El miércoles a las 21 horas, el policía Navarro fue notificado por segunda vez que el Ejecutivo Provincial lo había exonerado. A esa hora la Casa de Gobierno albergaba a Obregón Cano, a Atilio López, a varios funcionarios y a dirigentes políticos y sindicales. Navarro, ya exonerado, se movió con rapidez asombrosa y se declaró en rebeldía contra el gobierno cordobés. En un principio contaba con el apoyo de la Guardia de Infantería y el Comando Radioeléctrico, este último autor del asesinato de los cinco cooperativistas cordobeses. Algunos comisarios llamaban insistentemente a Casa de Gobierno solicitando órdenes. Obregón, que no creía que la amenaza de Navarro fuera tan grave, no dio órdenes concretas. Navarro, mientras tanto, utilizaba a sus adictos en los organismos policiales; los coimeros, los venales, los torturadores, los policías de la dictadura para crear un clima favorable a la sedición. Utilizó para engañar al personal policial dos argumentos básicos: que Obregón les había negado un aumento de sueldo y que el Ejecutivo provincial estaba estudiando nuevas cesantías entre las filas policiales. Por increíble que parezca, un cabo contestó, el jueves por la noche, que «todo el despelote es por un asunto de sueldos que: el señor gobernador no quiere dar».
Poco después la Gobernación quedaba a oscuras. Algunos compañeros, los más decididos, entendieron que la cosa podía ser seria y lograron evitar el cerco policial. El resto cayó en manos del enemigo. Obregón fue golpeado por un jerarca policial. Atilio recibió un golpe con el cañón dé un fusil. Todos fueron detenidos. La custodia había desaparecido. Al día siguiente montaban guardia, ahora de uniforme, frente a la jefatura.
Esa noche arreciaron los allanamientos. Al din siguiente también. Entre ellos el del local de JP, en que cayó el delegado regional, el «Oso» Panzetta.
La situación fue incierta hasta el jueves a la noche, en que los delirios de Navarro llevaron a Agodino a la Gobernación en virtud de! artículo 100 de la Constitución provincial. Si el golpe del policía Navarro contra el gobernador asombró, la excusa para el nombramiento de Agodino superó toda capacidad de sorpresa. Porque es cierto que el gobernador y el vicegobernador estaban «temporariamente incapacitados». Pero el que invocaba al artículo 100 era nada menos que Navarro, el carcelero de Obregón y de López.
Agodino asumió en una ceremonia insultiva para el peronismo. Rodeado de policías sediciosos y una treintena de acólitos a Navarro que intentaban estribillos sin gracia contra Obregón que no tenían nada que envidiarle a los de los «libertadores». Abundaban los «tiranos» para Obregón y los «patriotas» para Navarro.
El día siguiente fue la clave para el posterior desarrolla de los acontecimientos en Córdoba. Tras muchas horas de trámites judiciales en que se inició causa al gobernador por «repartir armas entre un centenar de civiles, circunstancia en la que fue detenido», Obregón recuperó formalmente la libertad. Obregón y López estaban en dependencias de la Federal. Pidieron custodia para ir hasta la Gobernación a hacerse cargo del poder. Así lo exigía la Constitución y el pueblo cordobés. Después de innumerables llamadas un oficial les dijo: «Ustedes son civiles, tienen que hacerse cargo de su propia seguridad».
Horas después Obregón y Atilio partían en un Torino con rumbo desconocido. Los gorilas insistían en la huida de Obregón. Agodino y Navarro se desencontraban. El primero sugería que su gobierno era interino. El segundo recuperaba las radios y machacaba con el «virus marxista». A la noche los comandos civiles tiraban al aire buscando la intervención.
El sábado por la tarde se conocían en Córdoba los considerandos del pedido de intervención. Los conocedores auguraban violencia. Casi inmediatamente, por intermedio del periodismo, el pueblo cordobés conocía el texto del comunicado que transcribimos a continuación. Era la tarde del sábado. A la noche Córdoba comenzaba a erizarse de barricadas. Ahora no eran sólo los patoteros de Navarro los que tiraban.
«EN MI CARÁCTER de gobernante de la Provincia de Córdoba me dirijo al pueblo para hacerle saber:

«1. — Que en el día de la fecha y cumpliendo imperativos constitucionales, legales y de conciencia, he procedido a reasumir el Poder Ejecutivo luego de recuperar la libertad de la que fui privado por un hecho de fuerza e inequívocamente sedicioso.
«2. — He comunicado oficialmente tal decisión al titular interino del Poder Ejecutivo, Dr. Mario E. Agodino, quien me ha manifestado que no puede garantizar mi acceso a la sede del Gobierno Provincial toda vez que las fuerzas policiales que responden al ex jefe exonerado y no depuesto en sus funciones no responde en absoluto a su autoridad. En consecuencia la sede provisoria del Gobierno se encuentra en el lugar donde estoy constituido momentáneamente en compañía del señor vicegobernador y en compañía de la totalidad de los ministros del Poder Ejecutivo con excepción del ex ministro de Obras Públicas, arquitecto Luis Esterlizzi y del ex secretario general, doctor Jorge Dall’ Aglio.
«3. — Simultáneamente me he dirigido al señor ministro de Interior en mi carácter de Gobernador e invocado el artículo 6» de la Constitución Nacional reclamándole el auxilio de la fuerza del Gobierno de la Nación para reducir al grupo sedicioso y garantizar el pleno ejercicio del poder que ejerzo en nombre de la Ley. Los hechos que denuncio son públicos y notorios y ninguna autoridad puede, razonablemente, invocar la ignorancia de aquéllos. Habiéndoseme privado por la fuerza del uso de la Red Presidencial instalada en la Casa de Gobierno, único modo de tomar contacto directo con las autoridades nacionales, formalizo por este medio mi petición ante el señor Presidente de la Nación y el Congreso a fin que se adopten de inmediato los recaudos constitucionales para que sea respetada la voluntad soberana del pueblo de Córdoba expresada en los comicios que me consagraron Gobernador, la autonomía provincial y la autoridad acondicionada de los legítimos gobernantes. Advierto a los integrantes de la Policía de Córdoba, en todos sus niveles jerárquicos, que la sumisión a los órdenes de un jefe exonerado, acusado criminalmente por el señor Agente Fiscal, puede hacerles incurrir en serias responsabilidades penales y/o administrativas, y que de inmediato deben subordinarse a la autoridad legitima. La versión sobre presuntas cesantías echada a rodar maliciosamente por el ex jefe de Policía es absolutamente inexacta y sólo persigue el propósito de confundir a oficiales, suboficiales y agentes. Las únicas cesantías decretadas, las que están actualmente a consideración del Poder Ejecutivo, son las propuestas por el propio ex jefe y la Junta de Calificaciones.
«4. — He tomado conocimiento que durante mi cautiverio y en forma ininterrumpida hasta la fecha la mayoría de la provincia ha condenado los hechos de fuerza y ha exteriorizado su adhesión al orden constitucional. Mi gobierno destaca este gesto que honra a la civilidad cordobesa y expresa su palabra de reconocimiento a los partidos políticos, a los legisladores nacionales y provinciales, a los intendentes, a la expresión mayoritaria de la clase obrera organizada, a los jefes políticos, a los militantes de la base del Movimiento Nacional Justicialista, a la Juventud, a los profesionales y a sus órganos gremiales, a los amigos personales y a todos aquellos que de una u otra forma exteriorizaron su adhesión a la Ley y a las autoridades constitucionales y repudiaron el asalto al poder por la fuerza, la traición y la quiebra del orden jurídico.
«5. — No hay en la provincia otra autoridad constitucional que la que invisto por mandato del Pueblo, al que debo fidelidad en mi cometido, sólo las Cámaras Legislativas por el voto de las dos terceras partes de sus miembros pueden declarar producida la situación de impedimento absoluto que importe la vacancia del Poder Ejecutivo, único caso que autoriza la convocatoria a elecciones de Gobernador y Vice. Ello está inscripto terminantemente en los artículos 100 y 83 inciso 18 de la Constitución Provincial. Como las Cámaras Legislativas no han producido semejante declaración en el presente caso, la convocatoria dispuesta por el doctor Mario Agodino es entonces insanablemente nula. Debo reconocer con dolor que en Córdoba, y aparte de mi autoridad legal y al margen de ella, se ha planteado una situación de facto. El teniente coronel Navarro, pese a haber sido exonerado por el Poder Ejecutivo e incriminado judicialmente por delitos comunes, sigue detentando el cargo de jefe de Policía, haciendo a sus componentes victimas de engaños y ardides y acompañándose en la conducción de la misma con bandas de civiles armados. Aunque no hay duda posible al respecto, pues mi trayectoria pública es suficientemente conocida, quizá sea oportuno recordar a mis compatriotas que como político pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista, que como gobernante he asumido, asumo y asumiré las responsabilidades que me competen como tal y que derivan de la Constitución, de la Ley, del comicio, de la cultura jurídica y de la trayectoria histórica de Córdoba.

«No he renunciado ni renunciaré.»
RICARDO A. OBRÉGON, CANO Gobernador de Córdoba Marzo 2 de 1974

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