Los empresarios que hoy dirigen la política económica del gobierno se preparan para sacar la mayor rajada en la devolución de los controles económicos y financieros a los gerentes imperialistas desplazados el 25 de mayo de 1973. En 1955 los llamados empresarios «nacionales» abandonaron el barco y se subieron al carro del imperialismo triunfante. Aunque no tuvieron responsabilidad directa en la formulación y ejecución de los planes económicos antipopulares en los siguientes 18 años, los más grandes no dejaron pasar ninguna ocasión para aumentar sus riquezas y ampliar su actividad empresario. Hoy las cosas no son iguales a las de 1955, la ofensiva imperialista se produce desde adentro del gobierno. Entonces los grandes empresarios no están obligados a renunciar públicamente a su identificación con el gobierno de Isabel Perón. En vez de abandonar el barco, el equipo conductor de la economía del país apretado por el avance imperialista está dispuesto a venderlo. Y por sobre otras consideraciones están decididos a hacer un buen negocio.

La ofensiva de la derecha económica
El aumento de los precios, las dificultades crecientes para conseguir los productos que componen la canasta familiar, la disminución en la calidad de esos productos, son hechos que repercuten inmediatamente sobre la mayoría de la población, en especial en la clase trabajadora.
Los pequeños y medianos productores industriales y agrícolas ven que sus costos aumentan porque las materias primas y elementos mecánicos que precisan para mantener el ritmo de producción no se consiguen o aumentan permanentemente de precio.
Es que desde el Ministerio de Economía y desde la Secretaría de Comercio se preocupan en difundir una campaña de control de precios de los productos de consumo masivo, pero simultáneamente dan carta blanca a las grandes industrias para aumentar las mercaderías utilizadas por otras ramas de la producción para fabricar esos productos de consumo masivo: alimentos, ropa, artículos de limpieza, etc. Las clases populares ven aumentar los precios de los artículos que consumen o no los consiguen; los medianos y pequeños fabricantes y productores agrícolas, que abastecen directamente a la población, no pueden cumplir con los precios máximos porque los proveedores aumentan permanentemente sus productos. Y a estos últimos, los grandes empresarios, el equipo económico dirigido por Gelbard prácticamente no los controla y cuando lo hace es para legalizar aumentos que ya aplicaban por su cuenta. Se produce una situación donde el consumidor de bajos ingresos se perjudica y el pequeño y mediano empresario también.
Aunque perdió el control de la política económica, el capital monopólico no fue afectado sensiblemente en sus ganancias, y Gelbard hace todo lo posible para mantener contentos a estos sectores.
A esto debe sumarse el evidente sabotaje realizado por la oligarquía terrateniente y por la intermediación comercial, afectados por la centralización del comercio exterior y el control de alimentos por parte del Estado.
A este conjunto de problemas internos, provenientes del cambio de la situación política nacional debido al triunfo popular, hoy se agregan «alarmantes» noticias provenientes de Estados Unidos y Europa: se habla de inflación incontrolable y de una crisis inminente. El cierre de las importaciones de carne por parte del mercado común europeo es un nuevo factor, levantado por los agentes imperialistas para recomendar relaciones más estrechas con Estados Unidos, para compensar una reducción en las exportaciones de 250 millones de dólares este año.
Tomada en conjunto, la situación muestra una ofensiva concertada de los monopolios internacionales y la oligarquía rural sobre las clases populares y los pequeños y medianos empresarios. Esta ofensiva, en el plano económico pasa por el desabastecimiento y el sabotaje a la producción como medio de provocar una situación de descontento generalizado; y por la liberación de precios, mecanismo que simultáneamente acelera la inflación y hace entrar en crisis a la pequeña y mediana empresa. La cúpula de la CGE, que maneja desde el Estado la política económica, está interesada sobre todo en aumentar su propio poder y para ello no vacila en otorgar nuevos y crecientes favores a los imperialistas, en desmedro de los otros sectores de la sociedad.
La clase trabajadora se perjudica porque sus ingresos reales no aumentan a la misma velocidad que los precios y por otra parte los ritmos de producción se continúan acelerando. Los pequeños y medianos empresarios, que producen para el consumo masivo, se perjudican porque aumentan los precios de los bienes que adquieren para la producción, y son los más controlados por la Secretaría de Comercio que impide trasladar esos aumentos a los artículos de consumo. Este sector de la pequeña y mediana empresa, que supuestamente debía ser representado por el equipo de Gelbard, queda así vacante de representación político gremial, y es jugado como masa de maniobra por los monopolios y la oligarquía.

Los síntomas del deterioro
Una muestra de esta política es la situación de la industria automotriz, integrada por diez empresas terminales, ocho de ellas —que concentran el 95 % de la producción— extranjeras. El grado de explotación de sus trabajadores queda claro por medio de una simple operación aritmética. Del precio final de un automóvil, alrededor del 75% corresponde al costo de las materias primas y partes necesarias para fabricarío, así como el mantenimiento y amortización de las instalaciones y maquinaria de la empresa. El resto se distribuye entre salarios y ganancias de la siguiente forma: el 22 % va en forma de sueldos de obreros y empleados; el 78 % corresponde a utilidades de la empresa. Aquí puede verse que en el gremio de los «obreros mejor pagados de la industria», el famoso 50 y 50 está muy lejos de ser una realidad.
En esta industria, no obstante las promocionadas campañas para convencer a la población que hacen un gran esfuerzo por la «reconstrucción nacional», y al evidente favor del gobierno, que este año le permitirá vender 25 mil unidades en el extranjero, la producción es igual a la del año pasado, con una tendencia a la declinación. En 1972 la industria automotriz exportó 4.000 unidades; en 1973 las exportaciones se incrementaron hasta 11.800 unidades y este año se estima que llegarán a 25.000. No obstante la producción total no aumenta, y en las fábricas de origen norteamericano se implementan políticas para pasar a una drástica disminución. El objetivo es presionar sobre Gelbard para reconquistar el poder perdido en las estructuras del Estado, y en términos económicos lograr una liberación de los precios. Esto podría hacer pensar que los precios de los automotores están congelados. Pero en los siete primeros meses del año la industria del automóvil ya se vio favorecida por 3 aumentos que significan un incremento del 24% comparando con los precios de diciembre de 1973.
En los seis primeros meses de 1974 el costo de la construcción —según cifras oficiales no muy confiables— aumentó más del 22 por ciento; y en otro orden de cosas, debido al estancamiento de la producción de petróleo y al aumento de los precios internacionales, las importaciones de este producto costaron 256 millones de dólares en el período enero/mayo. En el mismo período del año pasado en concepto de importaciones de petróleo se habían gastado 34 millones de dólares.
En el plano financiero, el Banco Central ordenó recortar los créditos de los bancos en un 30%. Esta disminución de la capacidad prestable a las tasas de interés oficiales, afecta en primer lugar a la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas —»seguras» y vinculadas de mil maneras a la administración de los bancos— seguirán recibiendo los créditos que solicitan. La pequeña y mediana empresa deberá recurrir en mayor medida a los préstamos usurarios de alto interés para seguir en actividad.
En la actividad agrícola y ganadera se concentra el ataque sobre el gobierno y en especial sobre el equipo de Gelbard. Los precios máximos para la carne y el control estatal de las exportaciones rurales afectaron en especial a este sector, Gelbard programó en este terreno una alianza con los monopolistas de la industria para limitar a la oligarquía rural. Pero no previo que los monopolios internacionales no tenían especial interés en una alianza con Gelbard y que preferían mantener buenas relaciones con la oligarquía rural, a la que por otra parte ya habían desplazado del poder durante el período de Onganía-Krieger Vasena (1967/69).
En el campo la situación es la siguiente: los precios mínimos para la producción agrícola son buenos, pero el agricultor debe utilizar semillas, fertilizantes y maquinaria provistos en su casi totalidad por la industria extranjera radicada en el país, y estos productos continuaron aumentando de precio sin control alguno por parte del Estado. En el sector ganadero el gobierno puso un tope a las extraordinarias utilidades que obtenían los criadores e invernadores durante el gobierno de Lanusse. En esa época de la carne se duplicaban cada 90 días; ahora con los precios fijados por el Estado los ganaderos no pierden plata pero tienen una ganancia fija, que ya conocen por anticipado y que les impide maniobras especulativas. El sector ganadero, entonces, inicia una ofensiva total contra el equipo económico, al que acusa de «pandilla stalinista», con el objeto de liberar los precios de la carne; y los agricultores —política y económicamente más débiles y que teóricamente deberían apoyar la política actual— son apretados por sus proveedores de la industria monopolista y se suman a las quejas de los ganaderos.

La apresurada «voracidad» de los grandes empresarios locales
Gelbard está respaldado por un puñado de grandes empresas de capital local (y patentes extranjeras) que por primera vez en 18 años alcanza el control de los resortes políticos. Este sector económico, enriquecido y fortalecido durante los años de entrega y recolonización del país, se caracterizó siempre por un sentido de la oportunidad muy eficaz que le permitió progresar individualmente bajo los distintos gobiernos. Pero la coyuntura abierta el 25 de mayo de 1973 los coloca ante una nueva situación: a través del aparato del Estado podía crecer colectivamente, como grupo, fortaleciendo su posición en la sociedad argentina y capacitándolo para dictar condiciones a los otros sectores empresarios, nacionales o extranjeros. Al mismo tiempo, pensaron que podían atar la clase trabajadora a su política y presionar así, con mayor fuerza, a los grupos económicos desplazados el 25 de mayo de 1973. Aquí cometen un doble error, por un lado suponían que los 18 años de lucha del pueblo peronista tenían un significado puramente folklórico; y por otro lado, subestimaron la reacción de los sectores imperialistas y sus aliados del vandorismo y el lopezreguismo.
Para fortalecerse como sector dentro del gran empresariado, uno de los primeros problemas a resolver era consolidar su situación económica: con los créditos, licitaciones de proveedores y contratos de obras se favorecería al sector; al mismo tiempo, por medio de la Corporación de Empresas Nacionales administran directamente un sector clave de la economía argentina. Este apresuramiento en llenar sus propios bolsillos los llevó a olvidar muy rápidamente que su base social estaba en la Confederación
General Económica (CGE), integrada en su gran mayoría por pequeños y medianos empresarios. De allí que las políticas ejecutadas por el gabinete económico no produjeron mejoras significativas para la pequeña y mediana empresa e incluso la perjudicó. Su preocupación central es no irritar a los grandes monopolios de la industria desplazados del control del aparato estatal; y al mismo tiempo producir algunos cambios en la estructura productiva, que disminuyeran la participación de esos monopolios en la producción total del país. Este es el sentido que tienen para el equipo Gelbard los contratos con los países socialistas, independientemente de que esos contratos tengan un carácter positivo para el país. Al disminuir el peso de los monopolios imperialistas en el sistema económico nacional, disminuye su poder político, y en este hecho se basaría supuestamente el aumento del poder político del sector representado por Gelbard. Al mismo tiempo este sector se fortalecería directamente a partir de los favores del Estado.
Este es el proyecto que hoy está en crisis por la ofensiva de la derecha económica desatada luego de la muerte de Perón. Y estos grandes empresarios, que no vacilaron en aliarse con Frondizi y con Lanusse, hoy están decididos a sacar tajada de la ofensiva imperialista y vender a buen precio las estructuras del poder que hoy ocupan. Por eso Gelbard habla de «flexibilidad», «adecuación a la coyuntura nacional e internacional», «receptividad a los justos reclamos empresarios», etc. Porque a este grupo lo mejor que le puede ocurrir es aceptar las presiones del bloque imperialismo-oligarquía y al mismo tiempo ser soportado por ellos como cabezas visibles de la política económica. Lo que Gelbard y su gente parecen no entender es una vieja lección de la historia: cuando se ocupa el poder en nombre de un programa que afecta intereses consolidados, y no se cumple, se está en las mejores condiciones para ser reemplazado por los agentes directos de aquellos intereses. Porque para los imperialistas no hay nada mejor que poner a tecnócratas dóciles y no dejar en el poder a sectores vencidos pero con intereses propios. En todo caso, el tiempo que duren hasta la estocada final, será el tiempo que necesite el imperialismo para armar completamente su proyecto y sus fuerzas.

La crisis del proyecto del gran empresariado local
Dos hechos recientes sirven para ver por donde se aproxima la ofensiva del imperialismo. El primero son las declaraciones del secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel, donde responde a Gelbard y cuestiona frontalmente el pacto social. Lo importante es destacar que el cuestionamiento de Miguel al pacto se expresa verbalmente tomando justas reivindicaciones de la clase trabajadora sobre la insuficiencia salarial: según Miguel sólo los trabajadores cumplen el pacto social porque sus salarios están congelados, mientras los empresarios no lo cumplen porque los precios son controlados parcialmente. Al mismo tiempo Miguel responde al cuestionamiento de Gelbard al doble aguinaldo, señalando que la preocupación de los empresarios sobre el mercado es cosa de ellos y no de los trabajadores, y agrega que los aumentos deben «darse como tal y no como aguinaldo, bonificación o cosa por el estilo». Son importantes estas declaraciones porque la política del imperialismo en la actualidad pasa por concentrar la mayor fuerza contra el objetivo del momento: el desplazamiento de Gelbard. Y en ese objetivo están dispuestos a buscar el apoyo de los trabajadores. Es que la clase trabajadora ya no aguanta una política que la afecta en sus ingresos, le impide desarrollar su representación germial y la pone a merced de un código represivo elaborado para congelar las luchas obreras. Y el cuestionamiento de Miguel se cuida muy bien de mencionar los aspectos gremiales y represivos del pacto social, porque son los que utiliza en su propio provecho y contra la clase trabajadora.
El otro hecho significativo es la «rotación» dentro del equipo económico. De esa aparentemente intrascendente «rotación» surge un claro ascenso: el de Antonio Cafiero que pasa de la Caja de Ahorro a la Secretaría de Comercio. El nombramiento de Cafiero fue muy bien recibido por los grupos empresarios, debido a que es considerado un tecnócrata «flexible». Al mismo tiempo el diario de los monopolios, «La Nación», realiza un abierto elogio de Cafiero y saluda la «sagacidad» política de Gelbard por haber producido ese cambio.
Cafiero es desde hace doce años el asesor económico del vandorismo. Siempre estuvo vinculado como asesor a la UOM y a la CGT. Escribió para estas entidades la mayoría de sus documentos económicos. En 1967, en representación de la CGT afirmó que el plan económico de Krieger Vasena era un «programa serio» que tenía aspectos positivos. Nunca dejó su relación de asesor impositivo de grandes empresas. Y en diciembre de 1972 fue el candidato a presidente de la Nación por el vandorismo. Al fracasar su candidatura a presidente, por la decisión de Perón de proponer a Cámpora, el vandorismo se juega a la proscripción del FREJULI proponiendo la candidatura de Perón. En mayo de 1973 el vandorismo vuelve a la carga con Cafiero y lo impulsa como ministro de Economía. Ante el nombramiento de Gelbard, Cafiero se conforma con la presidencia de la Caja de Ahorro para estar cerca del poder.
Ahora asciende a secretario de Comercio. Este es un primer paso, el siguiente es el reemplazo de Gelbard por Cafiero a la cabeza del equipo económico, reemplazo propuesto ya en diciembre del año pasado y que fracasó por la decisión del general Perón en apoyo de Gelbard.
Igual que en el pacto social, la clase trabajadora peronista está ausente en esta lucha de camarillas, pero va a intentar ser utilizada por los sectores en pugna para aumentar su capacidad de presión sobre el otro. Los agentes imperialistas, como Lorenzo Miguel y López Rega, levantan algunas banderas cuyo cumplimiento reclaman los trabajadores, en especial aquellas que hacen a los salarios. Pero con un límite: siempre y cuando la burocracia vandorista obtenga beneficios por esos mayores salarios. Por eso Otero desde el Ministerio de Trabajo reprime la lucha reivindicativa, porque esa lucha se desarrolla al margen de la estructura vandorista y significa una pérdida de poder para el aparato. Por otra parte los empresarios imperialistas no tienen ningún interés en perder beneficios, y su disposición a aceptar aumentos salariales pasa previamente por la liberación de los precios y la eliminación de controles a la actividad económica.
Los grandes empresarios locales, preocupados exclusivamente en su poder y en sus ganancias, se fueron cavando su propia fosa.

Tags: ,