Las alternativas más recientes del proceso político —y particularmente la presunta decisión de la Conducción del Movimiento sobre el programa económico que deberá aplicarse en la primera etapa del gobierno— obligan a los cuadros revolucionarios conscientes a un reanálisis de las líneas centrales de ese proceso para un adecuado desarrollo de la política revolucionaria tendiente a la construcción nacional del socialismo.

ANÁLISIS POLÍTICO GLOBAL
En sus líneas más generales, el contexto dentro del cual se insertan los hechos actuales se caracteriza por el avance progresivo de las fuerzas populares y el retroceso de la oligarquía hacia sus dos reductos tradicionales: las fuerzas armadas y el aparato económico. Como ha sucedido siempre, permanecerá allí agazapada hasta que logre introducir en las fuerzas populares contradicciones internas suficientemente poderosas como para intentar un nuevo asalto al gobierno y la restauración de su dominio total. Por lo tanto, el poder popular no tendrá ninguna solidez hasta que la oligarquía no haya perdido su potencia de fuego (ejército) y los medios económicos en que se funda su poder. Como es de toda evidencia y resulta un lugar común para los militantes revolucionarios, el poder brota del cañón de los fusiles. Debemos entonces preguntarnos por qué en esta oportunidad la oligarquía acepta aparentemente una derrota que le hace perder el control del gobierno sin disparar un solo tiro. La tesis elitista que atribuye este hecho a una declaración biológica de la oligarquía como clase dirigente no resiste el menor análisis, y tiende en definitiva a generar la sensación de una seguridad que no existe en absoluto, como lo prueba sin lugar a dudas las reiteradas declaraciones del almirante Mayorga, consentidas y compartidas no sólo por el alto mando militar sino por los militares en su conjunto. Se hace necesario por lo tanto, encontrar una verdadera explicación de este fenómeno incomprensible. Para eso no podemos sino recurrir al análisis de los antecedentes del proceso. En 1969/70 el incremento de las luchas populares (cordobazo, rosariazo, etc.) por una parte, y la creciente y exitosa acción de las organizaciones armadas por la otra, obligan al imperialismo a un replanteo general de su estrategia, fundada desde 1966 exclusivamente en el poder militar y sólo subsidiariamente en la corrupción de la burocracia sindical Este replanteo les demuestra que si bien en el corto plazo su fuerza militar (acondicionada cada vez más al carácter de policía política) está en condiciones de impedir el triunfo del pueblo, la continuidad de la acción armada, organizada o no, del pueblo, determina una derrota específicamente militar (y por tanto definitiva) en el largo plazo. Desde luego, las limitaciones del análisis capitalista impiden al imperialismo y a la oligarquía advertir la no viabilidad radical de su proyecto en tanto las condiciones objetivas son determinantes de la concientización y movilización del pueblo. Es entonces cuando la oligarquía clausura la etapa autocrática de Onganía y comienza a formular su política de institucionalización bajo el control de Lanusse. Tanto en la presidencia de Levingston como en la de Lanusse, se desarrolla bajo dos instancias tácticas diferentes una misma estrategia. Tal estrategia consiste sustancialmente en lograr una falsa conducción del proceso revolucionario, asumiendo sus motivaciones profundas pero falsificando su proyección. Levingston, que no quiere correr los riesgos de un proceso electoral, intenta asociar al peronismo en una “profundización de la revolución” como se demuestra con la designación de Luco en el Ministerio de Trabajo y la entrega de sindicatos controlados por “gorilas” (particularmente bancarios) a conducciones peronistas. La caída de Levingston obedece no sólo a las conocidas ambiciones de Lanusse, sino principalmente a la imposibilidad de “alvearizar” el movimiento popular sin operar sobre su conducción estratégica. De este modo, el primer acto político de la presidencia de Lanusse consiste en un compromiso para una salida electoral, requisito indispensable para intentar, a partir de ese hecho irreversible, una negociación con el Gral. Perón. Los intentos de tal negociación, sobradamente conocidos (misiones Cornicelli, Rojas Silveyra y Sapag, restitución de los restos de Evita, etc.) incluyeron también la formación de un contexto político apto para hacerla posible. Los elementos con que Lanusse contaba para el desarrollo de esta variante táctica eran los siguientes:
—la burocracia Sindical, comprada por medio del manejo de los fondos de las obras sociales;
—la Confederación General Económica, comprada por medio de la decisión política que le regaló a José Gelbard el control de la fabricación de aluminio en el país;
—el plan CGT-CGE, o sea la fusión de los dos intereses previamente comprados en un simulacro de “pacto social” que no refleja los intereses revolucionarios de las masas;
—la conducción paladinista, base de lanzamiento para la futura conformación del gobierno acuerdista;
—la Hora del Pueblo, eventual instrumento para hacer viable el lanzamiento de una única candidatura, que sería la coronación de la política del Gran Acuerdo Nacional.
La conducción estratégica del Movimiento desarticuló esta maniobra del imperialismo mediante el fortalecimiento de la relación directa Lider-masas, ratificada por el retorno al país; por la formulación de la campaña electoral en términos de liberación o dependencia y por la formulación del socialismo nacional como meta de la acción del pueblo. Esta jugada política del Gral. Perón se produce sin embargo en un momento del desarrollo del proceso en que a la oligarquía le resulta materialmente imposible interrumpirlo sin retornar al problema que se le había planteado en 1969/70, pero en condiciones mucho peores. Como contrapartida, las fuerzas populares se han visto obligadas a presentarse a las elecciones en un contexto “no agresivo”, lo cual en el plano táctico implicaba una apertura de tipo frentista que necesariamente incorpora elementos del continuismo contrarrevolucionario.
El resultado de las elecciones del 11 de marzo y 15 de abril, que evidentemente sorprendió a la oligarquía por la magnitud de las fuerzas populares, la llevaron al convencimiento de que toda operación política que se intentara debía ser efectuada en el interior y no fuera del Movimiento Peronista. Se inicia de este modo una estrategia de pinzas cuyo propósito es restaurar en la mayor medida posible los elementos del contexto público elaborado para la fallida negociación Lanusse-Perón. Una rama de esa estrategia consiste en presentar a la cúpula militar como próxima a interrumpir el proceso y en condiciones de hacerlo; la otra, que opera internamente, presiona a favor de una política “moderada” (especificamente no revolucionaria) tanto en el campo político como económico, precisamente para evitar que los militares intervengan.
Como ya se ha dicho antes, la oligarquía, trata de conservar indemne su fuerza militar y el control del aparato económico hasta tanto pueda desarrollar contradicciones internas suficientemente poderosas, dentro del campo popular, como para hacer viable un intento de restauración. El referido movimiento de pinzas tiende precisamente a preservar a esos dos factores de poder bajo la amenaza de un retroceso revolucionario si se intenta el desalojo.
Lo expuesto responde a la pregunta de por qué el imperialismo y la oligarquía aceptan la derrota sin disparar un tiro: porque esperan poderse conservar con una cubierta razonablemente segura, y porque tienen la certeza de que no están en condiciones de librar una batalla decisiva.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA
En la presente etapa del desarrollo del proceso revolucionario existen dos estrategias posibles, y la elección entre una u otra se determina por la apreciación de la fuerza del enemigo, la cual a su vez depende del cuadro de información disponible. Si el cuadro de situación indica que el enemigo se encuentra en aptitud para el contraataque la estrategia resultante es conservadora de las posiciones ya ganadas, hasta obtener poder suficiente como para librar batalla en condiciones razonablemente seguras de triunfo: si por el contrario se estima que el enemigo se retira en desorden la estrategia indica la necesidad de acosarlo para impedirle el reagrupamiento de sus fuerzas.
Aparentemente la conducción estratégica ha recibido informaciones según las cuales el cuadro de situación responde a la primera de las hipótesis planteadas, lo cual es falso. La prueba de esa falsedad la da el hecho de que los militares sólo están respondiendo con declaraciones altisonantes a la campaña de muertes que desarrolla una organización no sometida a la conducción estratégica peronista (ERP en sus distintas fracciones), y a pesar de que han sido infructuosos los esfuerzos de la cúpula militar para lograr la expresa condena de esos hechos por el peronismo. Esto induce a pensar que la conducción estratégica está tomando decisiones que se basan en informaciones, o al menos en apreciaciones, incorrectas respecto a la situación militar.
Ahora es posible apreciar el cuadro de la coyuntura. A la conducción estratégica se le ha presentado una situación militar tan inminentemente explosiva que se haría necesario retroceder desde la fórmula revolucionaria del socialismo nacional con que se ganaron las elecciones hasta la fórmula continuista del pacto social con que se pretendió negociar el GAN. Sobre esta información defectuosa se monta la maniobra de pinzas ya descripta, que en el campo económico está representada por la gestión de José Gelbard. El enfoque oligárquico está a la vista; intangibilidad para los mandos militares y continuismo de los intereses económicos predominantes. O sea que la oligarquía y los gerentes nativos de los monopolios pretenden retornar
(disfrazados de “burguesía nacional”) al mismo contexto político que habían armado para hacer posible el acuerdo con el Gral. Perón, aunque por un camino distinto.
Resulta muy claro que si la oligarquía y el imperialismo logran sú propósito de frenar el avance del proceso revolucionario mientras disponen de tiempo para encontrar una cubierta segura, habrán por ese mismo hecho producido la primera contradicción seria en el campo popular, cuya profundización buscarán de inmediato. Por otra parte, la personalidad del agente elegido se presta de una manera ideal para hacer posible el ataque posterior al gobierno del pueblo en nombre de la “moral pública”. Por ahora, Gelbard representa la garantía para los sectores oligárquicos, en tanto y en cuanto sus intereses se encuentran inequívocamente promovidos por Lanusse (Ver Anexo N°l). Mañana, en cuánto las fuerzas imperialistas y oligárquicas hayan logrado rearmarse, la presencia preponderante de Gelbard será exhibida ante el propio pueblo peronista como una prueba de la “corrupción del régimen” en base a sus múltiples antecedentes en la categoría de “delincuente económico” (Ver Anexo N° 2). ,
En lo político la maniobra consiste en la marginación de los sectores revolucionarios (Juventud) y la pérdida del poder de los elementos meramente “honestos” que ejercieron la conducción táctica desde el operativo regreso (Cámpora). Para esto el gobierno utilizó a conocidos agentes (Osinde, Damiano, Campos), e, incluso, a elementos pertenecientes a grupos parapoliciales (Ortiz, un delincuente común con más de 20 procesos por defraudación, conectado a Osinde y frecuentemente utilizado por la policía para “trabajos sucios”). Esta maniobra de deterioro, que culminó en la reunión “cumbre de Madrid” a fines de abril, persigue el claro objetivo de impedir la organización “verticalista” del Movimiento Peronista, como intento de articular una “garantía estratégica del proceso revolucionario” y de quitar espacio político al presidente electo para la articulación de un futuro recambio.

LA TAREA REVOLUCIONARIA
Frente a esta nueva maniobra de la oligarquía y los agentes nativos del imperialismo las mayorías populares, la clase obrera y los demás sectores comprometidos con la liberación nacional y la construcción del socialismo deben dar la respuesta que han dado siempre: la movilización popular masiva.
La organización democrática desde las bases es la única que puede garantizar esa movilización que exija el cumplimiento del programa mínimo expuesto por la conducción ortodoxa y permita el desarrollo de la vanguardia en el proceso de extensión de la guerra integral que dirigen los cuadros políticos-militares realmente conscientes del papel que deben jugar y que, por ello, continúan la lucha resueltos a terminar definitivamente con el imperialismo y sus sirvientes comenzando por los mercenarios infiltrados en el Movimiento Popular.
Sólo la guerra del pueblo salvará al pueblo — La guerra continúa.

ANEXOS
Las luchas del pueblo exigen, entre otras cosas, penetrar íntegramente la información de que dispone el enemigo. Desde luego, la información de que dispone el enemigo se encuentra elaborada según los criterios del enemigo, y a menudo el militante popular se siente tentado de despreciarla por la estupidez policíaca y macartista que revela. En los anexos que siguen se ha tratado en los posible de restringir la información exclusivamente a lo que puede darse como seguro, y a lo que tiene algún grado de importancia desde el punto de vista de la militancia revolucionaria.

ANEXO N° 1
Pedimos a los compañeros una breve dosis de paciencia para hacer el relato de un negociado que no es distinto de todos los que son habituales para el imperialismo y la oligarquía, y que por lo mismo carece para nosotros de un interés especifico. A cambio de esa paciencia prometemos mostrar como ese negociado adquiere, a la luz de los acontecimientos actuales, el carácter de una maniobra política sutilísima de la oligarquía, maniobra que hoy por hoy constituye la más seria amenaza opuesta al avance del proceso revolucionario. Este negociado es el del aluminio.

1. LOS HECHOS
En agosto de 1970 la Fuerza Aérea abre un concurso cuyo propósito es elegir una empresa que tome a su cargo la construcción y explotación en condiciones preferenciales, de una planta de producción de aluminio primario a ubicarse en el Puerto Madryn. A este concurso se presentan 3 ofertas. Dos de ellas pertenecen a empresas extranjeras; la tercera es Aluar, una sociedad en formación constituida entre otros, por José Gelbard. Sin formar parte de la sociedad la respalda técnicamente varias compañías italianas: Italimpianti, Montecalini-Edison e Impresit.
Entre agosto de 1970 y febrero de 1971 se desata una suerte de guerra económica entre los tres grupos, llevando las de ganar Gelbard que logra el apoyo de la línea oligárquica “desarrollista” (Ministro de Defensa: Cáceres Monie). El argumento que esgrime es que se trata de la única oferta que garantiza el “control nacional” de la empresa que será elegida para implementar el proyecto.
En febrero de 1971, y como la oferta de Aluar no se ajustaba a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, el gobierno decide anular el concurso y negociar directamente con Gelbard. Estas negociaciones se suceden hasta que se formula un contrato “ad referendum” del Poder Ejecutivo, el cual se eleva a Lanusse —quien ya había desalojado a Levingston— para su aprobación. Como por entonces, y presuntamente por acción de las empresas competidoras de Aluar, esperanzadas en revertir la situación, habían trascendido algunos detalles escandalosos del contrato, llueven sobre la presidencia colecciones de informes y memorándums negativos, procedentes de diversas reparticiones. Con todo, el día 30 de agosto de 1971 Lanusse firma la Ley 19.198 y el Decreto 3411/71. Por el segundo se aprueba el contrato, que ha sufrido en tanto modificaciones insignificantes; por la primera se aprueban algunas disposiciones del mismo contrato que requieren sanción legislativa, entre otras dos modificaciones al Código de Comercio aplicables solamente a Aluar. Tanto la ley como el Decreto se publican en el Boletín Oficial al día siguiente.

2. EL CONTRATO
Bajo una apariencia de frondosidad y complejidad jurídica formidables (10 páginas y media del Boletín Oficial), el contrato y sus anexos (19 en total) son de una sencillez pasmosa; tan pasmosa como su cinismo. Poniéndolo en los términos más sencillos se trata de lo siguiente:
—El Estado se compromete a construir la central Futaleufú (110 millones de dólares), más un puerto mineralero y de carga general en Madryn (unos 8 millones de dólares) más otras obras menores, y a entregar a Aluar instrumentos financieros (avales, cartas descrédito) y de características tales que hasta un retardado obtendría con ellos el dinero correspondiente, por un monto de casi 200 millones de dólares. El responsable del reembolso de estos 200 millones de dólares es en definitiva el Estado.
TOTAL DE APORTES DEL ESTADO: MAS DE 300 MILLONES DE DOLARES APORTE REAL DE GELBARD: 1 MILLÓN DE DOLARES
—Gelbard se compromete a construir la fábrica, y a explotarla una vez construida, bajo la condición de único proveedor del mercado argentino, y aplicando un precio interno de venta del producto que además de compensarle cualquier quebranto que hubiera en los negocios de exportación, y cualquier diferencia financiera entre los ingresos de la fábrica y el reembolso de los préstamos obtenidos para construirla, le asegure una utilidad mínima del dos por ciento sobre el valor del activo fijo valuado en dólares (aproximadamente 3 millones de dólares por año) más el doce por ciento sobre el capital integrado valuado también en dólares. El grupo de Gelbard se compromete además a integrar entre 1971 y 1976, un capital máximo de 105 millones de pesos ley (10,5 millones de dólares, el cual podrá constituirse con impuestos a los réditos y a las ventas diferidos para pagarse después de 1976, y con deducción de hasta el 10% del impuesto a los réditos. Aunque no resulta claramente del contrato, por el contenido del anexo 19 puede estimarse como máximo del aporte real de Gelbard: 10 millones de pesos ley. 1 millón de dólares.
—El resto del contrato es una colección de arbitrariedades y privilegios que tienden a rodearlo a Gelbard de las seguridades más absolutas. En el punto siguiente, en el que se mostrará cómo Lanusse decidió hacerle este regalo a Gelbard (y al grupo de empresas italianas cuyo negocio está en la venta de la fábrica a precio de oro, y no en la fabricación del aluminio) contra la opinión de casi todo el mundo, se comentarán algunos detalles grotescos, precisamente para que se vea que de parte de la dictadura, en e| momento de iniciarse el “gran partido” del “gran acuerdo nacional”, existía la voluntad expresa de otorgar un privilegio sin precedentes “al caudillo” de la CGE. En tanto, desde la óptica revolucionaria conviene advertir que este episodio demuestra la imposibilidad objetiva de terminar con la dependencia de los monopolios internacionales alentando una supuesta “burguesía nacional” que no es sino un matiz de la oligarquía y por lo tanto un aliado del imperialismo. Del mismo modo que los monopolios imperialistas hacen sus presuntas “radicaciones de capitales” asaltando el ahorro del pueblo desde los bancos, Gelbard se inventa de la noche a la mañana una empresa con instalaciones por 150 millones de dólares comprometiendo al Estado, en su propio beneficio, por más de 300 millones de dólares. Bajo el sistema capitalista el imperialismo y la oligarquía no ponen jamás un peso. Según su costumbre, todos los tientos salen del mismo cuero: el cuero del pueblo.

3. CONTRA VIENTO Y MAREA
Ahora hay que mostrar las “dificultades” que hubo de arrastrar Lanusse para “interesar” a Gelbard y a la CGE en la política del GAN, cosa que en definitiva logró. Como se dijo antes, cuando trascendieron algunos detalles del contrato que se habla preparado varios organismos del Estado prepararon informes incendiarios. En general se refieren a aspectos parciales del contrato. La estupidez del mundo político actual (o no tanta estupidez?) es tan enorme que sólo tangencialmente, y en algún caso aislado, se encuentra el verdadero argumento, que es: “puesto que el Estado pone todo el dinero, por qué no hacer una empresa del Estado?”. Que se sepa, nadie tampoco discute el precio que Italimpianti, Montecatini-Edison e Impresit van a cobrar por la construcción y el equipamiento de la fábrica, cuando ahí el verdadero “perno” de todo este negociado, Véase algunas de las críticas:
a) Se trata de un monopolio “En cuanto a la suspensión de entrega de licencia, cuando la demanda interna está satisfecha, virtualmente se está acordando una protección infinita, lo cual representaría la concesión de un monopolio encubierto a favor de Aluar, lo que en principio podría vulnerar principios constitucionales de libertad de Comercio” “(Ministerio de Industria, Comercio y Minería- 20 de julio de 1971). Crea un Monopolio poderoso que puede afectar al Banco Nacional de Desarrollo en cuanto ello pueda significar la ruina de la industria que depende del abastecimiento de aluminio” (Banco Nacional de Desarrollo – 19 de julio de 1971).
“Por tratarse de una producción monopólica se estima que debe agregarse una cláusula condicionante por la cual, cuando el precio interno fuera superior al precio promedio del mercado internacional en un porcentaje (a establecer) que se considere prudente, el Estado podrá autorizar a terceros a importar directamente a efectos de corregir el excesivo nivel del precio interno” (Estado Mayor Conjunto. Jefatura 4 Logística). En lugar de esto se hizo al revés; se estableció que si el precio interno resultara inferior al precio del aluminio canadiense en el mercado de Londres, según el “Metal Bulletin”, dicho precio interno se incrementará con la mitad de la diferencia entre ambos. Es decir, Gelbard no se compromete a un precio máximo, pero vincula su precio mínimo al valor internacional.
b) En general todos coinciden en que se trata de puros privilegios para Gelbard:
“En el último párrafo se propone exenciones a favor de Aluar respecto a limitaciones al derecho de voto que establece el Artículo 350 del Código de Comercio y al primer párrafo del Artículo 336 de dicho Código. Se estima que se trata de disposiciones de orden público obligatorias para todas las sociedades anónimas y que una excepción en favor de una sociedad, representaría una violación a la norma de igualdad jurídica y por ende inconstitucional”(Estado Mayor Conjunto, Jefatura 4 Logística).”La técnica cambiaría en que se funda actualmente el régimen de todas las exportaciones argentinas está basado en la obligatoriedad de negociar el cambio por parte de los exportadores. En consecuencia se sugiere eliminar del contrato esta cláusula (se refiere a la cláusula 9.4) como así también la que se refiere a la posibilidad de alimentar dichas cuentas con “Remesas Financieras” (cuyas características no aclara) en razón de que la firma tendría la posibilidad de acceso al mercado de cambios para dar cumplimiento a todas sus obligaciones con el exterior” (Banco Central de la R.A. 19 de julio de 1971). En este caso la observación fué recogida en la redacción final del contrato. No habrá fondos depositarios en el exterior. En cambio Gelbard podrá cancelar obligaciones por préstamos o deudas externas “afectando los créditos obtenidos en el exterior en forma directa por Aluar a los acreedores respectivos…” con lo cual, de todos modos, se sigue sin negociar las divisas provenientes de las exportaciones.
“Desde el punto de vista de las disposiciones, que, en materia de garantías bancarias, ha dictado el Banco Central cabe expresar que no existen impedimentos en lo relacionado con los avales vinculados con importaciones de bienes. No así en lo referente a garantías de tipo financiero -p. ej. préstamos desde el exterior que en los momentos actuales están prohibidas (Banco Central de la R.A. -19 de julio de 1971). Por ley se estableció que la prohibición no rige para Gelbard. Se distorsionaría el Mercado de Valores con la colocación de papeles de por un valor de 176 millones de pesos con ganancias aseguradas, ya que de ello significaría restar a las demás empresas los recursos provenientes de la Bolsa. Por otra parte, ello beneficiaría visiblemente a los socios fundadores de Aluar”…
“A mayor abundamiento, el monto de los avales v cartas de crédito de dólares, cifra que no guarda relación con el capital a integrar, de aproximadamente 42 millones de dólares, de los cuales sólo el 51% será tomado por los accionistas de lá serie “D” (con derecho discrecional de decisión). El 80% del aporte para la integración de estas acciones se realizará con exenciones impositivas; esto es, impuestos no pagados (Decreto. 2166/70), existiendo muchos otros aspectos que el Banco debe analizar detenidamente antes de comprometer la responsabilidad de la
Nación, mediante el otorgamiento de su aval con respaldo de la Tesorería General de la Nación” (Banco Nacional de Desarrollo, 19 de julio de 1971).
“Fijación de precios internos basado en parámetros que no contemplan en absoluto la economicidad de la planta, dando en cambio seguridad a una alta rentabilidad al capital invertido”…”No está definido el verdadero capital a invertir (Estado Mayor del Ejército, 22 de julio de 1971).
“Art. 9.4.: Se aprecia qué es el artículo no aceptable’ porque: Io) No se conocen antecedentes similares; 2o) Da la sensación opuesta a la política que sirvió para seleccionar a Aluar; 3o) Resulta más inoportuna cuando está en gestión un proyecto dé ley de inversiones extranjeras; 4o) Cuando por el Art. 9.1. el Banco Central de las divisas necesarias Rara la operación de la fábrica” (Comando en Jefe de la Armada, hasta Gnavi).
c) Algunos hasta se animaron a dudar de la solvencia y aún de la moralidad de Gelbard:
“Las observaciones que se formulan se basan, por lo tanto, en el contrato y en los anexos. Lo que implica no abrir juicio en cuanto a la responsabilidad económica financiera de Aluar, rentabilidad del proyecto, posibilidad de la contratante de cumplimentar obligaciones que debe avalar el Estado, etc.”…”Debería agregarse un artículo que dispusiera que la reticencia, falsedad, dolo, por parte de Aluar en sus declaraciones y presentaciones impositivas y aduaneras, hará caducar de pleno derecho los beneficios, derechos y privilegios que por el presente contrato se le conceden, y dará motivo al ingreso inmediato de los montos devengados desde el inicio del mismo por los beneficios, derechos y privilegios concedidos, sin necesidad de constituirse en mora alguna y sin perjuicio de las acciones penales que fijan las leyes por tales hechos” (Ministerio de Hacienda y Finanzas, 19 de julio de 1971) ¿Pesarán los antecedentes de “blanqueos” del Grupo Gelbard, registrados en la Dirección General Impositiva?
“Por último en base a lo expuesto soy de opinión que este contrato no debe ser ratificado, por cuanto a mi entender no tiene en cuenta en forma satisfactoria los intereses del Estado y por otra parte la empresa oferente dado la presentación ante la justicia de uno de los Directores de FATE no ofrece las garantías mínimas que deben exigirse en contratos de esa magnitud y naturaleza” (Estado Mayor Conjunto, Jefatura 4 – Logística).
“Debe consolidarse la garantía solidaria de la empresa FATE por medios más positivos, bien por el camino de la caución de sus acciones o avales bancarios no oficiales” (Estado Mayor del Ejército, 22 de julio de 1971).
“FATE deberá firmar el contrato como garantía de Aluar y debe confirmarse su solvencia” (Comando en Jefe de la Armada).
Nada de esto fue incorporado al contrato. Los accionistas mayoritarios de FATE (Gelbard y su grupo) se comprometen a integrar un cierto capital en los próximos 5 años, pero no respaldan con la responsabilidad de esa Empresa, que es lo único más o menos “sólido” que se ve en todo este juego de fantasmas, los compromisos de Aluar. Por el contrario, es precisamente el Estado quien se encarga de respaldar a Gelbard, particularmente frente a Italimpianti, Montectini-Edison e Impresit, que se aseguran el pago total de hasta el último ladrillo que van a poner en Puerto Madryn, con la garantía del Banco Nacional de Desarrollo y del Tesoro Nacional. Para hacer irreversible el proceso logran que Aluar firme por anticipado letras y pagarés, las haga avalar por el Banco de Desarrollo y las deposite en un Banco fideicomisario extranjero, el cual las va entregando al grupo italiano a medida que se cumplen las condiciones establecidas entre ese grupo y Aluar. El estado no tiene la menor posibilidad de intervenir en este asunto: su única función es la de avalista; es decir, la de quien paga si Aluar no lo hace. Con esa garantía el grupo italiano consigue descontar las letras y pagarés dentro de su propio circuito bancario y transforma el negocio de 150 millones de dólares en un asunto de pago al contado. El circuito bancario coloca las obligaciones en el mercado de inversión, en manos de ahorristas conocidos o anónimos, y si pasado mañana un gobierno no ya revolucionario sino mínimamente decente pretende volver atrás con este negociado escandaloso, se le dirá que se ignora quién posee esas obligaciones de pago, cuyos tenedores no tienen por qué saber que se trata de un negociado y han adquirido esos títulos por la confianza que les merece “la invariable conducta de la República Argentina de respetar sus compromisos internacionales. Todo un ejemplo de moral capitalista”.
d) Por ahí se alcanzó a entrever oscuramente el fondo de la cuestión: “Se interpreta que no hay en juego capitales nacionales, como lo preveían los pliegos, sino estatales, como surgen de los avales” (Estado Mayor del Ejército, 22 de julio de 1971). Se quedó allí nomás el asunto.
e) El tema de las garantías (totales para Gelbard, inexistentes para el Estado) está presente en la evaluación de casi todos:
“En general el contrato parece contener más las garantías del Estado que las de la propia Empresa” (Estado Mayor del Ejército, 22 de julio de 1971).
“Garantías de Aluar S.A.; no se advierte del contrato la responsabilidad económica y financiera del grupo que constituye la sociedad, y al establecer que su incumplimiento se resolvería por una acción judicial o por la entrega del paquete accionario al Estado por un precio no definido, podría significar que en última instancia el Estado tuviera que hacerse cargo de la Empresa, y, contrariamente, no deja al Estado la facultad de suspender el funcionamiento de la fábrica por razones de Estado”… Asimismo resulta inaceptable que el B.N.D. responda por el desequilibrio de la ecuación económica-financiera del presente contrato causado por hechos u omisiones de cálculo de sus órganos del Estado Nacional, funcionarios, etc.”. (Banco Nacional de Desarrollo, 19 de julio de 1971).
“En lo que atañe a la efectividad de la garantía, no se ve claro cómo podría ejecutarse la misma frente a la falta de pago de la energía suministrada, y en cuanto al valor de la garantía en sí, no parece suficiente si se tiene en cuenta que ese valor accionario dependerá del mismo desenvolvimiento de toda la operación concertada, y que el suministro de energía por dos años, cubriría por si solo el valor nominal de las acciones “D” caucionadas y esto siempre que se hubieran integrado totalmente, lo que, según el Anexo IV, se producirá a los cinco años de la aprobación del contrato”…Pero ahora, recabada su opinión sobre el contrato en general, las circunstancias que se han puesto de manifiesto en cuanto a lo. limitado de la responsabilidad que asume Aluar frente a la prácticamente ilimitada responsabilidad del Estado, no parecen configurar prestaciones equivalentes, salvo razones que a raíz de esa consideración global escapen a esta Empresa (Agua y Energía Eléctrica).
“Garantías:…en el artículo séptimo del contrato, punto 1.8.3., las garantías no resultan ser tales, y por el contrario, en caso de incumplimiento de los tenedores de las acciones de la categoría “D” el riesgo mayor para ellos es que el Estado les expropien las acciones. Se considera que no resultan ser penalidades las establecidas, y por el contrario, ofrecen una salida económicamente conveniente para los accionistas en caso de incumplimiento” (Estado Mayor Conjunto, Jefatura 4 – Logística).
“Artículo 15°: Este artículo debe ser rehecho de forma de igualar las sanciones de acuerdo a los perjuicios reales que se producirían por incumplimiento de los términos del contrato, No está en relación el esfuerzo, que se le requiere al Estado y sus sanciones, con lo exigido a la otra parte” (Comando en Jefe de la Armada).
Podríamos seguir analizando, artículo por artículo, la arbitrariedad de este contrato. Eso podría quizás tener sentido para la moralina burguesa que todavía se ilusiona con la posibilidad de que dentro del capitalismo pueda haber honradez, sin advertir que el sistema mismo es un robo. El propósito perseguido con estas transcripciones es otro: se procuraba demostrar que Lanusse quiso beneficiar a Gelbard sabiendo que le concedía miles de privilegios y a pesar de la oposición desatada en su propio frente interno (obsérvese que las mayores críticas provienen del Estado Mayor Conjunto y del Estado Mayor del Ejército). Conviene preguntarse por qué Lanusse le regala a Gelbard el control del negocio del aluminio en la Argentina.

4. EL ENFOQUE POLÍTICO
Independientemente de que Lanusse pueda o no estar vinculado a Gelbard en este negocio asunto que reviste una importancia muy relativa, nada de los sucedido puede entenderse si no se acepta que este negociado es en realidad el precio de una alianza política por la cual Gelbard (o sea la CGE) se compromete a apoyar la política del Gran Acuerdo Nacional.
Hay que recordar que a poco de desplazar a Levingston el propio Lanusse, ante lo qué considera un ataque de la CGE, pronuncia palabras violentas que aluden de un modo claro a la evolución del patrimonio de Gelbard (blanqueos). Dos meses más tarde Gelbard resulta designado oficialmente Delegado Titular argentino ante la 56a. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Decreto 1.129/71 de fecha 10 de mayo de 1971). Tres meses más y Gelbard recibe su paga (Contrato Aluar-agosto de 1971).
En el momento del Lanzamiento de la política del Gran Acuerdo, en el que todos —salvo el Líder y su pueblo— están de acuerdo.
Todos los pasos posteriores de la CGE, correlativos de los que por su parte ejecuta la burocracia sindical de la CGT responden al mismo sentido. Y aún después del rompimiento franco de las hostilidades por Lanusse (julio de 1972 cláusula 25 de agosto), en setiembre de 1972, se acuerda el “Plan CGT-CGE que es presentado al propio gobierno de Lanusse, el cual en alguna medida lo va cumpliendo como lo sabe hasta Tato Bores (audición del 6 de mayo de 1973).
La llegada del General Perón, en noviembre de 1972, barre con los intentos acuerdistas de la oligarquía y la CGE, se transforma en un convidado de piedra, sin voz ni voto, en la gesta del pueblo que gana la calle y hace reventar las urnas en las jornadas del 11 de marzo y del 15 de abril. Pero el pacto con Lanusse, el pacto con la oligarquía que ha hecho Gelbard, ha tenido un precio y ese precio ha sido pagado por el imperialismo. Es ahora cuando Gelbard tiene la obligación de hacer la parte que le corresponde, y que es preservar a la oligarquía, en sus intereses económicos, de la justicia del pueblo. La oligarquía sí que se ha tomado garantías: la primera de ellas es que si un día hay justicia del pueblo Gelbard, por sus robos contra la Argentina, tiene un lugar de privilegio en la fila de los reos.

ANEXO N° 2
l. La primera prueba es la que surge del propio contrato del aluminio, analizado ya en el Anexo 1. Se ha dicho al comienzo que por ahora José Gelbard representa la garantía para los sectores oligárquicos pero que mañana, en cuanto las fuerzas imperialistas y oligárquicas hayan logrado rearmarse, la presencia preponderante de Gelbard será exhibida ante el propio pueblo peronista como una prueba de la “corrupción del régimen”. Ese cálculo no es apresurado. Transcribimos a continuación los párrafos pertinentes de la transcripción de un reportaje a Alvaro Alsogaray, difundido por el Canal 13 el 10 de febrero de 1972:
“Periodistas: Cuando se citan negociaciones les pido ejemplos a mis invitados…
“Ing. Alsogaray: El contrato del aluminio. El contrato del aluminio tiene muchas cosas chocantes, pero le voy a aclarar una cosa…
“Periodista:…es un negociado…?
“Alsogaray: Lo repito, es un negociado. El problema del aluminio es una cosa que el país en su momento va a tomar conocimiento. Nosotros hemos hecho la advertencia, tan pronto salió el contrato, como movimiento político, dijimos: esto es lo peor que se ha hecho en el país en décadas. En
el contrato del aluminio hay que separar dos cosas: lo malo intrínsecamente del contrato y la posibilidad que determinadas personas lo utilicen en forma de negociado. Las dos cosas han ocurrido en este caso”.
La oligarquía de la rama tradicional se opone a fabricar aluminio, lo que ya sabíamos; pero habla también del negociado y dice que: “es una cosa que el país en su momento va a tomar conocimiento. Cuándo? La respuesta la dejamos a los militantes.
2. El caso del aluminio no involucra solamente a Gelbard, sino a toda la plana mayor de la CGE. Entiéndase bien, así como cuando los militantes revolucionarios atacan la corrupción de la burocracia sindical no pretenden pronunciarse contra los sindicatos como tales, este juicio sobre los mandos actuales de la CGE no es necesariamente extensible a sus asociados, que en todo caso son apenas los parientes pobres de la oligarquía que los domina, somete y utiliza. Hecha esta aclaración transcribimos de “Clarín”, fecha 18 de abril de 1972, algunos párrafos de la nota enviada a Gelbard por el Presidente de la Federación Económica de Córdoba, en la cual se refiere al proceso electoral dentro de la CGE que terminó con la reelección de Gelbard, señalándole el riesgo de un fraccionamiento de la organización a causa de “una lucha sin principios y sin respeto a normas éticas elementales, impulsada —y me duele decírselo— por hombres que conducen en este momento a la CGE”:Sigue más adelante:”Que ese riesgo de división y ese desprestigio no son apreciaciones subjetivas sino datos concretos de la realidad actual del movimiento, lo prueban muchos hechos que desafortunadamente han tomado estado público y que vienen sucediéndose desde hace tiempo atrás. Debo enunciar algunos de ellos: a) La conducción de la CGE no contestó —admitiendo con ello tácitamente la imputación implícita la afirmación del Presidente de la República de que la más alta conducción de la Confederación tendría que explicar la evolución de su patrimonio personal”.
(Se refiere a un discurso de Lanusse al que ya se ha hecho mención. Lanusse se refiere a su vez al “blanqueo”, por parte de Gelbard, de $ 466.587.300 moneda nacional, a lo que ya se hará referencia).
b) Entre el grupo de dirigentes que hoy postulan su reelección figuran quienes mediante un fraude que ha sido ratificado oficialmente, marginaron en la provincia de Santa Fe a la mayoría del empresariado local.
c) No hubo respuesta cuando en el ámbito de la propia Confederación de la Industria se reclamó la revisión del contrato para la instalación de la fábrica de aluminio.
d) El mismo grupo de dirigentes que ha transformado su reelección como presidente de la CGE en bandera principista de la entidad…”
Con esto es suficiente. Está claro que “el grupo de dirigentes” que logró la reelección de Gelbard conocieron en su momento el tema del aluminio y omitieron expresamente pronunciarse, apoyando en cambio la reelección del principal responsable de esa maniobra.
3. En 1970 Gelbard se acogió al “blanqueo” por un monto de $ 466.587.300 moneda nacional. Es importante señalar que hasta pocos meses antes de ese blanqueo Gelbard tenia una inhibición general sobre sus bienes como consecuencia de un juicio al que se hará referencia de inmediato.
4. Con motivo de la disputa entre Adolfo Madanes y el grupo Gelbard Manuel Madanes, en torno al “vaciamiento” de Fate, y distintos telegramas remitidos o declaraciones públicas efectuadas por Adolfo Madanes, Gelbard lo querelló por calumnias e injurias. El juez Alfredo F. Grosso (Secretaría San Martín), a pesar de los numerosos y graves cargos de Adolfo Madanes en virtud de los cuales Gelbard lo querelló, terminó por condenarlo por el delito de “injurias”, consistiendo la injuria en haber afirmado Madanes que Gelbard tuvo una actuación “nada brillante” en diversas empresas, sin haber podido probar tal acusación en Minera Aluminé, Construcciones Pueyrredón, Editorial Haynes y Compañía Azucarera Tucumana. Lo más interesante del fallo es este párrafo.
“Con respecto a la segunda cuestión, considero que, en su esencia, pueden darse por probados los siguientes cargos que Madanes formulara contra el querellante: a) la existencia de un juicio contra Gelbard, en el que este desconoció su firma en documentos que había suscripto, lo que motivó su inhibición general de bienes, se prueba con las constancias de los expedientes N°39.832, sobre embargo preventivo y ejecución, y N°39.168 agregados por cuenta, y la respuesta dada por el querellante a la posición N° 92 a fs. 765. vta.;
b) el relacionado con la ocultación de bienes, evasión fiscal y blanqueo de capitales, surge del informe de fs. 692, adjuntando fotocopias de declaraciones juradas patrimoniales del querellante, especialmente de la planilla de fs. 618 (rubro 7) donde reconoce un incremento patrimonial de.$ 4.665.873 Ley 18.188, al acogerse a los beneficios de la ley 18.529, y ha sido reconocido por Gelbard al responder a la posición N° 74 (fs. 765 vta.)” (Fallo del Juez Grosso, Secretaria San Martín, en el proceso N° 13.129, fecha 15 de marzo de 1973).
5. El juicio sobre embargo preventivo y ejecución a que se refiere el punto anterior tramitó en el Juzgado de Comercio N°ll, Secretaría N°21, y fue seguido contra Gelbard por el “Banco de Comercio Suizo Israelí”. Con fecha 14 de mayo de 1964 se decreta la inhibición general de los bienes de Gelbard, situación que se mantiene hasta el 1o de octubre de 1969 en que ambas partes desisten de la demanda y reconvención. Conviene retener este dato porque es evidente que en los cinco años que corren entre las dos fechas citadas toda la actividad económica de Gelbard se desarrolló en forma clandestina, a causa de la inhibición general de bienes que lo afectaba.
6. La querella por calumnias e injurias de Gelbard contra Adolfo Madanes proviene de la publicidad que este último diera a un juicio por defraudación que a su vez sigue contra Manuel Madanes, Gelbard y otros, en su condición de accionista minoritorio de Fate. Este juicio está tramitado en el. Juzgado de Instrucción N°13, Secretaría Bergalli. Básicamente las imputaciones de Adolfo Madanes contra. Gelbard y Manuel Madanes se refieren a un “vaciamiento” de Fate protagonizada por los directores que representan al grupo mayoritario. Ese vaciamiento se habría producido mediante el envío deliberado de utilidades, por distintos medios, hacia sociedades subsidiarias del grupo mayoritario (Gelbard y Manuel Madanes), perjudicando a los accionistas minoritarios y al Fisco a través de balances falsos. Una prueba importante de Adolfo Madanes es que en el blanqueo de 1970 Fate regularizó un patrimonio oculto hasta entonces por un valor de $ 896.060.138 moneda nacional.
7. En nota que dirigiera al Ministro de Defensa con fecha 5 de mayo de 1971, impugnando la contratación con Aluar de la fábrica de aluminio, expresa Adolfo Madanes (fs. 3 vta. y 4):
“En las negociaciones entre Fate-Aluar y Copedesmel (Ministerio de Defensa) interviene como letrado por dicha firma el doctor Conrado Etchbarne (h), quien, en su carácter de Secretario de Estado de Justicia, aprobó la reforma del artículo 4o de los estatutos de Fate S.A., procediendo contra los categóricos dictámenes del Inspector actuante, del Departamento de Sociedades Anónimas, del Departamento de Contralor Legal y del Inspector General de Justicia (Expte. A-105.835/1501).Comp lo he señalado en los telegramas dirigidos simultáneamente a V.E., al Señor Secretario General de la Presidencia de la Nación y al Señor Presidente de Copedesmel, esta aprobación, realizada no obstante la disposición del estatuto que exigía la unanimidad para apartarse de la distribución del 30% como mínimo de las utilidades en efectivo, ha permitido que Fate. S.A. intente comprometer ante el Estado, como contratante, un patrimonio al que tengo derecho y que le discuto, lo que hace ilusoria la garantía de las obligaciones del adjudicatario al Poder Público.
¿Vale la pena seguir?

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