• EL PERÚ PONE FIN AL PROBLEMA DEL PETRÓLEO
  • El 9 de octubre de 1968 el Gobierno Revolucionario del Perú promulgó un decreto-ley por el que dispuso la expropiación del llamado Complejo Industrial de La Brea y Pariñas y el cobro de los adeudos de la International Petroleum Company al estado peruano.
    La Brea y Pariñas es una zona petrolífera de más de 106.000 hectáreas (642 millas cuadradas aproximadamente) situada en el norte del Perú, cerca de la Frontera con la República del Ecuador. La International Petroleum Company (I. P. C.) es una compañía matriculanza en el Perú con sede principal en la ciudad de Toronto, Canadá. Sus acciones pertenecen a la Standard Oil de New Jersey.
    A partir del 9 de octubre y mientras las comisiones especiales designadas por el gobierno hacían tanto la valorización de las instalaciones industriales expropiadas cuanto el cálculo del monto de los adeudos que la compañía tiene pendientes de pago al estado, la Empresa Petrolera Fiscal (E. P. F.), quedó a cargo de la explotación de los yacimientos y de la operación de la Refinería de Talara. La I. P. C. se mantuvo operando la llamada Concesiones Lima, contigua a La Brea y Pariñas, y la red de distribución de productos en el mercado nacional.
    En forma provisoria y con el objeto de no interrumpir el normal suministro de combustible al mercado, la I. P. C. empezó —después de reiteradas gestiones— a entregar el íntegro de su producción a Concesiones Luna para su refinación en la planta industrial de ra. La Empresa Petrolera Fiscal a su vez le entregaba el total de los productos refinados para su distribución y venta entre los consumidores del país.
    Existían, como se aprecia con claridad, dos operaciones diferenciadas una de la otra. De un lado la
    Empresa Petrolera Fiscal compraba a International Petroleum Company el petróleo extraído de Concesiones Lima; del otro, International Petroleum Company compraba a Empresa Petrolera Fiscal la totalidad de los combustibles procesados en la refinería, para venderlos en todo el territorio nacional.
    Mientras tanto la gerencia comercial de I.P.C. hizo dos pagos a cuenta de su obligación por S/. 120.000.000.00 (aproximadamente U$S 3.100.000.00) consignando en los recibos que presentó que dichos pagos eran por concepto de «costos directos». Empresa Petrolera Fiscal sostuvo que tales abonos eran a cuenta de «productos entregados»‘.
    La diferencia de puntos de vista era notable. La International Petroleum Company pretendía ignorar la existencia de la ley que ordenó la expropiación y por lo tanto se consideraba propietaria de las instalaciones adquiridas por causa de necesidad, utilidad y seguridad públicas. En franca y desafiante rebeldía contra las leyes de un país soberano quiso imponer la aceptación de condiciones inadmisibles. Entretanto, la deuda siguió aumentando pues, en forma regular, los productos de la Refinería de Talara continuaban llegando al mercado a través del sistema de venta de la International Petroleum Company, la que aprovechaba íntegramente de tales operaciones.
    En cuanto a la deuda de E. P. F. a favor de I. P. C, debe tenerse en cuenta que el gobierno peruano reconoció los derechos de International Petroleum Company al stock de productos almacenados al 9 de octubre (por provenir de Concesiones Lima o de operaciones legítimas de refinación) cuyo valor hacía un total de U$S 6.741743,34 La Empresa Petrolera Fiscal ha estado dispuesta a cancelar ese valor, pero I.P.C. no cursó la factura correspondiente porque no quería admitir, a su vez, como pago del crudo de Concesiones Lima la cantidad de U$S 1,97 por barril, que es justamente el precio que señaló la International Petroleum Company el 13 de agosto de 1968.

  • INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY SE NIEGA A PAGAR SUS DEUDAS
  • •A comienzos de enero de 1969 un portavoz autorizado de la Standard Oil de New Jersey advirtió en Nueva York oue la International Petroleum Company se negaba a pagar el monto de sus obligaciones. Se esperaba que esa empresa no reincidiese en incumplimiento pero el engaño a la fe pública se repitió de manera manifiesta. En tales circunstancias, la E. P. F. presentó oficialmente la factura definitiva por un monto de USS 14.415.487.72 y de la cual se descontarían los U$S 3.160.775,20 abonados por I. P. C. y exigió al mismo tiempo, su inmediata cancelación
    En vista de que transcurrieron los días y la gerencia de I. P. C. no daba señales de cumplir la obligación de can ciar la crecida deuda, la Empresa Petrolera Fiscal, sujetándose a lo establecido en las leyes peruanas, solicitó y obtuvo medidas precautelativas para garantizar el pago de la deuda. Prosiguiendo con el trámite previsto en la ley se concedió a I. P. C. un plazo de 10 días y 3 de gracia adicionales para que cancelara la factura, a la cual se habían sumado otras, pues Empresa Petrolera Fiscal continuaba entregando productos, que daban un total acumulado de cerca de 16 millones de dólares que International Petroleum Company se rehusó a pagar. Vencidos los plazos de ley indicados, E. P. F. se vio obligada a trabar embargo definitivo y a continuar el procedimiento de cobro de los bienes para su remate por la cantidad adeudada que se ha mencionado anteriormente.
    La I. P. C. demostró así, una vez más, su conducta rebelde, poniendo de manifiesto la imposibilidad de trato alguno con esa empresa canadiense.
    El 6 de febrero de este año, el presidente de la república dirigió un mensaje al país anunciando que el problema con la International Petroleum Company había llegado a su término y que el estado peruano iniciaba el cobro de los adeudos por productos indebidamente extraídos, a partir de 1924, dentro de los procedimientos señalados por sus leyes. El total de los mismos fue calculado en U$S 690.524.283,00.
    De conformidad con el ordenamiento legal peruano, se ha iniciado el cobro administrativo de la I. P. C. por el monto señalado, dentro del cual dicha empresa puede hacer amplio uso de la defensa que convenga a sus intereses.

  • EL ESTADO ES PROPIETARIO DE LAS MINAS
  • De acuerdo con el ordenamiento jurídico que desde tiempo inmemorial e invariablemente ha imperado en el Perú, el derecho de propiedad sobre las minas constituye un concepto singular de connotaciones muy especiales. En el Perú las minas no han sido de propiedad privada, ni en el incanato, ni en la colonia, ni en la república.
    Las minas pertenecen exclusivamente al estado, el cual, como único propietario, puede conceder a los particulares el derecho de explorar y explotar determinadas y limitadas extensiones en las condiciones establecidas por la ley.
    El mayor derecho que una persona natural o jurídica puede alegar en torno a una mina es el de concesionario
    con todas las características y limitaciones que la figura de la concesión entraña.
    Sin el amparo de concesión alguna, que jamás solicitó ni tampoco le fue acordada, la International Petroleum Company venía detentando ilegítimamente la considerable extensión de 166 mil hectáreas de La Brea y Fariñas, de cuyo subsuelo extrajo petróleo y otros productos.
    Establecido incuestionablemente el derecho de propiedad del estado peruano sobre los yacimientos petrolíferos de La Prea y Pariñas, dos leyes dadas por el Congreso de la República durante el gobierno anterior, dispusieron la reivindicación de esos yacimientos.
    La ley N° 14.696. al declarar la nulidad de los llamados Acuerdo, Convenio y Laudo de París, reconoció y ratificó el inalienable derecho de propiedad del estado peruano sobre el yacimiento materia del litigio. Esta ley fue promulgada el 4 de noviembre de 1963.
    Con posterioridad, el 26 de julio de 1967, el mismo Congreso de la República expidió la ley N° 16.674. cuyo artículo primero establece lo siguiente:
    «Los yacimientos de La Brea y Pariñas, cuyo dominio para el estado reivindicó la ley N° 14.696 que declaró nulos ipso jure los denominados Acuerdo. Convenio y Laudo sobre dichos yacimientos, de conformidad con el artículo N° 37 de la Constitución Política del Perú, pertenecen al estado y son de su propiedad.»
    Esta ley autorizó asimismo al gobierno a reivindicar el bien usurpado, a expropiar las instalaciones que fuese necesario y cumplir así el pleno cometido de resguardar los intereses nacionales7, teniendo en cuenta los adeudos de la International Petroleum Company al estado (Art. 3o) por productos indebidamente extraídos.

  • LA REIVINDICACIÓN
  • Sin embargo, esas leyes no fueron cumplidas sino a partir del 9 de octubre de 1968, fecha en la cual el Gobierno Revolucionario procedió, a efectuar la reivindicación parcial de la mina usurpada, al tomar posesión de los yacimientos; y, como era indispensable para la adecuada utilización de los mismos operar la Refinería de Talara, expropió las instalaciones industriales de ese lugar, propiedad de la International Petroleum Company.
    La acción reivindicatoría fue completada el 6 de febrero del presente año al iniciarse el cobro de los adeudos por productos indebidamente extraídos. Es necesario precisar que doctrinaria, jurídica y técnicamente una mina es un bien inmueble conformado por el depósito de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. En la medida en que se va explotando, es decir en la medida en que se extraen las sustancias minerales que constituyen la mina, ésta empieza a extinguirse. Cuando ha terminado la tarea de extracción, la mina desaparece.
    Si se trata de reivindicar un terreno, la toma de posesión del mismo consuma su reivindicación pues el terreno no desaparece. Si se trata de reivindicar una mina que estuviera, supóngase hipotéticamente constituida por 20 millones de toneladas de mineral y al tiempo de recuperarla ya no existiera el depósito mineral por haber sido extraído en su totalidad, la reivindicación no se podría producir por un simple acto de ocupación del bien. Tendría que realizarse con la recuperación de los minerales extraídos y en caso de no ser físicamente posible, con el cobro del precio de los mismos en el momento de la devolución.
    En consecuencia, el acto de reivindicar una mina, y en este caso los yacimientos petroleros usurpados por la International Petroleum Company, ha tenido que ser ejecutado por el Gobierno Revolucionario del Perú mediante dos medidas: La primera, de 9 de octubre de 168, que dispuso la inmediata ocupación de los yacimientos con el objeto de garantizar que el resto del depósito de hidrocarburos, pasara a manos de su legítimo propietario, y, la segunda, de 6 de febrero de 1969, que al cobrar los adeudos, inicia la recuperación de los productos extraídos, deduciendo los gastos que demandó su explotación. La reivindicación parcial del 9 de octubre se convirtió el 6 de febrero en reivindicación plena, absoluta y definitiva. El Gobierno Revolucionario no cometió ni pudo haber cometido ninguna acción arbitraria y despótica puesto que se limitó a cumplir y ejecutar lo dispuesto por el Congreso de la República en las leyes N° 14.696 y N° 16.674, que, a su vez, perseguían el cumplimiento de disposiciones fundamentales de la Constitución del Estado.
    Asimismo, precisa aclarar que es inadmisible la prescripción —que no ha sido tampoco invocada—, por cuanto nuestro ordenamiento minero, desde la Colonia, ha considerado a los yacimientos minerales como imprescriptibles, de tal manera que si un particular posee un yacimiento, sin título que lo ampare, por 30, 50, 100 ó más años, no puede invocar prescripción contra el estado. La condición de imprescriptibilidad es inherente a los yacimientos minerales y se extiende a las sustancias minerales mismas, porque yacimiento y mineral se identifican. Sin mineral, o sea sin petróleo, no hay yacimiento. Por lo demás, este principio dé imprescriptibilidad de las minas de petróleo y de sus productos está declarado y contenido en el artículo primero de la ley de petróleo vigente N° 11.780, ley que mereció la aprobación y aplauso de todas las compañías petroleras, inclusive de la I. P. C.

  • ANTECEDENTES HISTÓRICOS
  • Si se pudiera reducir a un simple esquema el conflicto entre el estado peruano y la International Petroleum Company, sería suficiente señalar que él deriva de que la empresa ha reclamado para sí los títulos de propiedad de la mina, o lo que es lo mismo, de los yacimientos petrolíferos ubicados debajo de la superficie de la hacienda conocida,con el nombre de La Brea y Pariñas.
    Este derecho de propiedad no ha sido ni es invocado por ninguna de las compañías extranjeras que operan en territorio nacional. Todas ellas admiten y reconocen que el único y legítimo propietario del petróleo es el estado peruano y actúan dentro de las características señaladas por el régimen de concesiones. Por ello es que no tienen ningún problema con el Perú, que respeta la legitimidad de sus derechos. International Petroleum Company, en cambio, ha pretendido ser propietaria privada de una riqueza pública, lo que dio origen a la controversia y determinó en todos los peruanos, una reacción de justo y altivo repudio hacia esa compañía.
    La I. P. C. supo desde un comienzo que no podía demostrar ni menos probar la validez de los títulos en los cuales basaba su supesto «derecho». El 8 de agosto de 1957, presentó un recurso al Ministerio de Fomento y Obras Públicas, firmado por su gerente general señor Jack Ashworth y por el mandatario legal el abogado Eduardo Elejalde Vargas, solicitando la adaptación al régimen de concesiones y ofreciendo que «dejaría establecida la lesión a favor del estado de su derecho de propiedad sobre el subsuelo o zona mineralizada de La Brea y Pariñas, asumiendo el carácter de concesionaria de explotación respecto a ella y conservando su
    carácter de dueño civil de la superficie de La Brea y Pariñas».
    ¿Qué impulsó entonces a la International Petroleum Company a formalizar este pedido si sus «títulos de propiedad» era válidos como ahora sostienen? ¿Acaso la mencionada compañía abrigaba ya serias dudas sobre la autenticidad y legitimidad de los títulos que, según dice, ostentaba?
    Aquella solicitud de adaptación al régimen de concesiones fue denegada por el gobierno del presidente doctor Manuel Prado el 5 de diciembre de 1957. por ser inconveniente al interés del país. Pero el hecho de ese ofrecimiento está indicando que la International Petroleum Company se sentía usurpadora y no dueña del petróleo,, como recientemente ha sostenido en avisos publicados en diarios extranjeros.
    ¿Pudo en algún momento la International Petroleum Company estar apoyada en los títulos de propiedad que ahora alega tener?
    Volvamos la mirada hacia atrás para recordar los antecedentes históricos de este problema.
    El subsuelo peruano siempre fue de propiedad pública. Durante el incanato las minas pertenecían al inca. Mientras el actual territorio del Perú estuvo sometido a España durante la época colonial, rigieron y se aplicaron las leyes de la corona para efectos de la explotación y aprovechamiento de las minas.
    Todas esas leyes, los códigos y ordenanzas, fijaban y establecían invariablemente el sistema legalista, más propiamente llamado ahora Señorío del Estado o Dominal, sistema que afirma que las minas de toda clase y naturaleza pertenecen al estado, que se otorga o concede en aprovechamiento, cumpliendo determinados requisitos y sujeto a límites y condiciones ineludibles. Este sistema comporta la separación del suelo y del subsuelo, como dos bienes diferentes que originan distintos derechos.
    El 28 de julio de 1821, el Perú proclamó su independencia de España y dio comienzo, como república soberana e independiente, a una vida política de constitución republicana.
    Las leyes mineras promulgadas por la República Independiente del Perú, tomaron su inspiración de las antiguas leyes españolas. El Derecho Patrio de 22 de junio de 1824 concedió valor a las ordenanzas españolas en el territorio emancipado. Por consiguiente, continuó en aplicación el sistema regalista que se afirmó, en cuanto al petróleo, con la primera ley sobre esta materia dada el 28 de abril de 1873; con la siguiente ley de petróleo del 12 de enero de 1877, con el Código de Minería de 1901, con la Constitución de 1920, con la ley N° 4452, con el artículo N° 822, inciso 4o y el artículo 854 del Código Civil de 1936; con el artículo N° 854 del Código Civil de 1936; con el artículo 37° de la Constitución de 1933, actualmente vigente; con el Código de Minería de 1950 y, finalmente, con el artículo 1 de la Ley de Petróleo N° 11.780, la última que sobre la materia ha dictado el estado peruano.
    Desde 1256, las Partidas del Rey de España Alfonso El Sabio, recogiendo una añeja legislación del siglo XII, hasta 1968, fecha en que el Complejo Industrial de Talara fue expropiado, por derecho que ejerce libremente de acuerdo con sus leyes cualquier estado, el subsuelo ha sido propiedad pública y sigue siéndolo.

  • INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY SE NIEGA A PAGAR SUS DEUDAS
  • A comienzos de enero de 1969 un portavoz autorizado de la Standard Oil de New Jersey advirtió en Nueva York oue la International Petroleum Company se negaba a pagar el monto de sus obligaciones. Se esperaba que esa empresa no reincidiese en incumplimiento pero el engaño a la fe pública se repitió de manera manifiesta. En tales circunstancias, la E. P. F. presentó oficialmente la factura definitiva por un monto de USS 14.415.487.72 y de la cual se descontarían los U$S 3.160.775,20 abonados por I. P. C. y exigió al mismo tiempo, su inmediata cancelación
    En vista de que transcurrieron los días y la gerencia de I. P. C. no daba señales de cumplir la obligación de can ciar la crecida deuda, la Empresa Petrolera Fiscal, sujetándose a lo establecido en las leyes peruanas, solicitó y obtuvo medidas precautelativas para garantizar el pago de la deuda. Prosiguiendo con el trámite previsto en la ley se concedió a I. P. C. un plazo de 10 días y 3 de gracia adicionales para que cancelara la factura, a la cual se habían sumado otras, pues Empresa Petrolera Fiscal continuaba entregando productos, que daban un total acumulado de cerca de 16 millones de dólares que International Petroleum Company se rehusó a pagar. Vencidos los plazos de ley indicados, E. P. F. se vio obligada a trabar embargo definitivo y a continuar el procedimiento de cobro de los bienes para su remate por la cantidad adeudada que se ha mencionado anteriormente.
    La I. P. C. demostró así, una vez más, su conducta rebelde, poniendo de manifiesto la imposibilidad de trato alguno con esa empresa canadiense.
    El 6 de febrero de este año, el presidente de la república dirigió un mensaje al país anunciando que el problema con la International Petroleum Company había llegado a su término y que el estado peruano iniciaba el cobro de los adeudos por productos indebidamente extraídos, a partir de 1924, dentro de los procedimientos señalados por sus leyes. El total de los mismos fue calculado en U$S 690.524.283,00.
    De conformidad con el ordenamiento legal peruano, se ha iniciado el cobro administrativo de la I. P. C. por el monto señalado, dentro del cual dicha empresa puede hacer amplio uso de la defensa que convenga a sus intereses.

  • EL ESTADO ES PROPIETARIO DE LAS MINAS
  • De acuerdo con el ordenamiento jurídico que desde tiempo inmemorial e invariablemente ha imperado en el Perú, el derecho de propiedad sobre las minas constituye un concepto singular de connotaciones muy especiales. En el Perú las minas no han sido de propiedad privada, ni en el incanato, ni en la colonia, ni en la república.
    Las minas pertenecen exclusivamente al estado, el cual, como único propietario, puede conceder a los particulares el derecho de explorar y explotar determinadas y limitadas extensiones en las condiciones establecidas por la ley.
    El mayor derecho que una persona natural o jurídica puede alegar en torno a una mina es el de concesionario
    con todas las características y limitaciones que la figura de la concesión entraña.
    Sin el amparo de concesión alguna, que jamás solicitó ni tampoco le fue acordada, la International Petroleum Company venía detentando ilegítimamente la considerable extensión de 166 mil hectáreas de La Brea y Fariñas, de cuyo subsuelo extrajo petróleo y otros productos.
    Establecido incuestionablemente el derecho de propiedad del estado peruano sobre los yacimientos petrolíferos de La Prea y Pariñas, dos leyes dadas por el Congreso de la República durante el gobierno anterior, dispusieron la reivindicación de esos yacimientos.
    La ley N° 14.696. al declarar la nulidad de los llamados Acuerdo, Convenio y Laudo de París, reconoció y ratificó el inalienable derecho de propiedad del estado peruano sobre el yacimiento materia del litigio. Esta ley fue promulgada el 4 de noviembre de 1963.
    Con posterioridad, el 26 de julio de 1967, el mismo Congreso de la República expidió la ley N° 16.674. cuyo artículo primero establece lo siguiente:
    «Los yacimientos de La Brea y Pariñas, cuyo dominio para el estado reivindicó la ley N° 14.696 que declaró nulos ipso jure los denominados Acuerdo. Convenio y Laudo sobre dichos yacimientos, de conformidad con el artículo N° 37 de la Constitución Política del Perú, pertenecen al estado y son de su propiedad.»
    Esta ley autorizó asimismo al gobierno a reivindicar el bien usurpado, a expropiar las instalaciones que fuese necesario y cumplir así el pleno cometido de resguardar los intereses nacionales, teniendo en cuenta los adeudos de la International Petroleum Company al estado (Art. 3o) por productos indebidamente extraídos.

  • LA REIVINDICACIÓN
  • Sin embargo, esas leyes no fueron cumplidas sino a partir del 9 de octubre de 1968, fecha en la cual el Gobierno Revolucionario procedió, a efectuar la reivindicación parcial de la mina usurpada, al tomar posesión de los yacimientos; y, como era indispensable para la adecuada utilización de los mismos operar la Refinería de Talara, expropió las instalaciones industriales de ese lugar, propiedad de la International Petroleum Company.
    La acción reivindicatoría fue completada el 6 de febrero del presente año al iniciarse el cobro de los adeudos por productos indebidamente extraídos. Es necesario precisar que doctrinaria, jurídica y técnicamente una mina es un bien inmueble conformado por el depósito de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. En la medida en que se va explotando, es decir en la medida en que se extraen las sustancias minerales que constituyen la mina, ésta empieza a extinguirse. Cuando ha terminado la tarea de extracción, la mina desaparece.
    Si se trata de reivindicar un terreno, la toma de posesión del mismo consuma su reivindicación pues el terreno no desaparece. Si se trata de reivindicar una mina que estuviera, supóngase hipotéticamente constituida por 20 millones de toneladas de mineral y al tiempo de recuperarla ya no existiera el depósito mineral por haber sido extraído en su totalidad, la reivindicación no se podría producir por un simple acto de ocupación del bien. Tendría que realizarse con la recuperación de los minerales extraídos y en caso de no ser físicamente posible, con el cobro del precio de los mismos en el momento de la devolución.
    En consecuencia, el acto de reivindicar una mina, y en este caso los yacimientos petroleros usurpados por la International Petroleum Company, ha tenido que ser ejecutado por el Gobierno Revolucionario del Perú mediante dos medidas: La primera, de 9 de octubre de 168, que dispuso la inmediata ocupación de los yacimientos con el objeto de garantizar que el resto del depósito de hidrocarburos, pasara a manos de su legítimo propietario, y, la segunda, de 6 de febrero de 1969, que al cobrar los adeudos, inicia la recuperación de los productos extraídos, deduciendo los gastos que demandó su explotación. La reivindicación parcial del 9 de octubre se convirtió el 6 de febrero en reivindicación plena, absoluta y definitiva. El Gobierno Revolucionario no cometió ni pudo haber cometido ninguna acción arbitraria y despótica puesto que se limitó a cumplir y ejecutar lo dispuesto por el Congreso de la República en las leyes N° 14.696 y N° 16.674, que, a su vez, perseguían el cumplimiento de disposiciones fundamentales de la Constitución del Estado.
    Asimismo, precisa aclarar que es inadmisible la prescripción —que no ha sido tampoco invocada—, por cuanto nuestro ordenamiento minero, desde la Colonia, ha considerado a los yacimientos minerales como imprescriptibles, de tal manera que si un particular posee un yacimiento, sin título que lo ampare, por 30, 50, 100 ó más años, no puede invocar prescripción contra el estado. La condición de imprescriptibilidad es inherente a los yacimientos minerales y se extiende a las sustancias minerales mismas, porque yacimiento y mineral se identifican. Sin mineral, o sea sin petróleo, no hay yacimiento. Por lo demás, este principio dé imprescriptibilidad de las minas de petróleo y de sus productos está declarado y contenido en el artículo primero de la ley de petróleo vigente N° 11.780, ley que mereció la aprobación y aplauso de todas las compañías petroleras, inclusive de la I. P. C.

  • ANTECEDENTES HISTÓRICOS
  • Si se pudiera reducir a un simple esquema el conflicto entre el estado peruano y la International Petroleum Company, sería suficiente señalar que él deriva de que la empresa ha reclamado para sí los títulos de propiedad de la mina, o lo que es lo mismo, de los yacimientos petrolíferos ubicados debajo de la superficie de la hacienda conocida,con el nombre de La Brea y Pariñas.
    Este derecho de propiedad no ha sido ni es invocado por ninguna de las compañías extranjeras que operan en territorio nacional. Todas ellas admiten y reconocen que el único y legítimo propietario del petróleo es el estado peruano y actúan dentro de las características señaladas por el régimen de concesiones. Por ello es que no tienen ningún problema con el Perú, que respeta la legitimidad de sus derechos. International Petroleum Company, en cambio, ha pretendido ser propietaria privada de una riqueza pública, lo que dio origen a la controversia y determinó en todos los peruanos, una reacción de justo y altivo repudio hacia esa compañía.
    La I. P. C. supo desde un comienzo que no podía demostrar ni menos probar la validez de los títulos en los cuales basaba su supesto «derecho». El 8 de agosto de 1957, presentó un recurso al Ministerio de Fomento y Obras Públicas, firmado por su gerente general señor Jack Ashworth y por el mandatario legal el abogado Eduardo Elejalde Vargas, solicitando la adaptación al régimen de concesiones y ofreciendo que «dejaría establecida la lesión a favor del estado de su derecho de propiedad sobre el subsuelo o zona mineralizada de La Brea y Pariñas, asumiendo el carácter de concesionaria de explotación respecto a ella y conservando su
    carácter de dueño civil de la superficie de La Brea y Pariñas».
    ¿Qué impulsó entonces a la International Petroleum Company a formalizar este pedido si sus «títulos de propiedad» era válidos como ahora sostienen? ¿Acaso la mencionada compañía abrigaba ya serias dudas sobre la autenticidad y legitimidad de los títulos que, según dice, ostentaba?
    Aquella solicitud de adaptación al régimen de concesiones fue denegada por el gobierno del presidente doctor Manuel Prado el 5 de diciembre de 1957. por ser inconveniente al interés del país. Pero el hecho de ese ofrecimiento está indicando que la International Petroleum Company se sentía usurpadora y no dueña del petróleo,, como recientemente ha sostenido en avisos publicados en diarios extranjeros.
    ¿Pudo en algún momento la International Petroleum Company estar apoyada en los títulos de propiedad que ahora alega tener?
    Volvamos la mirada hacia atrás para recordar los antecedentes históricos de este problema.
    El subsuelo peruano siempre fue de propiedad pública. Durante el incanato las minas pertenecían al inca. Mientras el actual territorio del Perú estuvo sometido a España durante la época colonial, rigieron y se aplicaron las leyes de la corona para efectos de la explotación y aprovechamiento de las minas.
    Todas esas leyes, los códigos y ordenanzas, fijaban y establecían invariablemente el sistema legalista, más propiamente llamado ahora Señorío del Estado o Dominal, sistema que afirma que las minas de toda clase y naturaleza pertenecen al estado, que se otorga o concede en aprovechamiento, cumpliendo determinados requisitos y sujeto a límites y condiciones ineludibles. Este sistema comporta la separación del suelo y del subsuelo, como dos bienes diferentes que originan distintos derechos.
    El 28 de julio de 1821, el Perú proclamó su independencia de España y dio comienzo, como república soberana e independiente, a una vida política de constitución republicana.
    Las leyes mineras promulgadas por la República Independiente del Perú, tomaron su inspiración de las antiguas leyes españolas. El Derecho Patrio de 22 de junio de 1824 concedió valor a las ordenanzas españolas en el territorio emancipado. Por consiguiente, continuó en aplicación el sistema regalista que se afirmó, en cuanto al petróleo, con la primera ley sobre esta materia dada el 28 de abril de 1873; con la siguiente ley de petróleo del 12 de enero de 1877, con el Código de Minería de 1901, con la Constitución de 1920, con la ley N° 4452, con el artículo N° 822, inciso 4o y el artículo 854 del Código Civil de 1936; con el artículo N° 854 del Código Civil de 1936; con el artículo 37° de la Constitución de 1933, actualmente vigente; con el Código de Minería de 1950 y, finalmente, con el artículo 1 de la Ley de Petróleo N° 11.780, la última que sobre la materia ha dictado el estado peruano.
    Desde 1256, las Partidas del Rey de España Alfonso El Sabio, recogiendo una añeja legislación del siglo XII, hasta 1968, fecha en que el Complejo Industrial de Talara fue expropiado, por derecho que ejerce libremente de acuerdo con sus leyes cualquier estado, el subsuelo ha sido propiedad pública y sigue siéndolo.

  • LA BREA Y PARIÑAS
  • La International Petroleum Company alega propiedad privada de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas amparándose en la adjudicación de una pequena mina de brea situada en la zona de litigio que el estado hizo a favor de un ciudadano peruano, la que después de pasar por diversas manos, por sucesión hereditaria y compra, llega a poder de I. P. C. con el nombre de yacimientos petrolíferos de La Brea y Fariñas, como se relata a continuación.
    En efecto, don José Antonio de la Quintana consiguió el 26 de setiembre de 1826 se le adjudique ilegalmente la «mina de brea» situada en el cerro llamado Prieto, actual departamento de Piura, en el norte del Perú, abonando al estado la cantidad de 4.964 pesos. De la Quintana vendió el año 1827 sus derechos en la mina de brea a don José de la Lama, el que por otro lado adquirió en propiedad la hacienda Máncora. Al morir en 1850 de la Lama, la hacienda (o sea la superficie) quedó desmembrada, heredando la hija, doña Josefa de la Lama, la parte que comprendía la mina de brea que se denominó Hacienda Mina La Brea, y la otro porción que se denominó Hacienda Pariñas correspondió también en herencia, a la viuda doña Luisa Godos de Lama.
    En 1857 Josefa de la Lama heredó de la madre la hacienda Pariñas. Ambas propiedades pasaron a formar la hacienda Brea y Pariñas, la misma que, por fallecimiento de la dueña es legada a don Juan Helguero e hijos, incluyendo la mina de brea. Uno de los hijos, Genaro Helguero compró al padre y hermanos sus derechos y se constituyó en propietario único.
    Helguero se presenta posteriormente al gobierno reclamando se le reconociera propiedad y dominio absoluto del suelo y subsuelo de la hacienda que había adquirido y que el estado declarara que las leyes y disposiciones de minas no regían en sus dóminos. A tenor del dictamen del fiscal de la nación quien manifestó que «el gobierno no puede ni debe reconocer en la repúbica derechos sobre minas, distintos de los que están declarados por ley», se expidieron en 1887 dos resoluciones supremas por las cuales se autorizó la inscripción de la mina con 10 pertenencias a nombre de Helguero.

  • LA LONDON AND PACIFIC PETROLEUM COMPANY
  • En el año 1888 Helguero cede todos sus derechos sobre la hacienda Brea y Pariñas al ciudadano británico Herbert W. Tweddle por la cantidad de 18.000 libras esterlinas, quien a su vez se asocia con su compatriota William Keswíck. Ambos el 24 de enero de 1890 celebran un contrato de arrendamiento de la hacienda La Brea y Pariñas con la empresa London and Pacific Petroleum Company, por 99 años, en el que establece como monto del arrendamiento el 25 % de la producción bruta y que «es de cargo y cuenta de la compañía satisfacer todas las contribuciones e impuestos fiscales que actualmente existen o más tarde se impongan por el Congreso o Gobierno del Perú o cualquier autoridad departamental o local sobre las minas que la compañía explota o tiene en la hacienda y sobre el petróleo y aceite mineral que se refine y explote».
    Existe además una razón de muchísimo peso para comprender por qué la International Petroleum Company nunca pudo recibir autorización para extraer petróleo de La Brea y Pariñas. Los presuntos, derechos de sus antecesores datan del 22 de setiembre de 1826, fecha en que se adjudica al señor De la Quintana la mina de brea situada en Cerro Prieto. La cosa materia del ato fue, como se aprecia con toda nitidez, una pequeña mina de brea llamada «Amotape». El estado no concedió petróleo, ni lo adjudicó, ni se mencionó La Brea y Pariñas. El petróleo no era entonces conocido (1826) en el mundo industrial y comercial. La industrialización del petróleo comienza varias décadas después. No es posible, y esto es de una claridad aplastante, que en 1826 se hubiera «vendido» una sustancia que no se conocía. Si algo fue materia de adjudicación, ese algo en todo caso, fue la mina de brea llamada Amotape sita en Cerro Prieto. Un punto infinitesimal dentro de los linderos de la extensión superficial de la hacienda La Brea y Pariñas. Confundieron así con evidente malicia, mina (subsuelo) con hacienda (suelo).

  • EL LLAMADO LAUDO
  • La London and Pacific Petroleum, tomó en arriendo de Tweddle y Keswick La Brea y Pariñas el 24 de enero de 1890. La extracción de petróleo del subsuelo del estado se inició poco después y continuó hasta 1911 en que surge el conflicto.
    ¿Cuál fue el origen del conflicto o mejor dicho, qué factores o causas lo determinaron?
    El 3 de diciembre de 1911, un ingeniero peruano, funcionario de la Delegación de Minería, señor Ricardo A. Deustua, dirige una comunicación al presidente de la república denunciando que la London and Pacific estaba explotando con 10 pertenencias una extensión muchísimo mayor y por la que pagaba al fisco por toda contribución la suma de 30 libras peruanas al año (30 libras equivalen a la fecha aproximadamente a 7 dólares americanos).
    Frente a este hecho que suponía un fraude, el gobierno dispuso la inmediata remensura del terreno y verificó la veracidad de las afirmaciones del ingeniero Deustua.
    La London and Pacific Petroleum, declaraba al estado estar explotando 10 pertenencias y, en realidad, explotaba 41.614 pertenencias, de 40.000 metros cuadrados cada una. No eran diez más, que sería el doble de la extensión declarada, ni treinta, ni cien, ni mil. Tampoco diez mil, sino 41.614 pertenencias (más de 166.000 hectáreas). La diferencia era astronómica.
    El gobierno del Perú, en uso de los derechos de cualquier país a recaudar los impuestos y contribuciones que señalen sus leyes, después de un largo proceso administrativo que duró desde 1911 hasta 1915, ordenó que la London and Pacific cubriera la obligación tributaria de 120 mil libras peruanas anuales, en vez de las 30 que estaba abonando. La diferencia entre dichas cantidades se explicaba por el enorme número de pertenencias explotadas. En ese entontes no se vio todavía la cuestión de dominio público y pese a ello la London, que ya había dado cabida a la I. P. C. desde 1914, en vez de recurrir, como pudo hacerlo conforme a la ley, pidió y obtuvo la intervención de dos potencias.

  • PRESIONES EXTRANJERAS
  • La compañía, se quejó ante el gobierno de su majestad británica. El embajador inglés en Lima, señor Ernest Rennie, envió una nota a la cancillería peruana
    que dice:
    «He recibido instrucciones del secretario de su majestad en el despacho de Relaciones Exteriores para dirigirme a vuestra excelencia y tratar de una queja que ha sido puesta en conocimiento del gobierno de su majestad por la London and Pacific Petroleum Company, refiriéndose a un decreto dado por el Ministerio de Hacienda y fechado el
    15 de marzo, exigiendo de dicha compañía el pago de 125 mil libras por año como impuesto de minería sobre la propiedad llamada La Brea en el departamento de Piura.» El embajador británico agregaba en su nota:
    «Se puede esperar, por lo tanto, que en vista de las razones expuestas y de los grandes e importantes intereses de que se trata, el gobierno peruano verá la manera de anular el decreto de 10 de marzo.» Un país poderoso y fuerte, presionando y desconociendo los derechos de una nación débil y pequeña.
    El ministro americano acreditado en Lima hizo igual protesta en nombre de su gobierno, aunque en términos más diplomáticos. Presionan ambos países. Finalmente, como fruto de la indebida intervención, el Congreso Peruano expide la ley 3016 sometiendo la controversia a un Tribunal Arbitral. El problema era muy claro. Si eran 10 las pertenencias explotadas, entonces los impuestos debían llegar a 30 libras peruanas al año. Pero si el número de pertenencias trabajadas era de 41.614, conforme lo habían comprobado los peritos del gobierno, entonces la contribución minera tenía que ser la establecida por el decreto del 15 de marzo de 1915. esto es de 125 mil libras remanas al año.
    La cuestión es sometida a discutible arbitraje de jure. Se designan tres (3) arbitros. Dos representan a cada una de las partes y un tercero, el presidente de la Corte Federal de la Confederación Suiza, es llamado a ejercer la presidencia del Tribunal Arbitral.
    Pese a ello, el 2 de marzo de 1922 se firma en Lima un convenio entre dos representantes no autorizados del gobierno de la República Peruana y el de su majestad británica, violándose de ese modo, por otra abusiva presión internacional, la ley 3016 que sometía el conflicto a decision de un fallo arbitral. El convenio o compromiso de 1922 es incorporado por el tribunal que. sin emitir pronunciamiento propio ni cumplir con la formulación de un juicio, lo manda a efectuar como si fuera sentencia. El mal llamado «laudo» se firma en París, el 24 de abril de 1922. Al pie del mismo aparece la firma del doctor Frit Ostertag. presidente del tribunal suizo, según se desprende de las meras copias que se conservan en los archivos oficiales, y las de los señores Robert Laeird Borden y José Várela Orbegoso.
    Recientemente se ha obtenido información oficial documentada que el 24 de abril de 1922, fecha en que se habría firmado el tantas veces mencionado laudo, el doctor Ostertag había dejado (febrero de 1922) de ser presidente de la Corte Federal de la Confederación Suiza y no podía, por lo tanto, ser el arbitro, puesto que tal función recaía en el cargo y no en la persona. Hay que advertir que desde febrero de 1922 el presidente del Tribunal Suizo era el doctor Schmid; y que ni en las memorias de dichos magistrados ni en los archivos del Tribunal Federal Suizo hay referencia alguna ni copia del llamado «laudo».
    Los originales no existen: ni en poder de la cancillería peruana, ni en la de Gran Bretaña, ni en la de Estados Unidos, ni en la de Canadá, ni en los archivos de París o de Ginebra y ni siquiera en los de la International Petroleum Company.
    El mal llamado desde entonces «Laudo» de La Brea y Fariña?, que no fue sentencia, que no fue tampoco Tratado Internacional, porque cualquier tratado, para que sea válido, requiere la ratificación del congreso, que nunca se produjo, estableció en su cláusula segunda lo siguiente:
    «Los herederos del finado señor William Keswick y The London and Pacific Petroleum Company que son los dueños y arrendatarios de La Brea
    y Pariñas y sus concesionarios correspondientes, abonarán durante el período fijo e inalterable de 50 años, a contar del 1 de enero de 1922, por razón del canon de superficie, regalías, de producción y cualquier contribución a impuesto; 3 libras peruanas al año por cada pertenencia de 40 mil metros cuadrados, que al tiempo de verificarse el pago se hallaran en trabajo de extracción, y un décimo de libra al año por cada pertenencia de la misma dimensión que no se halle en trabajo al tiempo de pago.» Tres (3) libras peruanas (aproximadamente 0,80 de dólar americano al cambio actual) al año, por pertenencia trabajada y un décimo de libra (0,25 de dólar americano) anualmente, por pertenencia no trabajada.
    Hasta el 9 de octubre de 1968, en que el Gobierno Peruano dispuso la expropiación del complejo industrial de Talara, y desde 1922, la International Petroleum Company ha pagado al estado peruano, además de los pequeños impuestos de exportación, las sumaB indicadas en el laudo, «por toda contribución o impuesto».
    Los impuestos a las utilidades industriales, recaudados sólo desde hace 17 años se trasladaban al consumidor en el precio y por lo tanto es el público el que los paga. La International Petroleum Company, abusivamente, valiéndose de un extraordinario poder político y de presión foránea que gobiernos dóciles toleraron, y empleando métodos de soborno y corrupción, consiguió que se dictaran leyes en su beneficio, reconociéndole costos de producción en los cuales se incluían hasta sus propios impuestos, e inclusive no llevó contabilidad alguna en el Perú a partir de 1951.
    El verdadero contribuyente de la carga impositiva por utilidades de la International Petroleum Company. ha sido siempre, el pueblo peruano.
    El llamado «Laudo» de La Brea y Pariñas, documento jurídicamente inexistente, fue declarado nulo por Ley de Congreso expedido durante el gobierno anterior. No obstante, sus efectos tributarios siguieron vigentes hasta el día que se materializó la reivindicación, el 9 de octubre de 1968.

  • LA CORRUPCIÓN DEL PETRÓLEO
  • En donde quiera que ha existido petróleo, la corrupción ha estado presente. Inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica.
    En 1922, año del mal llamado «laudo’ de La Brea y Fariñas, la Suprema Corte de los Estados Unidos investigó un célebre caso de soborno. La Panamerican Oil Company, subsidiaria de la Standard Gil de New Jersey, entregó cien mil dólares al secretario del Interior, Sr. Albert Fall, a cambio de una entrega de terrenos que constituían áreas de reserva fiscal. El veredicto de la Suprema Corte fue condenatorio para el secretario Fall, quien, destituido de su cargo, fue condenado a prisión.
    En tiempos del presidente Franklin D. Roosevelt, el gobierno de los Estados Unidos aplicó severas disposiciones para combatir la forma ion de monopolios petroleros. El propio presidente Rooscvelt escribió en su libro «Looking Forward».
    «Las fuentes naturales de energía que pertenecen al pueblo deben seguir en posesión suya. Esa política es tan importante como la libertad americana, tan trascendente como la Constitucion de los Estados Unidos. Nunca, mientras yo sea presidente de los Estados Unidos, el gobierno federal abandonará su soberanía y control sobre sus fuentes de energía.»
    Recientemente, y antes de entregar la administración al Partido Republicano, el secretario de Justicia, demócrata, se opuso a la fusión entre la Atlantic Richfield y otra empresa norteamericana. Las medidas de defensa del consumidor siguen operando en los Este, dos Unidos. Las leyes antitrust se ejercitan con severidad.
    ¿Es un privilegio especial del gobierno de los Estados Unidos combatir los monopolios?
    ¿Tienen idéntico derecho los pueblos en desarrollo?
    La constitución peruana prohibe la existencia de monopolios. Hasta diciembre de 1967, la International Petroleum Company acaparaba más del 90 % de la comercialización, y porcentajes similares monopolizó en producción, refinación y demás rubros.
    ¿Es que, en aras de la armonía con los Estados Unidos, están los pueblos en desarrollo obligados a tolerar monopolios que las naciones poderosas impiden?

  • LAS RELACIONES PERUANO-NORTEAMERICANAS
  • La naturaleza jurídica del acto de expropiación de las instalaciones industriales de propiedad de International Petroleum Company ha sido mal interpretada en el exterior como una «confiscación» o una «incautación» de bienes ajenos.
    Esta creencia no se ajusta a la verdad.
    Antes de que se produjera la Revolución, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba ya tomando parte activa en una negociación destinada a que International Petroleum Company pudiera obtener un acuerdo ampliamente satisfactorio a sus intereses.
    Extraoficialmente, el Departamento de Estado hizo saber al gobierno peruano que la ayuda económica podría ser reducida si el asunto petrolero no obtenía una solución favorable a los puntos de vista de International Petroleum Company.
    La administración depuesta, empeñada en la realización de obras públicas, hizo depender al Perú de los créditos norteamericanos. No cabe duda que el temor de perder esa ayuda indujo a mostrar excesiva tolerancia con las exigencias de la empresa y las presiones indebidas.
    Durante el mes de agosto de 1968 visitó Lima el embajador de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, señor Sol Linowitz. La visita del señor Linowitz tuvo por objeto, presionar un arreglo a favor de International Petroleum Company, lo que fue lamentablemente aceptado por el gobierno depuesto que llevó a cabo los actos del 12 y 13 de agosto de 1968, repudiados por la opinión pública.
    ¿Qué se obtuvo con la visita del Sr. Linowitz?
    International Petroleum Company se comprometió entregar al gobierno del Perú, a modo de compensación de los adeudos, las instalaciones para la extracción de petróleo crudo y gas natural. Cedía, asimismo, la propiedad superficial de la hacienda La Brea y Pariñas respetándose los derechos de terceros. El gobierno condonaba así anticonstitucionalmente la deuda pendiente, y reconocía a la International Petroleum Company el derecho de conservar la refinería y sus anexos, con equipos de bombeo de petróleo, tanques de almacenamiento, oleoductos, etc.
    El 13 de agosto de 1968 se firmó la denominada «Acta de Talara». Ese día, el país conoció una parte del arreglo. Días después, empezaron a aparecer nuevas cesiones a I.P.C. que no habían sido comunicadas a la opinión pública. Tal actitud aumentó la oposición nacional, sobre todo al conocerse que el gobierno había otorgado las siguientes concesiones: ,
    1. Concesión por 80 años para refinar petróleo en Talara.
    2. Concesión por 80 años para fabricar aceites y combustibles.
    3. Concesión de 80 años para mantener el monopolio de la comercialización.
    4. Además se había acordado el compromiso de otorgar un área de un millón de hectáreas cuadradas en la zona de la selva peruana.
    Conocidos los acuerdos reservados de los que el gobierno no había dado cuenta al país, se produjo un agitado debate nacional con la censura de todos los sectores a la actitud del régimen. El escándalo se agudizó al denunciar el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, que del contrato de venta de crudos firmado como parte del arreglo del 13 de agosto, había sido sustraída una página.
    El deber de cautelar el interés del estado condujo a la fuerza armada a un pronunciamiento militar el día 3 de octubre. El presidente Belaúnde fue depuesto y el congreso clausurado. Seis días después y en cumplimiento de su ofrecimiento al país, el gobierno revolucionario tomó posesión de los yacimientos de La Brea y Pariñas y expropió el complejo industrial de Talara, dejando en manos de la International Petroleum Company la red de comercialización de productos y el 50% de las llamadas «Concesiones Lima» que dicha empresa mantenía en sociedad con la Empresa Petrolera Lobitos, subsidiaria de la Lobitos Oilfield de Inglaterra.
    La decisión del gobierno revolucionario de expropiar las instalaciones industriales de la International Petroleum Company en La Brea y Pariñas, precipitó a un enfriamiento en las relaciones del Perú con los Estados Unidos de América.
    Funcionarios y portavoces del Departamento de Estado han anunciado repetidas veces que podría ser aplicada al Perú la enmienda Hickenlooper y la ley azucarera que suspenden la ayuda exterior y la cuota de azúcar peruana en el mercado americano respectivamente.
    Cualquier medida, lesiva a los intereses del Perú constituiría un acto de agresión económica, violatorio del principio de no intervención y de los pactos inter nacionales.

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