En Paraná se vive una escalada contra Juventud Peronista. Casi treinta compañeros detenidos. Locales allanados sin orden judicial. Violencia sin motivo. Amenazas, intentos para movilizar y desorganizar.

PRIMERO LA FEDERAL
Eran cerca de las 2.20 de la mañana del 17 de julio, cuando fuerzas policiales de la Delegación Federar de Paraná, allanaron el domicilio del delegado de esa ciudad e integrante del Consejo Provincial de Juventud Peronista, Aldo Bachetti, con quien se encontraba el subdelegado regional de JP, Alejandro Richardet.
Los compañeros constataron la orden de allanamiento firmada por el juez federal Carlos Vieyra y, al preguntar sobre los motivos del procedimiento, se les informó que «eran directivas nacionales impartidas por Llambí». Bachetti declaró la existencia de un 32 largo con permiso de portación; dos carabinas 22 de caza con su correspondiente permiso y un 38 cuyo permiso de tenencia estaba en trámite y en conocimiento de las autoridades provinciales: gobernación y jefatura de policía. La explicación es simple: en menos de un mes, un local destinado a la venta de libros, de propiedad del compañero Bachetti, soportó tiroteos e intentos de incendio, que fueron frustrados por el aviso de los vecinos. Además, el compañero había denunciado las continuas amenazas que se realizaban contra él y su esposa, y el atentado con metralletas e Itakas que soportó el local de JP en Paraná, el 12 de junio, mientras el General Perón convocaba a la unidad contra la conspiración imperialista-oligárquica.
Ante esos hechos, el compañero Bachetti consultó con las autoridades quienes aconsejaron, en tanto se realizaba el trámite para la tenencia del 38, la compra de un 32. Esas eran las armas existentes, esos los motivos.
Los compañeros Bachetti y Richardet fueron trasladados a la delegación de la Federal donde luego de pasar la noche se les toma declaración al mediodía. Bachetti pasa a disposición de la justicia federal por «tenencia de arma de guerra» y Richardet queda en libertad por falta de méritos. Son las 13 del día 17.

EN ESCENA LA PROVINCIAL
Poco después de salir en libertad, Richardet y los compañeros del Consejo provincial de JP, se movilizan, para realizar una conferencia de Prensa con todos los sectores de Paraná. La reunión se efectúa en el local de JP, con la presencia de las Juventudes Políticas, representantes de diversos partidos y abogados, quienes luego de interiorizarse de los hechos, se solidarizan coa los compañeros de JP. La reunión finaliza a las 22. En el local, quedaba —además de siete compañeros del Consejo— alrededor de veinte personas, la mayoría mujeres. Algunas, en una habitación del local, programaban un curso de sanidad para instrumentarlo en las villas y barrios marginados de la ciudad. En otra sala, que se había solicitado en préstamo a los compañeros, se realizaba una asamblea docente.
Media hora después de finalizada la reunión con las fuerzas políticas, en impresionante operativo con ribetes cinematográficos, la policía provincial irrumpe por el frente y los fondos del edificio. Salvo dos o tres agentes, los restantes visten de civil; con metralletas Itakas, armas de grueso calibre, patotean a los compañeros amenazándolos con «reventarlos a tiros» y los obligan a ponerse con los brazos y rostro contra las paredes. Insólitamente, algunos de los «atacantes» al local, portan granadas de mano y lanzagases. Brutalmente son empujados, sacados del local y trasladados a dependencias de Investigaciones de la policía provincial. Los detenidos suman alrededor de 25.
Entre ellos, además de Alejandro Richardet —que horas antes había sido dejado en libertad por la federal— estaban cuatro militantes de Juventud Peronista y los integrantes del Consejo Provincial de JP, Carlos Villagra y Héctor Kunzman. Los compañeros piden hablar con los abogados o con familiares. La respuesta es escueta: «Están incomunicados». Una guardia con metralletas y en posición de tiro los custodia. Nadie responde a sus preguntas ni acceden a llamar al jefe de guardia. Las únicas preguntas que se les formulan son: «Para qué tienen los explosivos y qué van a hacer con las armas y las drogas».
En el local allanado el único material existente, además de los medicamentos utilizados para el trabajo barrial con médicos y enfermeros, son volantes y folletos de Juventud Peronista y documentos internos de la Agrupación.
Alrededor de las 13 del jueves 18, recién sen llamados a declarar dos compañeros. Alcanzan a ver en las planillas donde se inscriben sus nombres, la carátula: «Presuntos sospechosos de actividades subversivas». Un oficial interrumpe el trámite mientras dice: «Paren la mano que los leguleyos están armando lío».

LA ORDEN QUE NADIE DIO
Alertados por el vecindario, los familiares de los detenidos y numerosos abogados, reclamaban en dependencias policiales por la libertad de los compañeros detenidos. Junto con los profesionales, diputados del FREJULI, UCR y otros partidos, requerían informes acerca de la existencia o no de una orden de allanamiento y, en tal caso, su procedencia. Tanto la justicia como el ejecutivo provincial —por boca de su ministro de Gobierno— negaron tener conocimiento de la medida. Consultada la Policía Federal, se obtiene igual respuesta.
Luego de largos trámites, la oficina de Investigaciones de la policía admite que, en insólita como inexistente figura jurídica, los detenidos estaban «a disposición del jefe de policía, comisario Arnaldo Aimone».
Simultáneamente, la bancada radical presenta en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Ejecutivo provincial, detallando las irregularidades cometidas por la policía de la provincia en el arbitrario procedimiento en total violación de normas constitucionales y legales vigentes, interrogándose sobre: «Si ha meditado el Poder Ejecutivo la relevancia que lo ocurrido adquiere en un momento en que la plena vigencia de las instituciones y el absoluto respeto a los derechos y garantías constitucionales, constituye la plataforma común del accionar de todas las expresiones políticas provinciales, coincidentes en asegurar el libre juego de la democracia representativa».

REPUDIO UNÁNIME
Las fuerzas políticas provinciales en general repudiaron el procedimiento en el que fueron detenidos 23 compañeros entre los que se contaban 16 mujeres, tres de ellas con avanzado embarazo y madres de niños de corta edad, a quienes se impidió la comunicación con sus familiares.
Los documentos entregados por la Coordinadora de Juventudes Políticas de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Juventud Peronista, coincidieron en señalar que la ilegal detención de los 23 compañeros, sin orden de allanamiento y con total desconocimiento del juez provincial, no sólo rompe el orden constitucional sino que boicotea una vez más la unidad nacional, atacada por ciertos sectores que desde el gobierno atentan contra el pueblo. «La represión a las organizaciones populares —subrayan— y a sus militantes, crean el desconcierto y nos debilitan frente a un enemigo empeñado en destruímos: el imperialismo y la oligarquía».

«DROGAS»Y «EXPLOSIVOS»
Poco después de las 22 del mismo jueves la presión política hizo retroceder a la policía. Son llamados a declarar los detenidos. Pero pretenden hacerles reconocer «armas, explosivos y. drogas» que «se incautaron en el local allanado». Además de importante cantidad de armas cortas y largas, la policía pretende haber encontrado tres panes de Trotyl de procedencia yanqui, sobre un armario. Sin contar las «peligrosas drogas» Los compañeros niegan firmemente las absurdas imputaciones, rechazando la presencia en el local de las armas y explosivos que jamás vieron. Pero sí reconocen la posesión de las «drogas»: se trataba de antidiarreicos, complejos vitamínicos, antineurálgicos y medicamentos similares que, previa receta médica, los compañeros entregan en los distintos barrios.
Finalmente se deja en libertad a los detenidos entre los aplausos y alegría de los que se habían reunido para esperarlos.
Pero las fuerzas represivas no se quedaron conformes: en dos procedimientos paralelos, intentaron arrestar e incomunicar a dos compañeras que, dentro de un automóvil esperaban la libertad de sus maridos, y a un grupo de tres compañeros que, en cercanías del edificio policial, aguardaban la libertad de sus mujeres.
La rápida intervención de los. abogados presentes impidió otro vergonzoso hecho para el gobierno provincial.

ARRIBA, USURPADORES
Aunque los detenidos ya están en libertad, el local sigue en manos de la policía.
Por supuesto, luego de haber sido desmantelado. No sólo se llevaron materiales de propaganda, afiches, mimeógrafo y máquinas de escribir —además de las «drogas»—; ni siquiera «perdonaron» una motoneta estacionada en la vereda, junto al local.
Tampoco les gustó el cartel que identifica el edificio: arrancaron y descolgaron finalmente, una gran placa de madera que indica «Movimiento Nacional Justicialista Juventud Peronista Regional II».
Pese a la disposición emanada de la jueza Dra. Nicolao, que intimó a la policía a desalojar el local ante el recurso interpuesto por los compañeros de Juventud Peronista, la medida no había sido cumplida aún a mediados de esta semana.

LA PRENSA GORILA
Como no podía ser de otra manera, desde medios vinculados con la policía y sectores del gobierno, se lanzó una virulenta campaña de difamación, alegre y prestamente recogida, agrandada y difundida por el corresponsal de TELAM en Paraná, un tal Alfredo Belotti, muy conocido y relacionado desde la época de la dictadura.
«Fueron encontradas armas de guerra, explosivos de alto poder y drogas», titula el empleado de Télam. En el sumario, los únicos elementos que la policía finalmente describe como armas son «cinco grandes trozos de ladrillos evidentemente listos para ser utilizados como objetos contundentes».
Con respecto a los medicamentos, por ejemplo, tres médicos de Paraná fueron llamados por Investigaciones para informar sobre el material secuestrado. El informe oficial fue clarísimo: «No hay ningún tipo de droga de adicción, sino fármacos comunes que se expenden en cualquier farmacia» El empleado de Télam se cuida muy bien de suministrar esa información.
También Belotti es corresponsal de «Nuevo Diario», de Santa Fe, donde informa los sucesos del primer allanamiento involucrando a la ex decana de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, que jamás estuvo en el lugar.
Como siempre, la prensa en general —salvo el diario local que manejó con experiente cautela la información— se montó en la infamia gorila y a través de la corresponsalía de TELAM, agencia oficial del Lopezregismo, los medios nacionales hicieron nuevamente el juego a que nos habían acostumbrado durante la época de la dictadura.

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