran contra La Moneda, con el fin de investigar y agredir única y exclusivamente los sectores de la población que ellos sabían que eran partidarios incondicionales del Gobierno. La derecha practicaba el más desenfrenado terrorismo, atentados de todo tipo contra bienes y personas, pero eran los predios reformados, las fábricas y los domicilios de los trabajadores los que se allanaban. Mataron gente incluso, en la Lanera Austral de Punta Arenas, por ejemplo. No sólo aguardaban, pues, en sus cuarteles, sino que salían a las calles a agredir y a amedrentar al pueblo, a preparar logística y psicológicamente la movida futura.
    Cabe preguntarse ahora qué hacía el Gobierno Popular en vista de estos acontecimientos.
    Mi respuesta, y quizás haya gente que discrepe conmigo, es que el Gobierno confió casi hasta el final en el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas. Esto era parte de su concepción de las posibilidades de cambio de la sociedad chilena y, por lo tanto, del proyecto político sustentado por la Unidad Popular y que en su esencia se proponía la creación en Chile de las condiciones adecuadas para el tránsito al socialismo, pero desde la propia institucionalidad chilena, desde las tradiciones chilenas, desde la ideología chilena. Revolución Chilena que era antiimperialista, antioligárquica y antimonopólica, pero también institucional y pacífica. Todo ello autorizaba a pensar que las Fuerzas Armadas mantendrían su ya larga trayectoria de sujeción a la ley. Ellas eran detentadoras, recordémoslo, de una de las tradiciones más caras al país: su civilismo, que, para el caso, valía y vale tanto como decir civilización. Nada de eso se mantuvo al final. Como con tantas otras cosas, llegado el momento las Fuerzas Armadas barrieron también con sus propias tradiciones.
    Por otra parte, está lo relativo al llamado Estatuto de Garantías, que el presidente Allende firmó antes de la votación del Congreso Nacional que confirmó su elección y al que suele concedérsele más importancia de la que en realidad tiene. Este Estatuto se ocupa de diversas materias y, entre ellas, de la concesión de un cierto autonomismo a las Fuerzas Armadas, a través de la observancia del principio de la verticalidad del mando y de la consiguiente no intromisión del Ejecutivo en sus desplazamientos internos. El presidente Allende no podía tener inconvenientes para firmar un documento de esta naturaleza, como tampoco los tuvo para suscribir lo referente a la autonomía de las universidades, porque todo ello entraba dentro de su propia manera institucionalista de ver las cosas, pero principalmente dentro de la manera de verlas de la Unidad Popular. Pedir garantías sobre tales asuntos era pedir garantías sobre algo que estaba desde hacía mucho garantizado y en documentos de todas clases.
    De modo que el Gobierno Popular no impuso criterios en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, en ninguno de los tres años de su duración. Por el contrario, cuando hubo ministros militares en el Gabinete, fue porque el presidente Allende lo solicitó, en virtud del principio, compartido por el general Prats, por ejemplo, de que la soberanía nacional no era sólo soberanía geográfica, sino también económica. Siendo el programa de la Unidad Popular un programa de liberación nacional, se dijo, de máximo ejercicio de nuestra soberanía en el plano económico, lo lógico era que las Fuerzas Armadas, la institución cuya finalidad es precisamente la defensa de la soberanía, colaboraran con él. Esto con prescindencia de cualquier compromiso de tipo político. Pero una cosa, sabemos, es el nacionalismo formal, el de los uniformes, los desfiles y los himnos, y otra, muy distinta, el verdadero nacionalismo. Los mismos que dieron el golpe en nombre de la Patria son los que ahora la están vendiendo al imperialismo.
    En definitiva, parece que lo que la Unidad Popular olvidó, o quiso olvidar, fueron las tesis leninistas con respecto a la naturaleza de los aparatos de estado y, en particular, del represivo. Por más que lo diga la Constitución de un país, en los hechos las Fuerzas Armadas no defienden al Ejecutivo solo, al que se deben o pueden deberse por mandato, sino al conjunto del estado, y cuando la clase dominante allí es la burguesía, es a ella a quien las Fuerzas Armadas defienden. Tal es el caso chileno. El pueblo fue, entre los años 1970 y 1973, detentor de una cuota de poder (muy importante, desde luego, sobre todo en un régimen presidencíalista, como el nuestro), pero nada más. La clase dominante, en el conjunto del estado chileno, siguió siendo la burguesía. Evidentemente, las Fuerzas Armadas no hicieron más que responder a su ley histórica, acatando los objetivos antipopulares y, en resumidas cuentas, antinacionales de esa clase dominante.

    P. y L. — Eso implicaría pensar que el ejército está condenado a cumplir un papel antinacional, ¿o no?
    —En el caso chileno, los análisis que se manejaron sobre la situación de las Fuerzas Armadas en el conjunto de la sociedad chilena, con anterioridad al golpe, los análisis que yo conocí, que se publicaron en algunas revistas, o en diarios representativos del pensamiento mayoritario de la izquierda, eran análisis que solían insistir en la composición de clase de las Fuerzas Armadas chilenas. Se decía que, al contrario de lo que ocurre en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas chilenas las integran, en general, individuos vinculados no con las capas altas de la burguesía, sino con la burguesía mediana y pequeña. Esto es cierto, sin duda.
    Desde hace ya varias décadas que los grandes industriales de mi país, y lo mismo acontecía con los grandes dueños de la tierra o con quienes tienen el control de las finanzas, no envían a sus hijos a los institutos militares. Para ellos, ésta era, dicho en chileno, una carrera “de medio pelo”. No para “rotos”, está claro, pero tampoco para “caballeros”.
    Pues bien, por aquí arrancaba una línea de argumentación sostenida a menudo por un sector de la izquierda. Puesto que la extracción de clase principal de la oficialidad era pequeñoburguesa, en la medida en que la Unidad Popular y el gobierno del presidente Allende lograsen aglutinar en torno suyo a esa pequeña burguesía iban a lograr también algo parecido con las Fuerzas Armadas. El argumento era simplista, por supuesto, y más atento a una experiencia dudosa que a una reflexión teórica más exacta. Olvidaba que no importa cuál sea el origen de clase de los individuos que conforman el aparato represivo del estado, una vez insertos dentro de él ya no es a su clase originaria u original a la que responden sino a aquella que en el total del estado ha logrado imponer su hegemonía.
    Por otro lado, y aun concediéndole al argumento anterior un cierto margen de validez mínima, lo cierto es que este rubro “pequeña burguesía” fue siempre un problema para el proceso chileno. La pequeña burguesía, situada en el medio del conflicto, entre el proletariado por una parte, y la gran burguesía por otra, fue buscada con tenacidad por ambas partes. Se sabía que el gran problema social de la Revolución Chilena estaba allí. No obstante, la Unidad Popular nunca tuvo una política firme y consistente a este respecto. Mejor dicho, hubo siempre dos líneas. La línea que pensaba que había que atraer a la pequeña burguesía sobre la base de determinadas concesiones económicas, y la otra, la que creía, desde un punto de vista más ortodoxo quizá, que la pequeña burguesía no es más que una campana cuyo sonido se expande siempre en la dirección en que el viento corre. Es decir, el problema subsistiría mientras subsistiera el problema político: la disputa por el poder. Resuelto este problema central, el problema menor de qué hacer con la pequeña burguesía se resolvería también, de un modo natural. Claro es que una cosa lleva a la otra, y la pregunta que surge en este caso es la que inquiere por el modo de lograr el poder dentro de los cauces pacíficos y electorales de la “vía chilena” sin el concurso de la pequeña burguesía … Pero en fin, dejemos esto. Lo concreto es que la disputa existía y que ella era sólo una de las tantas patas de una disputa mayor, en el seno de la Unidad Popular, sobre la viabilidad o inviabilidad de algunos de los fundamentos de la “vía chilena”.
    Para nuestro asunto, lo que importa es que asimilar el problema militar al de la pequeña burguesía es un error. Primero, porque las Fuerzas Armadas no son una clase social, sino un aparato del estado, y por lo tanto responden a la dirección que en su integridad o mayoritariamente adopta el estado; y, segundo, porque aun cuando un planteamiento como ese hubiese sido mínimamente correcto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico era francamente insoluble.

    P. y L. — Yo insistía en el asunto del ejército, porque todos los militantes insertos en un proceso de liberación en el Tercer Mundo tienen como uno de sus problemas teóricos y políticos, simultáneamente, la naturaleza del ejército en los países dependientes, y si bien se ha revisado —hay datos de la realidad que lo exigen así— la comprensión de que el ejército es siempre la guardia pretoriana del régimen, en torno de eso sigue discutiéndose. Me preocupaba entonces saber si en este caso el ejército había respondido, por encima del aparato del estado, a una política antinacional, o si realmente lo que sucedía era que el aparato del estado estaba permeado todavía de fuerzas antinacionales.
    —Esto último es lo que sucedió, exactamente. De algún modo, las Fuerzas Armadas chilenas respondieron, por encima de las disposiciones constitucionales, a un estado que, mayoritaríamente, estaba todavía en manos de los grupos más reaccionarios y antinacionales de la burguesía. Los conflictos del Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, a los que ya he hecho mención, son una prueba de lo que digo. Pero, además, hoy mismo, las Fuerzas Armadas chilenas están gobernando “en equipo” con la gente del clan El Mercurio, relacionada desde siempre con la penetración imperialista en nuestro país, asociada económicamente a conocidas empresas multinacionales y vinculada políticamente a los sectores más retrógrados de la sociedad estadounidense. La reciente campaña de El Mercurio contra Kennedy y los liberales norteamericanos así lo demuestra.

    P. y L. — Los sectores de la burguesía que tenían el predominio en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, ¿eran sectores ligados muy estrechamente a los intereses del imperialismo?
    —A esa pregunta es imposible responder, creo, de un modo estático. No se trata de que todos los sectores de la burguesía enquistados en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial hayan estado ligados objetivamente a los intereses del imperialismo. De lo que se trata es de que, en determinado momento o, mejor dicho, a lo largo de un cierto proceso de bastante complejidad, el sector de la burguesía que sí estaba ligado de un modo objetivo a esos intereses, y que no era otro que la gran burguesía monopólica, profundamente afectada por el proceso de cambios que impulsaba el Gobierno, logró aglutinar detrás suyo a la mediana y a gran parte de la pequeña burguesía (a gran parte, no a toda: los intelectuales, por ejemplo, estuvieron siempre, mayoritaríamente, junto al Gobierno). En este contexto hay que entender las acciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En la medida en que las tesis goipistas de la burguesía monopólica, o de sus expresiones políticas, el Partido Nacional, el Movimiento Patria y Libertad y el ala derecha del Partido Demócrata Cristiano, se iban consolidando, adquiriendo mayor peso y franca hegemonía, las acciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial se iban tornando más y más agresivas.
    Este fenómeno algún día alguien se ocupará de estudiarlo con detenimiento. Cómo la gran burguesía chilena, minoritaria e impopular, incluso execrada desde hace muchos años, logró que sus objetivos, que nada tenían que ver con los de la mediana y pequeña burguesía, llegasen a ser, sin embargo, compartidos por estos grupos. Más aún, si se considera que existían (y existen y hoy se han puesto de manifiesto con descarnada brutalidad) contradicciones económicas de fondo entre la gran burguesía y sus aliados eventuales. El presidente Allende lo dijo mil veces. El programa de la Unidad Popular propendía a la constitución de un área social de la industria, que coexistiera con un área mixta y un área privada, y que estuviese constituida sólo por las empresas de importancia estratégica para el desarrollo económico del país; y, además, a la constitución de un área reformada de la agricultura, que eliminara el gran latifundio y no la propiedad privada en el agro. No se trataba de acabar con la burguesía, con toda la burguesía. Se trataba de acabar con la burguesía monopólica y con la oligarquía agraria, ambas entorpecedoras del desarrollo económico de Chile, además de seriamente comprometidas con el capital extranjero. El mediano y el pequeño industrial, así como el mediano y el pequeño agricultor, nada tenían que temer. Por el contrarío, el control estatal del crédito, por ejemplo, les abría las puertas de un beneficio que, mientras las instituciones financieras estuvieron en manos del gran capital, se mantuvo siempre cerrado para ellos. Pero ya se ve, más allá de los hechos, porque estos son hechos, hechos concretos e incontrovertibles, que el trabajo político e ideológico pudo al fin más. La gran burguesía ganó posiciones. El Partido Demócrata Cristiano, pese a ser individualmente el partido más poderoso del espectro, cedió el liderazgo de la oposición al Partido Nacional y a la agrupación fascista Patria y Libertad. La curiosa entelequia llamada “clase media chilena”, supuestamente amenazada en su existencia por el Gobierno Popular (ya hemos visto cómo esto no era cierto, del mismo modo que tampoco era cierto que esa clase media existiera en realidad; se pretendía aglutinar a grupos de la población con intereses no sólo diversos, sino, lo que es peor, contradictorios) fue el pegamento ideológico que se utilizó. Se creó así una falsa disyuntiva que la Unidad Popular no supo combatir eficientemente. El resultado es que la extrema derecha acrecentó su influencia, ganó posiciones y de una manera progresiva se apoderó del liderazgo de la oposición imponiendo desde allí sus tesis golpistas. El Partido Demócrata Cristiano pudo haber sido el dique de contención. No lo fue, sin embargo. No lo fue porque, siendo, como era, un partido policlasista, en su interior venía desarrollándose la misma lucha que se desarrollaba afuera. En los últimos tiempos, fue el ala derecha de este partido la que ganó su dirección. Los sectores progresistas o simplemente democráticos fueron desplazados, produciéndose así la poco antes increíble colusión de democratacristianos con derechistas tradicionales. Radomiro Tomic vio las consecuencias que esto tendría con claridad meridiana y en algún momento dijo una frase que después se ha repetido mucho a propósito del golpe y de los análisis políticos que se hacen de él: “Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana”. Así fue y así es todavía. La derecha lideró y lidera el golpe. El Partido Demócrata Cristiano fue el mulo de arrastre de la carreta. Mientras sirvió se le dio de comer. Ahora, que ya no sirve para nada, lo echan a un lado.

    P. y L.—¿Qué posibilidades hubo, dentro de la política de unidad nacional de la Unidad Popular, de ganar a la Democracia Cristiana?
    —Unidad nacional era y es, para nosotros, la unidad de todos los grupos progresistas del país. De todos aquellos grupos (partidos o lo que sea) que se pronunciaban y se pronuncian por los cambios y contra la dependencia. Unidad del Pueblo, esto es, un frente que, en términos de partidos, incluye a marxistas y no marxistas: marxistas, como los comunistas o los socialistas, y no marxistas, como los radicales o la Izquierda Cristiana. Desde el punto de vista de su composición de ciases, un frente que representaba o queria representar los intereses del proletariado, del campesinado y de la burguesía no monopólica y nacionalista. Por esto es que el mismo Partido Demócrata Cristiano fue invitado a dialogar con este frente en múltiples oportunidades. Incluso mantuvieron un último dialogo con el presidente Allende tres o cuatro días antes del golpe. Si eran fieles al progresismo de sus declaraciones de principios, entonces tenía que haber puntos de coincidencia con la Unidad Popular. Efectivamente, los había. Pero también había gente, en el interior de ese partido, empeñada en obstaculizar y destruir cualquier posible entendimiento. Porque esa era gente que ya estaba embarcada en otro negocio. Al mismo tiempo que hablaban con el presidente Allende, agentes suyos hablaban también con la derecha y con los militares. Preparaban el golpe, y por supuesto que a espaldas de sus bases y contra todos sus principios progresistas y hasta democráticos.
    De manera que si con la Democracia Cristiana no hubo entendimiento no fue por culpa del Gobierno de la Unidad Popular. Elementos para ese entendimiento había de sobra. Lo que no hubo, de parte de los dirigentes democratacristianos o —si usted quiere— de ciertos dirigentes democratacristianos, y que desgraciadamente eran los que controlaban ese partido, fue la dosis imprescindible de buena fe.
    Con quienes no podía haber unidad nacional de ningún tipo era, por supuesto, con la gran burguesía monopólica y con la oligarquía terrateniente. Con el Partido Nacional, en términos políticos. Principalmente, porque, a pesar del pretencioso nombre de ese partido, nada hay de nacionales en sus miembros. No tienen ni tendrán jamás cabida en un programa real de liberación, al menos en mi país.

    P. y L. — ¿Cómo caracterizaría usted el proyecto económico de la Junta Militar Chilena?
    —A mi juicio, el proyecto económico de esta gente (y ya es una exageración atribuirles un verdadero proyecto económico, meditado y riguroso, y no simples instintos de clase) tiene, en general, dos patas, las cuales lo equiparan, si bien sólo como proyecto, pues en los hechos me parece del todo imposible que prospere, al llamado modelo brasileño.
    Las dos patas a que me refiero son, por una parte, el intento de lograr a corto plazo una fuerte capitalización interna en beneficio exclusivo de la gran industria; y, por otra, el propósito obvio de agregar, a esa pronta capitalización interna —que por sí sola no basta, como es lógico—, el aporte de inversiones extranjeras cuantiosas, para las cuales Chile, o más bien la Junta, estaría hoy en situación de ofrecer, y estas son palabras del propio ministro (militar) de Economía, “las mejores condiciones del mundo”. Puesta esta última frase en buen romance, de lo que se trata es de que la Junta Militar Chilena ofrece hoy día, en el mercado internacional, su tierra y su pueblo, a todos aquellos inversionistas que quieran dejar en el país el mínimo para, “en las mejores condiciones del mundo”, llevarse el máximo. Es la historia de siempre. El mismo sistema con el que, en veinte o treinta años de explotación de nuestra principal riqueza, las compañías del cobre extrajeron (solamente en ganancias) montos superiores a las entradas que el país ha tenido a lo largo de su historia.
    El propósito es, pues, crear en Chile una gran industria de exportación, en la que el capital extranjero, socio mayoritario de la gran burguesía nativa, ponga (aunque esto es dudoso) y lleve lo más.
    Como usted ve, nada de esto es especialmente original. No obstante, a propósito de ello conviene referirse a dos cuestiones que pienso que son básicas. Primero, a las consecuencias de todo orden que una política económica de este tipo puede tener para mi país, sobre todo desde el punto de vista social. Y, segundo, que quizá sea aún más importante, a su viabilidad.
    En cuanto a lo primero, una rápida capitalización interna, destinada a afianzar la producción de bienes nada más que para el mercado externo, y una mano de obra barata, que permita esa capitalización y que además sea atractiva para el capital extranjero, significan, lisa y llanamente, super o sobreexplotación del pueblo, acompañada de su correspondiente pauperización. No puede ser de otra manera. El capital se multiplica, rinde más cuando se compra barato y se vende caro. Cuando se paga poco y se cobra mucho. Esto lo sabe cualquier almacenero. No hace falta usar palabras difíciles para explicarlo con claridad. En Chile, eso es, precisamente, lo que hoy está sucediendo. Si la gran masa de mi país no tiene en este momento qué comer, no es porque los comercios del ramo estén desprovistos de sus mercaderías habituales, ni mucho menos —por el contrario, amigos que han venido hace poco de allá me cuentan que las cosas se añejan en los escaparates—, sino porque esa misma gran masa de la población no puede pagar los precios que se le cobran. Se trabaja día y noche para ganar salarios de hambre. Ninguna familia puede vivir hoy en Chile con menos del equivalente a ochenta o cien dólares mensuales. Sin embargo, el salario común de un obrero no sube de veinte. Podría dar cifras y cifras, precios de productos esenciales, alimentos, vestuario, habitación. Mostrar cómo esto es así. No hace falta, sin embargo. Lo han revelado ellos mismos, al decir que la suya es una política económica “de austeridad” y que durante el Gobierno de la Unidad Popular la gente “se acostumbró al consumo excesivo” (declaraciones de Pablo Barahona, uno de los asesores económicos de la Junta). Por nuestra parte, nosotros sabemos bien a qué atenernos cuando un gobierno de la burguesía habla de la austeridad y del consumo excesivo de la gente.
    Primera consecuencia, entonces: sobreexplotación y pauperización del pueblo, de la gran masa trabajadora. De sus espaldas y de sus estómagos es de donde la burguesía piensa extraer al menos una parte del capital que le hace falta. Pero la sobreexplotación y la pauperización extrema requieren de otros elementos adicionales para poder funcionar con eficiencia. Requieren, desde luego, de aquellos elementos capaces de acallar cualquier asomo de protesta. Esto es esencial. El hambre grita y grita fuerte y, a veces, también actúa, más que con la fuerza de la inteligencia con la de la desesperación. Eso debe acallarse. No está ni puede estar contemplado en un “proyecto” económico como el que aquí intentamos describir.
    Segunda consecuencia, derivada de la anterior. Un nivel de represión que no encuentra similares en toda la historia de América. Represión no sólo física —esta última es sólo la coronación del esquema—, sino también política, social y, desde luego, económica. También esto obra en el conocimiento de cualquier persona que lea los diarios y no necesito, por lo tanto, entrar en detalles. Además, me da asco. Porque esos chacales nacieron, al fin y al cabo, en el mismo suelo en que yo nací. En cualquier caso, esta es una represión que fue y que es. Fue, porque se aplicó al principio, masivamente y sin contemplaciones de ninguna especie, a todos aquellos sospechosos de haber dado su apoyo al Gobierno del Pueblo. Cárceles, estadios e innumerables escuelas (¡escuelas!) fueron utilizados para recluir a esa masa desbordante, sin armas con las cuales defenderse, civiles indefensos y muchos de ellos ni siquiera militantes de un partido político. Ahí fue la tortura y la muerte. Pero esto es sólo una parte. Afuera quedaban las familias a la deriva sin tener con qué vivir. Era patético ver a las compañeras que tenían a sus esposos detenidos desde hacía dos o tres meses tratando de mantener a sus familias. Después, cuando se andaba con suerte, la salida de la cárcel y, además, por supuesto, la cesantía y la imposibilidad casi absoluta de conseguir un nuevo trabajo. Otro hombre, y fueron miles y miles, que se integraba a ese ejército de reserva laboral cuya creación es también parte del “proyecto”.
    Esta es la represión del principio y que, en muchos aspectos, sigue aún vigente. Pero, al mismo tiempo, ha empezado a desarrollarse la otra. La represión que es propia y consustancial al “proyecto”. Es esta la represión de todos los derechos, empezando por el derecho de huelga y así hasta alcanzar incluso al derecho de opinión. Los derechos laborales, los derechos sindicales, la libertad de reunión o de prensa, nada de eso existe ya en Chile. El trabajador es puesto en la calle sin obstáculos. No hay leyes que al patrón le impidan expulsarlo de su trabajo y, por lo demás, sin compensación alguna. Las ocho horas diarias de trabajo, que son una conquista mundial de los trabajadores y que rigen desde hace más de cincuenta años, en Chile son hoy día un mito. Los sindicatos han sido abolidos. Los partidos populares, marxistas y no marxistas, están fuera de la ley. Los demás, en receso. La CUT, la Central Única de Trabajadores de Chile, funciona en la clandestinidad. Oficialmente, no existe. Los diarios, reducidos a tres o cuatro —había docenas y de todas las tendencias— no traen un solo comentario, ni una información siquiera, que discrepe del pensamiento oficial, etc., etc. Esta es la represión actual, que afecta a todos los chilenos. La represión cuya finalidad última es la de acallar cualquier protesta. Ocultar la explotación y ocultar el hambre. Es esta una represión que no puede disminuir, sino que, por el contrario, mientras el hambre y la explotación sean mayores, mayor será también el nivel represivo.
    Pero antes dije que los beneficiarios del “proyecto” no eran otros que la gran burguesía y el capital extranjero. Me parece importante, a propósito de esto, que nos detengamos, aunque sea de paso, en una tercera consecuencia. Y esta no es otra que la proletarización, en el mejor de los casos, y en el peor, la simple indigencia de la pequeña burguesía. Ya a mediados de noviembre y principios de diciembre, El Mercurio inició una campaña contra lo que sus editoriales denominaban “el pequeñismo” industrial y comercial. En opinión de ese diario, vocero de la Junta, había que acabar con el pequeño comercio y la pequeña industria. No era más que el comienzo, no obstante. Hoy, a seis meses del golpe, el pequeño industrial, el hombre que hace pernos o tuercas en un taller con tres o cuatro máquinas, y el pequeño comerciante, el almacenero o el verdulero, están cerrando sus puertas. El proceso de estrangulamiento desatado contra ellos por el Gobierno ha producido sus frutos. Ya lo dije antes. Fueron el mulo de arrastre de la carreta. Ahora, que ya no les sirven, los tiran.
    Ultima consecuencia que voy a mencionar. La inminente desnacionalización de la industria chilena. Es política de la Junta, anunciada oficialmente, levantar las barreras aduaneras y permitir la entrada a Chile de todo tipo de bienes de importación, y ya podemos imaginarnos para qué mercado. El resultado es que la industria chilena en desarrollo, por ejemplo lo que nosotros llamamos la línea blanca, refrigeradores, cocinas, sanitarios, todo eso, no podrá competir con los productos extranjeros, hechos en cantidades muy superiores y con tecnología más avanzada. Mademsa no va a competir con General Electric, ni Fensa con Westinghouse. En estas condiciones, no tendrán otra alternativa que “aliarse” a General Electric y a Westinghouse. Si el Gobierno no proteje las empresas nacionales hasta que éstas alcancen su mayor desarrollo, y este Gobierno no está dispuesto a hacerlo, probablemente porque también las empresas nacionales son un pequeñismo con el que hay que acabar (en el fondo: porque los intereses del capital extranjero y los de la gran burguesía nativa son una y la misma cosa), entonces esas mismas empresas están llamadas a sucumbir, a ser absorbidas por empresas mayores no nacionales. Es el pez más grande que se come al más chico, sobre todo cuando al más chico no se le dieron las posibilidades de crecer.

    P. y L. — ¿Y con respecto a la viabilidad de este proyecto económico?…
    —A eso voy, a mí me parece, y no hay que ser un lince para advertirlo, conociendo mínimamente la realidad internacional y nacional, que el tal “proyecto” es una locura o, mejor dicho, una cruel estupidez. Pretende sacrificar un pueblo, bañar en sangre un país, en pos de esquemas idiotas. Primero, porque se trata de un modelo, como dije al principio, calcado o casi del brasileño. Y ya existe Brasil. Independientemente de la opinión que el modelo económico brasileño nos merezca, conocidos sus resultados sociales y su debilidad intrínseca, el hecho concreto es que el modelo existe en el Brasil. Existe allí, porque el imperialismo ha querido instalarlo allí y no en otro lado. No en Bolivia ni en Paraguay. En Brasil, porque es este país y no otro el que ofrece esas “mejores condiciones del mundo” que son las que los militares chilenos ahora quieren disputarle, y porque las ofrece objetivamente, más allá de las intenciones de esos mismos militares. El imperialismo se ha propuesto hacer del Brasil su sucursal en América Latina. Debemos admitir que lo ha logrado en gran medida, aunque, a mi juicio, no por mucho tiempo más. Ahora bien, desde el punto de vista económico, al imperialismo, que ya tiene hechas sus inversiones en el Brasil, más le conviene ampliar lo que ya tiene y en condiciones óptimas que realizar en un país vecino inversiones paralelas y con un futuro incierto. Esta es la realidad. Tanto así que, hasta este momento y a pesar de los clamores de la Junta Chilena, en mi país no se ha producido, con posterioridad al golpe, ni una sola inversión extranjera verdaderamente significativa. Sólo préstamos menores y que para lo único que están sirviendo es para cubrir el alza de precios mundial de ciertos productos, como es el caso del petróleo, del cual Chile importa el sesenta por ciento de lo que consume.
    Por otro lado, el cuadro social de Chile no es el de Brasil. Nuestro pueblo tiene una historia heroica de luchas, que abarca todo el siglo y que no puede ser cancelada de buenas a primeras. Más todavía, los tres años de duración del Gobierno de la Unidad Popular hicieron a ese pueblo plenamente consciente de sus capacidades y derechos. Ignorar esto es cegarse ante una realidad histórica tan rotunda como indisputable. El pueblo chileno, aun a costa del sufrimiento y la muerte de miles y miles de compañeros, levantará cabeza. El compañero Allende lo sabía. Sabía qué gran pueblo era ese por el que dejaba la vida. Así como también sabía que la rueda de la historia es inexorable y que ella da vueltas no sólo para Chile, sino para todos los países de América Latina, en la dirección exactamente contraria a aquella que la Junta Militar pretende imponerle. No son un puñado de militarotes audaces, sino la realidad y las masas las que hacen la historia.

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