Las alternativas que van marcando la crisis entablada entre el gobierno del Perú y los EE.UU. sugieren un progresivo acortamiento de miras en la política exterior de la Casa Blanca, junto con un simultáneo endurecimiento de los militares peruanos. Ante el conflicto con los norteamericanos llueven las polémicas y las interpretaciones de todo tipo. En un primer acercamiento, esta columna se hizo eco del problema (ver CRISTIANISMO Y REVOLUCIÓN número 15) a partir de las confusiones en que se en banderaba una izquierda acomplejada por pifias anteriores.
Corresponde ahora registrar el ritmo del proceso peruano desde una óptica diferente, y sin embargo complementaria.
La Junta Militar presidida por el general Juan Velasco Alvarado no había hecho —desde el principio— profesiones de fe excesivamente audaces. Elementales medidas de saneamiento y ejercido de una mínima soberanía determinan que Washington primero frunza el ceño, luego gruña y finalmente ponga en tensión todo el complejo y extorsionista mecanismo de sanciones y castigos contra el infractor. Los yanquis, una vez más, provocan el conflicto, agudizan las posiciones, crean situaciones peligrosamente irreversibles. ¿Es por simple capricho, ceguera o torpeza psicológica? Claro que no. El gobierno militar nacionalista peruano hace buena letra, pero buena letra honesta. Reclama lo suyo, simplemente, a nombre de una burguesía que exige se respete atributos que juzga indispensables. Una empresa de capitales estadounidenses, la Internacional Petroleum Company, delinque contra el Estado peruano, éste le pide que cumpla con las disposiciones legales que reglamentan la vida económica del país y la empresa, al oponerse, se sitúa de hecho en una dimensión extraterritorial irritante.
¿Qué pretendían los yanquis? ¿Que los militares dejasen sin efecto las sanciones aplicadas, que no expropiasen lo que había que expropiar, qué no multasen en lo que había que multar? Sucede que no pasó eso.
Un poco como testimonio de los tiempos que corren. Que se entienda bien: los militares peruanos (como el gobierno cubano de Manuel Urrutia en 1959) no han proclamado a voz en cuello abolir la sociedad capitalista e iniciar un camino al socialismo. Ni mucho menos. Se trataba simplemente de ajustar ciertas irregularidades, pero con objetivos modestos y prolijos. La desbordante realidad alteró, es evidente, los esquemas iniciales. Se confirma una vieja verdad: para el gobierno de los Estados Unidos de América los intereses de todas las empresas norteamericanas forman parte del conjunto de intereses «nacionales» que protege dicha administración federal. Esos intereses han sido, son y serán defendidos celosamente, rabiosamente, contra el menor perjuicio que se les pueda inferir. No es un problema de matices: para Washington no importa el mayor o menor coeficiente de piratería que haya demostrado tal o cual forma yanqui durante el tiempo en que haya delinquido (expresa o tácitamente) en cualquier país. Ante el peligro común, encarnado en un gobierno simplemente honesto o en un gobierno nacionalista revolucionario, los yanquis reaccionan en bloque, sin fisuras y altamente histéricos. El sistema no puede permitirse que sea puesto en tela de juicio, siquiera sea muy parcialmente. Porque, conviene recordar, el gobierno de Velasco Alvarado se había manejado con prudencia. Mientras las tropas peruanas ocupaban las refinerías petrolíferas de Talara, comunicados oficiales reiteraban que Lima vería con sumo agrado la llegada de nuevas inversiones en dólares porque «el gobierno peruano no es enemigo de la colaboración de los capitales extranjeros».
Las ilusiones (si así fue el esquema planteado, como resulta visible) de los militares peruanos han quedado destrozadas por los duros hechos. Luego de varias semanas de gestiones del enviado yanqui a Lima y de una comisión peruana en Washington, todo parece estar a fojas cero. Ante esa realidad, obviamente perdía sentido progresivamente la gira de Rockefeller. Lo que vendrá, derivado de un alejamiento irreparable entro Perú y Estados Unidos, comienza a estar sujeto a las variables que pueda introducir en la situación la eventual participación popular. Los militares, enrolados en una potencial vorágine nacionalista antiyanqui, necesitarán de cualquier manera acudir a las masas. Esta recurrencia modifica de base lo que hasta ahora es nada más que un forcejeo burocrático.
Una política antiimperialista unida a una creciente intervención del pueblo puede, en las actuales condiciones del Perú, resultar un temible coctel molotov. Las esquirlas producidas por dicho coctel alcanzarían, por supuesto, a las propias entrañas de la burguesía peruana. Y en dicho caso, las cosas cambiarían radicalmente. Difícil que suceda. Difícil que los militares peruanos (los mismos que ahogaron en sangre a las guerrillas liberacionistas de 1965) comentan tamaña audacia. Si lo hacen, se convertirían en atípicos estarían junto al pueblo, habrían cambiado la historia. Una historia empecinada. Una historia que —hasta ahora— sólo han escrito los pueblos con su sangre. Y con sus propias armas.

José Ricardo Eliaschev

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