“La Revolución Argentina no es un plan político, ni un calendario electoral. Es la convicción de la necesidad de transformar al país y la decisión de hacerlo”. Con estas palabras el general Onganía quiso dar ante los altos mandos militares que lo escuchaban el 9 de julio pasado una definición o una justificación de la revolución “argentina”.
Transformar la Argentina, superar el estancamiento económico —social que la estructura colonial produce en el país, es la gran necesidad y la gran ilusión de las F.F.A.A. Ya quedaron superadas las épocas en que el mero antiperonismo y el liberalismo ortodoxo aplicado a macha-martillo eran la concluyente salida para todas nuestras dificultades. El fracaso reiterado de las diversas salidas económicas, el deterioro constante del liberalismo político, todo ello se fue conjugando para incubar esta revolución argentina, que no en vano se produce luego de cerrarse una de las más duras luchas internas de nuestras F.F.A.A.: azules y colorados e imponerse una reorganización del ejército de acuerdo a las normas estratégicas del Pentágono.
Las fuerzas liberales, por medio de sus mas calificados representantes políticos y periodísticos, manifiestan diariamente su inquietud por la falta de planes electorales y por la ausencia de una clara evidencia del retorno hacia la “democracia representativa”. La larga experiencia de la oligarquía le permitía utilizar los golpes de estado para resolver las crisis sacando el as de reserva que constituían las F.F.A.A. Pero en esta ocasión estas tratan de superar en forma lo que son las causas de la crisis; así se explica la definición de Onganía citada arriba. Pero el camino utilizado ahora por las F.F.A.A. es justamente la inversa del recorrido por, aquellas cuando acompañaron la revolución nacional peronista, y los efectos de sus medidas levantan una respuesta social que se catalizarían mejor restaurando el parlamentarismo burgués, fraudulento y excluyente que permite el funcionamiento de los parachoques sociales con los que disfrutan nuestros reformistas. Además de esta aceleración del proceso social, la oligarquía ve en la acción del ejército como ejecutor de una política imperial, el instrumento que puede coartar parte de sus privilegios en favor de los intereses de la metrópoli. En suma, la oligarquía no quiere una “revolución” que cuestione el pluralismo expresado en las instituciones políticas que garantizan sus privilegios..
En todo este juego, uno de los principales enfoques despistados ha sido el de los sectores que pugnaron por la salvación desde adentro de la K.A.: democristianos, nacionalistas de derecha, burócratas sindicales. El antiliberalismo del gobierno militar es enfocado como simétricamente semejante al del año 1945 y por tanto se busca una salida similar a la de aquella época. Pero hoy la estrategia de las F.F.A.A. no la crean ni Perón ni coroneles nacionalistas. Ahora campea la doctrina de la “seguridad con desarrollo”, combinación de anti-comunismo y verticalismo político, amplia apertura “modernizante” al capital extranjero y represión preventiva de todo intento reivindicativo popular, acompañadas del correspondiente paternalismo social.
En cualquier instancia también el imperialismo yanqui prefiere la tranquilidad de la legalidad constitucional a la revolución militar si la situación no es desesperada para sus intereses, pero negoció rápidamente nuevas ventajas para sus capitales en el país aprovechando la instancia para retornar con sobriedad a su preferencia constitucionalista. Si la actual situación se deteriorara al punto de necesitar como desagote una salida electoral, el imperialismo estaría bien dispuesto a aliviar la situación económica para lograrla a cambio de nuevas ventajas.
El proceso iniciado el 28 de junio ha definido claramente su política económica y social sin lugar a ninguna duda; allí están los proyectos de la siderurgia, las nuevas leyes petroleras, la privatización de empresas estatales, la garantía de inversiones extranjeras, el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario, la devaluación de la moneda, la reorganización portuaria y ferroviaria, la intervención de sindicatos y suspensión de personerías gremiales, la vigencia de la reglamentación de la ley de asociaciones profesionales, la ley de tope salarial, el operativo Tucumán.
Afirmado con la potencia de todo el aparato militar el régimen no se conmoverá por los pedidos electorales producidos por los liberales nativos; solamente la crisis económica empujará contra las cuerdas al gobierno militar. Pero allí la ayuda económica del imperialismo tendrá un precio que se computará en elecciones y mayor sometimiento de tal modo que organizadas para no lograr filtrar el más mínimo resquicio de voluntad popular se convertirían en una versión corregida y aumentada de los fraudes anteriores a junio de 1966, pues excluida de manera determinante la presencia del radicalismo por razones Obvias quedaría gobernando la quintaesencia de la oligarquía.
Las fuerzas populares, los revolucionarios deben romper el círculo cerrado constituido por militares “nacionalistas” y frentes “democráticos y progresistas”.
La única instancia que lo logrará será la creación de una política de poder que se base en la respuesta adecuada a la violencia que plantea el régimen en la actual etapa. Esta es la única puerta abierta para el cambio revolucionario; puerta que no se cruza bajo diversos pretextos marxistas o social-cristianos que esconden una política, un estilo de vida y una sicología reformistas que desde hace mucho tiempo pierden el tiempo en controversias inútiles, luchas absurdas o en la mera pasiva expectativa. Y es esta punta de lanza consciente o inconsciente del régimen en las fuerzas populares la que hay que barrer y forzar al mismo tiempo al sistema a enfrentarse con sus contradicciones y con la potencia popular organizada.

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