El proceso político del Perú despierta expectativa e interés en todo el continente americano. Cristianismo y Revolución se ha hecho eco de esa inquietud en ediciones anteriores al publicar artículos, documentos y testimonios de peruanos u observadores de otros países. Con ese mismo criterio hoy damos a conocer un análisis preparado por Héctor Bejar Rivera, probablemente el más lúcido pensador de la nueva izquierda peruana.
Bejar Rivera tiene ahora treinta y cinco años y fue estudiante de derecho, pintor y periodista. Llegó a integrar el Comité del Partido Comunista Peruano, de donde fue expulsado en 1958 por su repulsa a la vía electoral. Antes había fundado y dirigido el periódico del partido. En 1962 puso las bases de una organización político militar que operó a partir de 1965 con el nombre de “Ejército Nacional de Liberación”. Su ingreso a la acción armada es casi simultáneo con la irrupción de las guerrillas de Lobatón y de la Puente, con quienes coincidía en la elección del método de lucha pero lo separaban otras discrepancias.
Después de las derrotas de las columnas de Lobatón y de la Puente y de la muerte de éstos, el contingente de Bejar se mantiene peleando en el norte del país hasta que a su jefe lo apresa una terrible enfermedad de la selva: la uta que lo obliga a dirigirse a Lima para buscar tratamiento médico. Allí lo sorprende la policía y desde 1966 espera sentencia judicial en el presidio de San Quintín.
El gobierno de Velasco Alvarado ha mejorado sus condiciones de prisionero pero se niega a dejarlo en libertad; desde la prisión, Bejar ganó en 1969 el premio de ensayo del concurso “Casa de las Américas” (Cuba) por su libro “Apuntes sobre una experiencia guerrillera”.
Pasados los sorprendentes primeros meses de este gobierno, las reformas realizadas quedan explicadas dentro de una coherente progresión de claros objetivos: cada etapa, cada nueva medida cumple . una función lógica.
El objetivo es el reforzamiento y la modernización del capitalismo. Los medios son golpes audaces. La estrategia y táctica están hechas de grandes asaltos, retiradas, acuerdos y conciliaciones. El golpe militar de 1968 tuvo varias causas: a) cambios en la sociedad peruana: b) cambios en el frente oligárquico; c) urgencia de una respuesta al fermento subversivo de las masas. Durante la década del 60 la sociedad peruana fue modificada por su creciente urbanización y el fortalecimiento de las capas medias. Valiéndose de la demagogia política y los partidos reformistas, éstas presionaron sobre las clases dominantes determinando variaciones en el frente oligárquico que hasta entonces había gobernado. El gobierno de Balaúnde fue un compromiso entre los grupos en ascenso y la oligarquía algodonera y azucarera. Tal arreglo era precario y momentáneo, porque no expresaba fielmente los cambios reales en la economía ni satisfacía a plenitud las exigencias de los sectores emergentes. Mediante el golpe, el ejército ha terciado en la disputa convirtiéndose en arbitro e introduciendo nuevas modificaciones en el frente oligárquico.
Como en casi toda América latina nuestro frente oligárquico está compuesto por: a) latifundistas; b) banqueros: c) comerciantes exportadores-importadores: d) privilegiados de la pequeña burguesía: intelectuales, técnicos, altos oficiales, curas; e) empresas norteamericanas. Hasta antes de 1963 eran los grandes terratenientes y los grandes granaros quienes imponían condiciones en el frente. Después de 1968, luego de un intermedio de pugnas intestinas, los pequeños burgueses privilegiados han ganado el terreno perdido por los latifundistas en el poder político. Esta inclinación de la balanza política refleja más fielmente la variación de la balanza económica: el latifundismo ha entrado en decadencia a lo largo y ancho del país y la reforma agraria no hace sino sancionar, con perjuicio de los latifundistas costeños y con ventajas para los serranos, un estado de cosas ya existente. Lógicamente los recién llegados al poder y los grupos que ganan terreno en las alturas enarbolan las banderas del nacional-reformismo.
Dado el entrecruzamiento económico y político de Latinoamérica y la presencia del imperialismo, este proceso debía ser precipitado desde afuera. El detonante para qué se pusieran en movimiento las fuerzas externas fueron las guerrillas del 65 y la movilización campesina que las precedió. Perú era señalado como un país al borde de la revolución social por la incapacidad y torpeza de sus clases dirigentes, que ponían en peligro todo el sistema. Era necesario que los viejos oligarcas peruanos cedieran un poco para no perderlo todo. La intervención norteamericana se dio en dos fases. La primera fracasó estrepitosamente junto con las carcomidas democracias representativas y sus mediocres reformas. Luego vino la drástica intervención del Pentágono: mano dura con los brotes subversivos y algo de coerción contra los oligarcas reacios. Dentro de esta estrategia la alianza del Pentágono y los militares es natural: contra los guerrilleros, ambos han ganado en Perú y Bolivia una batalla militar que debe ser complementada por una batalla social y política. Las banderas bélicas son la conservación del sistema occidental y cristiano: las de la batalla política, del nacionalismo y el desarrollo económico. Pieza fundamental de este juego contrarrevolucionario, los militares tienen un doble cordón umbilical: por un lado están atados al Pentágono: por el otro a su extracción de clase. De inmediato, la tarea emprendida combina magníficamente ambos factores: posiblemente se sientan los protagonistas de una revolución promotora del ascenso de las capas medias al poder, pero esta coincidencia es tan precaria como el anterior equilibrio y no se harán esperar las resquebraduras y hasta rupturas en el compromiso.
Cambiar algo para que todo siga igual
Para descubrir el régimen hay que analizar sus medidas económicas y su actitud política. La nacionalización de la IPC no llega a afectar ni al 6 por ciento de las inversiones norteamericanas. La política petrolera de la Junta ha fortalecido el sector petrolero estatal, pero también ha conciliado con los monopolios, concediéndoles nuevas explotaciones en el zócalo continental y la selva amazónica en coordinación con el plan petrolero norteamericano en Ecuador, Colombia y Venezuela.
La nacionalización de la IPC, una vez realizada, era una concesión que el imperialismo podía hacer al nuevo régimen. Ante las cosas hechas, los Estados Unidos tuvieron que admitir al fin que Talara era una presa que había que soltar irremediablemente, desde que: a) era la bandera que justificaba al nuevo régimen, y b) la IPC estaba desprestigiada nacional e internacionalmente. Las leyes agraria y de aguas cumplen el principal objetivo del régimen, el primer peldaño de la escala: disminuir el poder de la oligarquía tradicional y quebrar a uno de los sectores más reacios a los cambios.
La ley agraria afecta profundamente los intereses de los terratenientes y su poder, pero sólo en cuanto respecta a su posición en el agro. En cambio, las posiciones de la oligarquía en la banca, el comercio y la industria son cuidadosamente preservadas. La reforma presiona a la oligarquía tratando de modernizar su mentalidad y sus métodos pero no ataca, en el conjunto del país, su injusta situación de privilegio.
Los límites están claros: el régimen de hacienda perdurará, los gamonales de la sierra serán indemnizados y los reformistas gubernamentales harán todo lo posible por lograr un objetivo que es también el de los Estados Unidos: el fortalecimiento de una pequeña burguesía rural moderna, capaz, a la vez que de consumir productos industriales, de servir de colchón contra la subversión en el campo. Se acelera así un proceso que ya se estaba dando en el país, donde los barones del algodón y el azúcar tienen ahora, en combinación con empresas norteamericanas, imperios industriales que no han sido tocados y que más bien serán fortalecidos. Las nuevas cooperativas de trabajadores poseen cultivos de caña e ingenios azucareros bajo la rígida dirección del aparato gubernamental. Aun cuando se instaurase en ellas una auténtica autogestión, seguirán sometidas al mercado norteamericano y trabadas por la colonización general del país.
En cuanto a la tierra, la ley no sólo deja áreas demasiado extensas bajo el régimen de hacienda, sino que obliga a los campesinos, incluso a los más pobres, al pago compulsivo en un plazo de 20 años bajo la amenaza de ser despojados si dejan de cancelar dos anualidades consecutivas. El pago de las tierras es absurdo en el Perú por dos razones: a) porque no hay hacienda que no sea el resultado del despojo organizado e impune contra campesinos pobres: lógicamente, un elemental criterio de justicia obligaría a restituirlas gratuitamente a las comunidades, sus legítimas propietarias: b) porque hay extensas zonas donde, por haber recuperado sus tierras, los campesinos ya están en posesión de ellas y ahora tendrán que pagar lo que recuperaron: en estas zonas la reforma agraria, de instrumento progresista burgués se convierte en represalia reaccionaria. Todo el mundo sabe que las reformas agrarias buscan un mercado interno para la industria en los países llamados subdesarrollados. También la reforma agraria peruana quiere acelerar la paulatina inclusión del campesinado en el proceso de integración capitalista que vive el país. Estas finalidades han sido diseñadas por los industriales norteamericanos y peruanos, para quienes estará reservado el mercado. La industria llamada peruana tiene un altísimo porcentaje de inversión norteamericana. Ya en 1965 las inversiones de monopolios yanquis en la industria manufacturera (79 millones de dólares) superaban a las petroleras: 60 millones. Sus principales líneas de protección permanecen íntegramente en manos del imperialismo y la gran burguesía. La reforma agraria en el Perú no significa el nacimiento de una burguesía industrial peruana sino el reforzamiento de los monopolios. Por eso, a diferencia del precedente cubano, no ha constituido el primer paso de una evolución hacia el socialismo.
Hay dos cambios importantes que median entre la revolución cubana y el reformismo militar peruano: a) la variación de las relaciones internacionales: el imperialismo ha comprobado lo peligroso que es oponerse a las reformas: b) modificaciones internas lo suficientemente grandes como para que los monopolios norteamericanos metidos a la industria precisen ampliar el mercado. El Perú ha estado viviendo un proceso de industrialización dependiente que. tarde o temprano, debía romper algunas viejas estructuras. Para eso han coincidido las coordenadas del crecimiento explosivo de la industria manufacturera y la decadencia del latifundio y los cultivos de exportación. La ruptura, lejos de iniciar la liberación
económica, está afianzando y estrechando la dependencia.
Desde una visión de conjunto, los más espectaculares pasos del gobierno se pierden en la maraña de relaciones tejidas por el imperialismo. Lo que a primera vista puede parecer un proceso revolucionario es en realidad un paquete de reformas que preparan el fortalecimiento de la dominación imperialista y tratan de modernizar el desvencijado capitalismo peruano.
La nueva distribución de la administración pública tiende a crear una burocracia más eficiente. La expropiación de las haciendas de la Cerro Corp. y de la Compañía Peruana de Teléfonos (ITT) podrían ser calificadas de nacionalización con trampa: en un caso el pago ha sido cuantioso, en efectivo, bonos y nuevas concesiones petroleras y cupríferas: en el otro, lo que la ITT ha perdido con la red telefónica expropiada, lo ha ganado con la concesión para la fabricación de equipos, y ha ganado con creces.
Políticamente, los militares y los burgueses también quieren que el Estado sea fuerte. La reforma del Poder Judicial, la destitución de los municipios elegidos y el Estatuto de Prensa son materializaciones de ese deseo. Los tribunales y los municipios más importantes eran reductos de los grupos políticos tradicionales. Lo mismo sucede con los diarios. Lo que haría una revolución sería poner el Poder Judicial, la prensa y las municipalidades en manos del pueblo y sus organizaciones: lo que hacen los militares es intervenirlos en nombre del Estado nuevo, en el que son ellos y sus aliados burgueses quienes tienen la última palabra.
La ley universitaria cumple también los objetivos capitalistas: reorganizar la Universidad convirtiéndola en escuela de ciegos cuadros técnicos para el subdesarrollo y arrebatar la parte de poder que allí ejercían los estudiantes. Coincidiendo con los intereses del imperialismo, la política educacional de la Junta intenta aplastar los focos de agitación subversiva en colegios y universidades, cierra los oídos a la juventud y trata de acallarla, para preparar cuadros medios dóciles, domesticados.
Minería, partidos y el poder invisible
Así como la ley agraria empieza por los focos más conflictivos del campo —allí donde hubo sindicatos y guerrillas—, la ley universitaria coge al sector más activo de los centros urbanos. Si hubiera mayor agitación proletaria tendríamos con seguridad una ley del trabajo con similares características dictatoriales.
En cuanto a política internacional, las relaciones con los países socialistas no son nada nuevo en América latina y más bien se presentan en el Perú con retraso. Con autorización del Departamento de Estado, hace tiempo que los gobiernos más reaccionarios de América latina mantienen relaciones con la URSS y el bloque socialista “moderado”. El gobierno militar usa la autorización y a la vez cumple escrupulosamente la prohibición correspondiente: nada con Cuba, Vietnam, Norcorea y China mientras atenten contra la seguridad del bloque imperialista.
La dominación imperialista en el Perú tiene dos resortes claves: la banca y la minería. En ambos terrenos las reformas del nuevo régimen no sólo han sido tímidas e ineficientes —como en el caso de la banca—, sino que han continuado y agudizado el entreguismo de Odría y Belaúnde. como en la minería, donde Cuajone, Quellaveco y Michiquillay constituirán, junto con Cerro de Pasco, un inmenso imperio cuprífero en manos del consorcio más poderoso que hayo operado en la historia peruana: el consorcio Cerro Corp. American Smelting. Los 1.500 millones de dólares en inversión superan a todo lo invertido hasta el momento por Estados Unidos en el Perú. ¿Qué queda después de todo esto?: a) un gran imperio cuprífero, muy superior en poderío a la difunta IPC: b) un sector cooperativizado pero dependiente del mercado norteamericano: los ingenios azucareros que ya no interesan a los monopolios: c) una creciente industria con las bases de un mercado interno, también en manos norteamericanas. En el aspecto social: a) una nueva correlación de fuerzas en las alturas, con el fortalecimiento de las capas medias en el poder, pero sin la eliminación de la oligarquía terrateniente y bancaria: b) las bases para el futuro crecimiento de una moderna pequeña burguesía rural. En el aspecto político: a) el desmoronamiento de los podridos partidos de la burguesía: APRA y Acción Popular: b) la consolidación del ejército como fuerza política dominante, gobernante por cuenta del frente oligárquico y los monopolios norteamericanos favorecidos: c) las bases de un Estado fuerte, eficiente y tecnificado. Para el pueblo, una nueva etapa ha comenzado. La derrota guerrillera del 65 culminó el ascenso en las luchas populares, las ocupaciones de tierras y de fábricas del lustro anterior. Después de tres años de tregua, las reformas pueden estar abriendo la válvula para una nueva corriente revolucionaria.
Obreros y estudiantes lejos de sus bases
Los estudiantes han despertado a la realidad bruscamente, luego del sueño reformista del cogobierno eliminado por la ley universitaria. Las federaciones universitarias, remedos de los parlamentos burgueses, no pueden funcionar sin riesgo en sus islas, porque la autonomía universitaria ya no existe. Por otra parte, la desvinculación entre la dirigencia estudiantil y sus bases y entre éstas y el pueblo ha quedado al descubierto. Una década de dominio marxista en las direcciones estudiantiles no ha logrado unir a la Universidad con el pueblo; canalizó e impulsó la combatividad de los estudiantes, pero también introdujo los métodos parlamentarios, amorales y oportunistas, a manera de un quiste en la juventud revolucionaria.
Los obreros tampoco pueden hacerse ilusiones. Todas sus huelgas han sido ilegalizadas. No sólo se les niega el derecho a reclamar, sino hasta el derecho a pensar: “Estén tranquilos: nosotros pensamos por ustedes”, dijo alguna vez un ministro en frase lapidaria que expresa la actitud de los gobernantes frente a la clase obrera. Los azucareros cooperativizados del norte han ganado una conquista que tiene sus límites, pero el resto de la creciente y expoliada clase obrera no tiene nada que agradecer a la Junta. Las curvas de la desocupación y el subempleo seguirán alejándose hacia arriba en los próximos años, superando irremediablemente a las modestas reformas iniciadas.
Las reformas pueden retardar la revolución, pero harán más grande la desilusión de las masas y más violento su impulso.
Un profundo divorcio entre las bases y sus direcciones sindicales y entre los sindicatos y las masas obreras no sindicalizadas caracterizó la pasada década y se hará más notorio en ésta, cuyo signo será la desocupación, desde que las inversiones imperialistas en la industria manufacturera y en la extracción de minerales crean empleo para una parte ínfima del proletariado. Los campesinos exigirán en unos casos la aplicación de la ley de reforma agraria —es vieja costumbre de la oligarquía peruana no aplicar las leyes— y en otros se enfrentarán a la ley cuando ésta exija el pago de las tierras. Si hay alguna transformación en el campo, no será posible sin intervención popular, sin la participación de las comunidades y los sindicatos. Dentro de las capas medias, se profundizarán las contradicciones. No se puede predicar impunemente el desarrollo y la liberación económica, ni hablar , contra el imperialismo, sin ser escuchado y empujado hacia adelante. El ejército y la jerarquía eclesiástica encierran sus propias contradicciones de clase que se desarrollan en la medida en que intervienen de manera más directa en el poder.
Dos características empiezan a notarse para los años próximos: a) m,uy pocas luchas podrán hacerse dentro de la ley: los cauces legales son inútiles e inoperantes para las masas y no se puede luchar, ni siquiera por reivindicaciones mínimas, sin romperlos: b) no podrá hacerse nada en el campo de la revolución sin la participación popular.
De por sí. estos dos rasgos de la época están transformando las líneas políticas de la izquierda revolucionaria, tan vetustas como los cauces legales. Hay que eliminar los clisés heredados del pasado: es urgente una elaboración ideológica, creadora, audaz e inspirada en nuestras realidades nacionales: una actitud independiente de los revolucionarios dentro del campo socialista internacional.
La palabra de los latinoamericanos, que ha empezado a ser dicha a partir de la Revolución Cubana, debe ser completada, organizada y fundamentada. Los vínculos sociales y políticos que nos unen de facto al resto del Tercer Mundo, a los negros norteamericanos, las juventudes estudiantiles de Europa y a los movimientos de renovación de los países del Este europeo son cada vez más notorios, pero acallados discretamente por el seguidismo a sus respectivas metrópolis que imponen los partidos marxistas. La hora de la ruptura con las metrópolis ideológicas ha empezado. Una revolución latinoamericana más amplia, más profunda, más vinculada a nuestra realidad se aproxima y no puede realizarse sin: c] libre examen y sin la ruptura de las cárceles mentales.
Por ahora los militares gobiernan al país sin oposición alguna. O mejor dicho, esa oposición sólo está en germen y se manifiesta desordenada y aisladamente en las reclamaciones obreras, siempre ilegalizadas, en las manifestaciones estudiantiles, siempre reprimidas y en las movilizaciones campesinas siempre respondidas a balazos. Además de las causas de todos conocidas —división de la izquierda y del pueblo— este hecho tiene su raíz ideológica. Como un árbol de muchas ramas, la división, el sectarismo, el aislamiento del pueblo. La carencia de una estrategia y táctica construida a partir de nuestras realidades nacionales, parten de la extracción de clase de las direcciones y militancia de los partidos de izquierda, mal que aún perdura. Las direcciones de los partidos marxistas crecieron con las capas medias, porque eran éstas las que unían, además de descontento, ansia de poder, cultura y formación universitaria. Las únicas en tener acceso al marxismo eran simultáneamente incapaces de comprender la esencia revolucionaria de éste y. desde luego, no podran aplicarlo consecuentemente.
Los grupos ilustrados de las capas medias, privilegiados en un país de analfabetos, oportunistas por su situación de privilegio y por su acceso a la administración pública, retrasados con respecto a la cultura europea por el retraso propio del país, transmitieron su aislamiento, su oportunismo, su retraso, como una enfermedad hereditaria, a las direcciones revolucionarias, mediatizándolas y dogmatizándolas.
La lucha armada y los caminos del pueblo
El 65 demostró que es la lucha armada el único medio de superar el callejón sin salida de la escolástica. Si los guerrilleros del 65 no tomaron el poder, en cambio conmovieron al país y determinaron los cambios que estamos viendo, dieron al estudiantado y a los sectores más avanzados del pueblo la mística que faltaba y demostraron que no es difícil salir de la escolástica. Sin
embargo, su derrota demostró trágicamente que el camino hacia el poder pasa por las masas, antigua verdad que apareció en su cruda desnudez. Verificar simplemente que éste es un gobierno burgués reformista constituye una buena definición pero no basta para explicar totalmente la situación ni para comprender las contradicciones que necesariamente aparecerán en el ejército y la iglesia. Todo esto indica que estamos iniciando un largo proceso revolucionario en el que participarán muy diversos sectores sociales y que la revolución latinoamericana puede dejar de ser en los próximos años asunto exclusivo de los marxistas.
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las reformas? ¿Que hacer luego de cerrada temporalmente la página guerrillera?. Nosotros decimos: 1) hay que ir al pueblo: 2) hay que desarrollar una audaz y creadora política independiente. Estas dos afirmaciones implican la superación del aislamiento y el sectarismo y obligan a la total renovación de la vieja izquierda peruana. Pero no basta con decirlo. Ir al pueblo, destruir el seguidismo. son afirmaciones que en su momento corresponden a una definición revolucionaria, pero que no tardan en transformarse en frases vacías, generalizaciones sin sentido. Llega el momento en que hay que preguntarse: ¿Cómo ir al pueblo? ¿Que tipo de política independiente desarrollar?
Las respuestas corresponden a una múltiple acción en la que cada organización, cada tendencia, pueden jugar su papel aplicando sus puntos de vista. La sindicalización campesina, la organización del proletariado, la agrupación de la creciente masa de desocupados, las luchas estudiantiles, son tareas que pueden ser ligadas y combinadas armónicamente dentro de una única estrategia revolucionaria que no requiere en sus primeras etapas de una dirección única. Hay ya de facto en el Perú una distribución del trabajo revolucionario entre las diferentes tendencias. La guerrilla es el trabajo más especializado y superior, que debe combinarse con los demás para ser efectivo y peligroso contra las clases dominantes. En el cumplimiento de estas tareas se realiza la confluencia entre izquierda y pueblo. En las condiciones actuales de América latina toda política independiente, revolucionaria, lleva necesariamente a la lucha armada. El Estado “nacional-revolucionario”, que parece constituir modelo en Bolivia y Perú, no podrá resolver las profundas contradicciones del sistema, que siguen manifestándose en la desocupación – masiva y el empobrecimiento generalizado de las masas. Con reformas o sin ellas la lucha armada conserva su vigencia. De freno para la lucha de las masas, las reformas pueden transformarse en acelerador para quien sepa virar rápidamente de acuerdo a la situación. Ahora más que nunca, las direcciones revolucionarias deben ser flexibles y permeables al cambio.

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