Al cumplirse el primer aniversario del golpe militar en el Perú, toda América latina sigue con atención el proceso que se está dando en ese país desde que se hizo cargo del gobierno el general Velasco Alvarado.
Los pronunciamientos de dirigentes y organizaciones revolucionarias del Perú y de los países latinoamericanos coinciden en respaldar todas aquellas «medidas realmente revolucionarias» que tome el gobierno militar y señalan al mismo tiempo la necesidad de efectivizar las medidas revolucionarias adoptadas, de profundizar la lucha antiyanki y de incorporar a las masas peruanas como protagonistas y conductoras del pro eso revolucionario.
En esta edición publicamos los discursos del presidente Velasco Alvarado con motivo de los dos pronunciamientos más radicales del gobierno: la expropiación de la compañía petrolera IPC subsidiaria de la Standard Oil y el anuncio de la Ley de Reforma Agraria En próximos números se publicarán otros documentos sobre la situación en el Perú.

  • Discurso de Velazco Alvarado sobre la expropiación a la I.P.C.
  • Peruanos:
    El histórico 9 de octubre de 1968, el Gobierno Revolucionario expropió y ocupó el Complejo Industrial de Talara, iniciando así la reparación a nuestra dignidad y soberanía, vulneradas dolorosamente durante medio siglo por la International Petroleum Company que, en forma dolosa, al no tener ningún título legal, y, empleando los más diversos métodos de presión, explotó nuestra riqueza petrolífera en el norte del país.
    Con esta acción, el Perú inició la tardía reivindicación de un asunto que atañe no sólo a su economía, afectando a millones de peruanos para cuyo bienestar están destinadas las riquezas naturales que Dios ha puesto en subsuelo, sino también al honor, al decoro y a la majestad de nuestra patria, edificada con nuestro esfuerzo y el valor y sacrificio de nuestros antepasados.
    Desde que el Perú naciera a la vida independiente hasta nuestros días, las leyes de la república reservaron para el estado riquezas naturales del subsuelo, no siendo por tanto otorgables en propiedad a persona natural o jurídica alguna. Sin embargo, la International Petroleum Company mantuvo de hecho la propiedad de nuestro subsuelo en los campos petrolíferos de La Brea y Pariñas, amparándose en el írrito Laudo de París, fechado el 24 de abril de 1922 y declarado nulo, posteriormente, por ley de la república.
    Cuantos intentos se hicieron por resolver esta inaudita situación, fueron quebrantados mediante todo subterfugio imaginable; un recuerdo reciente, lo constituyen los acontecimientos que culminaron en la madrugada del 12 de agosto de 1968 con la claudicante «Acta de Talara»; por la que, una vez más, se trató de engañar al pueblo peruano, al aceptarse la condonación de una cuantiosa deuda al estado contraria a todo principio constitucional y que condenaba a la Empresa Petrolera Fiscal a ser simple entidad extrac-tora de petróleo, beneficiando así a la mencionada compañía usurpadora.
    El decreto-ley N° 17066 dictado el 9 de octubre de 1968 por el Gobierno Revolucionario, puso fin a esta denigrante situación y mandó expropiar el Complejo de Talara por razones de necesidad, utilidad y seguridad públicas; encargó a la Empresa Petrolera Fiscal su administración; y dispuso, asimismo, que el Ministerio de Fomento y Obras Públicas haga efectivo el cobro de los adeudos.
    Cumpliendo este mandato, que encama la voluntad misma del pueblo peruano, el Ministerio de Fomento ha llevado a efecto el correspondiente procedimiento de expropiación del Complejo Industrial de Talara, en cuanto ha preparado la valorización respectiva, formulada por los peritos del estado. Esta valorización ha sido sometida al juez competente, lo que dará lugar a establecer el justo precio de los bienes expropiados, para luego proceder a la compensación, en su integridad, a la International Petroleum Company.
    En cuanto a los. adeudos de la mencionada compañía al estado peruano, éstos se derivan del hecho que esta empresa, sin título legal alguno que la ampare, ha extraído indebidamente de los yacimientos de La Brea y Pariñas, desde el 19 de marzo de 1924 hasta el 9 de octubre de 1968, más de 447 millones de barriles de petróleo crudo, 33 millones de barriles de gasolina natural y 2 millones de barriles de gas propano licuado, cifras éstas registradas en documentos oficiales del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, cuya valorización total a octubre de 1968, asciende a la suma de seiscientos noventa millones quinientos veinticuatro mil doscientos ochenta y tres dólares (USA $ 690.524.283,00) que, al cambio vigente de dólar certificado, representa en moneda nacional una suma que excede a los veintiséis mil millones de soles (S/. 26.000.000.000,00).
    Compete pues, y es imperativo al estado peruano por derecho imprescriptible, reivindicar el bien que es de su propiedad. Tratándose de minas —como La Brea y Pariñas— su naturaleza jurídica y técnica exige que, para una reivindicación cabal, se recuperen y cobren los productos; porque su extracción, produjo agotamiento y mengua en la integridad de dichos bienes, que forman parte del patrimonio de todos los peruanos.
    Hay que advertir, sin embargo, que el cálculo de los adeudos por valor de los productos no incluye todos los beneficios y utilidades que la International Petroleum Company ha obtenido como resultado de sus operaciones industriales y comerciales, utilizando el petróleo de propiedad del estado peruano.
    Es por tanto una falacia más, que la empresa usurpadora pretenda ahora exhibir la condición de «primera contribuyente», cuando sólo a partir de 1951 es que fue sometida a un mediatizado control tributario que debido a las ingentes utilidades que le proporcionaba, arroja un monto apreciable.
    Consecuente con lo expuesto, con los postulados de la revolución y con la bandera de la soberanía, justicia y dignidad nacionales, izada al tope, el gobierno revolucionario anuncia al pueblo peruano, a los pueblos hermanos de América y del mundo entero, que el Perú ha dado el paso final para cerrar definitivamente y para siempre, el ignominioso capítulo de la historia de su petróleo: a las 9 horas del día de hoy ha notificado a la International Petroleum Company que inicia el cobro de los adeudos por la cantidad señalada de seiscientos noventa millones quinientos veinticuatro mil doscientos ochentitrés dólares (USA $ 690.524.283,00) y que ha solicitado la adopción de las medidas de carácter precautorio destinadas a asegurar el pago de esta cuantiosa suma que adeuda al estado. Culmina así el destino, que toda nación digna anhela en cumplimiento de uno de los más preciados dones de los pueblos: su soberanía.
    El Gobierno Revolucionario, en todo momento, ha procedido dentro de las normas de la ley y de la justicia. Sin embargo, nuestra actitud está siendo objeto de amenazas que configuran decididamente un repudia-ble acto de agresión económica: la tristemente célebre Enmienda Hiokenlooper, no sólo esperamos que no se aplique en nuestro caso, sino que, por la dignidad y respeto que merecen los países americanos, sea derogada, y, nunca más se la mencione. Si la obcecación de unos pocos prevaleciera, se obligaría al Perú a confrontar dicha situación, la cual hemos decidido aceptar hasta las últimas consecuencias. De ello, serán responsables los que creyeron que la reivindicación de nuestros derechos era sólo una postura de este gobierno y no la tardía, pero justa reacción de un pueblo ante el abuso y el escarnio a sus leyes por parte de la International Petroleum Company.
    El Perú, como país soberano y libre, no acierta a comprender, ni podría aceptar, que una nación poderosa que guía los destinos del mundo occidental, pretenda aplicar sus leyes fuera de su territorio; y, lo que es más grave, amparar con ellas los intereses de una
    empresa que manifiestamente actúa al margen de las leyes peruanas, de la moral, y que procede con prepotencia, sin importarle ni la dignidad ni la soberanía de nuestro país.
    Ninguna persona consciente, ningún pueblo, ningún gobierno, ni tribunal de justicia alguno, podrían jamás apoyar el despojo de las riquezas naturales de un pueblo generoso que siempre ha brindado y continuará brindando las garantías de ley a los inversionistas extranjeros que han venido, vienen y vendrán a vivir y trabajar honestamente en nuestro suelo. El caso de la International Petroleum Company, es el problema de una compañía, que ha delinquido, vulnerando nuestras leyes; que ha usurpado nuestros derechos valiéndose para ello de todos los procedimientos; que intenta enfrentar a dos gobiernos amigos. Su caso es único, es singular.
    Por tanto el gobierno revolucionario, declara ante el mundo que cualquier otra compañía inversionista extranjera no tiene por qué experimentar la menor preocupación, pese a la mal intencionada y millonaria campaña en este sentido, que una vez más ha desatado en el extranjero la International Petroleum Company por la cual reafirma su condición de indeseable.
    El pueblo de los Estados Unidos, al cual nos ha unido a lo largo de la historia tantos vínculos de amistad no puede ignorar que el Perú ha estado entre las primeras naciones que se colocaron a su lado en los dos conflictos mundiales; y el gobierno de dicho país no puede olvidar tampoco las palabras del ilustre presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando dijo: «Cada nación tiene sus valores propios, sus tradiciones propias, sus propias aspiraciones. La ayuda que brindamos, de vez en cuando, bien puede ser útil para que otras naciones conserven su independencia y hagan progresos en su desarrollo, pero no podemos rehacerlas a nuestra imagen y semejanza. No podemos dictar sus leyes o dirigir sus políticas…»
    Así como en la gesta libertadora del siglo pasado, los pueblos ibero-americanos lucharon hermanados por alcanzar su libertad política, la cruzada que hoy libran por superar su estado de subdesarrollo, reclama que como ayer, estrechen filas en torno a su emancipación económica. Cada uno de los países de América tiene en las paginas gloriosas de su historia una legión de proceres y héroes que no vacilaron en brindar el holocausto de sus vidas por legarnos la patria que hoy nos cobija… Ellos nos contemplan desde la eternidad y saben que, si en la agresión de hoy contra el Perú nó se muestra firmeza y unión, mañana otros países sucumbirán ante la presión económica, o de otro orden y sus esfuerzos habrán sido estériles y la dignidad y soberanía que sonaron para nuestros pueblos, será eternamente una ignominiosa burla.
    Es por ello que el Perú tiene plena fe y confianza en que todos los pueblos de América Latina estarán al lado de la justa causa de nuestro pueblo, en este momento en que lucha por su soberanía, animado por una inquebrantable decisión de defenderla, sin que importe el precio que haya que pagar por ella, por costoso que este sea.
    Compatriotas:
    El pueblo peruano es ahora más digno, soberano y legítimo heredero de su pasado lleno de gloria y grandeza; recién hacemos honor plenamente al mandato de nuestro himno patrio; y, hemos levantado para siempre la humillada cerviz.
    El destino nos ha deparado el privilegio de ser actores de la gesta de la emancipación económica definitiva de nuestra patria. La libertad de los pueblos siempre fue hija del sacrificio de los hombres que lucharon heroicamente para obtenerla y nadie ni nada detendrá al pueblo peruano, que se yergue altivo y con una firme voluntad de defender el honor patrio y la riqueza del suelo que lo vio nacer.
    La emoción patriótica, vibra de un confín a otro del Perú. En esta hora suprema en que el peligro de amenazas de agresión económica acecha a la patria, es necesario que una vez más olvidemos diferencias de
    todo orden, nos mantengamos unidos y movilicemos el espíritu nacionalista de todos los peruanos, para encarar con dignidad y estoicismo cualquier sacrificio que demande la defensa de esta causa noble y justa, sobre la cual construiremos un Perú grande y respetado. ¡Viva el Perú!
    6 de febrero de 1969

  • Discurso de Velazco Alvarado sobre la Reforma Agraria
  • Peruanos: Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo.
    Hoy día, el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria.
    Hoy en el Día del Indio, día del campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad, a los que labran una tierra siempre ajena, y siempre negada a millones de campesinos. Lejos, pues, de las palabras de vanos homenajes, el gobierno revolucionario concreta en un instrumento de inapelable acción jurídica ese anhelo nacional de justicia, por el que tanto se ha luchado en nuestra patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza, de la cuna a la tumba, y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú, será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre.
    Al asumir el gobierno del país, la fuerza armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros, siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contrajimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más en el Perú. Insurgió, con la vocación irre-nunciable de ser el gobierno de la revolución nacional.
    Más aún, nosotros declaramos que realizar la transformación de este país, constituye la justificación histórica del gobierno de la fuerza armada. Vale decir, para la fuerza armada del Perú la tarea de gobernar no fue entendida nunca como banal ejercicio del poder, sin rumbo ni propósito; ni tampoco, fue entendida jamás, bajo este régimen, como acción continuista encaminada a mantener un ordenamiento social básicamente injusto, dentro del cual la mayoría de nuestro pueblo siempre fue mayoría explotada, maoría en miseria, mayoría desposeída. Nosotros no asumimos el poder político para hacer de él botín y negociado ni instrumento perpetuador de la injusticia.
    Todo lo contrario, nosotros asumimos el poder político para hacer de él herramienta fecunda de la transformación de nuestra patria. No nos movió otro propósito. Quisimos darle al Perú un gobierno capaz de emprender con resolución y con coraje, la tarea salvadora de su auténtico desarrollo nacional. Fuimos desde el primer momento, conscientes de que una empresa así demandaría de todos los peruanos sacrificios y esfuerzo; porque sabíamos que en un país como el Perú, caracterizado por abismales desequilibrios sociales y económicos, la tarea del desarrollo tenía necesariamente que ser una tarea de transformación. Superar el sub-desarrollo nacional significa, por eso, lograr un reordenamiento de la sociedad peruana y, por tanto, alterar las estructuras de poder económico, político y social en nuestro país.
    Por comprenderlo así, insurjimos como gobierno revolucionario; es decir, como régimen fundamentalmente orientado al logro de la transformación íntegra de nuestra patria. Sólo así el Perú podrá superar su estancamiento y su retraso, que son ambos, responsabilidad histórica de quienes, hasta hace diez meses, detentaron el poder político en nuestro país. Fue por su inepcia y su complicidad, que nuestro pueblo no pudo en el pasado encontrar el camino de su justicia; ni el estado, pudo emprender, una acción vigorosa destinada a elevar al país del subdesarrollo en que lo sumieron sus malos gobernantes, sus políticos fariseos, sus grandes claudicantes.
    Hoy, todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy, el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país, mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales, que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado, están ya en marcha. Y, dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la fuerza armada le entrega hoy a la nación peruana, una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional.
    En favor de la reforma agraria se han pronunciado prácticamente todos los organismos técnicos nacionales e internacionales desde hace muchos años. Esta idea recibió el respaldo de los presidentes americanos en la reunión de Punta del Este, y desde entonces, las oficinas especializadas de las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de modificar radicalmente las estructuras agrarias de los países latinoamericanos. Y aquí en el Perú todos también han hablado de la nece-cidad de emprender una auténtica reforma agraria. Este fue el señuelo con el cual se lograron adhesiones y votos. Pero, nada realmente profundo se hizo jamás, para implantar una reforma que de veras atacara la raíz del problema, y, que de veras diera la tierra a quien la trabaja. Esto hace la nueva ley. Y por venir de un gobierno revolucionario, es en todo sentido un instrumento de desenrollo, una herramienta de transformación, vale decir, una ley auténticamente revolucionaria. Y, como en el caso de la política nacionalista del petróleo, ahora también la fuente final de nuestra inspiración, ha sido el pueblo; este pueblo al que nos debemos por entero; este pueblo tantas veces engañado; este pueblo que tanto ha sufrido y ha luchado, en espera de una justicia que sus gobernantes nunca supieron darle; este pueblo que ahora recibe, no como una dádiva sino como un derecho, una ley de reforma agraria, que abre y garantiza, al fin, el camino de la justicia social en el Perú.
    En consecuencia, la ley se orienta a la cancelación de los sistemas de latifundio y de minifundio en el agro peruano, planteando su sustitución por un régimen justo de tenencia de la tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediana propiedad en todo el país. De otro lado, por ser una ley nacional que contempla todos los problemas del agro, y que tiende a servir a quien trabaja la tierra, la ley de reforma agraria se aplicará en todo el territorio del país, sin reconocer privilegios ni casos de excepción, que favorezcan a determinados grupos o intereses. La ley, por tanto, comprende a todo el sistema agrario en su conjunto, porque sólo de esta manera, será posible desarrollar una política agraria coherente y puesta al servicio del desarrollo nacional.
    Al plantear la sustitución del minifundio y del latifundio y al estimular la difusión de la pequeña y mediana propiedad, la ley establece medidas que aseguran la no fragmentación de la gran propiedad como unidad de producción. Es el régimen de tenencia lo que la ley afecta, mas no el concepto de unidad de producción agrícola o pecuaria. Por eso, para el caso de las empresas agroindustriales, la ley contempla la coope-rativización en favor de sus servidores, pero garantiza el funcionamiento de la nueva empresa como una sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra y a las instalaciones como un todo indivisible de producción sujeto a la reforma agraria. La planta industrial del procedimiento primario de productos del del procesamiento primario de productos del campo, está indisolublemente ligada a la tierra. Por tanto, es imposible afectar a ésta y dejar intocada a aquélla. Y así como en el caso del problema petrolero, el estado expropió la totalidad del complejo, afectando los pozos y la refinería con todas sus instalaciones y servicios, así también, en el caso de la gran propiedad agro-industrial, la ley de reforma agraria, tiene que afectar necesariamente la totalidad de la negociación. Esto no quiere decir que la gran propiedad será dividida y fragmentada; porque ello se traduciría en un perjudicial descenso de los rendimientos de la tierra. Por eso, la ley contempla el mantenimiento de la unidad
    de producción bajo un distinto y justo régimen de propiedad. Y dentro de la nueva empresa, la ley garantiza la estabilidad de trabajo, los niveles de remuneración y todos los derechos sociales de la planta de dirección técnica y administrativa y de todos los actuales servidores, abriendo para ellos, además, el acceso a los beneficios y utilidades de la cooperativa, que será la nueva propiedad del gran complejo agroindustrial que la reforma agraria afecte.
    La inspiración social de la nueva ley es, pues, enteramente compatible con la necesidad de garantizar la continuidad de los altos niveles de rendimiento, que la tecnología agraria ha hecho posibles. Es por eso inexacto, el cargo de que la reforma agraria entraña una merma de la producción del campo. Por el contrario, al racionalizar el uso y la propiedad de la tierra y al crear los incentivos derivados del más amplio acceso a esa propiedad, la reforma agraria tiende a formar más y mejores propietarios del agro, es decir, a impulsar una más pujante producción agropecuaria que beneficie, no a unos pocos, sino a la sociedad en su conjunto. Un sector campesino cada vez más próspero, organizado y coherente, es la mejor garantía del desarrollo armónico y acelerado de la actividad agropecuaria del país, dentro de la totalidad del proceso nacional de desarrollo.
    Otra tendencia central de la ley, íntimamente vinculada a la naturaleza de las mayores necesidades del país en su conjunto, es el énfasis que ella pone en la reorientación de los recursos de capital hacia la industria, como parte del esfuerzo nacional destinado a colocar al Perú en condiciones ventajosas, frente al reto que plantea el esfuerzo de industrialización dentro del sistema de la integración económica latinoamericana. Las nuevas responsabilidades que al Perú plantea la política de integración regional y subregional, demandan de nuestro pais un vigoroso esfuerzo industrial y un decidido respaldo del estado, a una dinámica y garantizada política de industrialización, centralmente basada en el sector interno de nuestra economía. Por eso, esta ley es también una ley de impulso a la industria peruana, cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado y, también, del apoyo constructivo del estado, consciente del inevitable destino industrial de nuestra patria.
    Desde este punto de vista, es muy importante que el capital nacional comprenda cabalmente la significación de la ley de reforma agraria, como instrumento estimulador del proceso de industrialización en nuestro país. La ley, en efecto, abre muy grandes perspectivas a la inversión industrial a través del incentivo que significan nuevas empresas forjadoras de riqueza y creadoras de trabajo. Estas nuevas y amplias perspectivas de desarrollo económico, plantean un reto a la capacidad empresarial y al dinamismo de la joven industria peruana, cuyo futuro será en gran parte, el resultado del esfuerzo tesonero de quienes a ella dediquen toda su energía y su talento. La industrialización es un aspecto central del proceso de desarrollo económico de nuestro país, y el esfuerzo industrial puede y debe formar parte de la tarea de transformación de las estructuras tradicionales del Perú. Luchar por la industrialización es, por eso, luchar por el porvenir de la nación. Y por ello, el impulso a la industria constituye uno de los principales objetivos de la política de transformación del gobierno revolucionario. A ese fin, coadyuva la ley de reforma agraria, al estimular el dinamismo del sector industrial, mediante la reorientación de los recursos hacia fines de promoción de la industria nacional.
    No se trata pues de destruir, sino de racionalizar el empleo de los recursos nacionales en función de las necesidades principales de toda la sociedad peruana. El gobierno hace una invocación para que, al margen de posibles temores infundados, se aprecie con claridad, las enormes posibilidades que la ley abre al desarrollo económico del Perú. Los empresarios nacionales, deben tener la certeza de que el gobierno revolucionario, no tiene otro propósito que el de afianzar una política industrial que no puede tener éxito sin la ampliación de un mercado interno de consumo, como el que creará la aplicación de la reforma agraria. La convertibilidad de los bonos de la deuda aeraría, en acciones de empresas industriales necesarias para el desarrollo del pais. representa un enorme paso en el proceso de industrialización, al cual el gobierno revolucionario brindará todas las garantías que él requiera.
    La nueva ley de reforma agraria, por otra parte, limita el derecho a la propiedad de la tierra, para garantizar que ésta cumula su función social dentro de un ordenamiento de justicia. En este sentido la ley contempla límites de inafectabilidad que salvaguardan el principio normativo de que la tierra debe ser para quien la trabaja y no para quien derive de ella renta sin labrarla. La tierra debe ser para el campesino, para el pequeño y mediano propietario: para el hombre que hunde en ella sus manos y crea riqueza para todos, para el hombre, en fin, que lucha y enraiza su propio destino en los surcos fecundos, forjadores de vida.
    Por eso, en un país de limitados recursos como el nuestro, la propiedad también tiene que tener un límite. Es esencialmente injusto, un sistema en el cual, la inmensa mayoría de la tierra —y de la tierra mejor— esté en muy pocas manos, como ha ocurrido basta ayer mismo en nuestro país. Esta desequilibrada e injusta situación, toca a su fin con la lev de reforma agraria que el gobierno revolucionario acaba de promulgar. La propiedad, está garantizada; pero, dentro de los límites que la haran compatible con la irre-nunciable función social que ella debe cumplir. Esta no es, por tanto, una lev de despojo, sino una lev de justicia. Y si por cierto, habrá quienes se sientan afectados en sus intereses, éstos, por respetables que sean, no pueden prevalecer ante los intereses y las necesidades de millones de peruanos, quienes al fin, van a tener un pedazo de tierra para ellos y sus hijos en el suelo que los vio nacer.
    Es necesario indicar a la ciudadanía, que, es por completo inexacta la versión según la cual, en la preparación de la ley no se han recibido los puntos de vista de instituciones y personas cuyas actividades se vinculan al agro. El ministerio de Agricultura, recibió los puntos de vista de la Sociedad Nacional Agraria y de numerosas personas calificadas. Sin embargo, huelga decir que los aspectos técnicos del problema agrario de nuestro país, son suficientemente conocidos; y, la legislación comparada en materia de reforma agraria es. ciertamente, voluminosa. Por eso, los aspectos debatibles del problema se refieren a las opciones de carácter político, implícitas en los diversos enfoques dados en todas partes del problema agrario. Y aquí es, precisamente, donde surgen explicables diferencias de perspectiva. Por tanto, tomar un camino en vez de otro, no quiere decir de ningún modo que no se hayan escuchado distintas opiniones; significa, simplemente, que las decisiones tomadas responden a distintas concepciones generales de lo que debe ser la parte medular de una auténtica reforma agraria.
    Los que vean reducida su propiedad por la aplicación de la ley recibirán compensación justipreciada por parte del estado. Pero en conciencia, habrán de
    reconocer que la reforma agraria es un imperativo de justicia. Y si bien es cierto que éste es un gobierno para todos los peruanos, no es menos cierto que él debe y tiene que ser, por encima de todo un gobierno para los más y también para los más necesitados. El gobierno revolucionario confía en que quienes se sientan adversamente afectados por la ley de reforma agraria, comprendan, por encima de sus acaso explicables egoísmos, la profunda justicia que reivindica y hace realidad. Nosotros actuaremos en equidad, al aplicar la ley; y, seremos respetuosos de los derechos legítimos de aquellos a quienes la ley se aplique. Pero, seremos también, inflexibles en exigir la absoluta aplicación de la reforma agraria, parte esencial de la política transformadora del gobierno de la revolución y aspecto fundamental de una responsabilidad que hemos jurado cumplir, sin desviaciones ni temores, por el bien sagrado de la patria.
    Por eso, por responder al clamor de justicia y al derecho de los más necesitados, es que la ley de reforma agraria ha dado su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas que a partir de hoy —abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicios inaceptables— se llamarán comunidades campesinas. Los cientos de miles de hombres del campo que las forman, tendrán desde ahora el respaldo efectivo del estado para lograr los créditos y la ayuda técnica que indispensablemente se requiere a fin de convertirlas en dinámicas unidades de producción cooperativa. Creemos cumplir así un verdadero deber de reparación para todos aquellos campesinos olvidados del Perú, hombres que centenariamente han sufrido el castigo de todas las expoliaciones y de todas las injusticias. Con esta ley, se inicia el camino de su verdadera redención social. Ya nunca más, serán las víctimas indefensas del flagelo gamonalista. A partir de hoy, con el respaldo del estado, serán partícipes en la responsabilidad de su propio desarrollo. Así, verdaderamente al cabo de los siglos, las comunidades campesinas, el Ayllu antiguo, símbolo de un milenario ideal de justicia que nunca fue totalmente abatido, verán reconocidos su fuerza y su vigor para ser, otra vez, dinámicos elementos de progreso como fueron antaño en la antigua y grandiosa civilización de nuestros antepasados.
    Estas son las características centrales de la ley de reforma aeraría que pronto todos conocerán a lo largo y ancho del territorio de nuestra patria. Los hombres del gobierno tenemos lúcida conciencia de que con ella comienza la verdadera revolución social y económica del Perú. Como en todo proceso de veras trascendente, habrá vicisitudes y habrá tropiezos. También de ello somos conscientes. No nos arredran las inevitables dificultades del proceso revolucionario que hoy comienza en nuestro país. Con el apoyo del pueblo sabremos sortear todos los peligros y todos los escollos. Más nos pesaría no tener la decisión de cumplir un compromiso que sabemos salvador para la patria. El gobierno tiene fe en nuestra patria, confianza en nuestro pueblo. La lucha nos hermanará a todos los peruanos que, por encima de distingos secundarios, hemos unido nuestra suerte en la defensa común de un ideal revolucionario que sólo persigue la grandeza de la nación. Hoy, como en otros momentos de trascendentales decisiones el gobierno revolucionario apela al pueblo en demanda de solidaridad, para emprender una dura pero inevitable empresa salvadora. Aquí, donde tantas promesas quedaron incumplidas, donde se abandonaron tantos ideales, nosotros hemos querido retomar el sentido profundo de un esfuerzo trunco hasta hoy: el de reivindicar al humilde campesino de nuestra patria, respondiendo a un clamor y a una demanda cuya raíz más honda se afinca en nuestra historia y cuya imagen de justicia surge de nuestro propio e inmemorial pasado de pueblo americano.
    Sabemos muy bien que la ley de reforma agraria tendrá adversarios y detractores. Ellos vendrán de los grupos privilegiados que hicieron del monopolio económico y del poder político la verdadera razón de su existencia. Esa es la oligarquía tradicional que verá en peligro su antipatriótica posición de dominio en el Perú. No le tememos. A esa oligarquía le decimos que estamos decididos a usar toda la energía necesaria para aplastar cualquier sabotaje a la nueva ley y cualquier .intento de subvertir el orden público.
    Ya se advierten indicios de una política de rumores en la que se trata de engañar y sorprender a los propios campesinos que serán los beneficiarios directos e inmediatos de la reforma agraria porque ella les dará tierra.
    El gobierno no tolerará política de quienes traten de entorpecer la reforma agraria en perjuico de los intereses del campesinado y de la sociedad. En esto seremos inflexibles y bien vale que todos lo entiendan claramente. La prepotencia de los intereses y de los privilegios tiene ya un límite en el Perú.
    Pero la ley de reforma aeraría también tendrá sus defensores y sus amigos. Ellos serán los que comprendan patrióticamente la decisiva importancia que esta ley tiene para el desarrollo nacional, serán los hombres del pueblo, los campesinos, los obreros, los estudiantes, es decir, todos los que siempre han luchado por hacer prevalecer la justicia «social en el Perú. Ellos comprenderán que al fin empiezan a realizarse sus ideales. Nada importa que unos seamos militares y otro civiles. La patria es una sola y es de todos. Lo que importa es que se cumpla la transformación social y económica de nuestro país para hacer de él una nación libre, justa y soberana. Desde este punto de vista, se debe recordar la posición de los hombres de la iglesia. En una reciente declaración de los sacerdotes de Onis, se señala la imperativa urgencia de una genuina reforma agraria en el Perú y se sostiene que «en una concepción cristiana del hombre y del mundo, los bienes de la tierra se ordenan a todos los hombres, para permitirles la realización de su vocación y destino». No estamos solos. En la obra de la reforma agraria tendremos a nuestro lado a los campesinos, a
    los obreros, a los estudiantes, a la inmensa mayoría de los intelectuales, sacerdotes, industriales y profesionales del Perú. Y esto es lo que cuenta, porque ellos son el pueblo auténtico de nuestra patria al lado del cual está la fuerza armada, que surge de ese pueblo, y que a su causa le brinda el respaldo de su decisión inquebrantable.
    Quiero, por eso, hacer una sincera invocación a la juventud del Perú, para la que queremos forjar una patria mejor. Quienes vivimos hoy los años de la adultez recibimos un mundo lleno de imperfecciones y de injusticias. Para quienes vengan después de nosotros queremos el legado de una sociedad libre y justa, la herencia de una nación donde no tengan cabida las clamorosas desigualdades, y el oprobio del mundo que nos tocó vivir. Este es nuestro más grande anhelo: labrar para nuestro pueblo y para su juventud un ordenamiento social donde el hombre viva con dignidad, sabiendo que vive en una tierra que es suya y en una nación que es dueña de su destino.
    Así, mediante una política revolucionaria de inspiración verdaderamente peruana, profundamente nacionalista y, por tanto, exenta de influencias foráneas de cualquier índole, el gobierno del pueblo y de la fuerza armada pone hoy en movimiento un vigoroso e irreversible proceso de transformación nacional, evitando el caótico surgimiento de violencia social y dando autónoma solución a los seculares problemas del Perú. Esta es la mejor garantía de una verdadera y justa paz social en el futuro de nuestra patria. Compatriotas:
    Este es, repito, una día histórico, cuya trascendencia se acrecentará con el paso de los años. Hoy el gobierno revolucionario siente la emoción profunda de una misión y de un deber cumplidos. Hoy, en el Día del Campesino, miramos a la ciudadanía con fe, orgullo y esperanza; y, le decimos al Perú entero que a su pueblo debemos la inspiración de nuestros actos y que a él hoy le entregamos una ley forjadora de grandeza y justicia en su destino.
    Al hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac Amara:
    ¡Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza,
    VIVA EL PERÚ!

  • Sacerdotes Peruanos apoyan la Reforma Agraria
  • Antes de promulgada la reciente ley de la reforma agraria, y con fecha 20 de junio, un numeroso grupo de sacerdotes emitió una declaración en la cual se hacían realidad una vez más los postulados de Medellín y volvía toda la vigencia de las palabras del inolvidable Juan XXIII: «que los protagonistas del desarrollo económico, del progreso so i al y de la elevación cultural de las zonas rurales deben ser los mismos interesados, es decir los trabajadores de la tierra» (Mater et Magistra 35), y las recientes declaraciones del episcopado nacional, que en la XXXIV Asamblea Nacional dijo: «El régimen actual de la propiedad de la tierra y de los derechos sobre las aguas no responde a esta finalidad, generando por el contrario una situación de miseria; de ahí que sea urgente un cambio radical de dichos regímenes». Estos textos bastan para avalar toda postura dentro de la iglesia, y para comprender de qué manera han sido desoídos los angustiosos y tajantes llamados de la iglesia universal y de la iglesia peruana en particular. En este caso concreto, indiscutiblemente la iglesia peruana no perdió de vista la necesidad de un cambio, ni estuvo atrasada en las vivencias nacionales. Creemos sinceramente que si los grupos de poder económico hubieran sido conscientes y hubieran aceptado los cambios producidos en el mundo y que necesariamente tenían que llegar a nuestra patria —que no puede escapar al desarrollo histórico del mundo—, y hubieran salido al encuentro de los problemas, el Perú habría tenido ya un despegue definitivo en su desarrollo. Indiscutiblemente se esperan tiempos duros. Ya lo dice la declaración de los sacerdotes que comentamos: «Todo cambio radical de una estructura supone un período de trastornos y dificultades. Todos los peruanos debemos ser conscientes de que la reforma agraria no es un proceso aislado del conjunto del desarrollo sino que lo afecta vitalmente»

    *****CONTINUA EN LA PAGINA 21!!!!!!!!!!!!!!

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