Este 19 de setiembre se cumple un año de nuestra detención en el Campamento de “El Plumerillo’, en Taco ítalo, Tucumán.
Cuando nos constituimos en Fuerzas Armadas Peronistas lo hicimos con el propósito de luchar por el respeto de los derechos del Pueblo y para acabar con el sistema de explotación del hombre por el hombre, en el terreno que las minorías oligárquicas han elegido sistemáticamente: el de la violencia.
Las Fuerzas Armadas que habían asumido el poder con la intención de “modernizar y desarrollar la república” no sólo no han cumplido esos objetivos, sino que han resultado tanto o más incompetentes en el manejo de la cosa pública que los gobiernos surgidos del sistema electoral proscriptivo, con el agravante de haber causado la muerte de decenas de ciudadanos que manifestaban, desarmados, sus inquietudes.
Es que, como señala el General Perón, “sin el concurso del Pueblo nadie puede gobernar en la Argentina”, y el Pueblo no sólo es ignorado sino que es asesinado cuando expresa sus legítimos derechos, que son anteriores y superiores a la voluntad real del iluminado de turno.
En esto las Fuerzas Armadas han demostrado ser un partido político más; y su ineptitud para solucionar los problemas de fondo los coloca en el mismo plano del mal que ellos decían combatir. .
Nuestros problemas no se han de resolver con botas y látigos, sino que habrá que cambiar las estructuras económicas, ser dueños nuevamente de nuestras riquezas, recuperar el ejercicio del poder para el Pueblo, haciendo realidad, en una palabra, la Patria Justa, Libre y Soberana que los Argentinos anhelamos.
Para avalar estas afirmaciones, nos permitiremos recordar y analizar, suscintamente, las “realizaciones” del actual gobierno:

  • EN MATERIA ECONÓMICA
  • El compromiso de mantener la libre convertibilidad, una paridad estable y no implantar sistema alguno de cambios múltiples, fue firmado el 14 de agosto de 1968, aceptándose el artículo VIII del Fondo Monetario Internacional; así como el plan de colocaciones externas a través de la banca alemana, suiza y norteamericana, que obligan a mantener esa política, nos convierte en dependientes de la voluntad foránea, lo mismo que la acción del Banco Mundial, del Banco de Exportación e Importación y de la Agencia Interamericana de Desarrollo, instrumentos de coacción de los Estados Unidos.
    La fuerte deuda externa que ha contraído la República desde el 28 de junio de 1966 permanece en el misterio, pero es tan grande y compromete tanto el futuro
    argentino, que un editorial del diario “La Nación” del 13-8-69 señala: “que significa una pesada carga que deberán soportar la generación actual y la venidera, pues esta deuda habrá de ser reintegrada junto con su gravoso lastre de intereses”.
    El déficit del presupuesto nacional será el doble del anunciado oficialmente: 80 mil millones de pesos. La inflación es del 12 al 15 %, y no sólo del 5 % como sostiene el gobierno.
    La situación del agro se deterioró a ojos vistas en los últimos años: a precios constantes el valor de la producción agropecuaria es menor que hace dos años; el costo de los insumos (maquinarias, fertilizantes, plaguicidas, alambre) sigue creciendo; las cargas impositivas para los sectores más empobrecidos resultan confiscatorias.
    Se produce una constante transferencia de la renta interna de los sectores productivos (industria, agro, comercio) a los parasitarios (rentistas). Este desplazamiento, favorecido por la ley de desalojo en vigencia, ha llevado a los sectores parasitarios a aumentar sus ingresos en un orden que, haciendo un cálculo moderado, no es inferior a los 70 mil millones de pesos anuales.
    En el sector empresarial las cosas no van mejor. El proceso de desnacionalización de industrias y bancos puede tipificarse en la absorción, por parte de capitales europeos y yanquis, de los Bancos Argentino, Del Atlántico, de Bahía Blanca, Popular Argentino, Francés y Río de La Plata, Comercial e Industrial Córdoba, Mercantil Rosario, Continental, del Centro Mercedes y Hogar Argentino, entre otros; y en la incautación —aprovechando entre otras cosas, el descalificado e irrisorio valor con el que se cotizan sus acciones en la bolsa y la capacidad de todo tipo de maniobras que su organización permite a los fuertes capitales— de una enorme cantidad de empresas, que fueron en su origen de capital argentino, entre las que podemos mencionar las más importantes tabacaleras, como Massalin y Celasco. Imparciales, Piccardo; como así también firmas industriales como Indeco S. A., Suavegom, Acinfer S. A., Bendix S. A, Salvo, Gigler, Industrias Kaiser Argentina, Lepetit, Talleres Coghlan, Papelera Hurlingham, Hisisa, etc. Los monopolios también ya han obligado a cerrar sus fuentes de trabajo a varios molinos harineros y a más de treinta fábricas aceiteras en poco más de dos años; pasan a dominar industrias enteras, y pronto serán dueños hasta de los servicios públicos.
    El congelamiento de salarios, que están por debajo del nivel del costo de vida, ha ocasionado una contracción del consumo, que en los seis primeros meses de este año bajó en un 12 % con respecto a igual período de 1968. En el volumen de las ventas minoristas, el rubro comestibles señaló una baja del 6,1 % en el primer trimestre de 1969 con respecto al mismo período del año anterior. De donde se infiere que de nada vale presentar como positivo el mantenimiento del valor de la moneda (en los papeles) cuando con esa moneda el trabajador puede comprar cada vez menos.
    Los aumentos en los artículos de primera necesidad (leche, pan, carne, aceite, etc.; combustibles, gas doméstico y energía eléctrica; transportes automotor y ferroviario, a los que se sumará el 30 % de aumento a las tarifas telefónicas) provocan el infraconsumo y la subalimentación real de los trabajadores y su familia.

  • EN MATERIA SOCIAL
  • Esta política económica se traduce en:
    El aumento del índice de la mortalidad infantil, que en el país llega al 60 por mil, y en algunos lugares como Salta y Jujuy al 100 y 120 por mil. La reaparición de enfermedades endémicas, desaparecidas como tales durante el gobierno Peronista: la tuberculosis (la mortalidad por esta causa aumentó en Capital en 50 % y en Salta, Jujuy y Río Negro en 100 % —editorial del diario “La Nación”, 8-8-69—); el paludismo; el mal de Chagas (que abarca 14 provincias; en 1967 las 3/4 partes de los conscriptos convocados en Santiago del Estero sufrían este mal). La aparición de las llamadas enfermedades del subdesarrollo: carenciales (desnutrición, raquitismo infantil, cretinismo, diarreas crónicas y agudas; avitaminosis y sus consecuencias: la oligofrenia); infecciosas y parasitarias, que sufren 1 de cada tres habitantes del país. El más bajo nivel de crecimiento vegetativo (1,3 % anual, contra 3.2 % de Colombia, por ejemplo). La falta de una política sanitaria gratuita y eficaz (cierre de hospitales, de dispensarios, de la Asistencia Pública, aranceles elevados; concentración de médicos en Capital: uno cada 263 habitantes, contra siete por cada 10.000 habitantes en Tucumán, Mendoza, Salta, Jujuy, etc.). El precio prohibitivo para los humildes de los medicamentos.
    El constante éxodo de las poblaciones locales, en las provincias más castigadas, para escapar lisa y llanamente del hambre. En Tucumán, 150.000 habitantes abandonaron la provincia; el éxodo de hacheros en la zona boscosa de Santa Fe es denunciado como “alarmante” en “La Nación” del 9-8-69; ante el cierre de los talleres ferroviarios de La Gallareta y Villa Guillermina, en Santa Fe, el editorial de “La Nación” del 1-4-69 dice: “tampoco puede admitirse que grandes masas de población deban afrontar abandonadas a su suerte las secuelas de la desocupación y la miseria y hasta el desmantelamiento completo de pueblos o pequeñas ciudades”.
    El creciente déficit habitacional, estimado en 2.300.000 unidades (mayo 1969), calculándose que —de mantenerse el actual ritmo de construcción previsto como “meta” por la Caja Federal de la Vivienda (Ley 17.594) y tomando en cuenta el crecimiento vegetativo de la población— se tardarían doscientos años para solucionarlo. En Buenos Aires se calcula en alrededor de un millón los habitantes de villas miseria, abandonados a su suerte, viviendo en condiciones totalmente precarias e insalubres, a los que ahora, bajo pretexto de erradicar dichas villas, se persigue y desaloja con las bayonetas, arrojándolos al más completo desamparo y sometiendo a los más “afortunados” a vivir bajo custodia en verdaderos campos de concentración militar.
    El cierre de fuentes de trabajo, representado por el aumento de los quebrantos (en los seis primeros meses de 1968, 10 mil millones de pesos; en igual período de 1969, 20 mil millones de pesos). La crisis del agro, que trae aparejado que las industrias relacionadas con esa
    actividad trabajen por debajo de su capacidad; en tractores se ocupa sólo el 30 % del potencial existente; y los fracasos de los “operativos” destinados al traslado de trabajadores de una zona a otra del país (de Tucumán a Neuquén por ejemplo); así como la quiebra de empresas creadas para “transformar las estructuras” en Tucumán, 3 sobre 6 instaladas. Todo ello trae un aumento en el índice de desocupación, lo que motiva el incumplimiento de las leyes sociales ante la necesidad perentoria de conseguir trabajo, convirtiendo al empleador en un verdadero tirano de sus empleados.
    El desamparo más absoluto a los jubilados y pensionados, habiéndose aumentado la edad del retiro, y rebajado el haber jubilatorio al 65 % del total percibido en los cinco mejores años, lo que equivale al 40 % del último salario. La deuda previsional del Estado es de 100 mil millones de pesos anuales. La demora en los pagos alcanza a 15 mil millones de pesos anuales. Mientras tanto los jubilados de las Fuerzas Armadas, que se retiran a una edad más temprana que el resto de la población, reciben puntualmente el 82 % móvil —equivalente en la práctica al salario total que cobran sus cantaradas en “actividad”—; y se llega a la paradoja cruel de que hay jubilados de 93 años cobrando m$n 1.600 mensuales, y hasta 70 jubilados de YPF, pioneros en la historia del petróleo patagónico, serán desalojados de sus viviendas en Comodoro Rivadavia. por el solo hecho de ser jubilados (“La Nación”, 10-8-69).
    El abandono a su suerte de escuelas y maestros, que deben recurrir a colectas o a la solidaridad pública, para equipar y mantener sus clases. El índice de la deserción escolar es gravemente significativo de las dificultades económicas de las familias trabajadoras. La Dirección Nacional de Educación del Adulto informa (Diario “La Nación” 8-9-69) que en el país existen actualmente 1.164.189 habitantes totalmente analfabetos (el 6,7 % de la población); y que, asimismo, hay ya 6.332.666 compatriotas que tienen alfabetización deficitaria, o sea que no han completado la escuela primaria, habiendo desertado de las aulas apenas sabiendo leer y escribir para ganarse duramente el sustento.
    El aumento del juego, símbolo de la falta de confianza del Pueblo en el ahorro o en el fruto de su trabajo como medio de progreso. El beneficio líquido total de Lotería y Casinos pasó de 8.500 millones de pesos en 1966 a 14.500 millones de pesos en 1968. _ El auge de la delincuencia en todos los niveles, especialmente entre el sector juvenil, generada en unos casos por la “impresionante desigualdad social, la monstruosa exhibición de las riquezas” —que denunciara Paulo VI en “El Progreso de los Pueblos”— que originan desesperadas respuestas individuales que arriesgan todo a cara o cruz para conseguir lo que jamás podrían alcanzar con el trabajo cotidiano; o derivada en otros casos directamente como consecuencia de la política económica, que se traduce en pequeños robos también desesperados (hurto de un par de zapatos en un supermercado; robo de taximetristas por dos obreros despedidos y desocupados; hurto de carne para alimentar a los hijos, etc., etc.) y el aumento de la prostitución por falta de fuentes de trabajo dignas.

  • EN MATERIA GREMIAL
  • Los sindicatos que, aún dentro del estrecho margen de actuación que el sistema les permite, se constituyen en baluartes de lucha y “molestan” a la política del Virrey, son intervenidos y los dirigentes sindicales son detenidos o perseguidos cuando se atreven a cometer el “delito” de ser leales con sus bases y enfrentar las medidas gubernamentales lesivas a los intereses de sus afiliados o de los trabajadores en general.
    Desde 1966 el gobierno ha intervenido, o le ha retirado temporalmente la personería gremial a los siguientes gremios: Sindicato Único de Portuarios Argentinos, Unión Ferroviaria, Federación Gráfica Bonaerense, Asociación de Empleados de Farmacia, Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva, Sindicato Argentino de Obreros Navales, Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, Federación Obrera Santiagueña de la Industria Forestal, Sindicatos Unidos Petroleros del Estado filiales Destilería Ensenada, Flota Petrolera. Yacimiento Comodoro Rivadavia y Taller Naval de YPF. Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Unión del Transporte Automotor, Unión del Personal Civil de la Nación. Sindicato y Federación de Prensa, Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, Federación de Obreros de Industrias Químicas, Unión del Personal de Fábricas de Pintura, Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de San Juan, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires y la C.G.T. de los Argentinos.
    Asimismo, durante ese período el gobierno ha encarcelado, procesado y condenado por Consejos de Guerra a dirigentes gremiales como los compañeros Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, Jorge Di Pasquale, Elpidio Torres. Jorjre Del Río, Alfredo Ferraresi, Sebastián Borro, Benito Romano, Ismael Allí, Francisco Calipo. Carlos Heyn, César Berón, Rodolfo Santucho, Raúl Cominotti, Fernando Hermosilla, Julián Montoya, Flotildo Rojas, Floreal Lencinas, Ricardo De Luca José Pedraza, Enrique Coronel, Eustaquio Tolosa, Antonio Scipione, y tantos otros que supieron de persecución o cárceles por defender la causa de los Trabajadores.
    La política salarial del gobierno consistió primeramente en congelar por ley Í7.224 los sueldos y anular la posibilidad de discutir nuevos aumentos, al suspender la reunión de las comisiones paritarias. Con ello se hizo recaer sobre el pueblo trabajador exclusivamente —pues al no congelarse los precios, los industriales y comerciantes transfirieron al consumidor toda la carga— el peso de un plan de estabilización que no solucionó nada, pero que sirvió para que los poderosos ganen cada vez más y el pueblo se vea más empobrecido aún.
    Ahora esa política es “reemplazada” por la ley 18.337 que convoca a paritarias “títere”, que no tienen margen verdadero de discusión, pues tienen plazo perentorio de treinta días para lograr su cometido, pasado el cual la decisión queda en manos de funcionarios oficiales. Los mismos procederán a aplicar el tope de aumentos salariales convenido en la trastienda por el gobierno y los empresarios, al mismo tiempo que la ley 16.936 pretende prohibir todas las huelgas y obliga a los sindicatos al arbitraje oficial obligatorio.
    La anulación lisa y llana de conquistas sociales, tales como la del sábado inglés, destruida para los trabajadores del interior por ley 18.204; la disolución por decreto 2215 del Consejo Nacional de Salario Mínimo, Vital y Móvil; la supresión de los delegados obreros en los Directorios de las Cajas de Previsión, por ley 17.575; la ley 17.391, que deroga la ley 16.881 de despido, suprimiendo la doble indemnización por falta de preaviso; la ley 17.258, que implanta un nuevo régimen de trabajo para los obreros de la construcción, suprimiendo la indemnización por despido para ese sector; el pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) en cuotas, por ley 17.629, que en la práctica significa la desaparición del mismo; las trabas para el funcionamiento de las Obras Sociales de los Sindicatos, a través de la ley 17.230.
    Los reglamentos de Trabajo, estatutos, o medidas tomadas directamente contra la estabilidad del trabajador o contra sus condiciones de trabajo, entre las que se destaca la siniestra ley de Racionalización administrativa, ley 17.494, fue ha arrojado a la calle a miles de empleados y obreros estatales; la ley 16.972, que modificó el reglamento de trabajo en los puertos y significó la vuelta de la esclavitud en los muelles; el decreto 3969/66, que dispuso la reestructuración ferroviaria, afectando la estabilidad y el régimen de labor del personal; la eliminación del régimen especial de estabilidad de los empleados bancarios y del seguro, por ley 17.393; la ley 17.371, para el personal embarcado de la Marina Mercante, como la ordenanza 41 para el personal de las municipalidades de’ la Provincia de Buenos Aires, que someten a dichos trabajadores a regímenes cuarteleros.

  • EN MATERIA POLÍTICA
  • Verdaderamente, la proscripción popular es el eje de la política que quiere instaurar el gobierno. Todo cuanto hace se orienta a consolidar la exclusión del Pueblo de las decisiones fundamentales del país. Los comandos militares, en la madrugada del 28 de junio de 1966, desalojaron fie la Casa Rosada a un gobierno cuyo surgimiento ellos mismos habían consentido al convocar a las fraudulentas elecciones generales del 7 de julio de 1963 (fraudulentas porque el Pueblo no tenía candidatos propios). Y lo expulsaron cuando advirtieron —después de las elecciones provinciales de Mendoza del 17 de abril de 1966— que el mantenimiento del sistema electoral sin proscripción iba a permitir el resurgimiento de la expresión política del pueblo, el Peronismo, al que los mismos militares impedían retornar desde setiembre de 1955.
    Tras once años de variadas tentativas, la Historia obstinadamente había vuelto al punto inicial. Los engendros fraudulentos de las bayonetas setembrinas no habían logrado destruir la unidad política del Pueblo, que se expresa claramente en su lealtad a Juan Domingo Perón. Entonces, los partidos políticos demoliberales no le servían más al régimen. El problema nacional seguía planteado en los mismos términos: si no había proscripción ni fraude electoral, el Pueblo volvería a gobernar por medio de sus auténticos representantes. O el régimen tendría que anular nuevamente las elecciones, como lo había hecho con las del 18 de marzo de 1962.
    En tal alternativa, las Fuerzas Armadas no sólo interrumpieron la jugada sino que le pegaron una patada al tablero de juego. Y declararon que por diez años más nadie volvería a hacer política, hasta que ellos volvieran a abarajar y dar de nuevo. Confiando, claro está, que en el Ínterin desaparezcan algunas figuras del mazo. O más concretamente, que desapareciera el as de espadas, el General Perón, que es para la mayoría del Pueblo su carta propia.
    Ahora anuncia el gobierno el futuro “tiempo político”, “con elecciones, con partidos y con parlamento”. Es decir, la misma trampa que la vez anterior. Mientras subsista el exilio de Juan Domingo Perón quedará evidenciada palmariamente la proscripción real del Pueblo Argentino.
    La Constitución de 1853, con el argumento de que las instituciones liberales no servían fue subordinada a un Acta Revolucionaria, lo que la deja a merced de la voluntad omnímoda de tres comandantes militares. El Pueblo tiene su propia fórmula para ello, de lo cual es un ejemplo elocuente la Constitución Nacional de 1949, promulgada por sus auténticos representantes, elegidos mayoritariamente y que servía a los supremos intereses nacionales, a la vez que estatuía los avances sociales acordes con la realidad de los tiempos. Pero si esa Constitución Nacional fue derogada por el espíritu faccioso del motín de setiembre de 1955, cómo no habría de serlo a su vez, la envejecida carta liberal de 1853?
    La disolución de los partidos políticos tampoco ha sido solución para los males que se decía querer prevenir o remediar, pues la lentitud e ineficiencia que a aquéllos se achacaba corre pareja con la ineficacia de las FF.AA., que han debido recurrir al Estado de Sitio por tiempo indeterminado (ley 18.262), así como a la violación de las libertades más elementales, restableciendo virtualmente la derogada ley de residencia, que permite expulsar a los extranjeros, y que tienen proyectado aplicar la ley marcial —estudio del CONASE, redacción de la ley correspondiente sin fecha ni número— o dictando leyes como la ley de Defensa Nacional que permite la movilización (y el juzgamiento por Consejos de Guerra) de todos los habitantes del país cualquiera sea su edad, todo como forma de sostenerse en el poder.
    La libertad de prensa, que se decía mantener y defender, es reiteradamente violada, por cuanto la única libertad permitida es la de aplaudir al gobierno. Caso contrario, se insulta al periodismo —como el Tte. Coronel Manzoni al periodista de “Los Andes” de Mendoza; del Intendente de Formosa contra los corresponsales de “La Nación” y “La Prensa”, etc.; se agrede a periodistas y fotógrafos que cumplen su misión profesional— acto del día de la Bandera en Rosario; en Corrientes, Córdoba, Capital Federal, etc.—; directamente se clausuran publicaciones —Azul y Blanco. Periódico de CGT de los Argentinos, Primera Plana, Ojo, Tía Vicenta, Prensa Confidencial, etc.— con el agravante de que también se cierran fuentes de trabajo— en el caso de Primera Plana donde quedan 400 personas en la calle; o se amenaza con la clausura de aquellas publicaciones que se atreven a dar a conocer comunicados o noticias desfavorables a la gestión gubernamental —Diario “Crónica” de la Capital, a raíz de la publicación de la solicitada de Raimundo Ongaro.

  • EN MATERIA CULTURAL
  • La política del actual gobierno de las FF.AA. trajo aparejada:
    El avasallamiento de las universidades, donde más de 1.300 profesores renunciaron luego de la intervención a las mismas el 29-7-66, con el consiguiente deterioro de su jerarquía al pretenderse que funcionarios policiales puedan ejercer funciones administrativas o “educativas”. El alejamiento de científicos de renombre, cuya carrera costeó el Pueblo, y que cuando podrían devolverle al país el fruto de sus conocimientos, son obligados a emigrar por discriminaciones ideológicas o revanchas personales.
    El atropello y persecución a los estudiantes, convirtiendo cada facultad en un cuartel, y pretendiendo transformar a los estudiantes, en dóciles soldados que a todo digan que sí; y al no lograrlo, utilizar la fuerza para reprimirlos o asesinarlos, como si se tratara de enemigos o extranjeros, de invasores del país, y no de jóvenes argentinos, hijos de su pueblo.
    El aumento de la penetración cultural foránea, a través de los medios de comunicación de masas —radios, TV, cine, revistas, diarios, etc.— que, distorsionando y denigrando nuestros valores nacionales, pretenden imponer moldes extranjerizantes, ajenos a nuestra realidad y tradición.
    El dictado de una vetusta y arbitraria ley de Censura (18.019) a todos los medios de expresión; así como el allanamiento de librerías y secuestro de libros supuestamente izquierdistas, como en los peores tiempos de instituciones inquisitoriales de la Edad Media universalmente condenadas.

  • EN MATERIA JURÍDICA
  • La legalidad jurídica que se decía respetar fue avasallada.
    Con la intervención al Poder Judicial de Santa Fe, amenaza que pende sobre cualquier poder que ose discrepar con la Voz del Amo —”no habrá argucia judicial posible que los salve”, proclama el Virrey, para expresar así el concepto que le merece la magistratura.
    Con la instalación de los inconstitucionales y arbitrarios “tribunales especiales”, los ya repetidos en nuestra historia Consejos de Guerra, que violan las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), conquistas irrenunciables de la evolución humana.
    Con el desconocimiento de las resoluciones judiciales desfavorables al gobierno y de amparo a la libertad de ciudadanos —como en el caso de la inmediata orden de captura contra los detenidos en La Plata a disposición del Poder Ejecutivo, luego de que fueran liberados por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en agosto de 1969.
    Con la privación a los prisioneros del derecho de defensa, deteniendo con fines intimidatorios y por orden verbal, a los abogados que concurren a interesarse por los mismos, lo que ha merecido declaraciones de repudio del Colegio de Abogados de Buenos Aires y de la Federación Nacional de Colegios de Abogados.
    Ante fallos que molestan al dictador, se pretende promover el enjuiciamiento de jueces —como el Dr. Arigós— que señalan los privilegios que gozan los integrantes de las FF.AA., así como las pesadas cargas de los civiles sometidos al estado de sitio “sin que se les incoe causa, sin las garantías de un proceso de culpabilidad penal, sin órgano judicial que los juzgue, sin que se les explique detalladamente los motivos de su detención” (julio 1969).
    Y por si ello fuera poco, las torturas a los detenidos son tan comunes que ya dejan de ser noticias —Editorial de “La Nación”, 14-8-69—, mereciendo señalarse por su gravedad, las infligidas a los militantes Jorge E. Rulli (pérdida de un riñon y la visión de un ojo); Carlos Alberto Caride (paro cardíaco, estado de coma); Alberto Buffi (conmoción cerebral); las torturas a Aída Rosa Filippini y el abogado Miguel Domingo Zavala Rodríguez, detenidos junto a Carlos Caride; a Juan Carlos Cibelli y Rosa Norma Acuña detenidos en averiguación de un ataque a un puesto a Campo de Mayo y muchos más; así como el asesinato por torturas del ciudadano Benicio Ruiz Días, de 17 años, por personal de la Comisaría 4 de Avellaneda (Juez en lo Penal de La Plata, Dr. Garganta, agosto 1969); y el presunto suicidio de dos detenidos en la penitenciaría provincial de Mendoza en menos de un mes (“La Nación”, 20-8-69).
    Mientras tanto, el proceso seguido a once policías de la Brigada de Avellaneda por torturas a detenidos presuntamente vinculados a los guerrilleros de Taco Ralo —a pesar de estar reconocidas las lesiones, haber sido encontrados los elementos de tortura y haberse determinado el lugar preparado exprofeso para llevarlas a cabo— pasa de un juez a otro (desde octubre de 1968), sin que ninguno se decida a llevarlo adelante, pues han sido objeto de toda clase de amenazas y hasta le han colocado una bomba a uno de los jueces —Dr. Ozafraím,
    La Plata, agosto 1969, por ejercer con dignidad la magistratura.
    En las cárceles los detenidos políticos son tratados con rigor y severidad, censurándose los libros que reciben, permitiéndoseles leer un solo diario (en nuestro caso La Nación, y aún así censurado), recibiendo en algunos casos las visitas detrás de una reja, interceptándosele la correspondencia, etc. Particularmente la represión se ha enseñado con el compañero Raimundo Ongaro, que sufre prisión actualmente separado del resto de sus compañeros, en la Cárcel de Caseros.

  • EN MATERIA DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA
  • No podían faltar los negociados y peculados, que resaltan más aún por cuanto uno de los caballitos de batalla del gobierno es el de la moralidad de sus funcionarios. La verdad es que este es igual o peor que la de los malos funcionarios de las administraciones anteriores surgidas desde 1955 de elecciones restringidas —con lo que se demuestra que, ni siquiera a este nivel, el gobierno de las FF.AA. se diferencia de los gobiernos de los partidos políticos. Como ejemplos:
    —Negociados como los de COVIFAM —publicidad estatal a través de TELAM— irregularidades en la concesión de licencias de radio y TV. extorsiones, sobornos y torturas de la Brigada fantasma de la Policía de Córdoba, exacciones ilegales del Intendente de Vicente López para la instalación de un supermercado, contrabando aéreo en Mendoza con la intervención de funcionarios, de un general y del conocido de siempre Cacho Otero, escándalo del Casino de Salta.
    —Utilización de vehículos, edificios y empleados públicos para fines particulares, como: Chaco, casamiento de la hija del gobernador. Misiones, reparación y limpieza de la casa particular y campos del gobernador, cuya denuncia por el concesionario de Radio Posadas motivó la caducidad de la concesión, etc.
    —Nombramiento de oficiales de las FF.AA. en retiro para ocupar cargos públicos, acumulando sus haberes de retiro y los sueldos de dichos cargos. Es verdad que el gobierno queda en paz con su conciencia pagándoles el 70 % de lo que les correspondería si fueran empleados civiles: tal vez sea eso lo que entiende por “racionalización administrativa”. Los casos más notables son: el del Mayor Miori Pereyra, que acumulaba cinco sueldos en la provincia de Bs. As., así como asignación de viáticos especiales y “modernización” de oficina —la del interventor en EFA, General De Marchi—, que insumió cinco millones de pesos.
    —Incompatibilidad de ser funcionario público y ocupar cargos en compañías extranjeras simultáneamente, casos: Van Peborgh, ex ministro de Defensa y miembro de la Banca Morgan; Nicanor Costa Méndez, ex ministro de Relaciones Exteriores y director de la Field Argentina S. A., con domicilio legal en Nueva York; Rodolfo Guido Martelli, gerente del monopolio químico Ducilo, a la vez que Presidente del Banco Industrial; Adalbert Sully Krieger Vasena, director de tres compañías mineras norteamericanas, pertenecientes al grupo The National Lead y ministro de Economía; o el caso del almirante Pedro Gnavi, actualmente comandante en Jefe de la Armada y miembro del directorio de Maryden S. A.
    —Empleo de familiares en la administración pública, previa cesantía o postergación en el escalafón de personal antiguo, cuando no se crean puestos nuevos directamente; en la Municipalidad de Bs. As., primero la
    familia del cnel. Schettini, ahora la del general Iricíbar; en Córdoba, el gobernador Ferrer Deheza, primo del ex ministro Martínez Paz, instauró un nepotismo, al que los cordobeses dieron en llamar la “ferretería”; en Formosa. el gobernador Sosa Laprida no dejó puesto público sin pariente; los Urien, Green, Dolí y otros parientes del Virrey devoran pacífica y familiarmente el presupuesto nacional; José María Astigueta, ex ministro de educación no dejó amigo por nombrar ni enemigo por cesantear.

  • EN MATERIA DE SOBERANÍA
  • El gobierno de las FF.AA. no sólo mantiene viejos compromisos lesivos a nuestra soberanía, sino que contrae otros nuevos, atando la política exterior de nuestro país a las decisiones de los Estados Unidos de Norteamérica, y proclamándose defensor de un estilo de vida “occidental y cristiano”, bandera con la cual se cubre la ignominiosa explotación humana que se identifica como capitalismo.
    Para vergüenza y escarnio de los argentinos, ya están en nuestro suelo soldados extranjeros, mancillando la tierra de San Martín, en Mendoza (Base Aérea Militar Norteamericana); la de Güemes, en Salta (Base de Instrucción de Fuerzas Especiales en Tartagal); y hasta en Buenos Aires, la tierra de don Juan Manuel de Rosas y de Dorrego pavonean su orgullo de verdaderos amos (Base aérea de Ezeiza; Misión militar de ayuda, en el niso 11 de la secretaría de Guerra, la misma misión militar que hace unos meses —abril 1969— fuera obligada a abandonar el territorio peruano por el gobierno que preside el General Juan Velasco Alvarado porque el suyo es un gobierno que quiere y sabe ser dueño de su destino como Patria Libre).
    Una vieja ambición de los monopolios extranjeros se ha visto cumplida de un solo plumazo. La ley 17.318 dispone la transformación de las empresas estatales en Sociedades Mixtas. El 49 % de su capital estará compuesto por “capitales privados”. Ahora los monopolios internacionales podrán integrarse a las compañías nacionales que fueran construidas con el tesón y la voluntad de millones de argentinos. Tan deficitarias no habrían de ser las empresas del Estado como rara que el capitalismo internacional se interese en ellas.
    Todo permite suponer que estos monopolios influirán negativamente en la política que desarrollen YPF. Yacimientos Carboníferos Fiscales. Gas del Estado. Agua y Energía. Flota Mercante de Ultramar. Aerolíneas, Flota Fluvial y ELMA, Ferrocarriles, Teléfonos del Estado etc. Nada menos que la producción de combustibles, el transporte aéreo, marítimo y ferroviario; las comunicaciones y las fuentes de energía quedarán bajo la perniciosa influencia del capital extranjero, que tratará de aprovechar en todo lo posible la actividad de dichas empresas nacionales para favorecer sus planes de expansión o las destruirán cuando su existencia se oponga a los monopolios.
    Un ejemplo típico de esta afirmación lo constituye la instalación en el país de grandes complejos industriales petroquímicos. YPF podría haber realizado la explotación de ese rubro, que ofrece fulminantes ganancias. Partiendo de la misma materia prima, si en la industria del petróleo se obtiene un peso de beneficio, en la petroquímica el mismo se multiplica por m$n. 17.500 (Periódico CGT, N. 15). En vez de aprovechar este negocio, el gobierno lo deja en manos “privadas”, que se llaman Industrias Petroquímicos Keppers (IPA-KO), PASA (subsidiaria de la Standard Oil y de la Banca Loeb), PETROSUR (integrada por la infaltable Standard Oil, la American Foreign Power, Techint), DUPERIAL (E. I. Du Pont de Nemours), DOW CHEMICAL.
    La Ley de Hidrocarburos (17.319) es un remache más de las cadenas que nos atan al yugo del imperialismo. Esta ley autoriza la actividad de “empresas privadas que constituyan domicilio en la república”. Las “personas jurídicas extranjeras de derecho público” no podrán inscribirse “en calidad de tales”. Sí podrán hacerlo ni bien constituyan sociedades llamadas “Shell Argentina”, “Standard Oil Argentina” o su infinita gama de empresas subsidiarias (arts. 2, 5 y 51 de la ley 17.319).
    Se reconoce a los permisionarios y concesionarios “el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan” y, consecuentemente “podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados” (art. 6). Con esto se obsequia a las compañías extranjeras el control de la produción de combustibles, negando las razones de la existencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Al liberarse la comercialización de los derivados del petróleo se regala a las compañías extranjeras un mercado cuyas ganancias anuales ascienden a los 105 mil millones de pesos. Y como si fuera poco, se establece como un aliciente que dichas compañías podrán exportar petróleo y sus derivados “no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas” (art. 6), pero no se habla en forma expresa de que tal exportación no podrá hacerse antes de haber logrado el auto-abastecimiento.
    Se autoriza a “construir y operar sistemas de comunicaciones y transportes generales, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaciones” (art. 30). Se hacen concesiones de transporte que otorgan el derecho de “construir y operar oleoductos, gasoductos, poliductos, obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación” (art. 39). Con esto se está autorizando la instalación de bases extranjeras en suelo patrio, que podrán ser ocupadas por fuerzas extranacionales cuando se les de la gana.
    Una de las posibilidades de YPF es que sea utilizada como empresa de cateo y exploración, que es la parte más costosa pues afronta el llamado “riesgo minero”. Las áreas estudiadas y comprobadas pueden ser dadas en concesión a otras empresas (art. 29), como ocurrió con el yacimiento El Cóndor-Cerro Redondo, cuya entrega fue una de las causas de la histórica rebelión de los petroleros de Ensenada.
    El aprovechamiento parcial de las aguas del río Paraná por el Brasil no mereció ni el más mínimo planteo de nuestra cancillería, a pesar de las pérdidas y dificultades que los planes brasileños nos ocasionan “(cierre de varios puertos en la zona del Alto Paraná; bajo nivel de las aguas en el curso del mismo y las consiguientes dificultades de navegación, etc.).
    Problemas limítrofes con Chile y Uruguay. Se llegó a un estado vergonzoso por la actitud de la cancillería, que agravió al pueblo oriental con sus actitudes (colocación de micrófonos en el alojamiento de la Delegación Uruguaya).
    Se mantiene el permiso de vuelo para aviones militares extranjeros, en el territorio, sin personal argentino.
    En lugar de apoyar la tentativa de recuperación de las Islas Malvinas por un grupo de jóvenes patriotas (Operación Cóndor, setiembre 1966) el gobierno accede a reconocer la soberanía inglesa sobre las Islas, cumpliendo mansamente las órdenes de la marina británica —permanencia fuera de las tres millas de la costa; esperar de la nave argentina hasta la llegada del lanchen inglés con los detenidos; negativa del gobernador de Tierra del Fuego, contralmirante Guzmán, a ejercer autoridad sobre territorio bajo su jurisdicción, como lo eran en ese momento las Islas— y consintiendo que “aún permanezca irredenta la gloriosa figura del Gaucho Rivero.

  • LA LUCHA POPULAR
  • Y cuando el Pueblo, cansado de esta burla e ignominia que se cometen invocando su “defensa y bienestar” sale a la calle a reclamar sus legítimos derechos ahí están las FF.AA. para emplear toda su técnica y poderío en la represión y asesinato, convirtiendo esas manifestaciones en verdaderos plebiscitos de sangre, que muestran toda la frustración y toda la terrible esperanza de generaciones condenadas al subdesarrollo y al mal finamiento por los agentes nativos de la plutocracia internacional.
    Desde una madre de cinco hijos. Hilda Guerrero de Molina, en Tucumán, hasta una niña de cuatro años, Elba Gutiérrez, en Tafí Viejo, pasando por Santiago Pampillón, Blanco, Bello, Cabral, Máximo Mena y Emilio Jauregui, ahí están los nombres de varias decenas de ciudadanos inermes asesinados por los que dicen actuar en defensa del pueblo.
    En eso sí se muestran más eficaces que los gobiernos anteriores los “valientes” jefes y oficiales de las FF.AA. En eso sí no tienen limitaciones ni problemas presupuestarios (22 mil millones para fuerzas de seguridad; partida extra de 790 millones para mejoramiento de la capacidad represiva de las policías de Tucumán. Santa Fe, Córdoba y Corrientes). En esto muestran la verdadera base de sustentación del régimen; la fuerza bruta y despiadada, la violencia sistemática cebándose en los desposeídos, las armas de la Nación destinadas a combatir al propio Pueblo argentino.
    Porque ellos están solos y tienen miedo. Por eso actúan histéricamente, pretendiendo gobernar en base a la fuerza, repudiados por todos los sectores de la vida nacional, desde el obrero al empresario; el estudiante y el profesional, hombres y mujeres; los que viven en el campo, en la ciudad o en los montes. Hasta la Iglesia, dando la espalda a un pasado comprometido con el privilegio, empieza a cumplir con el mandato evangélico, poniéndose cada día más del lado de los que nada tienen.
    Porque ellos tienen miedo y están prisioneros. Porque nosotros tenemos coraje y estamos libres. Pese a las rejas que nos apartan físicamente, estuvimos presentes, peleando en las calles y barrios de Córdoba; levantando los rieles de Tafí Viejo y las barricadas de Tucumán y Villa Quinteros; ganando los caminos de Villa Ocampo y Cañada de Gómez; enfrentando a la Policía de” Buenos Aires y Rosario; combatiendo en Corrientes, luchando en Santa Fe. Nosotros estuvimos junto a los heroicos petroleros que defendieron la soberanía en más de dos meses de huelga; junto a los gráficos de Fabril que enfrentaron la patronal imperialista; al lado de cada uno de los millones de Trabajadores Argentinos que el 30 de mayo, el 1 de julio y el 27 de agosto expresaron clamorosamente su repudio al régimen, marcando la absoluta orfandad de éste y su necesaria agonía.
    Estuvimos y estaremos. Porque en cada compañero peronista, en cada hombre y mujer del pueblo, en cada compatriota que se levanta para pelear y responde violentamente a la violencia del régimen, están presentes las Fuerzas Armadas Peronistas, brazo armado del Pueblo, hasta que la Nación en armas derrote al enemigo, hasta la victoria del Pueblo, hasta la liberación de la Patria.

  • COMPATRIOTAS:
  • A un año de nuestra detención, los acontecimientos no sólo han demostrado la validez y legitimidad de nuestro esfuerzo, sino que la situación ha ido empeorando. Felizmente, también se han despertado conciencias, se ha visualizado el camino y se va comprendiendo cabalmente que “los pueblos que no luchan por su liberación merecen la esclavitud”. Ello hará posible plasmar el brazo armado del pueblo para enfrentar a nuestros enemigos en el único terreno que nos dan a elegir: el de la violencia.
    En ese camino fue que caímos nosotros prisioneros. En ese camino cayeron para siempre compañeros nuestros, cuyos nombres son ya Banderas de combate, como Máximo Mena en Córdoba y Gerardo Ferrari en Buenos Aires.
    Como Peronistas, encarnamos el sentimiento de ese Movimiento que nuclea en su seno al sector mayoritario del Pueblo. Como Argentinos, encarnamos las más puras tradiciones de libertad de nuestra patria. Y como jóvenes argentinos y peronistas convocamos, sin sectarismo, a que se sumen a nuestra lucha a todas las organizaciones del Pueblo. Todos y cada uno de los sectores deben unirse hacia la victoria.
    No es hora ni momento de estériles disputas; es hora sí de que respetando nuestras diferencias, nos pongamos codo con codo a pelear para cumplir con el deseo, seguramente compartido, de derribar viejas estructuras que, como destructivos engranajes, trituran a nuestro pueblo en beneficio de una oligarquía explotadora y de un avasallante imperialismo.
    Hemos dudado de las palabras a usar para decir nuestra verdad —que es la verdad de todo el pueblo oprimido y pauperizado— porque pareciera que todas carecen de valor; que todas son huecas y repetidas, ya que, sólo resta un lenguaje: el de la acción.
    Pero, prisioneros de guerra del régimen, queríamos recapitular estas verdades, para decirle a nuestro Pueblo y a nuestros enemigos:
    “Los pobres somos una legítima raza de valientes ante la cual tiemblan de miedo los presidentes. ¡Y ellos sí serán juzgados!
    Esta raza que fue y será de montoneros no se entrega que lo vayan sabiendo los que mandan que son los que siempre obedecieron y acataron ¡No mi Pueblo!
    Que lo vayan sabiendo los boina loro, los marines: Taco Ralo no se olvida ni somos obedientes ¡Que lo vaya sabiendo el presidente!”
    DESTACAMENTO MONTONERO
    “17 DE OCTUBRE” de las Fuerzas Armadas Peronistas (F. A. P.)
    En la cárcel N° 9 de La Plata, C.C. 65. En la cárcel N° 3 de San Nicolás, C.C. 77. En la cárcel N° 1 de Villa Devoto, Bermúdez, 2651, Capital Federal 19 de setiembre de 1969.

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