El Obispo Coadjutor de Buenos Aires Monseñor Juan Carlos Aramburu, ha dispuesto que los sacerdotes deberán recabar la autorización del arzobispado para adoptar posturas en el orden económico, político y social. La medida se adopta «para evitar que se pueda comprometer indebidamente la misión de la Iglesia… al sacerdote como ta! no le incumbe la estructuración de soluciones».
Tal decisión se atribuye —según versión de «La Gaceta» (AP. 27-11-III-69)— a las demostraciones públicas de protesta por la situación económica y social realizadas en los últimos meses. «Fuentes vinculadas a la Curia —señala el diario citado— expresan que la advertencia obedeció a episodios recientes que provocaron malestar en las altas jerarquías y amenazaron con enturbiar las estrechas relaciones que ésta mantiene con el régimen del Presidente Juan Carlos Onganía.»
Llama la atención que por boca de uno de sus representantes más destacados la jerarquía eclesiástica tome una medida que olvida la posición adoptada por las últimas encíclicas papales y el último Concilio e inclusivo niega los mismos documentos que han firmado los mismos Obispos latinoamericanos… Es el caso, entre otros, de la declaración final de Medellín, dada por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
Allí se dice que «no basta por cierto reflexionar, lograr clarividencia y hablar; es menester obrar… Ésta asamblea fue invitada a tomar posiciones y establecer proyectos, solamente si estábamos dispuestos a ejecutarlos como compromiso personal nuestro, aún a costa de sacrificios».
Y esto obrar tenía un sentido claro: «El episcopado latinoamericano, no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una doloroso pobreza, que en muchísimos casos llega a ser inhumana miseria».
Y agrega: «Donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la paz. La paz en América latina, no es, por lo tanto, la simple ausencia de violencia y derramamientos de sangre, la opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es amo el germen continuo de rebeliones y guerras…. América latina se encuentra en muchas partes ante una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada, porque las estructuras actuales violan derechos fundamentales. No debe pues extrañarnos que nazca en América latina la tentación por la violencia».
Causa profunda preocupación que ante una realidad como esta descripta por una Asamblea de la importancia de la de Medellín, ante la actitud de muchos sacerdotes que cumplen una obligación que deriva de su condición de hombros verdaderamente cristianos y de la inquietud por los problemas que acosan a los sectores humildes, la jerarquía trate de limitar a aquella parte del clero que so ha sumado a los acciones de denuncia y protesta llevadas a cabo por el pueblo.
Pero a la preocupación y el asombro se agrega la indignación de la clase trabajadora tucumana por ser el autor de esta prohibición un hombre que es precisamente de Tucumán, uno de los lugares donde se da en forma más clara y más cruda, la miseria, la explotación y la violencia institucionalizada denunciada en la Asamblea de Medellín y en el manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. A Monseñor Aramburu pareciera no preocuparle la actitud de ciertos sectores del catolicismo que se adhieren públicamente a un gobierno que explota a su pueblo en beneficio del imperialismo extranjero; pero sale al paso de sacerdotes que con sensibilidad social interpretan las necesidades y aspiraciones populares y actúan en consecuencia.
Esta actitud del Arzobispo de Buenos Aires no solamente es denunciada por los trabajadores argentinos, ya había sido condenada por la Asamblea Episcopal al recordar que: llegan también hasta nosotros las quejas de me la jerarquía, el clero, los religiosos son ricos y aliados de los ricos». Monseñor Aramburu:
«Son también responsables de la injusticia todos los que no actúan en favor de la justicia en la medida de los medios de que disponen, y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda arción audaz y verdaderamente eficaz. La justicia y consiguientemente la paz, se conquista por una acción dinámica de concientización y de organización de los sectores populares». Esto es lo que han declarado los Obispos Latinoamericanos en Medellín. Esta es la misión que se han propuesto cumplir los sacerdotes que sienten como suyo el dolor de su pueblo.
La C.G.T. no pretende tomar partido en las cuestiones internan de la Iglesia, pero considera un deber elemental hacerse solidaría con aquellos sacerdotes que, cumpliendo con su conciencia cristiana, han elegido el duro camino de la lucha contra la injusticia. Esto es lo que Usted niega y condena.
San Miguel de Tucumán, 6 de marzo de 1969
BENITO ROMANO

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