En 1945 militares «nacionalistas», preocupados por el ascenso de las masas trabajadoras, intentaron poner punto final al proceso, encarcelando al coronel Perón. La respuesta fue la impresionante movilización del 17 de octubre que permitió continuar con el primer intento contemporáneo serio hacia una Argentina liberada, basado en el poder popular, la dignidad del trabajador, la justicia social y el pleno control nacional de los recursos económicos y naturales.
En 1955 militares «nacionalistas», unidos a las fuerzas oligárquicas e imperialistas, decidieron poner punto final a este proceso. El resultado fue la recolonización integral de nuestra patria, la super-explotación de las masas asalariadas, el poder en manos de los agentes directos de la dominación imperialista, la corrupción de los cuadros dirigentes, sindicales y políticos del movimiento popular. El pueblo, férreamente unido junto a su líder, siguió levantando las banderas del poder popular, justicia social y nacionalismo económico que hicieron posible el 17 de octubre de 1945, diez años de gobierno popular y 18 años de resistencia sin cuartel contra los enemigos de la patria y los trabajadores.
En 1973 empresarios «nacionalistas» que colaboraron con la contrarrevolución de 1955, que se beneficiaron en los 18 años de entrega, temerosos del pueblo, pero levantando el fantasma de un imperialismo «invencible», pretenden hacernos creer que lo que hizo el aporte decidido y activo de todo el pueblo, ahora será realizado sin el pueblo y con el «desinteresado» aporte de los enemigos de ayer. Pero donde no está el pueblo, sólo está el antipueblo, los imperialistas, y más temprano que tarde, estos empresarios renegociarán con ellos un nuevo estatuto dependiente que les permita continuar con sus negocios.

  • EL PERONISMO NACE CON LA JUSTICIA SOCIAL
  • En 1944, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón comenzó a implementar una política de unidad y fortalecimiento de las organizaciones gremiales. Como primera medida, hizo cumplir la dispersa legislación laboral, que había sido confeccionada en medio siglo pero que sólo existía en el papel. Simultáneamente comenzaron a aparecer decretos que establecían las vacaciones obligatorias pagas, el aguinaldo, subsidios y licencias por enfermedad, casamiento, maternidad, fallecimiento de familiares, etc. Pero lo más importante fue que desde esa época, los convenios colectivos de trabajo obligaban a los empresarios, en todo el país, a cumplir con las condiciones laborales estipuladas y con el pago de salarios que rápidamente elevaron el nivel de vida de la clase trabajadora. Estas conquistas sociales hicieron que en pocos años las raquíticas organizaciones gremiales, que sólo reunían a 250 mil obreros, pasaran a nuclear a casi dos millones de asalariados. Esta política revolucionaria impulsada por Perón creó una profunda identificación entre el coronel que sintetizaba las aspiraciones de las masas y el pueblo trabajador. La clase trabajadora argentina había encontrado a su líder. Así nació el movimiento peronista, con la movilización obrera y el rápido desarrollo de las organizaciones sindicales. Los trabajadores argentinos dejaban de ser un simple objeto de explotación de la oligarquía y el imperialismo; ahora eran los protagonistas activos y conscientes del proceso de liberación nacional que comenzaba.
    Los militares, que habían tomado el poder el 4 de junio de 1943 con un programa de moralización administrativa y proteccionismo económico, se asustaron por la presencia constante y creciente de los cabecitas negras, que se reunían frente a la Secretaria de Trabajo y Previsión para vitorear a Perón. La oligarquía utilizó a la prensa adicta y a los partidos políticos para poner un corte drástico a este proceso. La imagen del coronel fascista y demagogo enarbolada por los oligarcas creó las condiciones para la detención de Perón, el 8 de octubre de 1945. Pero la alegría de los oligarcas duró poco. El 17 de octubre las masas trabajadoras, los cabecitas negras, los descamisados, liberaron a Perón. Este hecho revolucionario tuvo dos protagonistas principales: el pueblo trabajador y su líder, y fue posible gracias a dos causas que hoy parecen olvidadas:

  • JUSTICIA SOCIAL Y MOVILIZACIÓN POPULAR.
  • El nacionalismo económico y la estatización de resortes claves de la economía controlados por capitales extranjeros (puertos, bancos, comercio exterior, ferrocarriles, teléfonos, gas, grandes industrias) pudo hacerse y convertirse en una pieza central de la política liberadora del peronismo porque formaba parte de un proyecto integral. Y este proyecto integral tenía tres partes igualmente importantes: la justicia social que impulsaba la movilización y organización de los trabajadores; la soberanía política que se afirmaba en la participación y el poder popular; la independencia económica que aspiraba a liquidar la presencia oligárquica e imperialista en nuestro país. Ninguna de esas partes era posible sin la otra, y el conjunto dependía para su continuidad y éxito del desarrollo y fortalecimiento de la organización popular.
    La organización sindical, columna vertebral del movimiento peronista, servia como control sobre los empresarios industriales o comerciales por si a alguno se le ocurría sacar los pies del plato». La actividad privada, industrial y comercial crecía al amparo de una coyuntura favorable, y la mayor capacidad de consumo del pueblo argentino aseguraba a estos empresarios un nivel de beneficios
    que no habían conocido antes del gobierno peronista.
    La crisis económica de 1951/52 tiene consecuencias sobre las utilidades empresarias. Estos, para recuperarlas, necesitan terminar con el poder de los delegados obreros que limitaban su capacidad de decisión dentro de los establecimientos. Comienza el cuento de la productividad y a través de sus aliados, encaramados en el gobierno peronista después de la muerte de Evita, debilitan desde adentro al gobierno popular. Para los empresarios «nacionalistas» al estilo Gelbard. que ya tallaba en aquella época, el peronismo debía abandonar sus contenidos revolucionarios y convertirse en una fuerza política al estilo tradicional. Los oligarcas y los imperialistas, ahora dirigidos por los yanquis que habían desplazado a Inglaterra, pasan a la ofensiva. Cuentan con los militares, con los traidores infiltrados en el gobierno, con los empresarios «nacionalistas», con los partidos políticos tradicionales. Exceptuando a los partidos políticos, todas las otras fuerzas sociales, políticas y militares, estaban dentro del gobierno y daban permanentemente muestras verbales de lealtad y obsecuencia. Igual que ahora. Las estructuras sindicales no son aptas para dar el enfrentamiento, sus dirigentes, menos. La clase obrera carecía de una organización política y militar dentro del Movimiento, que diese coherencia a su poder de movilización y lucha para impedir la caída del gobierno popular.

  • DOS ÉPOCAS Y UNA MISMA POLÍTICA
  • Un viejo dirigente de la Confederación General Económica (CGE), Francisco Muro de Nadal, cuestionaba en 1953 como empresario «peronista» la política económica del gobierno popular. En marzo de 1974, ese mismo empresario repetía las mismas palabras: «No puede negarse la gravitación que han tenido sobre la producción las leyes de represión del agio, que al establecer márgenes de utilidad reducidos han desviado el interés de industriales y comerciantes de su papel específico de fomento de la producción, hacia las inversiones de tipo negativo .corno la compra de inmuebles y otros bienes improductivos. Para que la producción se eleve hasta igualar el consumo, se destaca que es indispensable que los precios oficiales o márgenes de utilidad sean reajustados hasta permitir los coeficientes de beneficios reales que eran habituales en épocas de equilibrio. De no ser asi, no podrá quebrarse la apatía de comerciantes, industriales e inversores en general.» La «apatía» con que amenazaba hace 20 años, y vuelve a amenazar ahora, este dirigente empresario es la forma elegante de decir que el
    sabotaje económico y el desabastecimiento son las armas que utilizará esa clase social si el gobierno popular no accede a la totalidad de sus exigencias. Y estas exigencias pasan por el bolsillo: ganancias altas, rápidas y seguras. El diario «La Nación», lúcido representante del pensamiento gorila e imperialista, comenta las declaraciones de este empresario peronista: «La conferencia en si no tiene nada de excepcional, como no sea la clara exposición de una tesis de general aceptación e indudablemente razonable».
    A mediados de junio del año pasado la CGE convocó a una asamblea empresaria. En esa asamblea estuvieron presentes, además de la organización patrocinante, y el ministro Gelbard, los organismos que nuclean al capital imperialista y a la oligarquía: Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio y Unión Industrial Argentina (UIA). Unánimemente los empresarios presentes manifestaron su alegría por la «sensatez» del programa económico.
    También entonces «La Nación-comentó: la reunión «marcó simultáneamente el exitoso fin de una estrategia laboriosamente desplegada en los últimos tiempos por la CGE y el comienzo de una nueva línea de acción del empresariado del país. Una acción sustentada en la coincidencia de objetivos y en la convicción de que a la empresa privada le corresponde un papel decisivo en la tarea de reconstrucción». De repente los más firmes defensores económicos y periodísticos del imperialismo proclaman su apoyo a una política que, supuestamente, tiene como fin la liberación nacional, e incluso se sienten partícipes de la «reconstrucción». El significado de este apoyo no es otro que la seguridad que da el equipo Gelbard de que la clase trabajadora será excluida del poder de decisión en la política económica. Saben que las proyectadas medidas de nacionalismo económico del ministerio de Economía no significan «reconstruir» el ingreso y las condiciones de trabajo que los asalariados tenían en 1955. Para la revista empresaria «El Economista» (15/junio/73) «)as medidas instrumentadas en el acuerdo suscripto entre los dirigentes de la CGT y CGE tienden en forma clara a desacelerar la inflación a costa de una reducción en el nivel de vida de importantes sectores de la clase obrera y la clase media, como punto de partida para una capitalización que permita, en una segunda etapa proceder a una distribución de los frutos obtenidos». Esta revista expresa generalmente las opiniones del presidente del Banco Central, Alfredo Gómez Morales, y señala con claridad que los trabajadores deben seguir ajustándose el cinturón durante un tiempo para, en un futuro no definido, comenzar a recibir los frutos de sus sacrificios actuales. Mientras los empresarios, que se enriquecieron durante 18 años a expensas de los trabajadores, seguirán enriqueciéndose como si nada hubiese cambiado el 25 de mayo.
    Otro empresario y economista, asesor de Gelbard y de todos los ministros de Economía de la dictadura militar, Marcelo Diamand, también publicó su punto de vista sobre la política económica actual. En la «Guía de Consulta 74», editada por «El Economista», escribe: «Los objetivos de la política económica actual siguen siendo los mismos que los del período 1946-1955: el desarrollo con justicia social e independencia. Sin embargo, el tipo de desarrollo no puede ser el mismo porque los tiempos han cambiado.» Después de elogiar la política «independiente» de Gelbard, Diamand pasa a considerar el’ problema de la justicia social, que encara desde el punto de vista de las utilidades empresarias. Para Diamand «pesan aquí las expectativas muy postergadas y por lo tanto muy exageradas» de los trabajadores.
    Diamand analiza primero las utilidades del sistema bancario y señala que no pueden ser reducidas transfiriendo parte de las mismas a los asalariados. Después tómala la producción rural y niega también las posibilidades de redistribución. Finalmente analiza la industria, el factor de «mayor peso», y llega a la misma conclusión: los beneficios empresarios no pueden ser afectados: «Tomando en cuenta todos estos factores, la redistribución que se ha hecho, aunque no haya satisfecho las expectativas de los asalariados, globalmente puede estimarse como la máxima compatible con el funcionamiento normal de la economía», concluye Diamand. Para finalizar propone tres correcciones a la política del Estado: hacer más flexible la política de precios permitiendo aumentos periódicos, rebajar los impuestos y financiar las importaciones de bienes necesarios para el desarrollo de la industria.
    Esta reseña permite sacar una primera conclusión: los intereses globales de los empresarios no serán afectados y el costo de la «reconstrucción» deberán pagarlo los trabajadores.

  • EL PESO DE LAS EXPECTATIVAS POPULARES
  • El 25 de mayo, Cámpora asume
    la presidencia de la Nación rodeado por un amplio clima de movilización popular. Los trabajadores peronistas y la gran mayoría del pueblo argentino estaban dispuestos a aportar su esfuerzo y sacrificio para el éxito de la liberación nacional y la derrota de la dependencia.
    Los grupos empresarios que lograron encaramarse en el gobierno, para asegurar su proyecto de renegociación de la dependencia, debían superar dos obstáculos: las expectativas populares por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y el estado de movilización popular. Por lo tanto, había que mejorar la participación obrera en el ingreso nacional y desmovilizar. El aumento de 20 mil pesos y la política de precios, que afecta parcialmente a la oligarquía terrateniente tradicional y a sectores intermediarios, cubría el primer objetivo. La provocación terrorista de la ultraderecha, desde el 20 de junio, la reforma a la ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad, la reforma del Código Penal, la política divisionísta y el fortalecimiento del poder burocrático, cumplen con la finalidad de desmovilizar. El conjunto de estas políticas constituye el Pacto Social.
    En esta acción coinciden todos los grandes empresarios de la industria, el comercio y las finanzas. Tanto los imperialistas, como el sector del gran empresariado local expresado por el equipo de Gelbard y la CGE. Por eso sus contradicciones desaparecen cuando hay que defender el pacto social
    contra las masas trabajadoras. Y tampoco las contradicciones entre los distintos sectores de la burocracia sindical, y entre Gelbard y el Ministerio de Bienestar
    Social, están presentes cuando hay que golpear al enemigo común: los trabajadores y el pueblo peronista.
    Pero hay otro aspecto de la política económica de Gelbard y sus socios que crea fricciones permanentes entre los distintos sectores del gran empresariado. Y es el intento del grupo representado por Gelbard de desplazar a las grandes empresas imperialistas, utilizando el poder político para asegurarse una porción mayor y más estable en las ganancias. Y esta competencia entre ambos sectores empresarios produce hechos que pueden confuirse con una política económica nacionalista. En la medida que en esta competencia, aunque coyunturalmente ocupen el gobierno, los grandes empresarios locales son el sector más débil, Gelbard y su gente deben buscar apoyo en otros sectores. Por eso satisfacen algunas expectativas del pequeño y mediano empresariado, coquetean con el Tercer Mundo y el bloque socialista, y fundamentalmente levantan una y sólo una de las banderas históricas del movimiento peronista: la independencia económica. Pero una independencia económica muy particular, que en vez de independizar el país sirve a Gelbard para fortalecer su capacidad de negociación con el imperialismo yanqui.

  • LA POLÍTICA ECONÓMICA DE GELBARD
  • El conjunto de las medidas de política económica aprobadas en 1973 tienden a un mismo fin: fortalecer económicamente al gran empresariado nacional y crear las condiciones políticas para que las grandes corporaciones imperialistas «vengan al pie», a negociar con Gelbard en el Ministerio de Economía. Sólo la permanencia del
    actual equipo en el control de la política económica crea las condiciones para una negociación «de igual a igual» con las empresas imperialistas. Y la finalidad buscada por los grandes empresarios locales es alcanzar un poder estable y seguro para más adelante, cuando previsiblemente el imperialismo haya recuperado todo el poder y estén nuevamente en el llano. Por eso la urgencia en sacar políticas que los favorezcan, o la manifiesta «voracidad» con que se abalanzan sobre el queso. De allí surge el carácter contrarrevolucionario de este sector, que al mismo tiempo que se fortalece debilita desde adentro al gobierno popular, provocando su aislamiento y el desmantelamiento de sus defensas frente al enemigo imperialista. Y en este vaciamiento están todos los que pelean entre sí por el reparto de la torta: empresarios «nacionales» e imperialistas, burócratas y provocadores. Lamentablemente, la conducción del movimiento popular, el general Perón, comete errores que fortalecen a estos enemigos del pueblo.
    Una rápida enumeración de medidas económicas adoptadas por el Ministerio de Economía aclaran su carácter:
    • El control de precios de los productos de consumo masivo, en especial alimentos, fue en su origen una medida importante, y como parte de una política integralmente popular, hubiera permitido satisfacer al mismo tiempo dos objetivos: la mejora en el nivel de vida del pueblo; el debilitamiento de la oligarquía rural y de la gran intermediación. Al desalentarse la participación popular en el control de precios, la acción administrativa sobre los comerciantes que no lo cumplen perjudica exclusivamente al minorista sin afectar a la intermediación y los sectores oligárquicos que siguen desarrollando el mercaao negro. Según denuncias recientes de la cooperativa de carniceros, el 70 % de la carne se comercializa en el mercado negro.
    • El control del comercio exterior de granos, tiende a desplazar a los grandes intermediarios como Bunge y Born, aliados a la oligarquía tradicional, y favorece a las cooperativas agrarias que representan a los sectores rurales más modernos.
    • El impuesto a la renta normal potencial del agro, que comenzará a aplicarse en 1975, busca la conversión de la empresa rural en una moderna empresa capitalista y perjudica simultáneamente a la oligarquía tradicional y al pequeño productor rural. El conjunto de las medidas aplicadas y proyectadas para el campo se orientan a convertir la producción rural en un sistema tecnificado, donde los oligarcas tradicionales sean reemplazados por modernas sociedades anónimas. Estas modernas empresas rurales requerirán grandes inversiones de capital para su desarrollo que, al reemplazar la mano de obra por maquinaria, producirán una nueva expulsión de trabajadores y pequeños productores. Aunque es dudoso que esta política pueda implementarse, por que la tierra tiene un valor especulativo para empresarios de la industria y las finanzas además de la oligarquía tradicional, ese es el sentido último de las medidas proyectadas.
    • La Corporación de Empresas Nacionales saca del control del poder ejecutivo al conjunto de las empresas del Estado, y las deja en manos de los empresarios asociados a Gelbard y Madanes. A través de la corporación se producirá una rápida transferencia de ingresos del Estado a las empresas favorecidas con convenios de proveedores. La gravedad de esta medida está en el hecho de que el Estado no puede controlar los negocios de la Corporación y que su actual gerente ejecutivo es Manuel Madanes, socio de Gelbard en FATE y ALUAR.
    • La ley de inversiones extranjeras deja un amplio margen para que los capitales imperialistas controlen sus subsidiarias locales, y se beneficien con las atribuciones que el gobierno otorga a las empresas nacionales. Para ser declarada empresa nacional basta el 80 % del capital, y es sabido en todo el mundo que con mucho menos del 20 % (porque mientras el 80 % tiende a estar repartido en muchas manos, ese 20 % está concentrado en una sola, lo que le da el poder de negociación mayor) las grandes empresas imperialistas controlan amplias redes de subsidiarias. Además, con pequeñas participaciones en el capital, las empresas imperialistas se aseguran la provisión de tecnología, bienes de capital, fuentes de financiamiento externo, y en caso de ser industrias que producen para la exportación, se aseguran la comercialización del excedente exportable. Su complemento es un artículo de la ley de presupuesto para 1974, que saca los conflictos con empresas extranjeras de la jurisdicción de la justicia argentina, pasándolos a tribunales internacionales.
    • La nacionalización de los depósitos bancarios afecta la libertad de maniobra de los bancos privados, pero deja en sus manos el cobro de comisiones equivalentes a su utilidad normal. Por otra parte, los pequeños y medianos empresarios todavía no vieron un peso porque los bancos privados, con autorización del Banco Central, siguen prestando a sus clientes tradicionales: las grandes empresas extranjeras y locales. La razón de que todo siga igual en el plano financiero es que el Banco Central ha fijado condiciones clásicas en relación a los créditos, y estas condiciones, especialmente solvencia, sólo pueden cubrirlas las grandes empresas.
    El caballito de batalla de Gelbard es el comercio exterior y los convenios con los países socialistas. Los acuerdos con Cuba, reconociendo que son un paso positivo, favorecen a las grandes empresas extranjeras que tienen excedentes para exportar salvo algunos pocos casos aislados. En el orden interno, son una prueba de fuerza para el grupo Gelbard, que obligó a las empresas imperialistas a aceptar las condiciones fijadas por el gobierno pero asegurándole sus ganancias.
    El mismo sentido tienen los convenios con los países socialistas europeos. Tanto la exportación de productos argentinos, como la importación de bienes de capital o inversiones directas en infraestructura. En esto último todavía se está en el plano de los proyectos y no de las realidades, pero se habla de Salto Grande, puerto pesquero, turbinas generadoras de electricidad, equipos petroleros. Esta presencia económica de los países socialistas también es un hecho positivo pero no puede separarse de sus beneficiarios inmediatos: el sector del gran capital local, que de este modo aumenta su poder en la negociación con los imperialistas. Al mismo tiempo, estos convenios con los países socialistas afectan «futuros» negocios de las grandes corporaciones imperialistas en esas áreas y aceleran la conspiración para recuperar el poder perdido. En tanto la política de Gelbard deja de lado la participación activa de los trabajadores y la pequeña y mediana empresa, es una política suicida para el gobierno popular. Porque desarma al pueblo y aisla al gobierno, sin afectar el poder imperialista ni disminuir sus negocios. Evidentemente, el objetivo buscado por la cúpula de la CGE es fortalecer su capacidad de negociación para obtener una parte estable de la economía nacional frente a los imperialistas. Los convenios con los países socialistas se complementan con los créditos mencionados a organismos financieros controlados por E€. UU., y con la búsqueda de apoyo financiero en Europa Occidental y los países árabes.

  • SIN JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR NO HAY INDEPENDENCIA ECONÓMICA
  • Es un extraño nacionalismo económico éste que precisa desmovilizar al pueblo y congelar sus ingresos para poder llevarse adelante. Entre 1946 y 1955 la independencia económica formaba parte de un proyecto liberador y sólo fue posible por la movilización y participación popular.
    Un nacionalismo económico impulsado por un puñado de grandes empresarios, sustentado en un pacto contra los trabajadores, apoyado por la burocracia sindical traidora y por un cuerpo legal que se aplica contra activistas y militantes populares, mientras defiende la tranquilidad de los grandes capitalistas, o es una utopía totalmente fugada de la realidad o esconde un proyecto preciso que poco tiene que ver con la liberación nacional. El pacto social es el centro del programa económico, las medidas «nacionalistas» son su periferia. El conjunto de medidas adoptadas por el Ministerio de Economía tiende a reactivar la economía nacional, congelando los ingresos de los trabajadores en el nivel alcanzado en julio último, fortaleciendo el poder de un puñado de grandes empresas locales en el conjunto de la economía. Ese fortalecimiento desplazará parcialmente a otras empresas, pero en lo central busca alcanzar un equilibrio estable entre los distintos sectores de grandes empresarios que hoy explotan al pueblo argentino.
    El peronismo es un movimiento con una larga trayectoria de lucha y es desde el peronismo que se desarrolla esta política. Por eso la necesidad de compensar con demagogia nacionalista una política que básicamente se dirige contra el pueblo trabajador. Pero no todo es demagogia, eso sería simplificar esquemáticamente el sentido de la actual política económica. Hay un proyecto de poder de los grandes empresarios locales representados por Gelbard. Y ese proyecto aspira a cambios en la estructura actual del poder, pero muy difícilmente nos lleve a la liberación nacional. Mucho antes de eso el gobierno se encontrará en un callejón sin salida y los imperialistas a través de sus gerentes, sus militares y sus burócratas sindicales volverán a ocupar los puestos que fueron obligados a dejar. Para ese momento los socios de Gelbard esperan contar con fuerza suficiente para compartir el poder como socios con plenos derechos en esta sociedad de explotación ilimitada.

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