El siguiente manifiesto fue emitido antes de la celebración del último plebiscito efectuado en Puerto Rico con el objetivo de decidir el status del mismo en su relación con los EE.UU. Constituye una denuncia clara de las maniobras tendientes a impedir la libre expresión del pueblo borincano para aumentar la ya abrumadora dependencia de la isla respecto del Pentágono (que ya posee el 15 % de la superficie de la misma) y un paso más en el intento de convertirla en un nuevo estado de la Unión.
Libre Determinación para Puerto Rico
ACUSAMOS AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE TRATAR DE IMPONER UN PLEBISCITO COLONIAL EN PUERTO RICO
EL PROPOSITO: EVITAR QUE LAS NACIONES UNIDAS INVESTIGUEN EL CASO DE PUERTO RICO
1 — Un plebiscito con alternativa colonial.
El gobierno de los Estados Unidos ha insistido en que se celebre un plebiscito en Puerto Rico con el presente “status” colonial como alternativa. A tal efecto, el gobierno local acaba de promulgar la ley que cumplirá la voluntad del poder soberano de Washington. Puerto Rico, cuya denominación oficial en español es la de “Estado Libre Asociado”, ni es un estado, ni es libre ni está asociado. Su gobierno desempeña sólo aquellas funciones administrativas, locales y limitadas, que le delega el Congreso de los Estados Unidos. Pero el plebiscito, según aprobado, servirá al gobierno para solicitar el respaldo del cuerpo electoral puertorriqueño al presente “status” colonial
2 — El Congreso de Estados Unidos rechazó una propuesta de plebiscito en que todas las alternativas se basaban en la soberanía.
Seriamente preocupada por el clamor, cada vez mayor, de muchos puertorriqueños por la verdadera solución del problema del status, la Legislatura del gobierno local había solicitado anteriormente un plebiscito con la soberanía como base para las alternativas incluidas; la independencia, la libre asociación con los Estados Unidos fundada en la igualdad y la integración (la estadidad) con dicho país. Cuando esta demanda fue bruscamente rechazada por el Congreso, en 1963, el gobierno local cambió su posición y Puerto Rico sigue siendo un territorio dependiente de los Estados Unidos.
3 — El caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas.
El 10 de octubre de 1966, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas acordó estudiar el asunto de la inclusión de Puerto Rico en la lista de Territorios dependientes, pasando por alto la firme oposición de la delegación de los Estados Unidos. Una vez resuelto que Puerto Rico es un territorio que no se gobierna a sí mismo y por lo tanto, una colonia, las Naciones Unidas, asumirán jurisdicción en el caso y urgirán que acabe el sistema colonial prevaleciente desde hace 68 años bajo la soberanía de los Estados Unidos.
4 — El Gobierno de los Estados Unidos se opone al estudio del caso de Puerto Rico.
Durante muchos años el Gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente —en todos los niveles de la organización internacional— a que se estudie la dependencia política de Puerto Rico. Por decisión reciente del Comité de Descolonización, tal estudio debía, sin embargo, iniciarse, poco después del día 20 del pasado mes de febrero, cuando empezaba la siguiente sesión del Comité. Esa decisión se tomó a pesar de las objeciones formuladas por la Sra. Eugenie Anderson, de la delegación de los Estados Unidos, quien dijo, entre otras cosas, que “Los Estados Unidos se oponen fuertemente a que se den pasos como ese” y que lo decidido por el Comité de Descolonización “podría tener repercusiones en extremo peligrosas”. No obstante, la Asamblea General ratificó finalmente el acuerdo del Comité de Descolonización.
5 — El Gobierno de los Estados Unidos ejerce presión sobre el gobierno local de Puerto Rico para que se celebre un plebiscito colonial.
Cincuenta y cinco días después de la decisión del Comité de Descolonización, el Gobernador de Puerto Rico sometió a la Legislatura local el proyecto de ley de plebiscito. Actuó así cuando la Legislatura celebrada una sesión extraordinaria, convocada para discutir exclusivamente asuntos agrícolas. El Gobernador extendió la sesión para incluir el proyecto. Inmediatamente todos los miembros de la oposición se retiraron de la sesión en señal de protesta, por lo que el proyecto se convirtió en ley con la participación exclusiva de los miembros del partido político del Gobernador. En seguida, y actuando bajo fuerte presión de Washington, en sólo 19 días —del 5 al 23 de diciembre— se aprobó la ley que señala la fecha del próximo 23 de julio para celebrar el plebiscito. En este plebiscito se pedirá al electorado que escoja entre el presente “status” colonial del Estado Libre Asociado, la independencia y la intención a los Estados Unidos (estadidad).
El “Estado Libre Asociado”, alternativa colonial carente de valor en un plebiscito que precisamente se propone resolver el problema colonial, fue incluida en la consulta por la ley de plebiscito. Esto se hizo en estricto cumplimiento con las “recomendaciones” de la Comisión del Status, organismo creado por la ley 88-217 del Congreso de los Estados Unidos del 20 de febrero de 1964 y dominado por los representantes de Estados Unidos. Esta Comisión integrada con una mayoría seleccionada de entre los miembros del Congreso y de personas designadas por Presidente de los Estados Unidos, tenía una minoría de puertorriqueños escogidos en la forma provista pollas autoridades coloniales. Como era de esperarse, la Comisión sostuvo en su “informe” que el presente “status colonial es válido y confiere al pueblo de Puerto Rico “igual dignidad con igualdad de «status»” que la independencia o la integración a los Estados Unidos (la estadidad). Sin embargo, el informe nada dice sobre la verdadera asociación con los Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la igualdad. Así pues, la alternativa de “status” colonial que disponía el proyecto de plebiscito sometido al Gobernador, se mantuvo a través de todo el proceso legislativo y se convirtió finalmente en ley mientras la alternativa para una verdadera asociación fue expresamente excluida. Todo este proceso se llevó a cabo a pesar de la oposición de miembros prominentes del partido de gobierno y de los partidos y grupos de oposición, haciendo caso omiso de le letra y el espíritu de los principios anticolonialistas contenidos en las Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de las Naciones Unidas.
6 — Los partidos de oposición en contra de tal Plebiscito.
Los Partidos Independentista y Estadista se oponen a tal plebiscito y han resuelto oficialmente no participar en él porque:
a) es impropio, antidemocrático y degradante ya que incluye una fórmula colonial y no se debe pedir a un pueblo que ratifique un régimen de inferioridad política; b) es inútil: la ratificación de un “status” colonial no resuelve el problema de la colonia; c) el proceso será dominado por la maquinaria electoral del gobierno y un gran número de electores no podrá expresarse libremente por presiones políticas y económicas; d) el periodo que fija la ley es insuficiente para informar debidamente al elector promedio sobre las consecuencias reales de su elección; y e) el proceso no tendrá la supervisión de una organización neutral como las Naciones Unidas.
7— Oposición al Plebiscito dentro del Partido de Gobierno.
Un grupo considerable de líderes, profesionales e intelectuales del partido político del gobierno local se ha manifestado en contra de este plebiscito. El grupo incluye un sector organizado compuesto por miembros del mismo partido que han sostenido, tanto en audiencias públicas como en la prensa, que, al pretender” legitimar una fórmula colonial, la ley de plebiscito despoja a gran parte del electorado puertorriqueño de su derecho a optar por un “status” de asociación verdadera —fundado en la soberanía de pueblo de Puerto Rico—, alternativa que reconocen las Naciones Unidas como legitima. Todos los esfuerzos de estos opositores internos para lograr que una fórmula de asociación legítima sea incluida en la papeleta electoral han fracasado.
8 — El Colegio de Abogados de Puerto Rico en contra del plebiscito colonial.
El Colegio de Abogados de Puerto Rico ha rechazado el plebiscito autorizado por la Legislatura local, entre otras razones, porque el “status” de Estado Libre Asociado, según se incluye en el plebiscito, “es la clase de régimen que colocaría a Puerto Rico en posición de inferioridad respecto de Estados Unidos”; porque “no se funda en el principio de la soberanía” y porque “en él no se cumplen” los requisitos mínimos que estipulan las Naciones Unidas para que exista una asociación legítima.
9 — Oposición del Ateneo Portorriqueño.
El Ateneo Puertorriqueño, organización no-partidista, la más antigua institución cultural de Puerto Rico y uno de nuestros principales centros de actividad cultural e intelectual, denunció públicamente la ley del plebiscito, tildándola de “degradante” porque “viola los más elementales principios de la democracia”. El Ateneo afirma que el pueblo de Puerto Rico, bajo el presente “status” de Estado Libre Asociado, “no tiene poder, de hecho o en derecho, para tomar las decisiones fundamentales que afectan su vida, tanto en lo interno como en lo internacional”, ya que “es el Congreso de los Estados Unidos quien ejerce la soberanía sobre Puerto Rico”.
10 — El Gobierno improvisa grupos de oposición para que colaboren en el plebiscito colonial.
A fin de celebrar el plebiscito de cualquier manera, y puesto que los partidos de oposición están resueltos a no participar en él, la ley estimula la creación de grupos “sustitutos” de independentistas y de estadistas que, en lugar de los partidos tradicionales, “representarían” las fórmulas de “status” opositoras en las urnas. Y para promover la formación inmediata y artificial de tales grupos “representativos”, el estatuto plebiscitario autoriza y ordena que, mediante la radicación ante la Junta Electoral de un mínimum de peticiones de votantes con ese propósito, se reconocerá oficialmente al “grupo” como “representativo” de la fórmula de oposición que sea, y se le suplirán $ 385,000 con cargo al erario público, supuestamente para gastos electorales y de campaña. En el caso de la fórmula de Independencia, esto quiere decir que un “grupo” que radique ante la Junta tan solo 233 peticiones de votantes podrá obtener la “representación” y el, dinero. El marcado contraste con lo que así dispone la ley plebiscitaria, la ley electoral vigente exige al Partido Independentista, o a cualquier nuevo partido, 41,983 peticiones de votantes para poder participar en elecciones ordinarias. ¡DICHO EN OTRAS PALABRAS: EL GOBIERNO COLONIAL REQUIERE, PARA QUE SE REPRESENTE A LAS IDEOLOGÍAS ENTRE LAS QUE SE VA A DECIR EL DESTINO DE PUERTO RICO, 187 VECES MENOS PETICIONES DE VOTANTES QUE PARA SER MERO PORTAVOZ DE INTERESES PARTIDISTAS EN CUALQUIER ELECCIÓN COLONIAL ORDINARIA.
11 — Una decisión en cuanto al destino de Puerto Rico en la cual participarán e intervendrán electores no-puertorriqueños.
La ley de plebiscito, según fue aprobada, concede a decenas de miles de norteamericanos y otros residentes no puertorriqueños el derecho a votar en lo que debe ser exclusiva decisión de los puertorriqueños.
El Gobierno de los Estados Unidos, por conducto de su Secretaría de Estado, ha revelado oficialmente su intención de publicar un documento en apoyo del estatuto plebiscitario, que se enviaría a las naciones latinoamericanas (que copan 21 escaños en las Naciones Unidas). Como el propósito de tal publicación es hacer creer que el plebiscito aprobado resolverá el problema político de Puerto Rico mediante “la libre decisión de los puertorriqueños”, tal plan servirá sólo para añadir confusión en cuanto a la naturaleza y consecuencias del plebiscito.
El Congreso Puertorriqueño Anticolonialista llama la atención de las Naciones Unidas, del pueblo de los Estados Unidos y de todos los pueblos y gobiernos del mundo al plan que se propone para aplazar indefinidamente la solución del caso colonial de Puerto Rico.
Si Puerto Rico no es una colonia, según alegan los Estados Unidos, nada tienen que temer de un estudio de las Naciones Unidas sobre la actual situación política de Puerto Rico. Pero, si conforme a lo que se ha demostrado, ese no es el caso, entonces al Gobierno de Estados Unidos sólo le queda un recurso honroso: transferir a Puerto Rico la soberanía de que ahora no goza nuestro país. Sólo así podrá celebrarse un plebiscito válido y verdadero, dirigido y supervisado por la Naciones Unidas en el que Puerto Rico escoger libremente entre alternativas igualmente fundamentadas en la libertad.
CONGRESO PUERTORRIQUEÑO ANTICOLONIALISTA
(Una organización no partidista en defensa de la libre determinación para Puerto Rico)
El Directorio:
ANTONIO J. GONZALEZ, Presidente Economista y Catedrático Universitario; FRANCISCO COLON
GORDIANY, Líder Obrero y Abogado; YAMIL GALIB, Líder Cívico y Abogado; MANUEL MALDONADO DENIS, Catedrático Universitario y Escritor; ROBERTO MARTÍNEZ CUEVAS, Agente de Publicidad; CARLOS MONTES, Sociólogo y Catedrático Universitario; GERARDO NAVAS, Ingeniero Civil; AIDA NEGRON DE MONTILLA, Catedrática Universitaria; LUIS NIEVES FALCON, Catedrático Universitaio; ELADIO RODRÍGUEZ OTERO, Abogado y Escritor; RAFAEL SOLTERO PERALTA, Abogado y Catedrático Universitario; MANUEL E. SOTO VIERA, Doctor en Medicina; NI LITA VIENTOS GASTON, Abogada y Escritora; SYLVIA VIERA, Educadora y Catedrática Universitaria.

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