En el presente trabajo sobre el problema del Estado, con directa referencia a nuestra sociedad, tomamos los datos de la realidad política para conocerlos, sistematizarlos y analizar las estructuras socioeconómicas desde nuestra perspectiva revolucionaria, llevando como meta su transformación. No partimos de una concepción cientificista del Estado, sino que describimos hechos para luego precisar fundamentos, subrayando la dependencia de la teoría respecto de la práctica. Nuestro objetivo es procurar comprender e interpretar la cuestión básica y fundamental del Estado, no en forma abstracta, sino desmitificada, dejando de lado las construcciones jurídicas iusnaturalistas (aquellas cimentadas en el derecho natural, en sus dos versiones: católica-medieval y protestante-burguesa), para lo que es indispensable tomar las nociones que nos proporciona la realidad de nuestro propio mundo, de la sociedad argentina, hoy y aquí, sin por ello prescindir de los aportes teóricos de quienes consagraron sus vidas a la liberación de los pueblos.
No omitimos la lectura de los textos constitucionales y legales, pero quedarnos en los aspectos normativos es oscurecer la cuestión, llevarla al plano meramente conceptual, alejándola así de la lucha política que en nuestra sociedad protagoniza el pueblo argentino por romper las ataduras que lo oprimen.
El concepto de Estado defensor del interés general, de Gobierno que encarna la voluntad nacional, como se enseña en la Universidad argentina al servicio de la oligarquía, constituye un medio de disimular la dominación de una clase sobre otra, de ciertos grupos sociales sobre otros y de hacerles aceptar a los últimos su situación de dependencia.
En esta materia debe tenerse particular cuidado en aceptar sin previo análisis las ideas que se presentan como producto de elaboraciones científicas, pues en el común de los casos ocultan ideologías e intereses concretos. Tras sutilezas racionales, la deificación del Estado conduce a consolidar la situación de los grupos dominantes.
El conjunto de los problemas que el Estado nos presenta, todos íntimamente unidos entre sí, y que van desde la naturaleza y esencia del Estado, su soberanía, el acceso al ejercicio del poder político por los gobernantes, las relaciones entre sus clases sociales, las estructuras de los órganos gubernamentales, hasta el mantenimiento de la autoridad de los que detentan el poder, los medios de que se valen para obtener la obediencia de los gobernados, los límites de su acción, y, por último, el de la propia extinción del Estado, nos obliga a dividir el análisis que intentamos en entregas sucesivas en las que iremos considerando cada uno de ellos, con el criterio expuesto precedentemente.

  • LA NACIÓN ARGENTINA, PAÍS DEPENDIENTE
  • La República Argentina es un país estructuralmente dependiente, la distribución de su población, la ubicación de sus ciudades, su capital —que al igual que las otras capitales sudamericanas se enclava sobre la costa— mira a ultramar, de espaldas a la Nación; sus vías de comunicación, su producción, están al servicio de las metrópolis, antes Europa, hoy Estados Unidos.
    Somos un país de capitalismo dependiente, como es toda Iberoamérica, sin que tal calificación excluya el hecho de contener también en nuestro seno formas económicas precapítalistas, conviviendo simultáneamente en las regiones atrasadas del interior. Pero nuestro capitalismo cambia, evoluciona de acuerdo con nuestro propio crecimiento y también en función de los requerimientos de los intereses de aquellos de quienes dependemos. Las formas de explotación difieren con los tiempos, se adecúan a las nuevas situaciones, conforme las varias etapas que se dan en el desarrollo de un país.

  • TESTIMONIOS
  • La Argentina de los últimos dieciocho años es descripta así por John William Cooke: la caída de Perón significó el ingreso del país al orden imperial; la política internacional repudió el tercerísmo y las actitudes independientes; la TV pasó a ser medio predominante en manos norteamericanas; la defensa nacional se integró en la estrategia imperialista y apoyó a la Junta Interamericana de Defensa como órgano que traza la política de los países continentales; en lo económico, se ratificaron los acuerdos de Bretton Woods, nos incorporaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y las restantes medidas dieron paso a la recolonízación del país, servida por todos los gobiernos civiles y militares que se sucedieron.
    El Plan Prebisch, con los correctivos que la realidad impuso, fue aplicado desde Lonardi al presente. Sus rubros principales eran: “Fuerte incentivo a la producción agropecuaria elevando apreciablemente los precios medíante el desplazamiento de los tipos de cambio” (o sea devaluación), “Restablecimiento del mercado libre de cambios”, “Desarticulación progresiva del aparato de medidas intervencionistas”, “Liquidación de empresas comerciales e industriales del Estado”, “Eliminación progresiva del control de precios de los artículos de primera necesidad”, “Eliminación progresiva de los subsidios a los precios” y “del control de cambios”, “Contratación de empréstitos exteriores”, “Desnacionalización de los depósitos bancarios”, “Transformación del Banco Industrial en un banco autónomo de desarrollo”. El Gral. Lonardi declaraba el 26 de octubre de 1955 su convencimiento en la necesidad del aporte del capital (privado y público) extranjero y su creencia en el sistema de la libre empresa.
    He ahí, agrega Cooke, en sus grandes directrices, la política del régimen de Lonardi a Onganía y que, por supuesto, cabe extender hasta nuestros días. “Lo que, dentro de esa concepción, se propone el gobierno actual, es eliminar las desviaciones al libreempresismo que fueron produciéndose en la práctica; liberar los precios (aumento de los servicios públicos, energía eléctrica, combustible, transportes) y facilitar el clima adecuado para que los inversionistas locales y extranjeros tengan aseguradas sus ganancias”.
    Con gran claridad explica que, la identificación de la llamada “revolución argentina” con los principios de la economía ultraliberal, no se atenúa por las concesiones que pueda llegar a hacer a la legislación laboral, pues ello no es “una negación del capitalismo clásico sino su forma moderna, su adaptación a la evolución de la sociedad”. “El neocapitalismo no es sino el antiguo capitalismo en su proyección histórica, con sus formas monopolísticas, el crecimiento del sindicalismo, la automatización, etc. Es decir, que responde a una necesidad del sistema, forma parte de su dinámica intrínseca” (Peronismo y Rev., págs. 79 y sig.).
    Al respecto, Hernández Arregui destaca que al ser derrocado Perón, de inmediato “las naciones inversoras, que habían sido erradicadas o controladas por el Estado, exigieron y consiguieron garantías dañosas para el interés nacional”. Dice: “La Argentina, semicolonia industrializada, a la que muchos argentinos mentalmente desarraigados, consideran con fatuidad un país europeo en el mapa de Iberoamérica, demostró sin atenuantes —en el curso de lo acaecido de 1955 a la fecha— que los capitales internacionales sólo buscan la colonización total, a través de una técnica de penetración y dominio que Gunder Frank ha calificado como ‘desarrollo del subdesarrollo'” (Peronismo y Socialismo, V ed. págs. 59-60).
    Para no limitarnos a la opinión de quienes por su defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la nacionalidad, sufrieron en carne propia toda el peso del aparato represivo del régimen, tanto en la forma legal como a través de organismos paragubernamentales, veamos también lo que sobre el particular expone uno de los hombres que más cerca estuvo de Onganía en la función de gobierno, como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Roberto Roth, al escribir “La función del Capital Extranjero”. Luego de su paso por la actividad pública, expresa: “Ha contribuido al exacerbamiento pasional en el tema, la relativa impudicia con que los ministros y funcionarios abandonan los despachos oficiales para ubicarse en los puestos de comando de las empresas cuyas pretenciones inmoderadas presumiblemente debían mantener a raya; la velocidad con que ex secretarios de Estado acceden a directorios en empresas cuyos créditos y avales oficiales han tramitado, la aparente solución de continuidad en el pasaje de las empresas a los cargos oficiales y viceversa … Históricamente la concentración mayor de capital foráneo se encontraba invertida en nuestros servicios públicos: ferrocarriles, teléfonos, gas, puertos y electricidad. Prácticamente todos estos servicios se encuentran ahora nacionalizados (debió haber aclarado que por obra de Perón). Las influencias de las concesionarias ante los concejales de Buenos Aires o la oposición de los ferrocarriles al plan vial de Justo, conforme al testimonio de Miguel Ángel Cercano, son hechos del pasado carentes de actualidad”.
    “Donde los intereses empresarios intentan pesar, en relación con estos sen/icios, es en el equipamiento o en la financiación de su expansión. Desde el acuerdo Pinedo, de algunos años atrás, el principal funcionario de SEGBA debía contar con el visto bueno del Banco Mundial … Como, por los sucesivos acuerdos de préstamo, el Estado se ha obligado a conceder tarifas que aseguren el reembolso y una utilidad mínima a. la empresa y garantiza tanto el préstamo como sus intereses y la utilidad, la preocupación del Banco es otra: la fuente del reequipamiento. Esto se ha puesto de manifiesto en forma marcada durante las últimas negociaciones y no es descabellado suponer en todas las cláusulas en que ha hecho hincapié el Banco una misma motivación, que es a menudo excluyente para la industria nacional. También los acuerdos de préstamo … incluían la obligación del Estado de privatizar la empresa.”
    Sobre las relaciones con el BID señala que estudios del gobierno hechos en el año 1968, mostraron que mientras el país había contribuido con más de 108 millones de dólares en concepto de capital, intereses y amortizaciones, había recibido en préstamo, en cambio, 102 millones de dólares, siendo la infantil explicación dada la falta de proyectos concretos en qué invertir.
    En otro pasaje explica que “La veda, el proyecto de la ley sanitaria, los créditos de bancos oficiales, el misterio del cable ‘abierto’ enviado por nuestra Cancillería en el momento clave de las negociaciones con España y tantos otros hechos perfilan un panorama claro y sin atenuantes, que permanece invariable hasta el día de hoy. Nos vemos confrontados con un poder económico poderoso, ejercido sin contemplaciones fuera de sus propios intereses, aparentemente dueño y señor de cuanto sector de la administración pública le interesa, que hasta pareciera que nombra ministros y obliga a renunciar a secretarios”. Luego de una breve mención a la Cuba de Batista, se queja de que “Cuando los intereses económicos se extranjerizan de tal manera, el proceso político se vuelca decididamente a la izquierda por falta de una derecha que haga de contrapeso. Faltan los banqueros, industriales, comerciantes y propietarios locales de peso. La derecha queda vacía de votos, ya que los intereses que le toca defender son ajenos. Nadie puede generar entusiasmo por la defensa de la propiedad privada —de Smith y de Jones—o por la libre empresa … o por la competencia de mercado, que es entre firmas extranjeras, o por la banca privada, que es la Firts National de esta o aquella ciudad americana. La derecha queda reducida a los abogados de nota, los doctores en ciencia que ocuparán los ministerios. . . , los académicos que harán los discursos, los militares que a su retiro ocuparán las plazas vacantes en los directorios. Proyecta la imagen de haberse atado por un interés económico a una dominación extranjera. Sin apoyo popular, concentra su dominio en el control del aparato administrativo del Ejecutivo, ya que no puede aspirar a la representación en lo legislativo”.
    Todas estas afirmaciones las destacamos por provenir de uno de los colaboradores más íntimos del general argentino que, en su momento, dispuso del mayor margen de atribuciones en el ejercicio del poder, prácticamente tuvo en sus manos la suma del poder público. Las revelaciones del Dr. Roth no lo llevan a descreer del régimen capitalista ni de la utilidad del capital extranjero, sólo quiere advertir sobre la situación crítica de nuestras instituciones y “que la injerencia ajena en la estructura de nuestras decisiones públicas, considerada en las esferas oficiales como común, corrientes y aceptable, a la larga es causa eficiente de conmociones políticas y sociales” (Clarín, Suplemento Econ. del 30-8-70).
    El Gral. Perón ha demostrado reiteradamente que la Nación ha sido llevada a una postración económica caracterizada por una creciente dependencia del exterior, por el empobrecimiento de los sectores del trabajo, por la desarticulación de la industria y el riesgo cada día más cierto de una desintegración nacional (Rev. Las Bases. 18-2-72). “Estos defensores de la economía libre están navegando en el proceloso mar de la inconciencia: la economía libre y el libre comercio son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos y de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste” (La Hora de los pueblos, pág. 168).
    La situación de dependencia económica y, en consecuencia, política, es denunciada, con mayor o menor autenticidad, desde las posiciones más antagónicas.
    En definitiva, muestran una estructura dependiente del exterior, crisis cíclicas, devaluaciones periódicas, transferencia de ingresos hacia los sectores oligopólicos y agro-exportadores y aumento constante del desempleo. Uno de los principales problemas reside en el intercambio internacional que hacemos de productos del agro (que además integran la dieta popular) por bienes manufacturados, a lo que se agrega el peso de la deuda externa en crecimiento. Ello provoca caídas periódicas que obligan a recurrir al Fondo Monetario Internacional, el que a su vez al Imponer planes económicos monetaristas y de restricción de inversiones, determina la disminución de la demanda y el retroceso en la producción. Mientras no se modifique en profundidad la estructura productiva interna y nuestra vinculación con el exterior; mientras sigamos actuando como país económicamente dependiente continuaremos en el plano inclinado de las crisis cíclicas y sus conocidos resultados negativos para la economía y la sociedad argentina en general y para la clase obrera en particular (Cfr., entre otros: informes trimestrales, año 1972, de FIEL; declaraciones de la Cámara Argentina de la Construcción, ACIEL; CGE, encuestas sobre desocupación del CONADE).

  • POBLACIÓN:
  • Como sabemos que, a nivel elemental, se entiende por Estado-Nación comunidades humanas de un tipo particular, en las que existen lazos de solidaridad y organización particularmente intensos y poderosos, es que debemos hacer antes de continuar, una brevísima referencia a nuestra población, a partir de las conclusiones del último censo nacional, el del año 1970, aún no terminado de procesar —sin perjuicio de un estudio detenido del mismo a desarrollar en un trabajo posterior. Teníamos a ese entonces 23.364.431 habitantes, alojados en 6.428.566 viviendas distribuidas en 2.770.000 km2., en números redondos. Aplicando el porcentual de crecimiento del 1,5 que tenemos, al presente nuestra población sería de poco más de 24 millones de habitantes.
    Somos el tercer país de América ibérica, luego de Brasil (97 millones) y México (51 millones). Al año 2000 ya seremos superados también por Colombia; Perú y Venezuela estarán casi a nuestra par.
    Las conclusiones que pueden sacarse de dicho censo son: a) baja tasa de crecimiento; b) marcada concentración de población en zonas urbanas industrializadas, especialmente Buenos Aires (el Gran Buenos Aires posee en el 0,1 % del territorio el 36 % de la población), dicha provincia, más Córdoba y Santa Fe nos dan el 70 % de los habitantes de la República en el 22 % del territorio); c) vastas extensiones expulsoras de población, con crisis económicas regionales (casos de Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja); d) disminución de extranjeros (reemplazo de la inmigración europea por la limítrofe) y e) disminución del índice de masculinidad (98 %). La estructura poblacional argentina determina una doble dependencia del interior, hacia la capital-puerto por un lado y más la que sufre, como parte de la Nación, de la metrópoli imperial.
    A ello podemos agregar que esa forma de genocidio que no tiene en nuestro Código Penal sanción alguna, que es la mortalidad infantil, no cesa de aumentar desde 1966, invirtiendo la tendencia decreciente que existía anteriormente. El nivel actual es equivalente al que se advertía antes del arribo del Peronismo al poder.
    Se estima que de cada mil niños sesenta y siete fallecen antes de llegar al año de vida. Es abrumadora la proporción de muertes infantiles que, directa o indirectamente, son producidas por la desnutrición. El índice por esta causa llega al 46 por ciento y se observa una relación inmediata a nivel zonal entre la disminución en el consumo de leche y el aumento de fallecimientos infantiles, lo que es más notorio en las provincias del Nord oeste, donde la tasa de defunciones infantiles supera el cien por mil, para llegar en Jujuy a más del ciento treinta y dos por mil. Como contraste señalamos que la tendencia universal, inclusive de los países iberoamericanos como Perú, Cuba, Chile, Ecuador, muestra en los últimos veinte años a dicha tasa en acelerada disminución.
    Raimundo Ongaro en “carta desde la prisión”, en el año 1969, con elocuencia y pasión, describió así ese fenómeno: “Un siglo y medio de historia nacional ha presenciado la violación de todos los pactos solidarios, la quiebra de la fe jurada en los himnos y las constituciones, el dominio de Buenos Aires sobre las provincias. Ejércitos y aduanas, leyes hechas por pocos y soportadas por muchos, gobiernos que con algunas excepciones han sido agentes del poder extranjero, edificaron esta orgullosa metrópoli que acumula riqueza y poder. Pero si buscamos la explicación de esa grandeza y la condena de ese orgullo, las hallaremos en los yerbales misioneros, en los pueblos muertos de la Forestal, en la desesperación de los ingenios tucumanos y las minas de Jujuy, en los puertos abandonados del Paraná, en el éxodo de Berisso; todo un mapa de miseria rodeando un centro de opulencia afirmado en el ejercicio de un dominio interno que ya no se puede disimular ni consentir”.
    Esto es consecuencia de que en cada país se reproduce el sistema internacional de dominio que padece toda Iberoamérica. La concentración de las industrias en determinadas zonas exportadoras, sumerge en la pobreza y el atraso a las grandes áreas del interior. Tal lo que ocurre por ejemplo en Brasil con el 80 % de su industria localizada en el triángulo San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte; en Uruguay, con Montevideo acaparando el 75 % de la actividad secundaria, al igual que en Chile, respecto a Santiago y Valparaíso; en Perú con Lima que concentra el 60 % de la industria nacional (Confr. Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América latina, p. 440, Ed. “Casa”, La Habana, 1971).

  • ETAPAS EN LA HISTORIA ARGENTINA:
  • En esta parte de nuestra exposición creemos conveniente dar, para finalizarla, un cuadro aproximativo de los cambios operados en nuestra situación, en lo que va del siglo veinte, para marcar las distintas etapas principales que se correlacionan con los diferentes regímenes imperantes en cada momento.
    Para tal objeto, nada mejor que reproducir lo expuesto con innegable claridad por John William Cooke y Hernández Arregui.

  • I. Régimen Liberal
  • Los representantes de la minoría privilegiada del puerto de Buenos Aires, los unitarios, los que después de Caseros asumieron los intereses de la burguesía comercial portuaria, integrada luego a la oligarquía terrateniente, negaron siempre la participación popular en los asuntos públicos, afirma Cooke, quien ejemplifica su cadena de traiciones con aquellas que van desde sus complicidades con los ingleses en las invasiones, la segregación de la Banda Oriental, el abandono de Artigas, hasta la negativa de fondos a las tropas que lucharon contra españoles y brasileños.
    “Después de 1853 se les cargó (a las masas) de derechos y garantías, pero como abstracción, como ciudadanía que existía en la zona fantasmal de los artículos constitucionales y de los discursos; como seres de carne y hueso eran chusma productora de riqueza para el Imperio Británico; raza inferior destinada a la extinción; sin bienes ni tierra, ni justicia, objetivo de las expediciones punitivas de Mitre y Sarmiento. La masa quedó segregada de los centros del poder; ya había cumplido su parte creando un país, ahora molestaba a los que iban a traficarlo.”
    “Lo que si funcionó y gozó de respeto sacrosanto fue el sistema económico, fue el sistema económico de la Constitución liberal, que nos dejaba a merced del imperialismo inglés. El liberalismo, ideología de la clase burguesa en las naciones centrales en su período cenital, era un desastre para países como el nuestro, en estadios inferiores de evolución económica. Se aplicó para consagrar el absolutismo de la propiedad privada, perpetuar los fueros del privilegio y sentar, con el libre cambio como doctrina comercial, la indefensión ante la penetración de las finanzas imperialistas, concentradas en nuestro medio económico incipiente; el resultado fue un siglo de desarrollo deformado y tributario, de imposibilidad de capitalización autónoma. Si eso convenía a la minoría apatrida (…) le impedía en cambio utilizar la superestructura político-electoral del sistema. Lo que hicieron, entonces, fue utilizar del régimen demoburgués la parte que se refería al libre cambio y a la libertad económica, mientras la democracia política quedó en la letra muerta del texto constitucional.”
    En 133 años de vigencia, la democracia representativa funcionó sólo 24, recuerda este prohombre del peronismo (como lo acaba de calificar el general Perón) y bajo los dos movimientos populares y antioligárquicos, derrocados ambos por golpes militares (Peronismo y Revolución, págs. 58 y sig.).

  • II. Peronismo
  • Por su parte, Hernández Arregui nos manifiesta que al producirse la revolución de junio de 1943, Inglaterra era dueña del país, de su economía y su política. Antes de ese acontecimiento, casi la mitad de nuestras exportaciones se dedicaba al pago de los servicios de la deuda externa, “con las reservas de oro y divisas, acumuladas por la coyuntura, favorable para la Argentina, de la Segunda Guerra Mundial, la deuda externa fue totalmente repatriada. La Argentina entró en la independencia económica. Los empréstitos extranjeros (…) fueron cancelados. La Argentina, por primera vez en toda su historia, fue una nación soberana. Estas medidas impulsaron el desarrollo industrial (…) grandes ramas de la producción industrial fueron dirigidas por el Estado, y otras aunque permanecieron en manos de capitales privados, éstos eran argentinos, y en algunos casos extranjeros pero sometidos a una legislación proteccionista y, al mismo tiempo, estrictamente controlada por el Estado. Vale decir, se dio el paso primario y fundamental en toda marcha hacia la socialización: la estatización de los resortes más importantes de la economía nacional, (…) se alcanzó la plena ocupación y la participación del proletariado en la conducción política. Todos los ejercicios financieros terminaron con superávit. Al abandonar Perón el país, las reservas de oro y divisas se calculaban en 1.500 millones de dólares (…) los giros al exterior eran fijados por el Estado y las ganancias de las empresas debían reinvertirse, por cuotas establecidas, y se reinvírtieron en el país. Una prosperidad jamás conocida benefició a todas las clases sociales. La legislación laboral fue una de las más avanzadas del mundo. La educación pública dio un salto espectacular. Millares de obreros recibieron (…) enseñanza técnica gratuita. En 1943 la Universidad tenía algo más de 60.000 alumnos. Con Perón llegó a 260.000. La enseñanza universitaria era gratuita (…) La salud pública insumió 350 millones contra 11 millones en 1943”.
    “Los servicios públicos nacionalizados no sólo son exigencia de la independencia económica, sino la base de toda soberanía real. Se adquirieron los ferrocarriles británicos (…) se nacionalizaron los puertos. La marina mercante llegó a ser una de las mayores del mundo, adelante incluso de Rusia (…) La casi totalidad de la producción nacional fue transportada por buques argentinos (…) El comercio exterior pasó a ser fiscalizado por el Estado a través del IAPI (…) El gas, los teléfonos, las usinas eléctricas existentes y las que se crearon pasaron a dominio del Estado. Los servicios de transportes en su totalidad, fueron nacionalizados (…) El consumo de energía aumentó en un 69 %, YPF creció en un 161,5 % (…) Decenas de diques, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, obras fluviales, etc., fueron construidos, o estaban en construcción al caer Perón (…) Las carnes de exportación (…) obtuvieron precios beneficiosos para el país y no decretados, como hasta entonces, por Inglaterra. El campo fue tecnificado (…) La renta nacional aumentó en un 55 %. La independencia económica permitió al país comerciar, en contratos bilaterales, con los países comunistas. La Argentina fue el país que alcanzó en toda Iberoamérica, el mayor volumen de comercio con Rusia (…) Se construyeron 500.000 viviendas (…), 8.000 escuelas más que en toda la historia de la Argentina, y 70.000 obras públicas hoy se levantan a lo largo del país como testigos de aquellos días de grandeza nacional (…). La Confederación General del Trabajo contaba con 6 millones de afiliados” (Peronismo y Socialismo, 1º ed., págs. 118 y sigs.).

  • Derrocamiento
  • En otro pasaje de su obra, Hernández Arregui destaca que Perón fue destituido no por burgués, sino por la dirección proletaria de su política social, juicio con el que concuerda Cooke, al decir que la burguesía industrial beneficiaría de esa política, no sólo no tomó parte activa sino que además siguió en la órbita gravitacional política, ideológica y cultural de la vieja oligarquía terrateniente-mercantil. La prosperidad no fue obstáculo para que aquella se sintiese amenazada por el avance del poder de los sindicatos. Contrariamente a lo sostenido por el frigerismo-frondízismo (desarrollismo proimperialista), el gobierno no cayó porque la clase trabajadora se aislase, sino por “una constelación de factores internacionales e internos (acción del imperialismo, baja de los precios de posguerra, exclusión de nuestros saldos de las compras norteamericanas, las dos sequías más grandes del siglo que causaron la pérdida de las cosechas de los años 1950/52, el retiro del respaldo al gobierno por parte de la burguesía y del Ejército. Sólo lo acompañaban entonces los trabajadores y sectores de la clase media baja)”.

  • III. Recolonización
  • La recolonización nos devuelve al papel de país dependiente, pero al Imperialismo que ha consolidado su hegemonia tras estos dieciocho años de gobiernos vasallos, que nos frena y nos consume, ya no le basta con una Argentina de capitalismo competitivo, necesita pasar a la etapa monopólica, no porque no hubiesen penetrado en nuestro territorio y desde mucho atrás, las empresas multinacionales expoliadoras, sino porque necesita que tal cosa ocurra en un ámbito orgánicamente estructurado, en forma sistemática.
    Para ello debe contar con una adecuada instrumentación legal, consecuencia de la interacción dialéctica que se da constantemente entre las estructuras socioeconómicas y la superestructura jurídica y política. A esto se une igualmente la búsqueda de formas que institucionalicen al régimen, que le den aparatos y procedimientos administrativos y legales estables que legitimen formalmente su permanencia en el poder, lo que desde 1955, luego de sucesivos ensayos no logra obtener. No se trata de institucionalizar a la República, como se expresa en discursos y documentos oficiales, sino de institucionalizar al régimen, dándole los instrumentos políticos que aseguren su continuidad, con la tolerancia o pasividad del pueblo.
    Así se ve que existen razones económicas y políticas que justifican transformar al “Estado” argentino, tarea que se inicia a partir del 28 de junio de 1966.
    Este golpe de Estado ha significado un perfeccionamiento y mejor adecuación del aparato estatal a las estructuras coloniales del régimen burgués capitalista en su etapa de más profunda y sistemática penetración monopólica (caracterizada por la producción en masa, la centralización financiera, la aplicación a la producción de la ciencia y de los adelantos tecnológicos, el desarrollo de los monopolios), lo que ha transformado las estructuras capitalistas. Se trata de la máxima socialización de la producción, con la mayor concentración en la apropiación capitalista del producto.
    Para encontrar la parte de verdad que hay en nuestra afirmación precedente, debemos comenzar por observar en los textos emanados de la autotitulada “Revolución Argentina” las modificaciones proyectadas para nuestra economía y la nueva conformación que se le dio al Estado. Una elaboración correcta de la realidad demuestra la inconsistencia de interpretar al Estado por encima de las clases sociales y de sus antagonismos, pues su composición social expresa los intereses de los sectores dominantes, dispuestos totalmente a conservar y consolidar la estructura que los identifica. “El dominio que el sector económico extranjero ejerce en las áreas subdesarrolladas, trasciende superestructuralmente en la composición del Estado, deviniendo éste en una entidad muy intervenida por el interés y las decisiones foráneas” (Lozada Aldana, profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela, Dialéctica del subdesarrollo, Ed. Grijalbo, México, págs. 131-132).
    Del conjunto de normas jurídicas dictadas inicialmente por la “Revolución Argentina” y de las declaraciones que las acompañaron, precedieron o sucedieron, destacamos para su tratamiento por separado, dos órdenes fundamentales, los referidos a las estructuras económicas y a la organizción y función del Estado, presididos ambos por la idea central de la transformación y modernización del país como imperativos históricos que no pueden demorarse, “si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada y libre y los valores esenciales de nuestro estilo de vida” (Mensaje de la Junta Revolucionaria del 28 de junio) que, como se afirma reiteradamente en el enunciado de los “Objetivos políticos”, son los del “mundo libre occidental y cristiano”, en cuya defensa se comprometen a participar con decisión irrevocable (ver Boletines Oficíales del 8 y 19 de julio de 1966). Para el cumplimiento de tales propósitos no había término, ni plazo alguno, sino objetivos (general Onganía en conferencia de prensa del 29-10-1966).

  • OBJETIVOS ECONÓMICOS
  • La inquietud primordial del gobierno de la “revolución argentina” era la de modificar las infraestructuras económicas. Modificarlas modernizándolas, para lo que necesitaba capacidad de inversión, según palabras propias de Onganía en diálogo con los periodistas del interior en la Presidencia de la Nación (La Prensa, 30-10-1966).
    En esa oportunidad también reiteró que era principio rector de su gobierno que “el Estado debe ser tan sólo orientador, controlador”. Ya la Junta Revolucionaria en su declaración inicial, consecuente con su actitud desnacionalizadora, se había pronunciado contra el “estatismo” al que imputaba la responsabilidad de la inflación.
    La revista Panorama, en su cuaderno 69, atribuye haber participado en la redacción del documento titulado “Objetivos políticos (fines de la Revolución)”, que figura oficialmente como “anexo 3 del Acta de la Revolución”, a dos grupos, uno encabezado por los hermanos Julio y Alvaro Alsogaray y otro, que dio la redacción definitiva, en el que estuvieron presentes Krieger Vasena y el coronel Guevara, con el apoyo de Onganía. Nos hacemos eco del dato, para mostrar la identidad entre los autores y la obra en lo que hace a la orientación de aquel equipo de gobierno, que señaló que el Estado debía limitarse a trazar un marco adecuado para que la actividad económica (de los detentadores del poder del dinero) se desenvolviese libremente, mientras que las organizaciones gremiales debían ajustarse en su acción a sus fines específicos. En el primer texto inclusive se hablaba de “concretar la alianza con los Estados Unidos de Norte América”, lo que por prudencia no pasó al documento definitivo, aunque quedó implícito.
    En los “Cursos de acción generales para el logro de los objetivos fijados en el Anexo 3”, del 13 de julio, se afirma la finalidad de “Implantar un sistema económico sin totalitarismos” que ahoguen la iniciativa y las libertades individuales, ni deformen el sistema de la libre empresa. La propiedad privada es considerada como factor básico para la preservación de la libertad individual. La empresa privada queda a cargo de la actividad económica y al Estado sólo le corresponde actuar supletoriamente.
    En síntesis “la clave fundamental para guiar la actividad económica … reside en el funcionamiento de un sistema de libre empresa …” (puntos c) y f) del documento oficial “Políticas”).
    En el mensaje pronunciado por Onganía el 7-11-66, al informar la liberalización del mercado cambiarlo, se sostuvo que con ello se retomaba el camino del realismo económico, al propio tiempo que se decía que la transferencia al sector privado de empresas del Estado y la reorganización de las restantes pondría fin al factor principal del déficit. Dejamos de lado su profundo fracaso como futurólogo, para señalar sí la adhesión que esos conceptos despertaron en ACIEL, Sociedad Rural Argentina, Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos y entidades empresarias del interior (ver La Prensa, 9-11-1966).
    A todo esto los sectores burocráticos del sindicalismo mantenían su expectativa, como lo señala Cooke con duras palabras, en el libro ya citado.
    Para la mejor comprensión de dichos documentos y de cuanto llevamos expuesto merece ser citada la siguiente observación de Gunder Frank: “El liberalismo económico fue y es difundido, no en general, sino bajo circunstancias particulares y muy específicas. Su exportación desde la metrópoli es una expresión de los intereses particulares de aquellos que lo difunden, así como su importación por parte de los países subdesarrollados es una expresión de los intereses particulares de aquellos que están aculturándose a él”. Explica que las circunstancias e intereses que conducen en los países subdesarrollados a la fácil aculturación de la libre empresa y del libre cambio en tecnología en el siglo XX, como lo fue en el anterior el libre cambio internacional y el liberalismo económico nacional, son determinados por la estructura y desarrollo del sistema económico-político-social en cuyo seno éste tiene lugar, y que el liberalismo económico en las economías nacionales de los países subdesarrollados promueve el monopolio y, de esa forma, el subdesarrollo de la mayoría (La sociología subdesarrollante, Ed. Aportes, pág. 68 y sigs.).

  • PRESUNTAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
  • Veamos ahora las medidas concretas que, de acuerdo con aquellos enunciados, se dictaron y aplicaron de inmediato.
    Tras los primeros seis meses de gobierno, durante los cuales había “perdido la imagen del dinamismo y coherencia lograda el 28 de junio a través de declaraciones y manifiestos” (El Cronista Comercial, 2-1-67), ingresó al gabinete Krieger Vasena. “La ausencia de una organización política de corte tradicional convierte automáticamente al ministro de Economía en una especie de líder del proceso, sobre todo si, como en este caso, retiene, asimismo, la cartera de Trabajo”, decía en su editorial del 3-3-67 el diario El Cronista Comercial, destacando al propio tiempo la multifacética gestión desarrollada en el exterior por éste, y la prestigiosa posición que le había dado al país en lo internacional, en respuesta a críticas de The Economist.
    La ceremonia del juramento de este agente de los monopolios mineros norteamericanos, junto a Guillermo Borda y Antonio Lanusse, constituyó un verdadero acontecimiento social al que asistió “todo Buenos Aires”, lo más granado del mundo empresario (desde Gelbard a César Polledo y Alfredo Fortabat), el cardenal primado, músicos como Julio de Caro, burócratas y políticos “nacionalistas” y de los otros, como Pérez Pardo, Rawson Paz y Marcelo Sánchez Sorondo (ver diarios de la época).
    Krieger Vasena “no ha sido elegido sino impuesto por el F.M.I. u otro de los conductos que llevan la voz cantante del monopolismo extranjero. Este personaje no podía ser elegido por un argentino que no fuera ciego o sordo: hace pocos años Krieger Vasena fue ministro de Economía de Aramburu, recibió en 1955 un país sin deuda externa, con una reserva financiera de más de mil millones de dólares y un peso que valía en razón de 16 pesos por dólar; estuvo sólo dos años en el Ministerio y cuando cayó Aramburu, el país había contraído una deuda de dos mil millones de dólares, se había comido los mil millones de dólares de la reserva financiera y el peso que lo recibió a 16 por dólar, lo dejó a 81” (General Perón, ob. cit., pág. 178).
    Vencidos los dos primeros años de la “revolución argentina” y encauzada su labor, el balance pone de manifiesto el cumplimiento de su propósito de privatizar la economía argentina en la mayor medida posible, orientación que se mantiene a lo largo de toda su historia, más allá de circunstanciales desniveles que no alcanzan a afectar su identificación con el sistema de la libre empresa.
    Para ilustración enunciamos las siguientes medidas:
    a. En materia de hidrocarburos, la ley 17.319 estimula la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la exploración y explotación petrolífera. Trece compañías, la mayoría de Estados Unidos, comienzan a actuar en consecuencia, en zonas continentales y marítimas. YPF reduce el 8 % de su personal. Por la ley 17.246 se aprueban las transacciones con las firmas petroleras Pan American, Pan American International, Argentina Cities Service Development, South American Development, Unola de Argentina Ltd. y Leeb Rhoades.
    b. Por la ley 17.097 se racionaliza la Empresa Flota Fluvial del Estado, traspasándose unidades, servicios, instalaciones e inmuebles a la actividad privada. Se venden 138 embarcaciones y se desafectan de servicio otras 100, “por considerarse inconveniente su explotación comercial por parte del Estado”.
    c. El “Plan de Reorganización y Recuperación de los Ferrocarriles” suprime del servicio de pasajeros a 3.000 kilómetros de vías y 237 estaciones y rebaja de categoría a 875. En ese lapso se despiden 11.089 agentes.
    d. La ley 17.752 promueve la construcción de hoteles de turismo internacional en Buenos Aires, Bariloche, Misiones, Mendoza, Salta y Jujuy. Régimen en el que se incluyó el gran hotel que se levanta en la zona de Retiro (Sheraton) y del que se benefició el expoliador consorcio multinacional I.T.T.
    e. Para alentar el equipamiento y capitalización de las empresas privadas se modifica el régimen de introducción de bienes de capital (Circular 328 del Banco Central), se disponen desgravaciones impositivas por inversiones (leyes 17.330 y 17.432), se revalúan los activos de las empresas (ley 17.335).
    f. Por ley 17.318 se crea un nuevo régimen para sociedades anónimas con mayoría estatal.
    g. Se promociona la exportación de productos no tradicionales mediante la creación del Servicio Nacional de Exportaciones y de un sistema de créditos con redescuento del Banco Central (luego veremos que esto interesaba a los consorcios multinacionales).
    h. Se favorece la modernización y concentración del comercio al por menor (pan y carne por leyes 17.428, 17.429 y 17.545). Se ponen en funcionamiento alrededor de 100 supermercados y autoservicios. Simultáneamente se desprotege en materia de locaciones al comercio minorista (ley 17.607).
    i. Se establece un nuevo régimen para Bolsas y Valores (ley 17.811).
    j. Por ley 17.224 se congelan compulsivamente los salarios por dos años, mientras que para la estabilización de precios el gobierno celebra acuerdos “voluntarios” con 3.000 empresas (11-5-67).
    k. En materia de arrendamientos rurales se vuelve al régimen de la libre contratación, con supresión de las prórrogas legales (ley 17.253).
    l. El personal de bancos privados y compañías de seguro queda sujeto a la ley de despido 11.729 (ley 17.393).
    ll. Por ley 17.343 se impone el Régimen de transferencia de personal de la administración pública, con lo que se le quita estabilidad en su lugar de trabajo.
    m. El aguinaldo pasa a ser abonado en dos cuotas (ley 17.620).
    n. Tucumán. Después del anuncio de la intervención a los ingenios margínales y del supuesto deseo de superar el monocultivo, no se toma ninguna medida concreta hasta la creación, en enero de 1968, del “Comité Operativo” que tampoco dio solución al problema, haciendo de esa provincia una de las más explosivas.
    ñ. Por ley 16.936 se impone el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales.
    o. La mayoría de las obras públicas de infraestructura proyectadas o iniciadas lo son con intervención de empresas y capitales extranjeros y financiación del Banco Mundial, del BID, de las bancas europea, japonesa y canadiense, del Banco de Exportación e Importación, con la consecuente sujeción a las normas de ordenamiento económico, administrativo y financiero impuestas por dichos organismos, además de la ampliación de los compromisos contraídos con el F.M.I.
    p. El 13-3-67 se fija nueva paridad del peso con el dólar, dándose comienzo a la serie ininterrumpida hasta el presente de devaluaciones en beneficio de los sectores agroexportadores (decreto 1407/67).
    q. La ley 17.520 autoriza en materia vial la concesión a sociedades privadas o mixtas, para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje.

    A estas medidas, cuyo detalle es sólo enunciativo, debemos agregar las correspondientes a los primeros meses de la “revolución argentina” y que se refieren a reordenamiento portuario, organización aduanera, comercio interior, abastecimiento, industria azucarera (que desencadena la crisis en Tucumán sin que hasta hoy haya podido recuperarse).
    Respecto de las inversiones extranjeras, Krieger Vasena explica el 6-6-68 que la política del gobierno consiste en estimular el establecimiento de nuevas empresas que hagan una contribución efectiva de capital y tecnología en los sectores prioritarios para el desarrollo nacional (en lo que concuerda con la preferencia de los consorcios, como ya veremos). Dice, también, que se considera conveniente en las esferas oficiales, la asociación de capitales argentinos con extranjeros y cita expresamente, como ejemplo, la Corporación Financiera ADELA.
    Este ente internacional de inversiones nació por iniciativa del First National City Bank de Nueva York, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Ford Motor Co., a los que se incorporaron el grupo Mellon y poderosas empresas europeas. En su informe anual de 1968, el consorcio agradeció muy especialmente al BID los empréstitos paralelos concedidos para impulsar sus negocios en América latina, así como al Banco Mundial, por lo recibido a través de uno de sus organismos. “Con ambas instituciones, ADELA está en contacto continuo para evitar la duplicación de esfuerzos y para evaluar las oportunidades de inversión. Múltiples ejemplos podrían proporcionarse de otras santas alianzas parecidas. En la Argentina, los aportes latinoamericanos a los recursos ordinarios del BID han servido para beneficiar con muy convenientes empréstitos a empresas como Petrosur S.A., filial de la Electric Bond and Share, con más de diez millones de dólares destinados a la construcción de un complejo petroquímico, o para financiar una planta de piezas de automotores a Armetal S.A., filial de The Budd Co. de Filadelfia” (Galeano, al mostrarnos la otra cara de la moneda, en base a antecedentes tomados de NACLA Newsletter, mayo-junio 1970 y del informe anual del BID para 1969, ob. cit., pág. 411).
    Mientras tanto, el Gobierno no descartaba la privatización de los servicios públicos, “coincidentemente con la linea de evitar la intervención del Estado en los aspectos que pudieran ser cubiertos adecuadamente por la acción privada” (conceptos de Onganía a los periodistas en la residencia de Olivos, el 15-8-67).
    Los objetivos básicos obtenidos tras estas “transformaciones” estructurales fueron beneficios para los monopolios, aunque se enmascararon con expresiones tales como “modernizar la infraestructura”, “dinamizar el proceso de desarrollo”, “establecer condiciones favorables para la inversión privada y el aumento de la productividad, la eficiencia y la competencia”.

  • CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO
  • La explicación de dicha actitud la encontramos dada con mucha claridad por Celso Furtado, al tratar el tema de la concentración del poder económico, el reemplazo del monopolio tradicional de un producto o grupo de productos por parte de una empresa, por las formas de organización oligopólica de los mercados que permiten la unión de diversos grupos en un esfuerzo conjunto por condicionar el comportamiento del consumidor, con lo que evitan la aplicación de las leyes antitrusts, mientras controlan una fracción creciente del poder de decisión en la economía nacional.
    Ese proceso de concentración que cada vez se acentúa más, “debe ser observado atentamente si pretendemos comprender las transformaciones que están ocurriendo en la economía norteamericana y captar la naturaleza de las relaciones de dependencia que existen entre ella y las economías latinoamericanas” (El poder económico: Estados Unidos y América Latina, pág. 9, ed. Centro Ed. de Am. Lat., 1971).
    La concentración de empresas se realiza hoy día principalmente por la vía de la diversificación o conglomeración, reuniendo en una sola sociedad firmas que operan en ramos que no tienen relación tecnológica o económica mutua. De este tipo son más del 70 % de las fusiones observadas en Estados Unidos y su método de crecimiento es la absorción de otras empresas en operación. Así se da el caso de Textron, que comienza como textil y luego adquiere 70 firmas que operan en 36 ramos industriales diferentes, que van desde la fabricación de helicópteros hasta la cría de gallinas.
    El conglomerado no responde a la teoría económica convencional del capitalismo clásico y constituye la forma predominante de organización de la producción. Se basa en los principios de reducción de los riesgos por la multiplicación de los sectores de acción y en el efecto del poder financiero. Es un fenómeno específico del capitalismo contemporáneo. Asegurada la estabilidad, el gran número de sectores productivos a los que se dedica permite que las pérdidas ocasionales en ciertos rubros se compensen con las ganancias en los otros. Dado su gran poder financiero puede controlar un mercado en el cual ocupe una posición aparentemente secundaria. También tiene la característica de buscar absorber empresas en crecimiento o con potencialidad de desarrollo.
    Se considera que estas grandes corporaciones actúan condicionando el comportamiento del consumidor mediante la propaganda, forzándolo a diversificar permanentemente sus compras y mantenerlas en un nivel elevado, al propio tiempo que lo inducen a la sustitución acelerada de los productos que llegan a sus manos.
    Además, no buscan la maximízación de la tasa de beneficios por el juego de los factores de un mercado competitivo, sino que la ganancia es programada por el propio conglomerado, mediante la fijación anticipada de los precios en las gerencias. (En Estados Unidos el 90 % de los artículos manufacturados tienen sus precios fijados por las administraciones de los consorcios, con independencia de la situación del mercado.) Son mecanismos de producción permanente de capital, al que deben buscar constante colocación.
    Los conglomerados diferencian la producción, pero también las áreas geográficas de acción, operando en mercados no relacionados por un espacio económico dado y su fuerza radica en su poder financiero.
    Tales unidades multifuncíonales y multinacionales constituyen la forma superior de organización de la economía capitalista y son desde la Segunda Guerra Mundial los instrumentos de expansión del capital norteamericano en Iberoamérica. Las empresas extranjeras controlan en nuestra región entre el 50 y el 75 % de las industrias dinámicas (aquellas que inducen el crecimiento) y que son las que se desarrollan con tasas muy superiores a las del sector manufacturero.
    Por lo tanto, estos conglomerados están integrados en las economías locales, pero como ellos fijan su estrategia en función de su propio crecimiento y en base a una programación central, atentan contra la existencia de un sistema económico nacional. Por otra parte, como la penetración se hace independientemente del grado de desarrollo industrial alcanzado, volcándose hacia los sectores del mercado más dinámicos y rentables, en uso del poder financiero restringen al empresariado nacional hacia las actividades secundarias decadentes, o aún no explotadas. Las últimas, si se desarrollan, son entonces absorbidas por las grandes organizaciones extranjeras.
    Todo ello trae como consecuencia una doble integración de Iberoamérica: con los Estados Unidos, donde se encuentran los centros hegemónicos de decisión, y dentro de la región, entre las filiales de los conglomerados entre sí (caso de la ALALC).
    Tal integración responde, entonces, más a los intereses de las empresas norteamericanas que a la formación de un espacio económico común al servicio de los países asociados.
    La reciente historia de nuestro continente demuestra que los procesos de industrialización se apoyaron en una creciente dependencia externa o en la acción del Estado nacional. En general, puede decirse que la formación del sistema económico nacional está basada en la acción del Estado y de las empresas oficiales, que actuaron en sectores estratégicos. Por ello, debilitar al Estado, reducirlo al papel subsidiario, como se hizo a partir de la “Revolución Libertadora” entre nosotros, y particularmente en forma sistemática con la “Revolución Argentina”, como ya vimos, es renunciar a la formación de un sistema económico nacional, de producción articulada en función de los intereses de la colectividad nacional.

  • DECLINACIÓN DE LA HEGEMONÍA DE EE.UU. Y POLICENTRISMO
  • Estamos, entonces, ante cambios significativos en la estructura de la economía capitalista internacional. El sistema que surgió en la posguerra bajo la hegemonía norteamericana es distinto al existente con anterioridad, bajo la preeminencia británica que adoptó la división internacional del trabajo, especializándose Inglaterra en la producción manufacturera e intercambiando lo que elaboraba por materia prima, aunque ello permitió la articulación de economías regionales, dentro de un estatuto colonial. En cambio, el nuevo sistema resulta de la proyección de un conjunto de grandes sociedades norteamericanas, que no se funda como antes en un mercado internacional de productos, sino en un sistema de decisiones de ámbito multinacional, establecido en consideración a la realidad interna de la economía de Estados Unidos. O sea que es el producto de las nuevas formas que adquirió la concentración del poder económico a través de las empresas.
    Esto funcionó así hasta los primeros años de la década del sesenta. Era una economía mundial estructurada en torno al gran núcleo de expansión y concentración de donde se irradiaba el financíamiento a mediano y corto plazo y el progreso tecnológico. Distintos factores, que luego mencionaremos, han cambiado tal situación y han hecho surgir otros centros dinámicos Internacionales y declinar aquella hegemonía.
    Los gobiernos iberoamericanos, y entre ellos el argentino, se mantuvieron con un comportamiento que responde al período de la preeminencia absoluta norteamericana.
    La declinación relativa del comercio internacional de productos primarios afectó seriamente las economías de nuestros países. Para superar el estancamiento relativo, parecía adecuado instalar industrias sustitutivas de importaciones. Tesis sostenida entre nosotros por el “desarrollismo” frigerista. Para ello se dieron amplias facilidades para la instalación de las grandes empresas que, como ya vimos, desplazan los centros de decisión económica fuera del territorio nacional.
    Sobre el problema, se había planteado en Occidente la discusión a nivel internacional entre quienes entendían que había que proteger la industria como actividad productora, al margen de que fuese controlada desde dentro o fuera del país, y los que defendían, dadas las condiciones del mundo contemporáneo, la economía nacional concebida como sistema de decisiones autónomo e imponían estricto control estatal sobre el ingreso, expansión y comportamiento de las empresas extranjeras. (De hecho, lo último no podía lograrse en los países periféricos, mientras no rompiesen la dependencia.) Los modelos utilizados fueron los de Canadá para la primera posición y de Japón para la segunda. Los países industrializados, inclusive Inglaterra, se inclinaron por la segunda actitud, cuestionándose en el mismo Canadá el carácter oligopólico de las inversiones extranjeras.
    En cambio, América latina, acorde con los intereses de las burguesías gobernantes, subordinadas a los monopolios internacionales, optó por la política que convenía a los consorcios multinacionales y dio el máximo de protección a cualquier actividad productiva tendiente a sustituir importaciones, tras la invocación de que se cooperaba a la prosperidad del país.
    Ahora se comprende con más claridad la razón de aquella reiterada invocación del gobierno argentino a la modernización del país, su preocupación por atraer Inversores extranjeros, dentro del sistema de la libre empresa.
    Asi crecieron considerablemente las filiales de conglomerados en toda Iberoamérica. El volumen de inversiones al año 1968, se calculaba en 617 millones de dólares, en México en 752 millones y en Brasil en 722 millones, aunque en nuestro país crecieron dos veces más las inversiones en manufacturas que en Brasil en los 15 años anteriores a 1965. Otro hecho a destacar es el de que mientras aquí, en el período de 1961 a 1965, la tasa de crecimiento anual del producto bruto interno fue de 2,8 %, el aumento de las ventas de las industrias norteamericanas situadas en el país se elevó al 16 %, lo que índica que la expansión de las empresas multinacionales se realizó a través de la adquisición de instalaciones ya existentes en nuestro territorio.
    Es cierto que la actividad de estas filiales ha conseguido disminuir la importación de los productos que elaboran en la metrópoli, pero no debe perderse de vista que como ellas operan según directivas extrañas al medio, tienden a descentralizar geográficamente ciertas actividades y a centralizar otras. Mientras avanza la sustitución de importaciones de productos complejos, aumenta la importación de insumos. Además, sus estructuras de costos, precios y planes de expansión están determinadas por factores ajenos a la economía nacional. La experiencia de nuestro país, que no obstante el grado de industrialización adquirido, conserva las estructuras de sus exportaciones, centradas en materias primas, demuestra que no se realiza la modificación pretendida, y que sólo nos encontramos ante una simple adaptación de una nueva forma de dependencia exterior.
    Frente a esta realidad, en el marco de la toma de posiciones, para la rectificación del criterio adoptado por los sucesivos gobiernos argentinos “revolucionarios” y “legales” que se alternan desde 1955, debe partirse del hecho de que la economía internacional está operando como un sistema policéntrico, lo que favorece la posibilidad de recuperar al Estado como centro básico de decisiones económicas, rompiendo la dependencia de los conglomerados multinacionales norteamericanos.
    cuento del Banco Central (luego veremos que esto interesaba a los consorcios multinacionales).
    h. Se favorece la modernización y concentración del comercio al por menor (pan y carne por leyes 17.428, 17.429 y 17.545). Se ponen en funcionamiento alrededor de 100 supermercados y autoservicios. Simultáneamente se desprotege en materia de locaciones al comercio minorista (ley 17.607).
    i. Se establece un nuevo régimen para Bolsas y Valores (ley 17.811).
    j. Por ley 17.224 se congelan compulsivamente los salarios por dos años, mientras que para la estabilización de precios el gobierno celebra acuerdos “voluntarios” con 3.000 empresas (11-5-67).
    k. En materia de arrendamientos rurales se vuelve al régimen de la libre contratación, con supresión de las prórrogas legales (ley 17.253).
    I. El personal de bancos privados y compañías de seguro queda sujeto a la ley de despido 11.729 (ley 17.393).
    II. Por ley 17.343 se impone el Régimen de transferencia de personal de la administración pública, con lo que se le quita estabilidad en su lugar de trabajo.
    m. El aguinaldo pasa a ser abonado en dos cuotas (ley 17.620).
    n. Tucumán. Después del anuncio de la intervención a los ingenios margínales y del supuesto deseo de superar el monocultivo, no se toma ninguna medida concreta hasta la creación, en enero de 1968, del “Comité Operativo” que tampoco dio solución al problema, haciendo de esa provincia una de las más explosivas.
    ñ. Por ley 16.936 se impone el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales.
    o. La mayoría de las obras públicas de infraestructura proyectadas o iniciadas lo son con intervención de empresas y capitales extranjeros y financiación del Banco Mundial, del BID, de las bancas europea, japonesa y canadiense, del Banco de Exportación e Importación, con la consecuente sujeción a las normas de ordenamiento económico, administrativo y financiero impuestas por dichos organismos, además de la ampliación de los compromisos contraídos con el F.M.I.
    p. El 13-3-67 se fija nueva paridad del peso con el dólar, dándose comienzo a la serie ininterrumpida hasta el presente de devaluaciones en beneficio de los sectores agroexportadores (decreto 1407/67).
    q. La ley 17.520 autoriza en materia vial la concesión a sociedades privadas o mixtas, para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje.
    A estas medidas, cuyo detalle es sólo enunciativo, debemos agregar las correspondientes a los primeros meses de la “revolución argentina” y que se refieren a reordenamiento portuario, organización aduanera, comercio interior, abastecimiento, industria azucarera (que desencadena la crisis en Tucumán sin que hasta hoy haya podido recuperarse).
    Respecto de las inversiones extranjeras, Krieger Vasena explica el 6-6-68 que la política del gobierno consiste en estimular el establecimiento de nuevas empresas que hagan una contribución efectiva de capital y tecnología en los sectores prioritarios para el desarrollo nacional (en lo que concuerda con la preferencia de los consorcios, como ya veremos). Dice, también, que se considera conveniente en las esferas oficiales, la asociación de capitales argentinos con extranjeros y cita expresamente, como ejemplo, la Corporación Financiera ADELA.
    Este ente internacional de inversiones nació por iniciativa del First National City Bank de Nueva York, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Ford Motor Co., a los que se incorporaron el grupo Mellon y poderosas empresas europeas. En su informe anual de 1968, el consorcio agradeció muy especialmente al BID los empréstitos paralelos concedidos para impulsar sus negocios en América latina, así como al Banco Mundial, por lo recibido a través de uno de sus organismos. “Con ambas instituciones, ADELA está en contacto continuo para evitar la duplicación de esfuerzos y para evaluar las oportunidades de inversión. Múltiples ejemplos podrían proporcionarse de otras santas alianzas parecidas. En la Argentina, los aportes latinoamericanos a los recursos ordinarios del BID han servido para beneficiar con muy convenientes empréstitos a empresas como Petrosur S.A., filial de la Electric Bond and Share, con más de diez millones de dólares destinados a la construcción de un complejo petroquímico, o para financiar una planta de piezas de automotores a Armetal S.A., filial de The Budd Co. de Filadelfia” (Galeano, al mostrarnos la otra cara de la moneda, en base a antecedentes tomados de NACLA Newsletter, mayo-junio 1970 y del informe anual del BID para 1969, ob. cit., pág. 411).
    Mientras tanto, el Gobierno no descartaba la privatización de los servicios públicos, “coincidentemente con la linea de evitar la intervención del Estado en los aspectos que pudieran ser cubiertos adecuadamente por la acción privada” (conceptos de Onganía a los periodistas en la residencia de Olivos, el 15-8-67).
    Los objetivos básicos obtenidos tras estas “transformaciones” estructurales fueron beneficios para los monopolios, aunque se enmascararon con expresiones tales como “modernizar la infraestructura”, “dinamizar el proceso de desarrollo”, “establecer condiciones favorables para la inversión privada y el aumento de la productividad, la eficiencia y la competencia”.

  • CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO
  • La explicación de dicha actitud la encontramos dada con mucha claridad por Celso Furtado, al tratar el tema de la concentración del poder económico, el reemplazo del monopolio tradicional de un producto o grupo de productos por parte de una empresa, por las formas de organización oligopólica de los mercados que permiten la unión de diversos grupos en un esfuerzo conjunto por condicionar el comportamiento del consumidor, con lo que evitan la aplicación de las leyes antitrusts, mientras controlan una fracción creciente del poder de decisión en la economía nacional.
    Ese proceso de concentración que cada vez se acentúa más, “debe ser observado atentamente si pretendemos comprender las transformaciones que están ocurriendo en la economía norteamericana y captar la naturaleza de las relaciones de dependencia que existen entre ella y las economías latinoamericanas” (El poder económico: Estados Unidos y América Latina, pág. 9, ed. Centro Ed. de Am. Lat., 1971).
    La concentración de empresas se realiza hoy día principalmente por la vía de la diversificación o conglomeración, reuniendo en una sola sociedad firmas que operan en ramos que no tienen relación tecnológica o económica mutua. De este tipo son más del 70 % de las fusiones observadas en Estados Unidos y su método de crecimiento es la absorción de otras empresas en operación. Así se da el caso de Textron, que comienza como textil y luego adquiere 70 firmas que operan en 36 ramos industriales diferentes, que van desde la fabricación de helicópteros hasta la cría de gallinas.
    El conglomerado no responde a la teoría económica convencional del capitalismo clásico y constituye la forma predominante de organización de la producción. Se basa en los principios de reducción de los riesgos por la multiplicación de los sectores de acción y en el efecto del poder financiero. Es un fenómeno específico del capitalismo contemporáneo. Asegurada la estabilidad, el gran número de sectores productivos a los que se dedica permite que las pérdidas ocasionales en ciertos rubros se compensen con las ganancias en los otros. Dado su gran poder financiero puede controlar un mercado en el cual ocupe una posición aparentemente secundaria. También tiene la característica de buscar absorber empresas en crecimiento o con potencialidad de desarrollo.
    Se considera que estas grandes corporaciones actúan condicionando el comportamiento del consumidor mediante la propaganda, forzándolo a diversificar permanentemente sus compras y mantenerlas en un nivel elevado, al propio tiempo que lo inducen a la sustitución acelerada de los productos que llegan a sus manos.
    Además, no buscan la maximízación de la tasa de beneficios por el juego de los factores de un mercado competitivo, sino que la ganancia es programada por el propio conglomerado, mediante la fijación anticipada de los precios en las gerencias. (En Estados Unidos el 90% de los artículos manufacturados tienen sus precios fijados por las administraciones de los consorcios, con independencia de la situación del mercado.) Son mecanismos de producción permanente de capital, al que deben buscar constante colocación.
    Los conglomerados diferencian la producción, pero también las áreas geográficas de acción, operando en mercados no relacionados por un espacio económico dado y su fuerza radica en su poder financiero.
    Tales unidades multifuncíonales y multinacionales constituyen la forma superior de organización de la economía capitalista y son desde la Segunda Guerra Mundial los instrumentos de expansión del capital norteamericano en Iberoamérica. Las empresas extranjeras controlan en nuestra región entre el 50 y el 75 % de las industrias dinámicas (aquellas que inducen el crecimiento) y que son las que se desarrollan con tasas muy superiores a las del sector manufacturero.
    Por lo tanto, estos conglomerados están integrados en las economías locales, pero como ellos fijan su estrategia en función de su propio crecimiento y en base a una programación central, atentan contra la existencia de un sistema económico nacional. Por otra parte, como la penetración se hace independientemente del grado de desarrollo industrial alcanzado, volcándose hacia los sectores del mercado más dinámicos y rentables, en uso del poder financiero restringen al empresariado nacional hacia las actividades secundarias decadentes, o aún no explotadas. Las últimas, si se desarrollan, son entonces absorbidas por las grandes organizaciones extranjeras.
    Todo ello trae como consecuencia una doble integración de Iberoamérica: con los Estados Unidos, donde se encuentran los centros hegemónicos de decisión, y dentro de la región, entre las filiales de los conglomerados entre sí (caso de la ALALC).
    Tal integración responde, entonces, más a los intereses de las empresas norteamericanas que a la formación de un espacio económico común al servicio de los países asociados.
    La reciente historia de nuestro continente demuestra que los procesos de industrialización se apoyaron en una creciente dependencia externa o en la acción del Estado nacional. En general, puede decirse que la formación del sistema económico nacional está basada en la acción del Estado y de las empresas oficiales, que actuaron en sectores estratégicos. Por ello, debilitar al Estado, reducirlo al papel subsidiario, como se hizo a partir de la “Revolución Libertadora” entre nosotros, y particularmente en forma sistemática con la “Revolución Argentina”, como ya vimos, es renunciar a la formación de un sistema económico nacional, de producción articulada en función de los intereses de la colectividad nacional.

  • DECLINACIÓN DE LA HEGEMONÍA DE EE.UU. Y POLICENTRISMO
  • Estamos, entonces, ante cambios significativos en la estructura de la economía capitalista internacional. El sistema que surgió en la posguerra bajo la hegemonía norteamericana es distinto al existente con anterioridad, bajo la preeminencia británica que adoptó la división internacional del trabajo, especializándose Inglaterra en la producción manufacturera e intercambiando lo que elaboraba por materia prima, aunque ello permitió la articulación de economías regionales, dentro de un estatuto colonial. En cambio, el nuevo sistema resulta de la proyección de un conjunto de grandes sociedades norteamericanas, que no se funda como antes en un mercado internacional de productos, sino en un sistema de decisiones de ámbito multinacional, establecido en consideración a la realidad interna de la economía de Estados Unidos. O sea que es el producto de las nuevas formas que adquirió la concentración del poder económico a través de las empresas.
    Esto funcionó así hasta los primeros años de la década del sesenta. Era una economía mundial estructurada en torno al gran núcleo de expansión y concentración de donde se irradiaba el financíamiento a mediano y corto plazo y el progreso tecnológico. Distintos factores, que luego mencionaremos, han cambiado tal situación y han hecho surgir otros centros dinámicos Internacionales y declinar aquella hegemonía.
    Los gobiernos iberoamericanos, y entre ellos el argentino, se mantuvieron con un comportamiento que responde al período de la preeminencia absoluta norteamericana.
    La declinación relativa del comercio internacional de productos primarios afectó seriamente las economías de nuestros países. Para superar el estancamiento relativo, parecía adecuado instalar industrias sustitutivas de importaciones. Tesis sostenida entre nosotros por el “desarrollismo” frigerista. Para ello se dieron amplias facilidades para la instalación de las grandes empresas que, como ya vimos, desplazan los centros de decisión económica fuera del territorio nacional.
    Sobre el problema, se había planteado en Occidente la discusión a nivel internacional entre quienes entendían que había que proteger la industria como actividad productora, al margen de que fuese controlada desde dentro o fuera del país, y los que defendían, dadas las condiciones del mundo contemporáneo, la economía nacional concebida como sistema de decisiones autónomo e imponían estricto control estatal sobre el ingreso, expansión y comportamiento de las empresas extranjeras. (De hecho, lo último no podía lograrse en los países periféricos, mientras no rompiesen la dependencia.) Los modelos utilizados fueron los de Canadá para la primera posición y de Japón para la segunda. Los países industrializados, inclusive Inglaterra, se inclinaron por la segunda actitud, cuestionándose en el mismo Canadá el carácter oligopólico de las inversiones extranjeras.
    En cambio, América latina, acorde con los intereses de las burguesías gobernantes, subordinadas a los monopolios internacionales, optó por la política que convenía a los consorcios multinacionales y dio el máximo de protección a cualquier actividad productiva tendiente a sustituir importaciones, tras la invocación de que se cooperaba a la prosperidad del país.
    Ahora se comprende con más claridad la razón de aquella reiterada invocación del gobierno argentino a la modernización del país, su preocupación por atraer Inversores extranjeros, dentro del sistema de la libre empresa.
    Asi crecieron considerablemente las filiales de conglomerados en toda Iberoamérica. El volumen de inversiones al año 1968, se calculaba en 617 millones de dólares, en México en 752 millones y en Brasil en 722 millones, aunque en nuestro país crecieron dos veces más las inversiones en manufacturas que en Brasil en los 15 años anteriores a 1965. Otro hecho a destacar es el de que mientras aquí, en el período de 1961 a 1965, la tasa de crecimiento anual del producto bruto interno fue de 2,8 %, el aumento de las ventas de las industrias norteamericanas situadas en el país se elevó al 16 %, lo que índica que la expansión de las empresas multinacionales se realizó a través de la adquisición de instalaciones ya existentes en nuestro territorio.
    Es cierto que la actividad de estas filiales ha conseguido disminuir la importación de los productos que elaboran en la metrópoli, pero no debe perderse de vista que como ellas operan según directivas extrañas al medio, tienden a descentralizar geográficamente ciertas actividades y a centralizar otras. Mientras avanza la sustitución de importaciones de productos complejos, aumenta la importación de insumos. Además, sus estructuras de costos, precios y planes de expansión están determinadas por factores ajenos a la economía nacional. La experiencia de nuestro país, que no obstante el grado de industrialización adquirido, conserva las estructuras de sus exportaciones, centradas en materias primas, demuestra que no se realiza la modificación pretendida, y que sólo nos encontramos ante una simple adaptación de una nueva forma de dependencia exterior.
    Frente a esta realidad, en el marco de la toma de posiciones, para la rectificación del criterio adoptado por los sucesivos gobiernos argentinos “revolucionarios” y “legales” que se alternan desde 1955, debe partirse del hecho de que la economía internacional está operando como un sistema policéntrico, lo que favorece la posibilidad de recuperar al Estado como centro básico de decisiones económicas, rompiendo la dependencia de los conglomerados multinacionales norteamericanos.
    Esa diversificación de los polos de la economía mundial se manifiesta a partir de la década del sesenta y sus causas más importantes son tanto de orden político como económico. Entre ellas, destacamos las siguientes:
    a. La pérdida del monopolio del poder atómico (desde 1948) por Estados Unidos determina a posterior la vulnerabilidad de su territorio por primera vez en ia historia. Ello hace que Europa se independice progresivamente de la tutela militar yanqui, como consecuencia también de su creciente autonomía económica. El aflojamiento de la tensión militar en el viejo continente abre el camino para la intensificación de las relaciones económicas con el Este. Además, al compartirse los adelantos tecnológicos militares se produce una disminución de la hegemonía política y una estrategia flexible en la propia OTAN a partir de 1966.
    b. Estados Unidos presenta en los últimos veinte años una tasa de crecimiento relativamente baja, comparada con las del campo socialista, la de Europa y Japón. En el período 1960 a 1967 la tasa media de productividad —producto real por persona activa— fue en los Estados Unidos de 3,5 % contra 4,5 % de Alemania y Francia, 6,8 % de Italia y 8,3 % de Japón. La URSS se encuentra por encima de la tasa de crecimiento del conjunto de países del Mercado Común Europeo. En el informe de las Naciones Unidas para 1972 se dan estos datos: Europa occidental, en el período 1950/1970, creció económicamente con una tasa del 4,5 %, en tanto que los países socialistas europeos lo hicieron a un promedio del 7 % en igual lapso. El ingreso real por habitante aumentó en 1971 el 2,3 % en Europa occidental, el 4,5 % en la URSS y del 5 al 6 % en los otros países de Europa oriental. Estos últimos datos son la resultante de la estabilidad de precios en el área socialista, en la que entre 1950 y 1970 el índice de precios sólo aumentó 2,2 % compárese ese porcentual con nuestro 70 % anual de inflación). Allí la planificación socialista ha creado condiciones materiales y financieras favorables a la expansión de la capacidad de producción y ha sostenido un proceso de desarrollo continuo sin inflación (Clarín, Suplemento Económico, 28-1-73).
    El origen de aquella declinación señalada se relaciona con el crecimiento relativamente lento de las exportaciones norteamericanas. Estados Unidos, por ello, debe hacer gastos considerables en el extranjero, principalmente militares, para que las empresas puedan continuar con su expansión en el exterior, se necesita que la balanza comercial dé un excedente considerable. Pero ocurre que éste baja en diez años de 6.100 millones de dólares a la mitad, siendo insuficiente en 1967 para atender los gastos militares. En consecuencia, las inversiones netas en el exterior a partir de 1966 son drásticamente reducidas, bajando de 6.000 millones en 1965 a 2.000 millones en 1967. Ahora bien, la entrada de recursos provenientes de las inversiones crece, no obstante la reducción de envíos, mientras baja el saldo de la balanza comercial. El capital invertido redituó en 1967 5.500 millones de dólares contra 3.600 millones provenientes del comercio internacional.
    La expansión de las inversiones de las empresas les permite a éstas continuar obteniendo ganancias en las regiones del Tercer Mundo sin realizar nuevos aportes, con lo que las filiales muestran tendencia a autofinanciarse. En nuestro continente entre 1950 y 1965 las inversiones directas permiten transferir a los Estados Unidos 11.300 millones de USD contra 3.800 millones de USD de nuevas inversiones en igual lapso. Pero esta situación no se da en el área de los países industrializados. Europa reditúa 5.500 millones de USD por una inversión de 8.100 millones hecha simultáneamente. Allí no pueden autofinanciarse como en Iberoamérica. Así vemos como la situación hegemóníca de Estados Unidos declina, creándose una incompatibilidad entre el volumen de los gastos del gobierno en el exterior y el ritmo de crecimiento de las empresas en el área de los países industrializados y, por otro lado, con el crecimiento lento de las exportaciones norteamericanas. El saldo negativo de la balanza de pagos obliga a exportar oro y aceptar saldos netos de dólares con otros países. Ese estado de cosas se exterioriza en forma aguda con la crisis del dólar de comienzos de 1968. El déficit comercial norteamericano en 1972 alcanzó el nivel sin precedentes de cerca de 6.500 millones de USD (declaración del grupo latinoamericano en la II Reunión Anual del CÍES, La Razón, 9-2-73).
    En definitiva, el proceso de reestructuración de la economía internacional muestra el surgimiento de nuevos polos o centros dinámicos. Además de Estados Unidos, hoy existen la URSS, Europa, China y Japón, aun cuando todavía sus influencias sean diversas. Ese hecho posibilita a los gobiernos auténticamente populares actuar en procura de la recuperación de los centros de decisión nacionales, como defensa contra la acción hegemóníca de los conglomerados multinacionales.

  • COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO Y DEPENDENCIA
  • Con referencia a las características del comercio exterior argentino, Eugenio Gastiazoro (“Actividad Estatal o Monopolio Privado”, en rev. Realidad Económica, sept.-oct. 1972), expresa que a pesar del desarrollo industrial registrado en el país en los últimos cuarenta años, que hace que el valor agregado por la industria duplique al valor agregado por el sector agropecuario, las exportaciones provienen en un 80 % de la actividad productiva del campo. Su explicación se encuentra en el carácter deformado y altamente dependiente de ese crecimiento industrial. La dependencia resulta de una producción subordinada a las compras en el exterior de materias primas semielaboradas, productos intermedios, bienes de equipo y máquinas herramientas. Por otra parte, lo fundamental de la industria moderna es controlado por los conglomerados internacionales, en forma directa a través de la radicación de empresas o copamiento de las existentes, e indirectamente por la venta de tecnología y asesoramiento, o del manejo del crédito.
    En lo que hace a la industrialización y comercialización de nuestros productos agropecuarios exportables, se encuentran controlados por las grandes empresas Internacionales. Así, la carne vacuna es manejada por cinco firmas: Deltec, Anglo, FASA (Wilson), Liebig y Bovril (los quebrantos de Swift y FASA no habrían, en el fondo, modificado la situación real). Los cereales están controlados por tres empresas que venden el 50 % del trigo y del maíz (Cía. Continental, Bunge y Born y La Plata Cereal). Si a ellas se le une lo comercializado por Nidera, Dreyfus, Cargill y Genaro García se obtiene el 80 % del valor exportado del rubro. Cabe aclarar que entre la carne (25 %) y los cereales (50 %) se llegaba en 1966 al 75 % del total del valor de nuestras exportaciones. El problema se agudiza por la íntima interrelación entre los personeros de consorcios internacionales y los que ejercen la función pública, muchas veces a cargo alternativamente de los mismos sujetos (ver como ejemplo el caso de Mario Hirsch, presidente de Bunge y Born y consejero de Onganía —”Memoria y Balance de la Federación Gráfica Bonaerense, 1-1-68 al 30-6-6&—”).
    La conclusión a que se arriba es que el subdesarrollo del hemisferio iberoamericano no es una etapa en el camino del desarrollo, sino la contraparte del desarrollo ajeno. Dice bien Eduardo Galeano que “se recibe la tecnología moderna como en el siglo pasado se recibieron los ferrocarriles, al servicio de los intereses extranjeros que modelan y remodelan el estatuto colonial”. Inclusive, la tecnología que recibimos no es la más moderna, aun cuando se importe como licencias de conocimiento especializado. Con el agregado de casos extremos como el de la Coca-Cola, Pepsi o Crush, que cobran altas licencias industriales por proporcionar una pasta que se disuelve en agua con azúcar y gas.
    En cuanto al empleo de mano de obra, la proporción de trabajadores de la industria manufacturera, dentro del total de la población activa latinoamericana, disminuye en vez de aumentar. “La industrialización satelizada tiene un carácter excluyente: las masas se multiplican a ritmo de vértigo, en esta región que ostenta el más alto índice de crecimiento demográfico del planeta, pero el desarrollo del capitalismo dependiente … margina mucha más gente que la que es capaz de integrar” (Las venas abiertas de América Latina, pág. 429 y sigs.).
    La Dirección General Impositiva ha reconocido expresamente el funcionamiento en nuestro país de estos modernos métodos de explotación. En efecto, en el Boletín N9 226 del mes de octubre de 1972 de esa repartición, bajo el título de “Incidencia económica y financiera de ciertos incentivos a la exportación —período 1966/1971—”, se publican las conclusiones expuestas por funcionarios del Departamento de Estudios de la misma, en las V Jornadas de Finanzas Públicas realizadas en Córdoba en agosto de 1972.
    Las investigaciones realizadas en el período 1966/1971 demuestran concluyentcmente que en materia de comercio internacional argentino, las llamadas “exportaciones industriales nuevas” son las que han tenido un crecimiento constante, dentro del estancamiento global, lo que significa un simple cambio de la composición y no en la cuantía de las salidas de nuestros productos. El avance de aquellas se vio favorecido por el retroceso de las exportaciones primarias. Mientras en 1966 (sobre un total de 1.593 millones de dólares), los productos industriales constituyeron el 25,5 % de los envíos al exterior—dentro de ellos los “nuevos” fueron el 5,8 %— y los primarios el 74,5 %, en el año 1971 éstos bajaron al 62 % y los industriales en conjunto subieron al 38 % (distribuidos así: productos industriales tradicionales el 22 % e “industriales nuevos” el 16 %). El total de lo exportado en 1971 alcanzó a 1.740 millones de dólares. Paralelamente con el estancamiento global de las exportaciones se ha dado un incremento de las importaciones del orden del 66 % entre 1966 y 1971. Las exportaciones aumentaron en el quinquenio sólo un 9 por ciento.
    En base al análisis de los certificados de impuestos reconocidos a los exportadores con intervención de la Aduana, se anticipa “que la exportación manufacturera argentina parece estar estrechamente ligada a las importaciones del resto del mundo” y que los reintegros acumulados crecen a un ritmo mucho más rápido que la percepción de recursos administrativos por ese organismo. La importancia monetaria de los referidos certificados se acredita simplemente al comprobar que su valor representa más del 12 % anual de los desequilibrios de Tesorería. Frente al imperativo de reducir el déficit fiscal, las franquicias impositivas que se conceden a las empresas exportadoras inciden para que el gobierno aumente la presión tributaria en otros sectores, como el de los consumidores. Es decir, que el conjunto de la población y en particular la clase obrera por su número, paga los beneficios que se le acuerdan a tales ventas al exterior.
    Si tomamos el funcionamiento del sistema económico como un todo, vemos que al aumentar la exportación de productos industriales nuevos, sin que igualmente haya aumento en el total de lo exportado, el país percibe menos por las franquicias aduaneras que se le conceden a esos exportadores, y a su vez, se aumentan las importaciones (en el año 1971 por primera vez en seis años el monto de lo importado superó a lo exportado, con una diferencia de 129 millones de dólares), pues dichos productos requieren bienes de utilización intermedia que se traen del exterior. Se advierte una relación directa entre el incremento de las importaciones y la de estos bienes. Como además, generalmente se trata de empresas extranjeras, las mismas adquieren los insumos en los centros vinculados a los conglomerados y luego envían las ganancias a las casas matrices, deteriorando las reservas monetarias nacionales. O sea, que el sistema perjudica a la sociedad argentina por la falta de percepción fiscal, por el desequilibrio que crea en la balanza comercial y por las remesas financieras al exterior. En encuesta realizada por FIEL entre empresas extranjeras radicadas en el país y reproducida en el trabajo que citamos, entre 1965 y 1970 ellas aumentaron sus exportaciones el 42 %, mientras que las importaciones en conjunto las incrementaron en un 101 %, con el agregado que en el año 1970 las últimas superaron en 331.000 USD a las exportaciones.
    Para completar el cuadro negativo, en la publicación oficial que referimos se expresa: “Si se tiene en cuenta que un 84,5 % de las ganancias de las firmas norteamericanas en los países en desarrollo se remite a USA, frente a casi un 60 % en el caso de las que operan en las naciones desarrolladas, es evidente que las presiones cambiarías como las vigentes en la Argentina son insalvables, particularmente si la gestión exportadora del capital extranjero es nula en función del escaso aporte de divisas que significan sus ventas al exterior frente a los ingentes reclamos de medios internacionales de pago derivados de su particular forma de operar”.
    Para tener una idea de las dispensas fiscales otorgadas, se señala “que 118 empresas de las más representativas de plaza han significado entre 1968 y 1970, un sacrificio fiscal sólo en el impuesto a los réditos de alrededor del 11 % de la recaudación total de este gravamen, y un promedio de casi el 40 % de los respectivos déficit provenientes del presupuesto nacional”.
    En síntesis, podemos hacer nuestra la afirmación de Oscar Braun, de que “la reducción en las tarifas aduaneras, la eliminación o reducción en los controles existentes a los alquileres urbanos y arrendamientos rurales, la “racionalización” de los puertos y de la producción azucarera en Tucumán, la realización de importantes obras públicas, la creación de un clima atractivo para el capital extranjero y el mantenimiento de un mercado de cambios casi libre, una política crediticia expansiva y que favorece en forma selectiva a los monopolios, etc., son todas medidas que —en su momento— directa o indirectamente facilitan la expansión de las grandes empresas, permitiéndoles racionalizar sus actividades, reducir costos, explotar nuevos mercados, intensificar la competencia con los pequeños productores, y en general consolidar su posición de preeminencia en la estructura económica argentina, a expensas de ciertos grupos pequeñoburgueses, obreros y empleados que quedan desocupados y regiones enteras (ej.: Tucumán) que quedan marginadas del proceso de crecimiento” (Desarrollo del capital monopolista en Argentina, pág. 24).
    Este autor caracteriza a los países dependientes, entre los que incluye a Argentina, por el hecho de que el desarrollo de sus fuerzas productivas depende de un crecimiento constante en la disponibilidad de recursos externos, y por ser imposible la obtención de esos recursos externos al imponer los países imperialistas trabas a sus exportaciones con el objeto de beneficiarse del ejercicio de su poder monopólico, que se manifiesta por ser los únicos oferentes de los insumos indispensables para la producción en aquéllos (materias primas, semimanufacturadas y bienes de capital). El país imperialista, a su vez, demanda bienes fácilmente sustituíbles por producción local, aunque a mayor costo. La situación de los países dependientes productores de materias primas de demanda creciente, caso del petróleo, es distinta, ellos reciben tratamientos menos sutiles que la discriminación comercial.
    Ahora sí ya estamos en condiciones de apreciar en todo su valor el significado, en el período de tránsito al socialismo, de normas como la contenida en el art. 40 de la Constitución de 1949, que tendía a la planificación de la economía nacional con miras a convertir en bienes públicos a las grandes empresas del imperialismo. Pues como dijo hace poco el doctor Sampay, redactor de dicho texto, “es evidente que no se puede aplicar el régimen jurídico de la tenencia de los bienes de producción, propio de una economía artesanal a instrumentos de producción ya de por sí socializada de su propiedad, porque quienes los manejan como cosa propia, mirando exclusivamente sus ansias de lucro, no son los dueños de los capitales ni quienes por sí solo producen los bienes de cambio. En efecto, los capitales los toman de los bancos, es decir del ahorro del pueblo, o de las bolsas donde colocan las acciones, es decir, otra vez del ahorro del pueblo, y trabajan con ellos miles y miles de obreros y cientos y cientos de científicos y técnicos, entonces ¿en dónde está la propiedad privada de los modernos medios de producción? … Sólo los intereses creados, y a muy alto costo, imponen todavía esa distorsión de la realidad, ese contrasentido histórico” (de la disertación del doctor Arturo E. Sampay en la Conferencia Episcopal Argentina el 16-5-72).
    A esta altura del trabajo, no resistimos la tentación de reproducir las palabras del influyente ex presidente del Banco Central, doctor Carlos S. Brignone, que refleja con precisión el pensamiento de la “Revolución Argentina” en materia económica y explica la razón de sus actos de gobierno. Dijo en conferencia reciente: “Ningún gobierno puede dejar de reconocer que el mantenimiento de buenas relaciones con las empresas multinacionales es más importante que el mantenimiento de buenas relaciones con la mayoría de las naciones miembros de las Naciones Unidas” (La Razón, 5-10-72).

  • CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES JURIDICO-POLITICAS
  • Concluido este análisis de las estructuras económicas y de la orientación impresa por la “Revolución Argentina” a las modificaciones que impulsó en ese terreno (mejor y más orgánica adecuación al libreempresismo dependiente), corresponde tratar los cambios superestructurales que el golpe del 28 de junio de 1966 produjo en el país.
    La idea central la expresa Onganía en su mensaje del 7-11-66 al decir: “Fácil es determinar el grado de crisis del aparato estatal, provocada por fallas orgánicas funcionales que lo hacen totalmente inadecuado para cumplir eficientemente sus responsabilidades. Las estructuras actuales del Estado —aparte de sus ¡nesciencias por las causas conocidas— no conforman una máquina apta para la conducción de un país como el nuestro, cuya elevada civilización lo hace complejo”.
    En el mensaje inicial de los tres Comandantes en Jefe, como Junta Revolucionaria, se dejó sentado que para obtener la transformación y modernización nacional “era indispensable eliminar la falacia de una legalidad formal y estéril”. Con otras palabras, tenían que adecuar la superestructura legal a la realidad que pretendían en el plano de los hechos socioeconómicos.
    Como era “menester imprimir a los órganos gubernativos una estructura eficiente y ágil, con facultades para realizar todos los actos que sean necesarios, inclusive los de carácter legislativo”, el Estatuto dispuso a través de sus diez artículos: unificar los poderes Ejecutivo y Legislativo en la persona del presidente de la Nación; establecer un nuevo orden jurídico que tuviese como norma fundamental concreta el propio estatuto, por encima de la Constitución liberal de 1853; facultar al presidente a convocar “organismos permanentes o provisorios” para mejor legislar; suprimir el federalismo y otorgar al presidente la función de designar gobernadores provinciales con facultades legislativas, pero sujetos a las instrucciones del Gobierno Nacional. El presidente no tenía límite temporal para el ejercicio de su mandato y sólo preveía la designación de su sucesor por los Comandantes de las Fuerzas Armadas para el caso de incapacidad o muerte.
    Previamente, al disponerse por la Junta Revolucionaria la extinción de las autoridades nacionales y provinciales y la disolución de todos los partidos políticos, se había resuelto cambiar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
    Antes de continuar y para evitar confusiones y la prostitución del término, dejemos en claro que si bien hubo modificaciones institucionales de excepcional importancia, las mismas no llegaron a tener la jerarquía de una “revolución”, ya que entendemos que para que ello ocurra es indispensable que se produzca un cambio en el dominio de los medios de producción de la Nación, o la toma del aparato estatal por una nueva clase social, que desplace a la que hasta entonces lo detenta en su provecho. Como nada de ello aconteció, creemos que más correcto sería calificar al nuevo gobierno como instrumento de consolidación de una contrarrevolución desnacionalizadora.
    No nos detendremos en la cuestión formal sobre la legalidad de estos gobernantes, ya que como dicen los constítucionalistas modernos “tomar el poder por la fuerza no es un procedimiento jurídico de investidura gubernamental; pero sin embargo es un procedimiento práctico bastante empleado. Muchos gobernantes tanto en el pasado como en el presente, han surgido de la conquista” (Duverger, instituciones políticas y derecho constitucional, pág. 127).
    Sí es importante para caracterizar a la “Revolución Argentina” señalar que con ese golpe de estado cae la “forma representativa, republicana y federal” de que hablaba la Constitución Nacional de 1953, art. 1* En efecto, desaparece la división de poderes, la periodicidad, la elegibilidad y la responsabilidad de las autoridades. La suma de los poderes la tiene el presidente (más allá del anatema del art. 29 de la Constitución Nacional), sin que se enuncie la existencia de órgano de contralor alguno. Hasta la misma Junta Revolucionaria se autodisuelve. (Todo esto en base a lo que dispone el Estatuto fundamental en su versión original.)
    El Poder Judicial que mantiene su inamovilidad, queda conducido por una Corte identificada ideológicamente con el nuevo orden, al extremo de asesorar al presidente en más de una oportunidad y legalmente obligada a acatar los instrumentos jurídicos de la contrarrevolución.
    En tal situación, el capítulo de “derechos y garantías” de la Constitución sólo tiene un valor teórico y es desconocido sistemáticamente por el gobierno, como se comprueba a diario. En más de un caso, basta con invocar los “objetivos” o “fines de la revolución” para que éste cometa cualquier arbitrariedad y la misma sea convalidada por los órganos de contralor jurisdiccional, por medio de los fallos de la Corte o tribunales inferiores.
    Había ocurrido en el país lo que el inefable Mariano Grondona llamó en el diario La Nación, “misterioso matrimonio entre el caudillo y la Nación” (30-7-66).

  • AUTENTICIDAD DEL SISTEMA
  • En verdad, el golpe militar dio autenticidad al sistema, aplicó en profundidad el contenido liberal del régimen institucionalizado a partir de 1853 y reemplazó el liberalismo político por el autoritarismo que mejor respondía a sus intereses de clase. Después de todo, aquellas formalidades políticas no habían sido aplicadas en el país. En lugar del “fraude patriótico” o “un electoralismo que estableció la opción proscriptiva como sistema”, era preferible la autenticidad del régimen teocrático y unipersonal. De todos modos, las masas populares seguían siendo convidados de piedra en el manejo de la cosa pública.
    ¿De qué federalismo podía hablarse cuando éste murió con la desaparición de los caudillos al surgir la Argentina del mitrismo y luego, hasta los gobernadores, representantes de las oligarquías locales, necesitaron para acceder al cargo, la “media palabra” de Buenos Aires?
    También debemos reconocer autenticidad al pasar las fuerzas armadas al ejercicio directo del poder. Estas, dice Cooke, no han sido, desde 1955, un “órgano” del Estado sino un “poder” del Estado. Ellas son el poder, en última instancia. “La superestructura política no consistía en el conglomerado de los partidos políticos sino en esos partidos apuntalados por las fuerzas armadas, que son el partido vertebral del régimen porque poseen la máxima capacidad de violencia” (Peronismo y Revolución, págs. 51-52). Aquella parcialidad de la institución militar que tiene la responsabilidad de su conducción, le dio a los poseedores de las armas la ideología “de las clases que explotan el trabajo de los argentinos y constituyen un bloque social integrado con la dominación económica, política, cultural y estratégica de un imperialismo agresivo y omnipotente” (Cooke, ob. cit., pág. 150). En la conferencia que el general Osiris Villegas pronunció en la Unión Industrial Argentina el 15-9-67 como secretario general del CONASE reclamaba, para satisfacer las exigencias de la seguridad nacional, la cooperación entre las fuerzas armadas y la empresa privada.

  • IMPOSIBILIDAD DE INSTITUCIONALIZACION DEL RÉGIMEN
  • Aquel Estatuto, hecho como de medida para instalar “El Estado Comunitario”, propuesto por el fascista Jaime María de Mahieu y en el que los que detentan el aparato del Estado ejercen el monopolio exclusivo de la fuerza y de la actividad política, nace con pretensiones de eternidad. No prevé siquiera forma alguna de modificación, pero a nivel de superficie las contradicciones en el seno del partido militar y la sorda disputa por la hegemonía real entre el presidente y los sucesivos comandantes en jefe del Ejército, obligan a modificaciones paralelas con cada cambio de conducción. Los diez años mínimos tenidos en cuenta por Onganía quedaron reducidos a muchos menos.

    “En 1966, el conjunto de intereses económicos más vitales de la Argentina moderna (las compañías extranjeras, especialmente norteamericanas y alemanas; las grandes empresas monopolistas nacionales y seminacionales; el sindicalismo reformista) llevaron al poder al general Juan Carlos Onganía, quebrando el orden constitucional y arrasando los partidos políticos. Tres años después, los mismos intereses consideran que el levantamiento popular de siete provincias, el incendio de Córdoba, la aparición de la guerrilla urbana y la conspiración militar aconsejan cerrar la etapa. La vuelta a la “democracia representativa”, la celebración de elecciones y la reaparición de los carcomidos partidos, cuya muerte habían celebrado hace nada más que tres años, configuran la estrategia de la próxima etapa” (Rogelio García Lupo, Mercenarios y monopolios en la Argentina; de Onganía a Lanusse, pág. 108).
    La verdadera motivación del golpe de Estado, desde el punto de vista político, se encontraba en la necesidad de superar la inevitable contradicción entre el régimen y la clase obrera expresada a través del Movimiento Nacional Peronista. Tengamos presente que desde 1955 se busca integrarlo al sistema, domesticarlo, hacerlo participar en procesos electorales con proscripciones, en el que opta sin poder elegir. Todos los presidentes civiles fueron producto del fraude encubierto y sus caídas consecuencia de la necesidad de las fuerzas armadas de mantener inaccesible el poder para el peronismo.
    “La permanencia de una estructura económica anquilosada vuelca a las masas a la insurrección; la represión de las masas, para asegurar el orden, ocasiona la caída de los gobernantes: Onganía y Levingston, lo saben ahora con precisión .. . Lanusse busca la transacción política con el peronismo para sacarle la mecha a la guerrilla urbana y restablecer el orden relativo que favorece los buenos negocios y las inversiones extranjeras. Hay un reconocimiento profundo de que el peronismo, como movimiento de masas, cuenta con una energía superior a cualquier otra corriente política argentina y está devorado por la pasión de reconquistar el poder” (García Lupo, ob. cit., págs. 140 y 161).
    “El régimen no puede institucionalizarse porque el peronismo obtendría el gobierno y aunque no formule ningún programa antiburgués, la obtención de satisfacciones mínimamente compatibles con las expectativas populares y las exigencias de autodeterminación . . . llevarían a la alteración del orden social existente. El régimen, entonces, tiene fuerza sólo para mantenerse, a costa de transgredir los principios democráticos que invoca como razón de su existencia. El peronismo, por su parte, jaquea al régimen, agudiza su crisis, le impide institucionalizarse, pero no tiene fuerza para suplantarlo, cosa que sólo será posible por métodos revolucionarios”, escribía Cooke inmediatamente después del golpe del 28 de junio de 1966. Esta es la explicación de la condena al “electoralismo” que se formula en los documentos básicos de la “revolución argentina”.
    Hoy el general Perón afirma: “Una larga experiencia nos viene mostrando desde 1955 las tristes consecuencias que ha acarreado la actuación de los diversos gobiernos militares o seudo constitucionales que recibieron al gobierno, en tanto el poder se mantenía ‘detrás del trono’ en manos de una camarilla militar que, cumpliendo otros objetivos, no les permitió gobernar y no titubearon en barrer con ellos cuando así convenía a los intereses que estaban sirviendo. Si frente a esta experiencia, el pueblo argentino no es capaz de lanzar todo el peso de su decisión, aplastando con el número todo posible fraude es que tiene aspiraciones suicidas”. “Es indudable que, en las actuales circunstancias, se inicia la etapa electoral más irregular y anacrónica de toda la historia argentina … A pesar de ello, pienso que la ciudadanía argentina, sí quiere liberarse de una dictadura militar que viene azotando al país desde hace dieciocho años … debe intentar como sea, tomar el gobierno … La disyuntiva es clara: liberación o dependencia. Para alcanzar esa liberación, será preciso comenzar por liberarse de las fuerzas de ocupación …” (Mensaje fechado en Madrid, el 15-1-73).

  • ACONDICIONAMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS
  • De todos modos, no debemos minimizar lo hecho durante el período corrido desde 1966. Hubo un real y concreto acondicionamiento de las superestructuras institucionales a los requerimientos de transformación, impuestos por las formas contemporáneas del capitalismo oligopólico. La producción jurídica supera a la de cualquier otro período presidencial argentino en número y en propósitos de modificar regulaciones legales en todos los ámbitos, dentro del sistema capitalista. Se alteró el aparato estatal en superficie y profundidad.
    Se dictaron en ese lapso más de 3.300 leyes, a un promedio de quinientas por año, y un número de decretos que supera los 7.500.
    En rápida cita, meramente ejemplificativa, recordemos las más importantes normas de derecho producidas por la “Revolución Argentina” en el ámbito institucional, ya que en lo económico lo puntualizamos con anterioridad.
    a. Se cambió la Constitución. Se dio la suma del poder público al titular del Ejecutivo primero, luego teóricamente compartido con la Junta de Comandantes. En sus manos se concentraron las funciones propias de los poderes ejecutivo y legislativo.
    b. Se dio nueva estructura a la administración pública, innovándose los organismos centralizados y autárquicos.
    c. Se cambió inícialmente el régimen federal por el unitario, en el que se continuó de hecho.
    d. Se cambió la moneda.
    e. Se dictaron nuevas leyes de Ministerios, de Defensa Nacional, de Desarrollo, de Universidades, de organización del “Servicio Civil de Defensa”.
    f. Se modificó el Código Civil y su legislación complementaria en parte general, obligaciones, familia, contratos, derechos reales y sucesiones.
    g. Igualmente se modificó el Código de Comercio, y normas sobre sociedades, concursos y materias afines.
    h. Se alteró la legislación del Trabajo y el régimen previsional.
    i. Se sancionaron nuevas leyes sobre procedimientos civil, comercial y penal.
    j. Se cambió la estructura del Poder Judicial, se incorporaron nuevos fueros, tribunales especiales y se modificaron las competencias. Se creó un nuevo sistema de nombramiento y de remoción de magistrados.
    k. Se dio funciones policiales y de investigación de delitos a las fuerzas armadas.
    l. Se modificó el Código Penal, se impuso la pena de muerte, se incrementó la cuantía de las sanciones y se crearon nuevas figuras delictivas, incluso el delito ideológico.
    ll. Surgió un nuevo régimen de partidos políticos y sistema electoral.
    m. Se dictó un nuevo Código Aeronáutico.
    n. Aparecieron leyes de pesca y, prácticamente, sobre todas las actividades que se desarrollan en nuestro suelo.
    No quedó sector social en el país sin recibir una nueva regulación jurídica, como testimonio de una fiebre innovadora incontenible.
    Las citas que anteceden tienen un carácter meramente enunciativo y tienden a mostrar la importancia —con prescindencia de los juicios de valor que las mismas merecen— de las transformaciones institucionales intentadas por el partido militar, en el aparato estatal —que en su conjunto acentuaron la centralización burocrática y la militarización, las que a pesar de su eficacia represiva, debieron ceder ante la respuesta de un pueblo, cada vez con mayor combatividad, que obligó a las clases dominantes a llegar al proceso electoral del 11 de marzo de 1973.

  • NATURALEZA DEL ESTADO BURGUÉS
  • Luego de esta visión global de la Nación Argentina, consideramos que debemos despejar el interrogante en torno a la naturaleza de ese Estado al que hemos tenido presente y al que nos hemos referido, en forma expresa o implícita, en todo el desarrollo del trabajo. Dejaremos de lado, por inconducentes, las definiciones académicas y normativas, para buscar su real funcionamiento en la sociedad en que nos toca vivir.
    Partimos de la premisa de que el hecho económico es base del hecho político, con la condición de dejar a salvo el principio de que la política también altera y modifica la estructura económica, operando sobre ella. Existe una interinfluencia demostrada a través de la historia, pues muchas estructuras políticas controlan y gravitan sobre el orden económico, como ya vimos en nuestra propia experiencia nacional. Enseña Marx, a cada fase de desarrollo de las fuerzas productivas corresponde un sistema de armas, táctica militar, diplomacia, derecho e instituciones políticas y artísticas, en otras palabras: nuevas formas de conciencia y de organización social.
    Como prueba de que las construcciones doctrinarias obedecen, en el fondo, a la necesidad de justificar determinadas posiciones políticas, nos basta con señalar que el debate y la teorización sobre el Estado se reanuda en la Edad Media a partir de su relación con la Iglesia y en base a las ideas de Aristóteles expuestas en su libro La política.
    Mientras el partido papista, que expresa los intereses del sector que detenta el poder terrenal de la Iglesia, sostiene con Gregorio VII y otras autoridades eclesiásticas, la idea monárquica; que el Papa es el gobernante de un imperio, el sacerdote y rey de la comunidad de los mortales, su legislador y juez, supremo en todas las causas; que el poder temporal —obra del pecado y del demonio— debía quedar subordinado al eclesiástico, con derecho a conferir y quitar imperios; por otra parte, crece un movimiento minoritario, alentado por el partido conciliar, que niega al Papa poder temporal, insinúa el derecho a la resistencia y, más adelante con Marsiglio de Padua, habla del derecho inalienable del pueblo, con lo que da como causa eficiente del Estado, no la voluntad de Dios, sino la voluntad del pueblo. En esta minoría opositora y partidaria del Estado secular, van a comenzar a germinar las ¡deas que luego son desarrolladas y aplicadas por la Revolución Francesa (cfr. Von Gierke, Teorías políticas de la Edad Media).
    Vemos así el papel conservador e ideológico que juega la Iglesia desde antiguo y que San Agustín sintetiza en esta frase: “La práctica sincera del cristianismo es la mejor garantía de salud para los imperios”.
    Sabemos que toda sociedad, que llega a cierto grado de evolución mínimo, necesita instituciones y reglas de comportamiento que le permitan regular y disciplinar su funcionamiento interno. Esta necesidad surge con la división del trabajo social. La mayor división del trabajo obliga a contar con un equipo de personas capaces de organizar y administrar la sociedad en su conjunto.
    Los grupos sociales ocupan distintas posiciones frente a los medios de producción; por el papel que desempeñan en la organización del trabajo y la consiguiente proporción que reciben de la riqueza social producida, nacen las clases sociales. Ello va a determinar que tengamos dos funciones para atribuirle al Estado: una de tipo técnico (organizativa y administrativa) y otra de dominación política, la de los explotadores sobre los explotados. La última función aparece sólo cuando surge la división en clases opuestas, cuando la productividad del trabajo social lleva consigo un excedente, el que es acaparado por un grupo de individuos de dicha sociedad. Por eso es que únicamente cuando, junto a la función de tipo técnico administrativo de organización social nace la función de dominación política, se puede hablar de la aparición del Estado propiamente dicho (cfr. Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, págs. 112 y sigs.).
    Antes de internarnos en el tema del título, consideramos útil hacer la siguiente aclaración. En las definiciones normativas de los manuales de derecho, al Estado se lo conceptúa como un orden jurídico centralizado, con ámbito territorial y temporal de validez internacionalmente delimitado. También se lo define a nivel elemental, como población que reside en un determinado territorio y obedece a un poder supremo. Sus elementos esenciales son: población, territorio y soberanía o poder supremo. En otros términos, en el Estado concurren: una organización gubernamental perfeccionada, la máxima fuerza social y una solidaridad de superior intensidad, que nos ubica dentro de la comunidad nacional.
    Respecto de la Nación, para no extendernos en este aspecto Introductorio, aceptamos por su precisión el conocido concepto que da Stalin, más allá de las discrepancias circunstanciales que ha provocado. Dice que Nación es una comunidad estable, históricamente formada, de idioma, territorio, vida económica y psicología, manifestada ésta en la Comunidad de Cultura.
    En cuanto al elemento soberanía, relativizado y cuestionado en la teoría jurídica por la Iglesia, los tratadistas católicos y ciertos especialistas en Derecho Internacional advertimos que para que un Estado sea soberano no debe admitir subordinación a ninguna agrupación humana superior, no debe tener encima de él ninguna otra comunidad de mayor jerarquía. En consecuencia, antes de dar respuesta sobre la existencia de la soberanía en un determinado Estado, es preciso establecer sí el enfoque es jurídico-formal o socio-económico, ya que desde el primero bastará para tenerlo por tal que constituya un orden jurídico hermético estructurado a partir de una norma fundamental concreta interna, mientras que desde el ángulo citado en segundo término deberemos previamente analizar las condiciones histórico-económicas en que se desenvuelve la comunidad en observación. Desde el último enfoque, no cabe duda que los países dependientes tienen una soberanía sumamente restringida, al extremo que podríamos decir que están afectados en su propia esencia de agrupamientos humanos políticamente autónomos. Además, las alianzas, convenciones y pactos regionales (ejemplo: OEA) tienden igualmente a restringir la soberanía formal de los países dependientes, en beneficio de las metrópolis imperialistas. Con la aclaración que antecede, continuamos con la consideración de la naturaleza del Estado, con criterio político y descriptivo.
    Como dice Engels, a fin de que las clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerse en los límites del “orden”. Y ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella, es el Estado.
    A partir de aquí, seguimos la exposición del tema conforme las enseñanzas de Lenin que, en base a lo que escribió en El Estado y la Revolución, constituye punto de referencia obligada por la seriedad y profundidad de su análisis, sin perjuicio de las aclaraciones que luego formularemos.
    Es decir que lo que sigue constituye un resumen suscinto de las tesis de Lenin, extraídas del mencionado trabajo, a las que se considera punto de partida para el razonamiento teórico sobre el tema en tratamiento.
    El Estado no es un órgano de conciliación de clases, por el contrario, es un órgano de dominación de clases, de opresión «fe una clase por otra, es el “orden” que legaliza y afianza la opresión, amortiguando los choques entre las clases. En cambio, para los partidos burgueses, el orden significa la conciliación de clases, ellos tratan de enmascarar la opresión para obtener el acatamiento voluntario del proletariado a la legalidad que imponen como representantes de la clase dominante.
    Como el Estado es un producto del carácter irreconciliable d» las contradicciones de clases, resulta evidente que la liberación de los sectores oprimidos es imposible sin una revolución violenta que destruya el aparato de dominación estatal creado por los opresores.
    Además, el Estado se caracteriza por la agrupación de su población según divisiones territoriales (entre nosotros, provincias, distrito federal, municipios) y por la institución de una fuerza pública (ejército, policía, gendarmería) que no es el pueblo en armas, y que se forma también con elementos materiales, como cárceles e instituciones coercitivas de todo género.
    Si la revolución triunfa, destruye el aparato opresor y crea su propia fuerza armada popular al servicio ahora de los explotados, del proletariado, mientras la antigua clase dominante trábala por restaurar el ejército, los destacamentos especiales de que se valia antes para dominar (caso boliviano después de Villarroel) y asi recuperar el poder.
    Para mantener un poder público especial, la burguesía necesita cobrar impuestos, tasas, contribuciones, contraer deudas públicas, con cuyo producto adquiere medios para ta represión y explotación de la clase trabajadora.
    Tanto el antiguo Estado esclavista como el feudal fueron órganos de explotación, al igual que el moderno Estado representativo que es el instrumento de que se vale el capital para explotar el trabaje asalariado.
    Sin embargo, esta afirmación no tiene carácter absoluto, pues por excepción hay periodos en que las clases en lucha están tan equilibradas, que el poder estatal, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto de una y otra clase (el. dados por Engels: bonapartismo del 19 y 2? imperio en Francia, y Bismarck en Alemania).
    Decíamos que el Estado es una organización especial de la fuerza, una organización de la violencia para reprimir a una clase cualquiera. En consecuencia, como instrumento cumplirá el objetivo para el que se lo use. Asi, las clases explotadoras necesitan al Estado para aplastar la resistencia de los explotados, para mantener ta explotación, es decir, el interés egoísta de la minoría Insignificante contra la inmensa mayoría del pueblo. Por su parte, las clases explotadas necesitarán llegar a la dominación política para suprimir por completo toda explotación, debiendo previamente aplastar la resistencia de loa explotadores, para lo que so valdrán del aparato del Estado.
    Por ello, sustituir la lucha de clases por la conciliación significa imaginar la sumisión pacifica de la minoría a la mayoría. Esta utopía pequeñoburguesa va unida al reconocimiento de un Estado situado por encima de las clases, lo que conduce en la práctica a traicionar los intereses de los trabajadores. O sea que el tema de la naturaleza del Estado se vincula Intimamente con la teoría de la lucha de clases.
    Hasta el momento de la revolución abierta, se da en el seno de la sociedad el desarrollo de una guerra civil más o menos oculta. Sólo el proletariado, por su papel económico en la gran producción, es capaz de encabezar a todas las masas explotadas (campesinos y capas medias de la pequeña burguesía) y oprimidas por la burguesía, pero que no tienen aptitud de luchar por su cuenta para alcanzar su propia liberación. He ahí, agreguemos, la razón del fracaso de los programas liberadores de los partidos de clase media en el continente iberoamericano.
    La teoría de la lucha de clases conduce necesariamente al reconocimiento de la dominación política del proletariado, de su dictadura, es decir, de un poder no compartido y apoyado directamente en la fuerza armada del pueblo.
    El proletariado necesita el poder estatal, la organización centralizada de la fuerza y de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población, en la obra de poner en marcha la economía socialista.
    El poder estatal centralizado, característico de la sociedad burguesa, surgió en la época de la caída de la monarquía absoluta. Las instituciones más características de la máquina estatal son ia burocracia y el ejército permanente. Hay miles de hilos que vinculan a los mismos con la burguesía. Ambos son parásitos adheridos al cuerpo de la sociedad burguesa y engendrados por las contradicciones internas que dividen a esta sociedad.
    A través de todas las revoluciones burguesas europeas, desde la calda del feudalismo, el aparato burocrático y militar se ha ido desarrollando y perfeccionando. En particular, la pequeña burguesía ha sido atraída al lado de la gran burguesía y sometida a ella, en medida considerable por medio del aparato estatal que proporciona a las clases medias puestos cómodos, tranquilos y honorables que las coloca por encima del pueblo.
    Cuanto más se distribuye la burocracia entre los distintos partidos Burgueses, tanto más evidente es para las clases oprimidas su hostilidad irreconciliable contra toda la sociedad capitalista. De ahí que aquéllos, incluidos los más democráticos, se ven obligados a reforzar la represión contra el proletariado revolucionario.
    La lucha por el poder entre los distintos partidos de la burguesía, pequeña o grande, que se reparten el botín de los puestos burocráticos, deja intacta las bases del régimen burgués y vigoriza al poder ejecutivo, a su aparato burocrático y militar. Estos son rasgos generales que caracterizan la evolución de los estados capitalistas en común.
    El imperialismo, en la época de los gigantescos monopolios capitalistas, de la transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de estado, revela un extraordinario fortalecimiento del aparato estatal y un desarrollo de su instrumental burocrático y militar en relación directa con el aumento de la represión contra el proletariado. Adviértase que la situación planteada por Lenin y recién descripta, está referida a la lucha de clases y a la represión contra el proletariado, sin considerar el comportamiento de los países dependientes frente al imperialismo, ni a los monopolios que menciona, casos en los que precisamente el fortalecimiento del Estado posibilita el proceso de liberación. El problema se centra en quien tiene el control de dicho instrumento de dominación.
    Las formas de los Estados burgueses centrales son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos son, en última instancia, dictaduras de la burguesía. La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, sino proporcionar una enorme diversidad y abundancia de formas políticas, pero la esencia de todas también será, inexorablemente, la dictadura del proletariado.
    Vemos en consecuencia que lo fundamental en la doctrina de Marx y Lenin es el reconocimiento de la dictadura del proletariado más que la lucha de clases. El período de transición, de derrocamiento de la burguesía y de su completa destrucción, es un periodo en que la lucha de clases reviste formas agudas nunca vistas, de un encarnizamiento sin precedentes, por lo que esa etapa debe ser inevitablemente la de un Estado democrático de nuevo tipo para el proletariado, y dictatorial de nuevo tipo contra la burguesía.
    En base a la experiencia de la Comuna de París de 1871, Marx consideró que la clase obrera al triunfar, no debe limitarse a tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines, sino que debe romper, demoler el aparato burocrático-militar. Sin embargo, como Marx limita su conclusión al “continente” interpreta Lenin que la tesis no se aplica a la Inglaterra de 1871, donde no habla casta militar ni casi burocracia, por lo que la revolución popular no necesitarla destruirlas. Pero, dado que en el presente siglo esas instituciones han crecido y se han extendido a todos los Estados, surge la necesidad de su destrucción, ya que aquella distinción ahora carece de razón de ser.
    Cabe puntualizar que también Marx sienta el principio de que “la demolición” de la máquina burocrático-militar del Estado es condición previa de toda verdadera revolución popular”. De donde deduce Lenin que tanto las revoluciones proletarias como las burguesas pueden ser o no populares, según que la masa del pueblo, la mayoría de éste tome participación activa en la lucha por sus propias reivindicaciones económicas y políticas. Asi, cita el caso de la revolución burguesa turca, como no popular por cuanto allí no actuó el pueblo perceptiblemente en modo activo, mientras que en la revolución rusa de 1905 la mayoría, las más bajas capas sociales, aplastadas por el yugo y la explotación, se levantaron por propia Iniciativa con el intento de construir una nueva sociedad.
    A su vez, en la Europa de 1871 el proletariado no era la mayoría del pueblo, por lo que su levantamiento para ser popular tenia que englobar al campesinado, arrastrarlo a la lucha, pues sin esa alianza la transformación socialista era imposible. Entonces
    Marx al hablar de “verdadera revolución popular” no olvida las peculiaridades de la pequeña burguesía, sino que tiene en cuenta, con la mayor precisión, la correlación efectiva de clases en los Estados concretos a que se refiere.

  • ESTADO PROLETARIO
  • Una vez destruido el aparato estatal, cuyos signos opresores mis evidentes son el ejército permanente, la policía, la burocracia, al clero y la magistratura, surge el problema de su sustitución. Yi vimos que hay que organizar otro Estado represivo, pero arios contra la burguesía. Según las enseñanzas de la Comuna, lo que debe hacerse es:
    a. Suprimir el ejército permanente y reemplazarlo por el pueblo en armas.
    b. Elegir consejeros municipales por sufragio universal en los diversos distritos, con carácter revocable en todo momento, designados entre obreros o representantes reconocidos de la clase obrera.
    c. Dejar las funciones judiciales a cargo de funcionarios que pierden su fingida independencia y además son electivos, responsables y revocables.
    d. Abolir todos los gastos de representación, los privilegios pecuniarios de los funcionarios y reducir todos los sueldos del Estado hasta el nivel del salario de un obrero.
    En definitiva, se pasa la ejecución de las funciones del Estado a la mayoría de la población, con completa elegibilidad y movilidad en cualquier momento de todos los funcionarios. Es decir, la extinción del Estado tiene que ver con la participación directa del pueblo en el aparato burocrático-militar.
    Lenin hace suya la critica de Marx al parlamentarismo y transcribe el siguiente pasaje: “La Comuna no habría de ser un cuerpo parlamentario, sino un organismo activo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo … En vez de decidir una vez cada tres o seis arlos qué miembros de la clase dominante han de representar y reprimir al pueblo en el parlamento, el sufragio universal habría de servir al pueblo, organizado en comunas, para encontrar obreros, inspectores y contables con destino a su empresa, de Igual modo que el sufragio Individual sirve a cualquier patrono para el mismo fin”.
    A ello agregaba Lenin que la salida del parlamentarismo no estaba en abolir las instituciones representativas y la elegibilidad, sino en transformar éstas de lugares de charlatanería en organismos activos, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo. Destacaba cómo en todos los países con parlamento, desde Estados Unidos a Suiza, desde Francia a Inglaterra, la verdadera labor estatal se hace entre bastidores y la ejecutan los ministerios, las oficinas, los estados mayores. En cambio, en la Comuna se sustituye el parlamentarismo venal y podrido de la sociedad burguesa por instituciones en las que la libertad de opinión y de discusión no degeneran en engaño, pues los parlamentarios tienen que ejecutar ellos mismos las leyes, comprobar sus resultados, responder directamente ante sus electores. Las instituciones representativas continúan, pero desaparece el parlamentarismo como sistema especial, como división del trabajo legislativo y ejecutivo, como situación privilegiada para los diputados.
    También puntualiza que hablar de la abolición de la burocracia de golpe, en todas partes y hasta sus últimas raices es una utopia. Pero destruir de golpe la vieja máquina burocrática y comenzar a construir otra nueva, que gradualmente reduzca a la nada toda la burocracia, no debe considerarse utópico.
    El proyecto consistía en organizar la gran producción por los mismos obreros, partiendo de lo creado por el capitalismo, en base a la propia experiencia de trabajo del proletariado, estableciendo una disciplina férrea por el poder estatal de los obreros armados, en reducir a los funcionarios públicos al papel de “inspectores contables” responsables, móviles y modestamente retribuidos. Este comienzo conduce por sí mismo a la extinción gradual de toda burocracia, a la creación de un orden en el que las funciones de inspección y contabilidad, cada vez más simplificadas, pueden ser ejecutadas por todos siguiendo un turno, con lo que desaparece la capa de los funcionarlos especiales de la sociedad.
    La organización de la unidad nacional se hace mediante la afirmación del centralismo. Los proletarios y el campesinado pobre al tomar el poder del Estado deben organizarse de un modo absolutamente libre en comunas y unificar la acción de las mismas para dirigir los golpes contra el capital, para aplastar la resistencia de los capitalistas, para entregar a, toda la Nación, a toda la sociedad, la propiedad privada sobre las fábricas, la tierra, los ferrocarriles, etc. O sea, que propone un centralismo democrático y proletario, sin perjuicio de reconocer, con Marx y Engels, que la república democrática constituye el acceso más próximo a la dictadura del proletariado, pues esta república, que no suprime la dominación del capital ni la lucha de clases, lleva inevitablemente a la última a una agudización tal, que “una vez que surge la posibilidad de satisfacer los intereses vitales de las masas oprimidas, esta posibilidad se realiza, ineludible y exclusivamente, en la dictadura del proletariado, en la dirección de estas masas por el proletariado”.
    En cuanto a las formas de Estado en el periodo de transición, recuerda que para Engels el centralismo democrático no Implica desconocer la cuestión nacional en los casos concretos donde ella existe.
    Asi, Marx y Lenin deducen que el Estado deberá desaparecer, y que la forma transitoria para su desaparición será el proletariado organizado como clase dominante.
    En rápida recapitulación podríamos decir que “de la misma manera en que la división técnica del trabajo dentro de la empresa da origen a la función de vigilancia y dirección, que tiene por objetivo la coordinación del trabajo global dentro de ella, la división del trabajo social requiere de un conjunto de aparatos Institucionales y de normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en conjunto … La función de organización y dirección adquiere, a nivel de la empresa, un carácter de explotación de los trabajadores por los dueños de los medios de producción, y a nivel del Estado es utilizada para reproducir las condiciones políticas y económicas de la explotación de una clase por otra” (Harnecker, ob. oft., pág. 117).
    Encontramos, entonces, en el Estado una doble función: técnica administrativa y de dominación política, que también se oculta en las primeras. Aclaremos que las clases dominantes no crean un aparato político que es el Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses de clase, sino que utilizan a ese fin la estructura estatal ya existente.
    “Con el desarrollo del capitalismo y la constitución del Estado moderno, las relaciones de producción y las relaciones políticas fueron perdiendo su unidad, escindidas en dos esferas, la sociedad civil y la política. Los hombres que como productores están bajo relaciones de desigualdad (patrón y obrero, empresario y empleado, etc.) en cuanto individuos políticos son libres e iguales. La sociedad civil es el ámbito de contradicciones entre intereses privados, tanto de orden competitivo entre burgueses como sociales, entre la burguesía y los trabajadores. En lo político (siempre, por supuesto, que el régimen democrático funcione) reina una libertad que es real, en cuanto equipara a todos como ciudadanos; pero es real en el interior de ese ámbito político, que a su vez es parte de las superestructuras que integran la organización social basada en la explotación de la fuerza del trabajo por los capitalistas. La ideología, como elemento de esa dominación clasista, no tiene la función de justificar lo que está a la vista, sino de ocultar, de mistificar el conjunto de las relaciones sociales” (Cooke, ob. cit., pág. 151).
    La distinción entre las dos funciones del Estado, la técnico-administrativa y la represiva, permite comprender el significado de la expresión “Extinción del Estado”.
    El proletariado al tomar el poder no hace que por su sola presencia el Estado desaparezca de un día para el otro. Debe destruir el aparato utilizado por la burguesía y construir simultáneamente uno nuevo, porque la lucha de clases continúa y, por lo tanto, necesitará reprimir a las clases que se opongan a la construcción del socialismo. A medida que, bajo la dictadura del proletariado, las diferencias de clase van desapareciendo, la función de dominación política pierde importancia y tiende también a desaparecer, quedando subsistente sólo las funciones técnico-administrativas. Es decir, mientras el aparato del Estado burgués se destruye, el Estado socialista, como dominación política, cuyo primer acto como tal es la toma de posesión de los medios de producción, desaparece en forma gradual y el gobierno sobre las personas se transforma en administración de cosas y dirección de procesos de producción.
    O sea, que desaparece asi el poder político, entendido como capacidad de utilizar el aparato estatal para cumplir los objetivos de la clase dominante. Mientras el Estado subsiste, el “tipo” está dado por las relaciones de producción, por la estructura económica sobre el que se erige (feudal, capitalista, socialista, etc.), en tanto que la “forma de gobierno” se refiere a la estructura institucional y depende de condiciones históricas concretas.

  • ANÁLISIS CRITICO
  • En lo sustancial, las ideas expuestas de Lenin mantienen su vigencia, pero como ellas fueron escritas en 1917, antes de la toma del poder por el proletariado, están inconclusas, como él expresa en la primera edición (quedó sin redactar la segunda parte), y luego fueron objeto, en otros escritos, de aclaraciones, modificaciones y complementaciones. Por eso nos sentimos obligados a efectuar las siguientes consideraciones desde la perspectiva de nuestra situación de país dependiente y culturalmente colonizado. Además cabe recordar que él allí da respuesta a los problemas inmediatos de la militancia política, por lo que se refiere únicamente a la realidad europea y a la lucha de clases en el seno de esas sociedades.
    Existen temas como los del papel de la burguesía nacional, el ejército, el capitalismo de Estado p el sufragio universal, a los que no se puede aplicar dogmáticamente lo dicho por el Lenin de El Estado y la Revolución.
    En 1921 ya Lenin reconoce que no es fácil destruir el aparato del Estado burgués y reemplazarlo por uno nuevo, pues ha debido recurrir a la vieja burocracia imperial a fin de evitar el sabotaje, aunque con un rendimiento negativo (“El impuesto en especies”).

  • CAPITALISMO DE ESTADO
  • Su afirmación de que al transformarse el capitalismo monopolista en capitalismo de Estado la opresión adquiere proporciones cada vez más monstruosas, es válida para los países imperialistas, no para los dependientes, en donde el monopolio estatal es la principal forma económica de oposición al predominio de los monopolios imperialistas en el proceso de liberación.
    La burguesía aliada a los intereses metropolitanos es, como puntualizamos más arriba, radicalmente opuesta al monopolio estatal y a toda nacionalización. Igualmente los organismos de penetración, como el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, imponen coactivamente la línea contraria al estatismo económico.
    La experiencia chilena de hoy también lo demuestra. Una administración pública de partidos populares que trata de acceder al poder efectivo, se debate por avanzar en el plano de las nacionalizaciones, con suerte varia y fuerte oposición de los conglomerados multinacionales y sus aliados internos.
    Entre nosotros, la supresión de la Constitución de 1949 tuvo por principal finalidad, como lo ha señalado recientemente el general Perón, la eliminación del contenido del art. 40, que al imponer la nacionalización de la economía argentina, imposibilitaba su entrega a los consorcios norteamericanos (Mayoría, 28-1-73).
    En mayo de 1918, Lenin escribía en Pravda que era un completo absurdo teórico la crítica de los “comunistas de izquierda”, que exigían la más decidida socialización y se pronunciaban en contra de la “evolución hacia el capitalismo de Estado”, al que calificaban de “desviación bolchevique de derecha”. En respuesta, enseñaba que la clase obrera para asegurar la consolidación del socialismo debe defender el orden estatal contra el anarquismo pequeño propietario, debe aprender a poner en marcha la gran organización estatal de la producción, tomando como base los principios del capitalismo de Estado, ya que el socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista y sin el dominio del proletariado en el Estado. Recordaba que en septiembre de 1917 había anticipado que el socialismo no era más que el paso siguiente al monopolio capitalista de Estado, al que estimaba “su antesala, el peldaño de la escalera histórica entre el cual y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio”. Esto lo decía no respecto del Estado socialista, sino del “democrático-revolucionario” como el mismo lo remarca (Sobre el infantilismo de la “Izquierda”, ob. cit., t. 27, pág. 327 y sigs.).
    Lenin, en El Estado y la Revolución, analiza el capitalismo monopolista de Estado bajo la hegemonía de la burguesía imperialista en los países industrializados y en particular destaca el oportunismo de los partidos oficiales de la Segunda Internacional, que ocultan la instrumentación del Estado como órgano de dominación que monopoliza el ejercicio de la violencia legal contra las clases oprimidas. En consecuencia, no se detiene en la consideración del Estado en los países dependientes, como unidad, frente al Imperialismo, ni en la Revolución Colonial, ni en el papel del proletariado de las naciones colonizadas, temas de primera importancia en la problemática política contemporánea.

  • LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN
  • Al describir el problema de su patria, Giap dice: “La sociedad del Vietnam de tiempos anteriores, país colonial y semifeudal, se caracterizaba por dos contradicciones fundamentales, una entre el imperialismo y la nación entera, otra entre los terratenientes feudales y el pueblo, esencialmente las masas campesinas; de esas dos contradicciones, la primera tenía que ser considerada como la esencial. La revolución vietnamita era, pues, una revolución nacional democrática popular que tenía dos tareas fundamentales: una antimperialista, otra antifeudal; de esas dos tareas, la primera, la que tendía al derrocamiento del imperialismo y al logro de la liberación nacional, tenía que ser considerada como la esencial. Desde 1930, al destacar las dos contradicciones de nuestra sociedad, nuestro Partido había definido claramente las dos tareas de nuestra revolución y le había dado así un impulso en profundidad y en amplitud. Pero hubo que esperar a 1939-1941 para que la lucha contra el imperialismo y por la liberación nacional fuera concebible claramente como una tarea primordial” (Vietnam liberado, pág. 78).
    En Historia de las ideas políticas, Pokrovskí y otros teóricos soviéticos, cuyas afirmaciones aquí no las cotejamos con la política concreta que en cada oportunidad adoptó la URSS, ponderan la importancia de algunos movimientos de liberación en la fase imperialista del capitalismo. Así estiman las concepciones político-sociales de Sun Yat-sen en la China de la segunda década de este siglo, como de notable significación progresista por su carácter antimperialista, fundamentado en tres principios: a) el de la Nación, opuesto al cosmopolitismo proimperíalista; b) el del poder del pueblo (“democratismo”); y c) el de la prosperidad popular (nacionalización de tierras y revolución agraria). Estos principios que parten de la democracia burguesa para la reforma estatal de China, y su propia lucha por concretarlos en la realidad, llevan a los autores a calificar, con justicia, a Sun Yat-sen de gran demócrata revolucionario.
    Sin embargo, el partido Comunista argentino, con una óptica deformada y europeizante, no obstante la mayor trascendencia de la obra antiimperialista y revolucionaria del general Perón, permanece ciego a esta realidad y se comporta objetivamente como pequeña burguesía alejada del proceso liberador argentino, al marginarse del quehacer del Movimiento Nacional Peronista que contiene y expresa al proletariado de nuestra tierra. El policlasismo de su composición no puede hacer perder de vista que su ideología es la de la clase obrera, en tanto aglutina en su seno los instrumentos de defensa de los intereses de ésta y es de hecho el medio principal para derrotar al imperialismo.
    En la confrontación chino-sovíétíca se introduce como tema de discusión la posición del mundo socialista frente al movimiento de liberación nacional de Asia, África y América latina. Ambos destacar» la obligación de apoyar la lucha revolucionaria de los pueblos y naciones oprimidos, por la ayuda que prestan al socialismo.
    La cuestión dio lugar a una polémica profunda y enconada, que aún continúa y que trasciende a la lucha interna del campo socialista, ya que se refiere a la conducta que, según las declaraciones, deberían seguir tales potencias con los países dependientes en proceso de liberación. Por lo último es que consideramos de utilidad conocer las distintas posiciones sobre el particular, más allá de la distancia que exista o pueda haber existido entre las palabras y los hechos.
    Los chinos entienden que considerar una carga o un favor la ayuda que prestan los países socialistas a los pueblos y naciones oprimidos, es contrario al marxismo-leninismo y al internacionalismo proletario, su lucha no es de mera significación regional, sino de importancia general para la causa de la revolución mundial del proletariado internacional en su conjunto.
    En su carta del 14-6-63 sostienen que la clase obrera de los países capitalistas de Europa y América no puede liberarse sin la alianza con las naciones oprimidas y sin la liberación de estas últimas. En apoyo de su afirmación trae las palabras siguientes de Lenin: “En realidad, el movimiento revolucionario en los países adelantados sería prácticamente un engaño, sin la unión completa y más estrecha de los obreros en la lucha contra el capital en Europa y América, con los cientos y cientos de millones de esclavos coloniales oprimidos por el capital” (El 29 Congreso de la Internacional Comunista).
    Agregan que en Asía, África y América latina los más amplios sectores de la población rehusan vivir bajo el yugo del imperialismo; sectores que no solamente comprenden a los obreros, campesinos, intelectuales y pequeñoburgueses, sino también a la burguesía nacional patriótica y hasta un número de nobles y aristócratas de sentimientos patrióticos.
    “Los países nacionalistas que han conquistado recientemente la independencia política, aún tienen ante se las arduas tareas de consolidarla, liquidar las fuerzas del imperialismo y a los reaccionarios internos, llevar a cabo la reforma agraria y otras reformas sociales y desarrollar la economía y la cultura nacionales. Para estos países, es de vital importancia práctica mantenerse alerta y luchar contra la política neocolonialista que aplican los viejos colonialistas … y sobre todo… los Estados Unidos.”
    “En algunos de estos países, la burguesía nacional patriótica sigue junto a las masas populares en la lucha contra el imperialismo y el colonialismo y toma algunas medidas en bien del progreso social. Esto exige que el partido del proletariado aprecie en su justo valor el panel progresista de la burguesía nacional patriótica y consolide la unidad con ella.”
    “Por lo general, la burguesía de esos países tiene un carácter doble. El partido del proletariado, cuando establece un frente único con la burguesía, debe seguir una política tanto de unidad como de lucha. Su política debe ser de unirse con la burguesía a medida que ésta se inclina a ser progresista, antiimperialista y anti-feudal, y de luchar al mismo tiempo contra las tendencias reaccionarias de la burguesia al compromiso y colusion con el imperialismo y las fuerzas del feudalismo.”
    “… En la lucha revolucionaria, el partido proletario apoya al nacionalismo progresista y se opone al nacionalismo reaccionario. Debe siempre deslindar los campos con el nacionalismo burgués, y jarnos debe dejarse cautivar por éste…”
    “En el curso de la lucha revolucionaria de las naciones y pueblos oprimidos, el partido del proletariado sólo puede llevar hasta el fin la revolución democrática nacional y conducirla al camino del socialismo si planea independientemente su programa de lucha consecuente contra el imperialismo y los reaccionarios internos y por la independencia nacional y la demorada popular, trabaja independiente entre las masas, desarrolla constantemente las fuerzas progresistas, se gana las fuerzas intermedias y aisla las fuerzas reaccionarias.”
    A continuación, marcan como area en los paises imperialistas, realizar la revolución proletaria y la dictadura del proletariado, mientras que en los paises descendientes la clase obrera y las masas populares deben dirigir sus golpe principal contra el imperialismo norteamericano.
    Por su parte, los soviéticos en carta del 30-3-63, manifestaban que a nivel mundial existen tres grandes fuerzas revolucionarias que constituyen el fundamento de la lucha contra el imperialismo: los países socialistas, el movimiento revolucionario internacional y el movimiento liberador nacional. También decian que las naciones que han sacudido el yugo colonial sólo pueden llevar a feliz término tu acción, luchando resueltamente contra el imperialismo y aunando en un frente nacional único a todas las fuerzas patrióticas: clase obrera, campesinado, burguesía nacional e intelectualidad democrática.
    “Los Estados que han conquistado recientemente su libertad nacional no forman parte ni del sistema de estados socialistas, ni del sistema de estados capitalistas, pero la inmensa mayoría de ellos aún no ha escapado de la órbita de la economía capitalista mundial… Ahora que la independencia política ha sido ya lograda pasa a primer plano la lucha de los jóvenes estados soberanos contra el imperialismo, por el renacimiento definitivo nacional y por la independencia económica (…) En la lucha por la conquista y afianzamiento de la independencia es necesario cohesionar por todos los medios a todas las fuerzas de la Nación dispuestas a luchar contra el imperialismo. El ala derecha de la burguesía nacional tiende a mantener su situación dominante después de la conquista de la independencia, por algún periodo trata de instaurar regímenes políticos reaccionarios y desencadenar persecuciones (…) Sin embargo, dichos regímenes son de poca duración por cuanto obstaculizan el progreso y la independencia económica…”

  • BURGUESÍA NACIONAL
  • En torno a la burguesía, como lo advierten las declaraciones que transcribimos precedentemente, debemos hacer distinciones. En primer término, ninguna duda cabe sobre el papel expoliador que cumple la de los países imperialistas, tanto sobre sus bajas capas sociales, como sobre el mundo colonizado, con la aclaración de que los sectores medios y la aristocracia de la clase obrera en tales Estados, participa de los beneficios de la explotación internacional, lo que se pone en evidencia con los conflictos laborales y sociales que surgen en los períodos de descolonización, al perder las metrópolis el dominio económico de los países que se liberan.
    Aquella es el enemigo irreconciliable y el eje del sistema de opresión.
    La burguesía nativa se descompone en varios sectores, de los que son enemigos estratégicos permanentes los aliados del enemigo principal, el imperialismo. La burguesía nacional tiene, en su conjunto, un carácter dual, que se manifiesta, como parte del campo nacional, al oponerse objetivamente a la penetración colonial en la medida en que la oprime, y por otro lado, al explotar localmente a la clase obrera. En cierta medida sufre las mismas contradicciones que Hernández Arregui advierte en la clase media argentina y en las instituciones que la expresan: ejército, universidad, sindicatos de empleados.
    Por todo ello, la burguesía nacional, desde el punto de vista de la teoría del Estado, no puede quedar incluida dentro del concepto general de “burguesía”, sin explicitar previamente sus diferencias y alianzas con las clases sociales que conducen el auténtico proceso de liberación, proletariado urbano y rural y capas bajas de la clase media.
    La etapa inicial de la Revolución Nacional en los países dependientes puede comenzar sin la destrucción del aparato estatal. La conducción por parte de sectores de la burguesía nacional, en la primera etapa, salvo excepciones como el caso de Vietnam, antes que a la destrucción del Estado burgués, procede a su nacionalización y a la ampliación de la base social de sustento. Este período suele ser iniciado, precisamente, desde el aparato estatal. Nuestra afirmación no niega el principio de que no hay ejemplo histórico de liberación de la clase obrera sin una revolución violenta, como es violenta la represión contra ella, que destruya el Estado burgués colonial o metropolitano, sino que extiende la situación de excepción que contempla Engels, del Estado “como mediador aparente”, “en que las clases en lucha están equilibradas”, es decir, del Estado equidistante transitoriamente del capitalismo y del asalariado, a ciertas instancias de los gobiernos de los Movimientos Nacionales.
    La ejemplificación más acertada es la del Peronismo en el poder. Su política de nacionalizaciones “fue una etapa por la que han debido atravesar sin excepción todos los países socialistas”. Las clases conservadoras se sentían amenazadas —y no se equivocaban— respecto de la dirección del período de transición que les tocaba vivir. La oposición al peronismo no sólo se fundó en la reacción de la clase ganadera y grupos importadores y exportadores privados desplazados de la conducción económica por el Estado, y que encontraron activo auxilio en el exterior, sino v ante todo, por el poder obrero y su intervención creciente en la política argentina.
    El programa político nacional del peronismo no fue socialista. “Pero lo que se intenta negar, son los brotes socializantes muy avanzados para la época qué mucho más que sus contradicciones (producto de su composición policlasista inicial), se desarrollaron durante el régimen de Perón, condicionados por el peso político del proletariado nacional” (Hernández Arregui, Peronismo y socialismo, págs. 214 y 216).
    Sólo por desconocimiento o mala fe se puede calificar peyorativamente de “bonapartismo” a esta época de la historia argentina. Para ello habría que ignorar su enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, la mejor redistribución del ingreso nacional en beneficio de las clases explotadas, la política económica y financiera nacionalizados, la organicidad y unidad dada al sindicalismo, la participación activa que tuvo la clase obrera en las instituciones estatales y su creciente peso político, aunque limitado por la conducción de los aparatos sindicales.
    Advirtamos que los enunciados propuestos por las centrales del comunismo mundial, a que aludimos anteriormente, como objetivos inmediatos de los movimientos de liberación nacional, se encontraban superados en la época del peronismo en nuestra tierra. Sólo una concepción pequeñoburguesa antinacional, y casualmente tributaria de aquellos centros citados, puede tener una actitud que de hecho olvida la contradicción entre imperialismo y Nación, y omite al movimiento con auténtico contenido obrero.
    La tesis del “régimen bonapartista” aplicada al general Perón es de Jorge A. Ramos y fue empobrecida posteriormente por Rodolfo Ghioldi, dice Hernández Arregui, quien refiere que conforme a las elaboraciones de Marx y Engels hay en lo particular formas “bonapartistas” reaccionarias y progresistas y que en sentido general, dicho régimen consiste en que objetivamente representa los intereses materiales de la burguesía sin darle participación en el poder político efectivo, tomando el Estado la dirección de los negocios, sin que por eso éste deje de representar a la burguesía. Dicho rasgo le permite hacer concesiones a las otras clases. Su oportunismo político explica las vacilaciones de tales gobiernos en los momentos críticos, entre la revolución y el orden conservador, que en la opción se resuelve en el último sentido.
    Hernández Arregui aclara que el concepto no puede usarse rígidamente con relación a situaciones distintas, sin introducir importantes salvedades. Admite que algunos rasgos del “bonapartismo” se encuentran en el peronismo, como el equilibrio por encima de las clases, pero en su contenido particular el Justicíalismo no fue reaccionario sino revolucionario, conciliador a medias, por su recostamiento en la clase trabajadora y no en las clases altas —oligarquía terrateniente, burguesía industrial, campesinado chacarero— fuerzas que, en definitiva, nunca le prestaron su apoyo, y en última instancia, resistieron al sistema en tanto el proletariado permanecía fiel al mismo. Concluye este destacado escritor nacional por calificar la posición de Rodolfo Ghioldi como una grosera depravación del marxismo (La formación de la conciencia nacional, ed. 1970, pág. 482).

  • EJERCITO
  • La función represiva de los ejércitos profesionales no puede ser cuestionada en términos generales. En los países imperialistas responden a la burguesía monopolista. Es conocida la opinión de Wright Mills sobre su integración con el mundo del empresariado de Estados Unidos, “… al examinar los acontecimientos y decisiones, sentimos la tentación de hablar de un vacío político, donde gobiernan la riqueza corporativa y el señor de la guerra, con intereses coincidentes” (La élite del poder, pág. 260).
    El juicio sobre esta institución en los países dependientes no debe ser esquemático. Si bien no puede negarse que los militares generalmente actúan como gendarmes de los intereses del imperialismo, el que los unifica a nivel continental en esa función a través de organismos como la Junta Interamericana de Defensa, que actualmente en la Argentina acceden a los altos cargos gerenciales de los conglomerados trasnacionales, que reprimen al pueblo y se comportan como fuerza de ocupación de su propia patria, también debemos reconocer que en su contradicción como parte de la burguesía, en ocasiones han iniciado procesos de revolución nacional, a cuyo frente se encontraba el ejército (ejemplo: Egipto con Nasser, Argentina con Perón, Perú con Velasco Alvarado, Panamá con Torrijos). Igualmente, la experiencia histórica presenta casos de militares de clara y concreta conducta antiimperialista, como Mosconi, Savio y Baldrich, entre otros.
    Además, por el propio condicionamiento del medio social que sufren sus miembros en las naciones colonizadas, suelen tener participación activa en las revoluciones nacionales, como cuerpo, o a través de sus parcialidades que toman la posición nacional. Recordemos el caso de Caamaño en Santo Domingo. También pueden llegar a jugar un papel importante, junto a las “organizaciones armadas espontáneas”, sobre un plano de acción de masas, en la lucha por la liberación.
    Como ejemplos de las contradicciones que sufren las fuerzas armadas en los países periféricos, podemos citar el del ejército popular que se forma a partir de academias militares profesionales burguesas (el 4′ y 8? ejército de ruta chino), el de algunos ejércitos árabes que arman y combaten alternativamente a las organizaciones guerrilleras y el del ejército argentino que en 1955 se niega a armar milicias obreras de su mismo signo político, según sus propias expresiones.
    Ello nos lleva a no dar una respuesta dogmática con pretendido valor absoluto. Admitimos su función represora también en los países dependientes, pero el papel que efectivamente cumplen se correlaciona con el medio y el momento histórico en que actúan.
    No debemos perder de vista la advertencia de Lenin, de evitar que se nos engañe con palabras. Un principio que es válido en una cierta situación puede resultar contraproducente si se lo traslada mecánicamente a otro. Así, por ejemplo, “la defensa de la patria” en las guerras interimperialistas, para quienes se encuentran en una nación opresora, atenta contra los intereses del proletariado y sirve de justificación a la lucha encarnizada de las burguesías de las grandes potencias por el reparto y distribución del mundo. En cambio, “sería sencillamente una necedad negar la ‘defensa de la patria’ por parte de los pueblos oprimidos en su guerra contra fas grandes potencias imperialistas”.
    Esta época del imperialismo del siglo XX “ha de originar y nutrir también inevitablemente la política de lucha contra la opresión nacional y de lucha del proletariado contra la burguesía y por ello mismo, la posibilidad y la inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y de las guerras nacionales revolucionarías; en segundo lugar, de las guerras y de las insurrecciones del proletariado contra la burguesía; en tercer lugar, de la fusión de los dos tipos de guerras revolucionarías, etc.” (El programa militar de la revolución proletaria).
    Dado el papel protagónico que juegan las fuerzas armadas de los países coloniales en las guerras de liberación cuando se deciden a participar junto al pueblo, es que el imperialismo comienza por la captación de los comandos, “para terminar luego con un ‘lavado de cerebros’ realizado mediante variados procedimientos”. Por ese medio USA ha conseguido, gratis, fuerzas de ocupación en los mismos países que ha deseado dominar. El caso argentino no difiere de lo ocurrido en Vietnam del Sur, sino en los detalles de ejecución: relevaron a las fuerzas armadas, depusieron al Gobierno y asesinaron a sus gobernantes. Es que el imperialismo no perdona. “A mí no me asesinaron, no porque les faltaran deseos o instrucciones, sino porque no pudieron. Actualmente, en nuestro país, la dictadura militar parece cumplir bien la misión que le han encomendado …” (General Perón, La hora de los pueblos, págs. 74-75).

  • REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Y SUFRAGIO UNIVERSAL
  • El juicio de Lenin sobre la república democrática, como envoltura óptima del capitalismo, tiene un carácter relativo y su vigencia plena se limita hasta la primera guerra mundial.
    Lenin no alcanzó a conocer al fascismo y sus cuestionamientos doctrinarios las “plutocráticas democracias”, que expresan los intereses de las burguesías monopolistas que luchan por expandirse en forma imperialista en un mundo ya repartido. La puja condujo al fascismo en Italia y al nazismo en Alemania, previo paso por regímenes burgueses con instituciones progresistas, que posibilitaron movimientos proletarios frenados por la represión, las reformas y la degeneración de las conducciones obreras. Así se instalaron dictaduras controladas por los monopolios, como anticipo necesario de la nueva aventura imperialista para obtener modificaciones en el reparto del mundo colonial.
    Sólo los países capitalistas consolidados (Inglaterra, Estados Unidos, Francia) mantuvieron en ese momento las formas de la democracia liberal.
    El sufragio universal es utilizado en los estados imperialistas como instrumento de dominación de la burguesía.
    En cambio, los movimientos nacionales en sus fases más primarias, sobre todo con un grado de desarrollo social mayor que el de los países atrasados del mundo colonial, hacen de la lucha por la “democracia burguesa” uno de sus objetivos fundamentales. Por la vía del sufragio universal comienzan a disputar a las oligarquías locales el control de las instituciones políticas. El yrigoyenismo fue, entre nosotros, un modelo de movimiento de carácter democrático que bregó por el sufragio, que le era negado por la oligarquía terrateniente. Hubo revoluciones cívico-militares como las de 1890-1903-1905 por el sufragio universal y la “década infame” negó el sufragio universal mediante la oficialización del “fraude patriótico”.
    El peronismo, originado en el sector nacionalista del Ejército, luego de la movilización de las masas obreras del 17 de octubre de 1945 y con la división de las fuerzas armadas, llegó al poder en las elecciones del 23 de febrero de 1946. La democratización más alta y extensa del sufragio universal la realizó este movimiento desde el gobierno al conceder el voto femenino. Por el contrario, a partir de septiembre de 1955 las instituciones políticas se asientan en la proscripción franca o encubierta del Movimiento Nacional. Cada vez que el régimen intenta poner en práctica el sufragio universal, se ve obligado a retornar al golpe militar. Frondizi cae al ganar el peronismo en las elecciones del 28-3-62 en la provincia de Buenos Aires; en el enfrentamiento entre azules y colorados en 1963, la fracción triunfante agita la consigna “que el pueblo pueda votar”, y el golpe del 28-6-66 es dado preventivamente, luego del triunfo del peronismo sobre el vandorismo en Mendoza y ante la inminencia de igual resultado en las elecciones en el primer estado argentino en 1967. Al presente, las sucesivas modificaciones a los regímenes electoral y de los partidos políticos y los retoques al Estatuto de la “revolución argentina” tienden a posibilitar la proscripción del movimiento popular mayoritario, ante el fracaso de su fraccionamiento, de la alvearizacíón intentada y de la eventualidad continuísta.
    Allende en Chile, Arévalo y Arbenz en Guatemala, ponen en evidencia, entre otros casos ya citados, que el sufragio universal es un medio apto para revelar realmente la voluntad mayoritaria de los trabajadores en el mundo colonial, cuando no se falsean las instituciones democrático-burguesas. Ello ocurre porque, en tanto países económicamente dependientes, la sobreganancia se exporta y no alcanza a las oligarquías gobernantes para formar y prostituir a una masa de trabajadores aburguesados, canalizados por conducciones políticas proimperialistas que se manejan en el juego de los perimidos partidos tradicionales de élite, que tan pronto como se da libre cauce al sufragio quedan reducidos a lo que son, expresiones minoritarias de una burguesía desnacionalizada, controlados por profesionales del tráfico de votos, cargos electorales y puestos públicos.
    Los intentos de crear una variante contrarrevolucionaria, mediante partidos de masas socialcrístianos, no ha dado resultado, por cuanto el condicionamiento económico de las clases medias por la acción del imperialismo, desarticula dicha variante. Inclusive sus desprendimientos terminan por incorporarse a las corrientes nacionales populares desde posiciones que alientan la toma del poder por la acción directa.
    En conclusión, no existe en la presente etapa de desintegración del bloque imperialista mundial, ninguna fuerza política de masas que pueda garantizarle a éste en el mundo colonial el funcionamiento del sufragio universal como medio de institucionalizar el poder en manos de las burguesías reaccionarias.
    Las vacilaciones electorales de la clase media, producto de los prejuicios e ilusiones de carácter democrático pequeñoburgués, tienen raíz económica y es la propia experiencia histórica la que hace que sus miembros medida que la opresión imperialista y la lucha de clase; se agudizan, comprendan que deben tomar partido por la causa nacional y junto a los explotados, en vez de hacerlo por la burguesía expoliadora y aliada de los monopolios, pero ello no ocurre de un día para otro, necesita de la experiencia práctica propia y de vivir la posibilidad de comparar una y otra dirección (cfr. Lenin, Las elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado).
    En la Argentina de hoy, la clase media al nacionalizarse se hace peronista y marcha políticamente detrás del Movimiento Nacional Peronista, que es la expresión real de nuestra clase obrera.
    La práctica del sufragio universal se garantiza con el fusil.
    El reconocimiento del papel del sufragio universal en los países periféricos no afecta la validez del principio leninista de que el sufragio universal no garantiza su puesta en práctica. Debemos considerar un axioma inamovible dentro de la teoría del Estado, confirmado por la experiencia, que el poder nace del fusil y no del voto universal. Los teóricos de la guerra revolucionaria, como Engels, Lenin, Mao y Giap, dentro de una línea de masas, han comprendido la necesidad de resolver prácticamente en cada revolución las tareas militares requeridas para destruir el poder enemigo e instaurar el del pueblo bajo la conducción del proletariado organizado. El sufragio universal es parte de las luchas políticas de las colonias por la liberación, pero para garantizar la práctica de su pensamiento requiere pasar por la acción armada. La toma del poder, como misión principal de los revolucionarios que luchan en las filas de la clase obrera peronista por la liberación nacional y la construcción del socialismo, impone la obligación de resolver prácticamente las tareas militares que le son inherentes.

  • DUALIDAD DEL PODER
  • Lenin sostiene en Acerca del Estado (abril de 1917), que el problema fundamental de toda revolución es el problema del poder del Estado y comenta que en el período de transición bajo el Gobierno Provisional de Rusia, junto al gobierno de la burguesía, se había formado otro gobierno, débil entonces, todavía en forma embrionaria, pero existente sin duda alguna y en vías de desarrollo: los soviets de diputados obreros y soldados, cuya fuente de poder no estaba en la ley sino en las masas, en el armamento directo de todo el pueblo y en el control directo que sobre ellos ejercía ese mismo pueblo.
    La gestación de ese poder embrionario del pueblo, que luego en la etapa inicial de la Revolución Nacional radicalizará el proceso y acelerará la construcción del socialismo, comienza a insinuarse, en la Argentina, con la resistencia masiva de la clase obrera peronista contra el poder opresor de la “Revolución Libertadora”.
    Sus exteriorizaciones de más significación están dadas por:
    a) la ocupación de barrios proletarios ya en septiembre de 1955;
    b) la ocupación de fábricas, tergiversada y frenada por el vandorismo;
    c) las huelgas portuarias de 1966 y petrolera de 1968;
    d) la toma de los pueblos de Villa Guillermina y Ocampo, con la renuncia de sus intendentes;
    e) las asambleas de bases obreras que imponen la lucha a conducciones indecisas (mecánicos de Córdoba, petroleros de Ensenada, trabajadores de ingenios de la FOTIA);
    f) la huelga del frigorífico Lísandro de la Torre de 1959, cuyos participantes llegan a controlar la zona al extremo de conceder salvoconductos para la circulación;
    g) el cambio de intendente impuesto por el pueblo de Cipolletti;
    h) la designación como intendente en el interior de Salta en 1972, al secretario general del Sindicato Vitivinícola por imposición del gremio;
    i) la ocupación de viviendas por el movimiento villero;
    j) el Cordobazo bajo conducción obrera desde el aparato sindical de bases y su reiteración a nivel nacional, con la sola excepción del Gran Buenos Aires;
    k) el surgimiento y mantenimiento de la CGT de los Argentinos y agrupamientos obreros orgánicos de bases que la conforman, sin integrarse al aparato burocrático oficial del movimiento, con la tolerancia de la conducción estratégica, asi como el desarrollo de actividades políticas e ideológicas que desde ella se cumplen;
    l) la existencia de los gremios combativos de las 62;
    ll) el fortalecimiento orgánico de las bases y la consolidación de a vanguardia obrera peronista, en la lucha por el poder, la liberación de la Patria y en camino hacia el socialismo.

  • MODELOS DE DESARROLLO
  • Cuando hablamos de la necesidad de adaptar la teoría sobre el Estado de Lenin a las particulares características de los países dependientes y del mundo colonial, tenemos en cuenta la relación directa que se da entre el modelo de desarrollo adoptado y la estructura del tipo de Estado de que se trate, que no podrá prescindir para ello de su infraestructura económica. En la esquematizados que suele hacerse, se parte de tres posibilidades: los modelos capitalistas, socialista y revolucionario nacional (Oskar Lange, Planificación y desarrollo económico, cit. por Losada Aldana en Dialéctica del subdesarrollo, pág. 184). El tercero, estrechamente ligado al socialismo, es protagonizado por algunos de los países que se liberan de la dependencia colonial o semicolonial.
    La confusión en torno al mismo deriva de que en este modelo se incluyen movimientos como el de la India qu no son auténticamente revolucionarios. Se comprende a los procesos en los que se nacionaliza el capital extranjero, excluyéndose el sector capitalista interno, y también se suele provocar cambios agrarios de importancia. Tanto en el modelo revolucionario como en el socialista es el Estado el factor más fecundo y dinámico del desarrollo. La continuidad, profundización y encauzamiento posterior de la revolución hará pasar o no dicho modelo al “socialismo”, es decir, se trata de etapas transitorias a las definidas por el papel protagónico de la clase obrera en la política interna y por la toma del poder por la revolución proletaria.
    Nosotros conceptuamos, en los países coloniales y más aún en aquellos sin fronteras con el campo socialista, al período de los movimientos nacionales como prácticamente ineludibles en el camino al socialismo.
    El hecho de que en nuestras naciones el capitalismo nacional corresponde a una etapa incipiente, mientras el extranjero al último período de esa formación histórica, debe ser tenida en cuenta.
    “Tampoco debe olvidarse que dentro de la burguesía nacional se desarrollan ciertas capas y tendencias cuyos intereses contrastan con el capital extranjero, lo cual hace posible alguna actitud progresiva por parte de esas capas (…) En tanto el capitalismo extranjero responde totalmente a la caracterización leninista sobre el imperialismo, el capitalismo nacional cursa internamente una etapa histórica distinta (…) En síntesis: el capitalismo interno se mueve en la zona de una ambivalencia con signo contrario entre lo nacional y lo antinacional, tendiendo a predominar éste sobre aquél. No obstante esta última afirmación, en todo caso el papel del capitalismo interno depende de la situación histórica concreta, en la clase incluyen la correlación internacional entre la revolución y la contrarrevolución, el estado interno de la lucha de clases y de la batalla por la liberación nacional, el sentido clasista de la política económica del Estado y la táctica de los sectores populares …” (Losada Aldana, Dialéctica del subdesarrollo, págs. 208-209).
    Dice el autor que acabamos de transcribir, que ese encuadre del capitalismo interno refleja las conclusiones de Lenin, Stalin y Mao, quienes entendieron que en determinada etapa de su desarrollo, la burguesía nacional de los países coloniales podía apoyar el movimiento revolucionario contra el imperialismo externo, y que las clases intermedias inevitable y rápidamente se escinden volviéndose una parte hacia la revolución y la otra se unifica con la contrarrevolución.
    La toma de posición sobre el papel de la burguesía en los países dependientes debe ser la resultante, como dice Gramsci, del conocimiento de lo nacional, que es la forma correcta de aplicar la filosofía de la praxis, tanto en la formulación de su fundador —Marx— como en la precisión de su más grande teórico reciente, Lenin (La política y el Estado moderno, pág. 169).

  • CONCLUSIÓN
  • En respuesta al interrogante planteado inicialmente, consideramos que el Estado argentino es y ha sido un aparato de dominación de la burguesía al servicio de los intereses imperialistas y oligárquicos, con la aclaración de que en esta caracterización general se excluye el período histórico 1943/1955, en el que el aparato estatal sigue en manos de la burguesía, pero con contradicciones, no actúa fundamentalmente como instrumento de dominación de los explotadores sino que por su intermedio se inicia el proceso de nacionalización, se enfrenta al imperialismo, se da conciencia de clase al movimiento obrero, se lo organiza y se le permite participar en la vida política y además cumple la función equivalente al del capitalismo de Estado, que es la etapa previa a la instauración del socialismo.
    En consecuencia, en base a los antecedentes históricos citados y al análisis realizado, entendemos que en la primera fase de la Revolución Nacional subsisten nacionalizadas y modificadas por la participación de las masas, las instituciones del Estado burgués: el ejército profesional, la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación en inversión privada como eje del desarrollo económico, la función judicial con magistrados no electivos ni removibles por el pueblo, la falta de armamento popular, etc. Todos los casos conocidos siguen esta constante histórica (ej.: Sun Yat-sen, Torres, Torrí-jos, Ben Bella, Boumedienne, Velasco Alvarado, Nasser, Sukarno, Vargas, etcétera).
    Cuando participan en la lucha de liberación nacional vanguardias dirigidas por una concepción política proletaria, aunque subsisten las instituciones tradicionales del Estado burgués y gobernantes que representan a las clases dominantes, dentro de una línea de Frente Único de Liberación comienzan a surgir instituciones que expresan al nuevo poder socialista en gestación. Es el caso de lo que Lenin llama “dualidad del poder”. Entonces las principales instituciones del régimen, que antes habían sido nacionalizadas, entran en crisis (ejército profesional, parlamento, universidad, etc.). Aquella “dualidad de poder” preanuncia el socialismo, tanto por la lucha armada espontánea como por la acción política de los movimientos de masas que sustituyen a los tradicionales partidos políticos del liberalismo, que se canalizan a través de organizaciones sindicales, ligas agrarias, agremiaciones de estudiantes y parcialidades de la clase media nacionalizada.
    Los Movimientos Nacionales, los Frentes Únicos de Liberación, son expresiones de distinto grado del avance de la toma de conciencia nacional que provoca la crisis en las estructuras políticas tradicionales del régimen colonial.
    Los ejércitos rebeldes, los ejércitos populares, la constitución de las zonas de base con efectivo poder popular, las insurrecciones masivas, son organizaciones y formas de lucha que llevan implícito un contenido socialista, que apunta a la destrucción de las instituciones burguesas, que anteriormente nacionalizadas cumplieron una etapa importante en la iniciación de la Revolución Nacional cuando ésta llegó al poder.
    La destrucción del Estado burgués, es como dice Lenin, condición de validez universal para socializar el poder y la propiedad de los medios de producción y de distribución.
    Por todo ello es que, aun con su actual estructura burguesa, el Estado argentino puede servir de instrumento para la liberación nacional, en el período de transición al socialismo, si su conducción es tomada por el Movimiento Nacional Peronista y éste, a su vez, reconoce como eje real del proceso a la clase obrera.

    Febrero de 1973.

    Cesar Arias

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