Este ensayo debe ser considerado como una introducción al estudio de las nuevas formas adoptadas por el imperialismo. La constitución de una sociedad imperialista de pendiente en América latina pasa hoy por la ejecución de políticas desarrollistas. De finir cuáles son las características principales de esta moderna tendencia de la sociedad monopolista servirá para aclarar la real situación de nuestra dependencia.
Lo más importante no es que los grupos políticos manifiesten abiertamente su simpa tía por políticas desarrollistas declaradas, sino cuál es su práctica real o el resulta do concreto de las ideologías. En los últimos tiempos en la Argentina el término «desarrollista» está muy desprestigiado; sin embargo ahora más que nunca es el desarrollismo la principal política imperialista a nivel continental. Suponer que los golpes militares, que se sucedieron desde 1962 en todo el continente, son una reacción contra las políticas desarrollistas, reacción encabezada por las viejas oligarquías locales, es confundir forma y contenido; chachara liberal que apunta a lo institucional, formal o legal, y no a la política efectiva. El desarrollismo integracionista, ejecutado por gobiernos «legalmente» elegidos en elecciones, fue en su momento considerado peligroso por los representantes-monopolistas locales que decidieron cerrar los caminos a la expresión «libre» de tendencias populares. Pero, despojado este tipo de gobierno militar de su aspecto integracionista, se convirtió en un plazo relativamente corto en la descarnada expresión de los intereses monopolistas locales y extranjeros. Considerar su origen en los golpes de estado como el aspecto principal para definir a un gobierno, y por lo tanto acusarlo de fascista, totalitario, etc., oculta el contenido permanente del desarrollismo más allá de los vaivenes institucionales.
Estas polémicas no abordan el fondo de la cuestión. En el gobierno argentino actual, se expresan en la contraposición del equipo político y el equipo económico dirigido por Krieger Vasena, o en la rivalidad de Onganía con el general Lanusse o anteriormente con los hermanos Alsogaray. Las diferencias existen pero no expresan más que dos variantes de la misma política. La representación y seguridad de los monopolios está garantizada por ambos. De alguna manera la tendencia encabezada por Onganía es la que mayores garantías ofrece al sector frigerista-integracionista, mientras que la tendencia Krieger-Lanusse- democracia representativa es la que denominaremos más adelante, al analizar las fracciones existentes, como desarrollismo gerencial. El eje de la política desarrollista (imperialista) del equipo Onganía se encuentra en la Argentina y en su capacidad de regateo, mientras para los gerentes pasa por la aceptación incondicional de la política dominante en los Estados Unidos.
En su conjunto este ensayo pretende mantenerse en un plano general, sirviendo de guía para esclarecer investigaciones más detalladas sobre el tema. Su finalidad principal es definir el carácter del neo-imperialismo. Asimismo presenta, a manera de aclaración o ejemplo, un aspecto particular de la política global desarrollista: el desarrollismo y el mito de la reforma agraria.
Contribuir a definir el enemigo de los pueblos latinoamericanos es la principal tarea «teórica». Aclarar quién es el enemigo impide irse por las ramas o atacar, confundiendo su real importancia, aspectos secundarios. Encarar los problemas institucionales o constitucionales -dictadura o democracia representativa, liberalismo o corporativismo, etc. – y ver en ellos dilemas serios para el funcionamiento del régimen, es en definitiva hacer el juego a la restauración liberal desarrollista frente a la autocracia desarrollista. Lo importante no es autocracia o democracia, liberal, sino imperialismo (desarrollismo) o independencia nacional.
Las formas autocráticas por otra parte, no son las preferidas por los imperialistas, éstos prefieren el mantenimiento de las formas de participación electoral y la ficción del respeto a las instituciones políticas liberales. En tanto no expresa a corto plazo la ejecución de esa política y puede ser vulnerable a presiones que perjudiquen la buena marcha de los negocios, en el gobierno de Onganía puede haber contradicciones internas que quizás no se resuelvan pacíficamente. Conocer su existencia es importan te, pero no es posible en este caso jugar nuevamente al mal menor, cualquiera que sea; aunque en el fondo la restauración liberal es más perniciosa para la política a largo plazo del movimiento popular que el mantenimiento de la autocracia desarrollista. La restauración liberal crearía ilusiones inmediatas que producirían desorganización y la disolución de las tendencias hacia la unidad popular. Ante esa perspectiva, cada grupo político intentaría sacar la mayor tajada de las perspectivas electorales y esa competencia atomizará por un plazo hoy impredecible a las distintas fuerzas sociales.
Si definimos correctamente al enemigo, es difícil hacerse ilusiones acerca de cualquier restauración. Es importante saber que no todas las tendencias liberales o pequeño burguesas son desarrollistas, algunas representan a grupos superados por la dinámica histórica y destinados a desaparecer en el proceso de concentración creciente. En tanto miran hacia un pasado liberal y concurrencista, estos grupos y clases sociales son reaccionarias y no pueden ser considerados como parte integrante de supuestas coaliciones políticas. En tanto son objetivamente desplazados por el régimen, al mismo tiempo son tendencialmente aliados del movimiento popular. En su propia crisis se acelerará la transformación y definición de estos grupos. Ser nacionalistas y revolucionarios hoy es estar a favor de la crisis. Cómo provocar la crisis es el interrogante, y la política antiimperialista se define por su capacidad para hacerlo.

I – FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA DESARROLLISTA

1. El frigerismo, como tendencia política nacional, es la versión local de una corriente política contemporánea de alcance internacional para los países en «vías de desarrollo». Esta tendencia es la concepción de los intereses monopolistas para estos países.
Existe un sector de la clase monopolista que precisa, para expandir y profundizar su dominio, un desarrollo de los mercados o áreas de influencia, que inevitablemente la conducen a choques y enfrentamientos con otros sectores de la oligarquía local y extranjera que, hasta hace poco, controlaban sin discusión las áreas ahora en disputa. El desarrollismo es la política propiciada por los monopolios que buscan la expansión de sus áreas, integrando la nación en un solo mercado regional para imponer su dominio. Esta política se expresa, con las diferencias debidas a las circunstancias particulares, en todos los países latinoamericanos, donde el sector «modernizante» de la clase dirigente, tanto en el orden económico, militar o intelectual, busca el poder para «cambiar las estructuras» del atraso y el estancamiento. Sobre la base del ascenso de sectores capitalistas, ligados a la actividad industrial o extractiva, básica y altamente reproductiva, se opera una nueva y más estrecha vinculación con la economía internacional, que es la clave para comprender el proceso político y económico argentino de los últimos trece años: la vinculación y en algunos casos la identificación del capital monopolista nacional con el capital financiero internacional.
El hecho fundamental en la Argentina es que el capitalismo se ha transformado absolutamente en capitalismo monopolista. En las condiciones de este capitalismo mono polista ya no hay lugar para el desarrollo de la libre concurrencia, ni tampoco para las «reformas» democráticas de estructuras y, mucho menos, para una democracia «pacífica».
Los sectores claves de la producción industrial están dominados por el régimen monopolista. A medida que aumenta este dominio los sectores donde aún sobrevivían sistemas de concurrencia van siendo desplazados. Esto no significa la desaparición física de las unidades económicas pequeñas y medianas, sino su sujeción a los intereses monopolistas, la liquidación para la gran mayoría de ellas de toda autonomía económica respecto al capital financiero.
Del análisis de la realidad económica nacional puede afirmarse que más de la mitad de la producción se encuentra en manos de la centésima parte del número total de empresas. En ella tienen una preponderancia absoluta poco más de un millar de empresas que controlan, dominan y mantienen bajo su hegemonía la totalidad de la producción. Estas empresas, a su vez, están en manos de un pequeño grupo de monopolios industriales y financieros. Frondizi, Frigerio y el núcleo de políticos y técnicos que los acompañaron en su campaña política, en el gobierno y en la oposición, comprenden cabalmente este problema, de ahí el énfasis en la industrialización y en lo-grar la integración del país en un «moderno» mercado.
En tanto no es la única política de los núcleos dominantes, los desarrollistas encuentran resistencias en sectores del mismo, que en ciertos momentos reducen o limitan su campo de acción. Por tanto, buscan alianzas con sectores populares, ajenos a sus intereses de sector, pero que pueden ver con buenos ojos un cambio que desplace a la vieja oligarquía. La idea de los desarrollistas -que se manifiesta en cada oportunidad en que pueden aplicar su política- es lograr la subordinación de sectores sociales con intereses diferentes y hasta contrapuestos a los suyos. Para ello construyen vastos programas políticos que contemplan mejoras generales que provendrán de la expansión económica y del «cambio de estructura para el desarrollo».
El desarrollismo pues, tiene dos aspectos que generalmente se formulan en forma unitaria pero no necesariamente van siempre juntos: uno es la política desarrollista de ampliación del mercado para un sector «modernizante» del capital monopolista; el otro es hacer creer al resto de la sociedad que los sectores «dinámicos», aquellos que persiguen el cambio y el desarrollo, son solidarios. A la política desarrollista, por lo tanto, deben subordinarse todos aquellos sectores que deseen «cambiar las estructuras»: este aspecto es la variante «integracionista» del desarrollismo. Una vez alcanzado el poder lo esencial es que permanezcan aliados aquellos sectores clave para la política de los monopolios. Sin dejar totalmente de lado la solidaridad, ésta pasa a segundo plano. Los sectores aliados de los monopolistas se reducen entonces a la aristocracia obrera de las industrias dinámicas y sus representantes; los tecnócratas que van a impulsar la programación y la ideología; y las fuerzas armadas que en definitiva se convierten en el fundamento del desarrollismo.
En el aspecto ideológico esta actitud tiene diversos campos para manifestarse. Instala en primer lugar las conclusiones económicas de sus tecnócratas, mientras oculta la base real de las mismas: la política realizada por Frondizi, Frigerio y sus seguidores en los distintos gobiernos, y los resultados concretos sufridos por el pueblo argentino.
El desarrollismo aparece también como una variante del reformismo en tanto sus objetivos son cambiar el estado de cosas; y como una variante seudonacionalista en tanto se busca identificar a los adversarios como representantes de intereses antinacionales que persiguen el mantenimiento del atraso y la dependencia.
De cualquier manera su nacionalismo se limita a atacar a sectores indefinidos por regla general, que se personifican en grupos débiles del imperialismo mundial, o, en ciertos casos -debido a sus contactos con determinados grupos financieros-a atacar a sus rivales en las licitaciones, presentando la lucha por el control de una situación concreta como una «batalla por el desarrollo». A renglón seguido afirman la necesaria ayuda o cooperación del capital y la técnica extranjeros, provenientes de los países desarrollados, con el fin de alcanzar el ansiado desarrollo nacional. También mantienen una polémica «amistosa» con grupos desarrollistas latinoamericanos que buscan la expansión de otras regiones o países en desmedro del nuestro, a los que acusan de representantes de aquellos intereses antinacionales. El problema es que los desarrollistas argentinos desean la expansión del mercado nacional y latinoamericano bajo su hegemonía, mientras que aquellos que no son argentinos lo buscan bajo su propia hegemonía. Es una polémica interna que tiene su origen en el carácter expansivo del capital monopolista pero no modifica las raíces de dicha política. Sin embargo, la polémica permite acercar al carro desarrollista a sectores que necesitan de la expansión económica, social y política para mejorar sus niveles de vida y para afirmar su poder, me refiero al Ejército y a sectores obreros de la industria moderna.
Los tecnócratas constituyen un sector de la sociedad imprescindible para realizar la política desarrollista. A cambio de su adhesión, el desarrollismo brinda apoyo a la ciencia y fomenta el perfeccionamiento de los instrumentos de investigación -pura y aplicada-; presentando la imagen de un idílico país futuro donde los técnicos y cien tíficos verán ampliadas sus posibilidades de trabajo e investigación merced a la expansión y modernización del mercado interior.
Para el desarrollismo, como concepción monopolística de la política nacional, este es un aspecto importante: la utilización intensiva de estas técnicas al servicio de su política; la racionalización -teórica más que real- de todos los sectores básicos de la vida nacional, aquellos que impulsarán el desarrollo. Inconscientemente o no, aquellos que se dedican a la ciencia pura o los tecnócratas aportan su capacidad para la ejecución de esta política. De muchas maneras -respecto a las posibilidades de empleo público o privado, el papel asignado a los tecnócratas en el desarrollo social, al papel que la racionalidad y la ciencia deben jugar en un proceso desarrollista (no olvidar la estrecha relación entre la moderna ciencia y la organización económica monopolista)- el desarrollismo se convierte en la política apropiada para los grupos tecnocráticos. El «apoliticismo» de las disciplinas científicas y su eficacia técnica sirven para fundamentar la contraposición, tan cara a esta ideología, entre una realidad «tradicional» y la realidad «racional» del desarrollo. Apoliticismo que no es tal sino la forma que asume la ideología y la política desarrollista para la clase media técnica e intelectual. El desarrollismo minimiza el papel del imperialismo -no lo supri-me totalmente y por lo tanto aparece como una variante aceptable para el reformismo de los profesionales- y rechaza por irracionales las políticas o ideologías nacionalistas que no comprenden la existencia de aspectos positivos en la «ayuda» extranjera. La ciencia y la técnica son considerados valores universales como la «racionalidad», y por lo tanto parece ser imposible en forma equivalente a otros campos de la vida social y económica, un desarrollo científico al margen de los adelantos que en esta materia nos proporcionan los países desarrollados. Relación que se convierte en subordinación y aceptación acrítica de todo lo que provenga de círculos científicos o culturales considerados de avanzada.

2. La crítica a la CEPAL, es uno de los pilares de la ideología desarrollista-frigerista. Deducir de las maquinaciones de la CEPAL o del Banco Interamericano de Desarrollo el estancamiento argentino, como periódicamente afirma el diario «Clarín», no es más que un medio para ocultar la real dependencia política y económica de nuestro país debida a muy diferentes causas que las manifestadas.
Las tesis industrial-agraristas de CEPAL y el BID son rebatidas desde una perspectiva «industrialista» en la cual el agro aparece integrado a un proceso sostenido de crecimiento industrial. La vulnerabilidad de los postulados cepalianos en materia de «desarrollo» les permite a los frigeristas ejercitar una crítica aparentemente correcta en cuanto a lo negativo de la CEPAL, pero que no es simple ideología para encubrir sus reales aspiraciones. La diferencia entre política efectiva e ideología para consumo de «mayorías» es muy importante tenerla presente en este caso; y eso sin entrar a analizar la concepción exclusivamente técnica que tienen los desarrollistas acerca del agro y la industria. Para ellos esta diferencia no corresponde a un distinto grado de conformación de la sociedad monopolística y dependiente, sino que tiene que ver exclusivamente con el concepto; «valor agregado» por la transformación de las materias primas.
Los desarrollistas afirman que la CEPAL adhiere a tesis comercialistas que tienden al sostenimiento de las «viejas estructuras agroimportadoras» aunque en un nivel más elevado de modernización y justicia social, y que no impulsan la «profunda transformación que el país reclama». Pero, la transformación estructural dirigida y estimulada por los centros financieros en que se apoya el frigerismo, acelerará el proceso de concentración monopólica. El objetivo es liquidar, en forma anticipada a un futuro reemplazo por «nuevos y modernos» aparatos empresariales, todas aquellas estructuras comerciales, industriales, de transporte, etc. que resultan un freno actual o competencia futura para sus intereses.
Los cuadros del desarrollismo político están formados por comisionistas cuyo objetivo es aumentar el ingreso proveniente de las comisiones recibidas. La relación entre las mismas y el logro de altos beneficios por el capital es estrecha y fundamental, de allí que se convierten en los propulsores de políticas crediticias y de desgravaciones que promueven el «progreso y la industrialización» del país. Su énfasis en la búsqueda de capitales extranjeros interesados en el desarrollo de inversiones reproductivas tiene una explicación: a la par se promueve su ingreso personal. Para los desarrollistas la actividad política es una actividad comercial, su política real es la de intermediarios de los capitalistas extranjeros. La liquidación de la competencia y de las trabas que limitan la expansión de la gran industria son prerrequisitos para aumentar sus beneficios, que los frigeristas ocultan detrás de postulados expansionistas. Su política económica está orientada a la conquista de nuevos mercados por la gran industria; el medio utilizado es la subordinación o liquidación de las estructuras arcaicas o no que predominan en los mercados regionales y a las que es preciso desplazar para dejar paso «a lo nuevo». El logro de estas metas es la llamada integración nacional.
La incorporación de nuevas áreas no significa principalmente un aumento en los niveles de vida y consumo de la población, sino un incremento de las inversiones rentables. Para alcanzar la ampliación del mercado interno necesitan primero transformar el sistema de producción o circulación en las áreas hasta este momento «marginales» para el gran capital ligado a sus intereses. Estas áreas son marginales sólo en apariencia, ideológicamente. La marginalidad forma parte del arsenal ideológico del imperialismo. Considerar un área o clase social como marginal, significa suponer que el resto del país, región o sector considerado subsiste con independencia de esas regiones o clases más atrasadas y a las que eufemísticamente se denomina «marginales». El problema es el del desarrollo desigual de los países capitalistas, especialmente aquellos que se encuentran en un estado dependiente. El desarrollo desigual es la base de las superganancias de los monopolios imperialistas. Cuando los desarrollistas plantean el problema de la integración nacional como el aspecto primordial de su política, lo que señalan fundamentalmente es que no tienen participación en la explotación de esas regiones. Hay que desplazar o «integrar» a los gru-pos rivales, nacionales o extranjeros, y cubrir con inversiones propias la futura explotación de las áreas «marginales».
Este es el principal sentido de la integración, mientras que el otro aspecto, la integración solidaria de todos los sectores y clases de la sociedad nacional es posible analizarlo desde dos puntos de vista.
Primero, desde la perspectiva de la lucha de fracciones, el integracionismo es la política de un sector de los imperialistas dirigida a debilitar las posiciones políticas de otro sector de la misma clase; esta es la causa que explica la búsqueda de alianzas para fortalecer la propia posición. Estas alianzas son buscadas no sólo en las clases sociales sino en instituciones como el ejército, la iglesia y los sindicatos.
Segundo, no es más que el reflejo del alto grado de capitalización de un sector dinámico de la clase capitalista, o de sus proyecciones ideológico-utópicas hacia un futuro país desarrollado e industrializado. Este sector comprende entonces que la incorporación de los trabajadores a la coparticipación a través de planes de racionalización y aumento de los índices de productividad, es el mejor camino para defender sus intereses a largo plazo y aumentar sus beneficios económicos.
Un campo para el ejercicio polémico de los frigeristas es el de la integración económica latinoamericana. Las manifestaciones anti-ALALC del frigerismo consisten en instalar como contradicción real-ALALC = estancamiento y dependencia; integración nacional = desarrollo y soberanía— a una contradicción que en esos términos no es más que aparente. La integración continental preconizada por la ALALC, en el marco que el imperialismo extranacional, desarrollista también, establece; significa la redistribución de los beneficios y rentas que supone la buena marcha de los grandes negocios entre los principales grupos capitalistas de todos los países miembros. Por supuesto que los inversores norteamericanos, europeos y japoneses llevarán tam-bién una gran tajada, eso no está en discusión por- ningún sector desarrollista. Esta política de tener éxito impediría la concentración de esos beneficios en un sólo país que ofrezca todas las garantías exigidas por la banca internacional, en este caso la Argentina orientada por el desarrollismo frigerista u otra variante desarrollista como la de Onganía-Krieger Vasena.
La integración nacional desarrollista, opuesta a la integración continental propulsada por la ALALC y la CEPAL, no supone el establecimiento de la soberanía nacional, sino una expansión condicionada por las necesidades económicas, políticas y militares del imperialismo y por la inversión de capitales extranjeros. Las dos estrategias no son opuestas para los imperialistas sino complementarias, aparecen como contrapuestas desde la perspectiva de los monopolistas argentinos que perderían una parte de su tajada en caso de dispersarse las inversiones en todo el área latinoamericana y no poder concentrarlas dentro de los límites geográficos del país.

3. Hasta 1958 la defensa del patrimonio nacional por los frigeristas de la revista QUE se traduce fundamentalmente en un ataque al imperialismo inglés, ya definitivamente desplazado como principal potencia influyente en la Argentina. Se enfatiza con el objeto de ocultar las estrechas relaciones del equipo frondicista con los Estados Unidos. Su consecuencia fue el nucleamiento de importantes sectores antiimperialistas alrededor de las «banderas nacionalistas» del movimiento. Sin abundar en detalles, es conveniente recordar que en los años 1956 y 1957 se vivía la trágica época de la revolución aramburista, y muchos militantes creyeron que el frondicismo era la única alternativa de salvar al país de la entrega total.
El sistema expositivo de Rogelio Frigerio se caracteriza por el manejo de ambigüedades que le permiten lograr apoyos políticos contrapuestos sin recurrir a la «mentira». Este afirma en sus libros y conferencias que existe una identidad esencial entre los capitales de cualquier origen que promuevan el desarrollo con un bajo costo social y el interés nacional. Sin embargo, utiliza el término capital «colonialista» que se aplica a tendencias llamadas «agroimportadoras» para crear una imagen anti-imperialista. Debe entenderse a estas tendencias contra las cuales lucha el frigerismo como aquellas que intentan mantener en un bajo nivel de capitalización a un sector de la burguesía industrial o intermediaria, e impedir por tanto, la soñada expansión imperialista (Argentina potencia mundial).
Una amplia gama de tendencias se unen en la defensa del programa de Frondizi y Frigerio, no del de la UCRI a la que ignoran y de la que no se preocupa nadie, sino del que puso en práctica una vez arribado al gobierno. El integracionismo como corriente ideológica y política no tiene su origen ni su principal campo de influencia en la UCRI, aunque ésta cosechó los beneficios electorales de la prédica integracionista. Los receptores de la doctrina -los que realmente pesan política y económicamente se encuentran en los sectores «dirigentes» de las actividades económicas, tanto capitalistas como algunos de los núcleos obreros, entre los oficiales de las fuerzas armadas, en los profesionales, técnicos, obreros calificados y estudiantes que creyeron en la panacea del progreso y el bienestar desarrollista.
Una muestra de los métodos frigeristas fue la actuación de los que estaban vinculados a los contratos petroleros firmados durante el gobierno de Frondizi ante la «Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados». Allí mostraron, además del cinismo de los supuestos complicados -aclaramos lo de supuestos, porque dentro de los márgenes fijados por el régimen los gestores de contratos difícilmente pueden ser considerados delincuentes-, la absoluta incapacidad de la Unión Cívica Radical del Pueblo para resolver la contradicción entre una política idéntica en lo esencial a la frondicista y una superestructura ideológica y moral teñida de nacionalismo liberal de clase media.
Resulta absurdo criticar la política petrolera de Frondizi comparando sus afirmaciones anteriores y su práctica efectiva en el gobierno. La crítica a la falta de moral de Frondizi refleja el pensamiento de la clase media, y éste no va más allá de una real defensa del statu quo petrolero. Y de un cierto tipo de estancamiento (o desarrollo) que permita su subsistencia como clase e impida su desaparición o subordinación al capital monopolista.
Los aspectos económicos y políticos principales del desarrollismo fueron puestos en práctica no sólo durante el gobierno de Frondizi, sino también con Guido y los radicales del pueblo: destrucción de la pequeña y mediana empresa, unificación del mercado nacional, convertir a los terratenientes y chacareros en los principales consumidores de productos manufacturados, utilizar esta ampliación del consumo de manufacturas como multiplicador de la inversión de capitales extranjeros, liquidación paulatina de las conquistas obreras, subordinación a las órdenes emanadas desde Washington o la OEA. Actualmente, y despojada de toda demagogia, esta política es llevada adelante con toda intensidad por el equipo económico de la llamada «revolución argentina». El desarrollismo, cualquiera sea la denominación que circunstancialmente utiliza, es la política de la oligarquía monopolista y financiera argentina.
El desarrollismo de Onganía se encuentra despojado del ropaje integracionista del frigerismo o del ropaje liberal de Aramburu y los radicales. Utiliza elementos del viejo nacionalismo, especialmente de los sectores que se hicieron frondicistas en 1957 y 1958. El integracionismo que necesita de las elecciones para manifestarse fue remplazado por el comunitarismo municipal y el «particularismo» sindical y empresario. La política económica que debía pensar en el «consumidor» para lograr su voto en las elecciones, hoy expresa con crudeza que la estabilización monetaria, la contracción del salario real, el cierre de empresas y la liquidación de las economías regionales -que en el futuro serán «restauradas»- son los pasos previos que están dispuestos a dar con rapidez para convertir al país en factoría de un pequeño grupo de monopolios.
La contracción del mercado local de consumo provoca la crisis en aquellas ramas de la industria exclusivamente vinculadas al mismo, que tienen que soportar además, la competencia adicional de los productos manufacturados extranjeros; que ingresan al país por las desgravaciones aduaneras. Por otra parte, cada día compiten en condiciones más desventajosas con productos fabricados por un número creciente de empresas ex-argentinas. El gobierno de la pequeña revolución, y el que siga en caso de llamarse a elecciones fraudulentas, tiene la misión delegada por el imperialismo de adentro y de afuera de ser el enterrador definitivo de la pequeña y mediana empresa industrial, comercial o agropecuaria.
Todos los gobiernos anteriores al de Onganía tuvieron presente la «debilidad relativa» de pensar en el consumidor, ya señalada más arriba. De allí que sus políticas económicas siempre se modificaron cuando «las papas quemaban». El gobierno revolucionario no tiene momentáneamente esas limitaciones. Hay intentos de realizar una «nueva política» que consiste, en el plano de las entidades sindicales, en subordinar las como apéndices oficiales y oficialistas del gobierno. El carácter gerencial del Estado argentino actual muestra las caras del sindicalismo de estado: una progresiva durante el peronismo, otra útil cuando los gobiernos necesitaban para su subsistencia el voto, y esta última que podemos llamar funeraria puesto que significa el entierro del movimiento sindical como factor político decisivo popular. Pero también queda al desnudo el carácter vacío de las mentadas tendencias autonomistas dentro del sindicalismo, al observar la total inoperancia política y gremial de las experiencias sindicales autónomas. Esto obliga a replantear el problema del eje de ruptura del sistema y de las formas adecuadas de lucha, problema que pasa inevitablemente por la redefinición del concepto político de proletariado.
Considerar el desarrollismo como una ilusión de determinados grupos de la llamada «burguesía nacional», sueño imposible de ver realizado en una sociedad dependiente como la nuestra, es confundir apariencia con realidad. Se considera que lo fundamental son los discursos y escritos llenos de ambigüedades: lo puramente ideológico, sus aportes de carácter técnico y «científico» sobre la realidad nacional, sus publicitadas «batallas». Mientras se pasa por alto lo realmente importante, aquello que lo de fine como la política del imperialismo: la política efectiva de los gobiernos desde el Plan Prebisch hasta la actualidad, los intereses financieros que representan profesionalmente, las comisiones cobradas o por cobrar.
La conexión entre los postulados ideológicos y políticos del desarrollismo y la política de los monopolios imperialistas es evidente. Concordia, trabajo, productividad, tecnificación, investigación, racionalidad, son requisitos, para la buena marcha de los negocios, así como fueron y son bandera de todos los desarrollistas.

4. En el terreno ideológico-político el desarrollismo presenta un frente muy amplio que posee en comunidad ciertos puntos fundamentales de contacto. La caracterización que a continuación se enumera se refiere al desarrollismo oficial, comprometido directa y manifiestamente con los centros financieros, y no a las variantes de izquierda o social-cristianas desarrollistas a pesar suyo. Estas últimas pueden estar comprendidas en algunas de las caracterizaciones siguientes, pero se las considera desarrollistas principalmente por definir el desarrollo como un problema puramente cuantitativo, no como dinámica, (fuerza impulsora) sino como cinemática (movimiento). Tampoco mencionamos aquí los aspectos culturales: revistas y diarios, audiciones de televisión y radio, música popular y folklórica, corrientes y figuras de la literatura, etc. que dentro de esta línea proliferan desde hace alrededor de diez años.
La caracterización, seguramente incompleta, es la siguiente: el frigerismo niega la presencia del imperialismo o, como hace más comúnmente, divide el imperialismo en imperialismo malo o imperialismo propiamente dicho (tendencias agroimportadoras, etc.) e imperialismo bueno, denominado «grupos capitalistas inversores interesados en fomentar el desarrollo nacional».
Hay un énfasis básico en la ejecución de políticas concretas que cumplan los objetivos imperiales, sin importarle demasiado los formalismos legales o las formas constitucionales liberales. La consigna desarrollista es: piedra libre para la inversión de capitales.
Ligazón estrecha con los intereses norteamericanos. La lucha contra algunos intereses económicos de origen europeo o norteamericano se disfraza generalmente como la lucha contra algunos centros financieros considerados «imperialistas» y subdesarrollantes, tales como el Banco Mundial o el B.I.D. que sirven de chivos emisarios. Por regla general los desarrollistas son kennedistas.
Respeto religioso por la eficiencia técnica o científica que debe estar subordinada al «desarrollo». Se presenta la ciencia subordinada al desarrollo como tendencia actual de las sociedades industriales, en realidad la subordinación es al desarrollismo como política concreta. En este sentido son mucho más lúcidos que los científicos que creen que la política está subordinada a ellos.
Racionalización y/o privatización de empresas estatales antiguas y fomento por el estado de ciertos rubros que, una vez cubiertos los riesgos iniciales de la inversión, deben ser pasados a manos privadas.
El libreempresismo es un presupuesto desarrollista. Están en contra de cualquier tipo de trabas al desarrollo de la empresa privada y exigen facilidades para las inversiones. Siempre se oponen a la política impositiva del Estado burocrático y contrario al desarrollo, aunque al mismo tiempo exigen del Estado actividades que sólo pueden cumplirse con la recaudación fiscal. Nacionalismo imperialista o chauvinismo de gran potencia (Argentina potencia mundial, etc.).
Capacidad para decir cualquier cosa que tenga buena acogida en algún sector social, profesional o institucional importante, sin interesarles demasiado si aquello que dicen es lo que piensan hacer llegado el caso, o si van a hacer todo lo contrario. De aquí proviene el mentado «maquiavelismo» de Frondizi. Subordinación por tanto, de toda política y de todos los grupos y clases sociales a los «altos» designios de los monopolios imperialistas (por lo menos de un sector).
El Estado debe adecuar su organización y las administraciones provinciales y municipales a los objetivos del «desarrollo». Ídem que en el caso de la ciencia y la técnica, no confundir lo real con lo aparente escondido en el uso de la palabra «desarrollo» por los desarrollistas.
El concepto que resume todo lo anterior es el énfasis en el desarrollo definido cuantitativamente y la subordinación de toda ideología a este fin. El desarrollo, es siempre expansión con relación a un mercado, por lo tanto, la definición del mismo puede pasar de una concepción brutalmente cuantitativa de los efectos del desarrollo -incremento de ciertos índices económicos considerados básicos- a una concepción más refinada donde el eje estaría dado en la «liquidación de las trabas para la expansión de las fuerzas productivas». En este último caso tendríamos a las variantes del desarrollismo de izquierda coincidiendo con los escritos de Rogelio Frigerio.
Todas las tendencias desarrollistas, conscientemente o no, están realmente subordinadas al arsenal teórico-político del frigerismo, que en ese plano se ha mostrado como el sector más lúcido en la Argentina.

II – DESARROLLISMO E IMPERIALISMO

El problema que se nos plantea ahora es tratar de solucionar el interrogante de por qué desde 1955 el desarrollismo se ha convertido en la principal política del neo-imperialismo respecto de países como la Argentina. Y más recientemente, tal como señalan en forma reiterada líderes políticos y económicos de U.S.A., es la política general del imperialismo para el conjunto de América latina. La cuestión es dilucidar las razones por las cuales, alcanzado cierto grado de expansión, el imperialismo mundial debe modificar los aspectos políticos y económicos de penetración y estructuración de las sociedades integradas en su mercado.
Los antiguos mitos del nacionalismo popular: la balcanización latinoamericana, la imposibilidad de desarrollar la industria pesada y la reforma agraria, caen totalmente abatidos por la nueva política. Si en una época eran válidas estas afirmaciones puesto que expresaban la forma general de subordinación nacional al imperialismo, en la actualidad ellos expresan las formas secundarias de su política, El interés de los monopolios se centra en el desarrollo integrado de mercados proporcionalmente mayores, o en otras palabras, en la expansión en una escala cuantitativamente mayor de las economías dependientes. La política para alcanzar este objetivo pasa por la integración continental.
Aquí se presenta una ruptura aparente de la unidad desarrollista: los desarrollistas argentinos ortodoxos -Frondizi, Frigerio, el diario «Clarín» por ejemplo- son opositores a esta política. Algunas de las razones de esta oposición fueron señaladas en el punto anterior; pero desde otro punto de vista la diferencia se presenta en que el desarrollismo frigerista -ideológicamente- aparece como un desarrollismo de empresarios relativamente capaces de planificar su propia política. Mientras los desarrollistas norteamericanos -los más poderosos- prefieren un desarrollismo orientado desde América latina por gerentes conscientes de su papel, caso Krieger Vasena o Alsogaray.
Esta contradicción existente en el seno de las clases monopolistas locales está asimismo expresando la contradicción interna de esa clase en los Estados Unidos. Es un problema político que se resuelve en el ejercicio de fuerzas contrapuestas, donde los frigeristas «doctrinarios» por el momento llevan las de perder. Esto quiere decir que si hipotéticamente situamos nuevamente al frondicismo en el gobierno, su política no se diferenciaría demasiado de la llevada a cabo durante los años 1958 a 1962, y por supuesto que no habría diferencias mayores con la política económica orientada por el equipo Onganía-Krieger Vasena.
La expansión económica del imperialismo obliga, pese al mantenimiento y ampliación de la llamada «brecha del subdesarrollo», a modificar totalmente las viejas políticas con el objeto de mantener a los países dependientes como eficientes productores y consumidores en una economía que produce a escala muy vasta y con un sorprendente nivel de desarrollo tecnológico.
En su origen, las economías capitalistas situadas fuera de Europa Occidental y de los EE.UU. desarrollaron un capitalismo de carácter monopolista. Nunca hubo, fuera de los casos señalados, libre concurrencia capitalista en el mundo, y es bastante discutible que la haya habido realmente en los países pioneros dentro de este sistema.
Cuando el capital ingresa en gran escala en las áreas externas al mercado europeo y norteamericano durante el siglo XIX -como inversión, préstamo o manufacturas- lo hace directamente como capital monopolista. Llegan los que vencen en la competencia local; la competencia es exterior a las nuevas economías integradas al mercado mundial. Las compañías comerciales y financieras que aparecen en Latinoamérica durante esos años, han triunfado previamente sobre sus competidores metropolitanos y en los nuevos territorios «libres» no tienen competencia en el plano económico puro. La competencia y la lucha es política y se practica entre naciones. Los estados capitalistas europeos promueven militarmente el desarrollo del comercio y los préstamos de sus firmas autóctonas. Por lo tanto, a grandes rasgos tenemos que, exceptuando Europa y los EE.UU. la experiencia mundial se divide en tres sectores:
a) Un sector donde el monopolio desarrolla una economía imperialista como capita-lismo monopolista de Estado, tal el caso del Japón.
b) Un sector donde el monopolio y las potencias europeas promueven el desarrollo de economías monopolistas dependientes, que es el caso de América latina y en cierto modo China.
c) Un sector directamente sometido al dominio colonial, donde la expansión monopolista está sustentada en la colonización, que es el caso de África y el resto de Asia.
Dentro de este esquema muy general debe situarse la aplicación de las políticas co-rrespondientes. El anárquico y desigual movimiento de las economías va a producir diferencias en la formación de las distintas sociedades nacionales, y por supuesto obligarán a los imperialistas a adecuar su política para cada época y lugar.
Llegado a cierta etapa de este desenvolvimiento, la aparición de un mundo socialista relativamente autónomo dentro del mercado imperialista internacional y el surgi-miento de movimientos populares revolucionarios en casi todo el mundo dependiente, introducen una modificación en el plano de la política necesaria para la subsistencia del sistema. Esta es: la descolonización obligada y la penetración neocolonialista bajo la hegemonía norteamericana en los países de Asia y África; y en América latina, en etapas sucesivas desde 1955 aproximadamente, la aparición de una nueva política monopolista que denominamos a partir de cierta identificación general entre quienes la sustentan, como desarrollismo.
Esta política encuentra adeptos en los más diversos sectores y grupos políticos. Hay un reajuste general que elimina las tradicionales barreras entre derecha e izquierda. Los «viejos mitos» sirven de pilares ideológicos para nuclear bajo un mismo denominador a todos los desarrollistas; desde el viejo nacionalismo «aristocratizante» hasta la izquierda victoriana y dogmática, pasando por todos los puntos intermedios, los desarrollistas coinciden en afirmar la prioridad del desarrollo de los sectores básicos de la economía y las transformaciones técnicas en el agro, como ejes para lograr la independencia nacional. De esa manera la clase obrera industrial se convierte junto a la nueva clase media dependiente, en la base social de esa política y es disputada por los desarrollistas para decidir cuál de sus tendencias internas promueve la expansión económica supuestamente impedida por los intereses coloniales. Pero los intereses coloniales también han modificado su política y como en definitiva son los más fuertes y coherentes, los desarrollistas «honestos y progresistas» van a jugar el papel de peones de una política que ellos no han previsto ni quieren. La causa de que estos sectores políticos se subordinen ideológicamente al desarrollismo se encuentra fundamentalmente en el carácter formalista de su percepción de la realidad, mentalidad puramente colonial y dogmática, y a la suposición acerca del carácter inmutable de ciertos aspectos superestructurales. En nuestro país los desarrollistas confunden las decisiones políticas de los gobiernos imperialistas con el carácter estructuralmente dependiente y monopolista de la sociedad argentina. Este aspecto -el carácter estructural del imperialismo- es el invariable por el momento; las políticas concretas de los monopolios para mantenerlo varían con las modificaciones generales del sistema imperialista y con el desarrollo de las luchas populares. La estrategia imperialista es mundial y hace frente a las fluctuaciones de la guerra revolucionaria de los pueblos, así como a la concentración creciente y a la expansión determinada por el adelanto tecnológico que promueve la reposición acelerada del capital.
En tanto, el análisis formal crea supuestas situaciones inmutables referidas a una ubicación técnica o material frente al proceso productivo. Las contradicciones del sistema se reducen a contradicciones intersectoriales provocadas por el desarrollo desigual de los «sectores» técnicos. Como desde el punto de vista de la seguridad de la inversión la economía agropecuaria recibió hasta hace muy poco tiempo el principal flujo del excedente interno, los «obreros del sector industrial» se convierten por arte de magia en la «clase revolucionaria», en aquella que está más interesada en la expansión económica impedida por el imperialismo. Nuestra situación entonces se debe al retraso tecnológico de la industria, y la contradicción se elimina al cerrar la brecha. No extraña entonces que el principal teórico del desarrollismo (Rogelio Frigerio), recordando su pasado izquierdista, sostenga que el retraso en el desarrollo de las fuerzas productivas se soluciona integrando a la clase trabajadora en el proceso «socioeconómico» que permitirá «desarrollarla». Es indudable que todas las clases son, en un aspecto, necesarias para la permanencia y expansión del sistema, y este es el momento enfatizado por los desarrollistas. Dentro de esta perspectiva consideramos a los obreros como «burgueses expropiados» o «futuros burgueses», o utilizando un eufemismo más en boga podemos referirnos al proletariado rural como «campesinos sin tierras».
En las evaluaciones de la izquierda desarrollista la contradicción se diluye en mecánicas interpretaciones de la lucha de clases basadas en las relaciones intersectoriales que aparecen en el cálculo (formal) del Producto Bruto Interno. El CONADE se convierte en el factótum ideológico de los políticos académicos que tienen un gran respeto por la información de «nivel científico» proporcionada por esa institución.
La contradicción entre los monopolistas y sus aliados es vista como la contradicción entre un «sector» agropecuario, oligárquico, y un «sector» industrial, burgués; y los cambios ocurridos en el país desde la segunda guerra mundial como la manifestación de las modificaciones en las relaciones entre ambos sectores en el Producto Bruto.
Este conflicto oculta la verdadera base de las contradicciones locales de la clase monopolista. La contradicción existe entre los capitales más concentrados, o sea aquellos que precisan para su expansión elevadas tasas de inversión, estos son los frigeristas, los que ponen el acento en la prioridad de la integración nacional; y aquellos que, debido a la centralización de la propiedad de la tierra o al hecho de ser sucursales postergadas de empresas extranjeras no tienen necesidad de invertir sus excedentes. Estos últimos son los que defienden la tesis desarrollista a nivel conti-nental y polemizan con los grupos frigeristas.
Las contradicciones campo-ciudad o industria-agricultura no se encuentran en el “carácter» subjetivamente hablando, de las clases dirigentes agrarias o industriales, sino en el desigual ritmo de desarrollo del sistema capitalista en ambos sectores, ritmo desigual que en la Argentina depende de las necesidades del imperialismo internacional. Las leyes de desarrollo del capitalismo son las mismas para el campo que para la ciudad: tanto en uno como en la otra la pequeña producción es eliminada por la grande, y ambas se hallan sometidas a los intereses monopolistas del capital financiero.
Las contradicciones internas del sistema, aquellas que permiten su expansión, son contradicciones entre los sectores más concentrados. Estos últimos -la llamada burguesía nacional- desean soltarse del abrazo del gran capital, y para ello proponen el retorno al sistema de la libre competencia y de la pequeña propiedad; sus aspiraciones en este sentido son jugadas políticamente por los desarrollistas para ampliar su frente al proponerles una parte en el fruto del «desarrollo nacional». Los pequeños empresarios generalmente solicitan al Estado medidas proteccionistas que significan amparo y protección de la libre concurrencia.
Los monopolistas que controlan el aparato estatal algunas veces le dan el gusto a los pequeños capitalistas: tal fue el caso de los ministerios de Alsogaray que en continuas manifestaciones públicas cuando era ministro y como embajador, ha sentado las bases de su programa de «economía social de mercado». El mismo consiste en la intervención estatal para asegurar la libre competencia, política que resulta nefasta para las pequeñas y medianas empresas y favorece en todo sentido la consolidación de la clase monopolista. La historia de las reglamentaciones anti-trust en todos los países del mundo es la historia de la consolidación de los trusts al amparo de la legislación que los combatía.
Dentro del formalismo teórico, que a su vez expresa materialmente la subordinación real de ciertos sectores políticos a la política general del imperialismo, cuesta trabajo modificar y adecuar las herramientas de la teoría de común acuerdo con las coyunturas nacionales en el mercado mundial. No comprenden los formalistas que no hay teoría en general, que la teoría expresa la profundización alcanzada por las luchas populares en cada momento o situación concreta. O, en caso contrario, es directamente una ideología inválida políticamente que sirve para mantener la subordinación al imperialismo por no encontrar la salida política al sistema. Una teoría o metodología errónea, y las teorías formalistas lo son, cuando es política se convierte por regla general en una ideología contraria a la revolución. De allí la necesidad de replantear permanentemente el problema de la revolución nacional. Debe ser formulada en forma continua la pregunta acerca de cuáles son las clases y grupos sojuzga dos en forma absoluta por los imperialistas, cuáles son las concretas condiciones en que se manifiesta la subordinación, qué límites establece el sistema a estos sectores, básicos para su supervivencia, pero que no reciben la contrapartida integradora del régimen, en definitiva quiénes son los que «no tienen nada que perder».
Esta colectividad, compuesta por aquellos que están hoy enfrentados vitalmente a un régimen explotador e inhumano, encabezará la lucha nacional y revolucionaria. Su correcta ubicación y definición permitirá que la elaboración de la política corresponda realmente al grado y objetivo de su lucha. Sin embargo hay que cuidarse de caer en el economismo vulgar, no se debe partir de la descripción económico-social de las clases y después adecuar la política a la misma; sino que el punto de partida es la política concreta del imperialismo y de allí descubrir qué clases y grupos la sufren integralmente, quiénes son los absolutamente desposeídos.
Para el formalismo marxista ya está todo dicho hace más de cien años: esta clase es la de los obreros Je la industria. Desde los objetivos revolucionarios del pueblo argentino eso está por verse y no hay ninguna razón valedera para no aplicar a esa clase obrera la misma definición que los revolucionarios europeos aplicaban a la clase media: aquella clase que hay que conseguir unir a la revolución o por lo menos neutralizar con el fin de que el pueblo -el movimiento nacional que no puede definirse técnicamente sino políticamente- logre triunfar en la guerra decisiva. (1)
No identificamos pueblo con proletariado rural y campesinado miserable, puesto que creemos que en el mismo confluyen diversos sectores de distintas clases sociales: grandes sectores de la clase obrera industrial, especialmente de las industrias en crisis o estancadas, de los trabajadores de servicios y administrativos, de la clase media y el estudiantado, las minorías o mayorías indígenas, y finalmente los marginados sin trabajo fijo de los cinturones de miseria de las ciudades latinoamericanas, y los desocupados permanentes del campo y de la ciudad.
Esta colectividad revolucionaria debe definirse en el nivel nacional, con proyección continental y comprende a todos aquellos sectores del campo y de las ciudades cuyo despojo y enajenación en la sociedad monopolista latinoamericana es total y a los cuales el desarrollismo condena a desaparecer. Estos sectores están más cerca de la tradición y de la tierra que de la técnica moderna; se encuentran ligados por un sentimiento de comunidad objetiva de intereses y de historia, por la coincidencia acerca de los grandes momentos del pasado reciente, por ejemplo, el peronismo; coinciden en el rechazo a la racionalidad técnica del moderno imperialismo.
En y con ellos es posible establecer los vínculos solidarios que posibiliten una larga guerra contra el imperialismo, guerra en la cual otros sectores hoy comprometidos con el sistema entrarán en crisis y pasarán a engrosar el frente del nacionalismo revolucionario.
La modernización tecnológica produce profundos cambios en todas las clases sociales de los países dependientes: a las mayorías las condena a la superexplotación e integra y desarrolla ciertos grupos de clases no poseedoras.
En su totalidad la clase obrera industrial de los países latinoamericanos -y en el caso del Gran Buenos Aires es revelador- no es «proletaria», obtiene beneficios apreciables del sistema. Aunque mayoritariamente «proletaria» con sectores en vías de una rápida proletarización (proletarios en el sentido anteriormente expuesto de pueblo de la semicolonial.
Para los desarrollistas la modernización y el crecimiento expresan los aspectos progresivos y dinámicos de la expansión capitalista, aun para los que afirman estar en contra del capitalismo Este proceso integra cada vez a ciertos sectores de la clase obrera industrial en el sistema.
La praxis política no puede partir de la aceptación de ese hecho -y por lo tanto centrar su actividad en los grupos modernos y supuestamente esclarecidos- sino que debe negarlo, debe ponerse enfrente del progreso. Sólo así es posible enfrentar correctamente las tareas revolucionarias. La base de sustentación, las posibilidades reales de triunfo se encuentran en los sectores negados socialmente por el sistema y no en los integrados o en tendencia de integrarse; provocar la crisis es en primer lugar impedir este último proceso. A los que objetivamente constituyen el movimiento nacional revolucionario su negación por el sistema los convierte en los únicos capaces de superarlo.
Al formalismo se le escapa este proceso aunque en el mundo contemporáneo hay muchos ejemplos que lo ilustran. Los monopolistas, en cambio, lo ven claro y por todos los medios intentan romper el potencial frente de clases que no respeta los tradicionales límites entre las mismas fijados en un comienzo por el capitalismo. En todos los órdenes los imperialistas y sus gerentes adoptan decisiones de carácter político social -generales o sectoriales- orientadas a crear la imagen de una cierta «unión nacional», y a limitar en la práctica a aquellos sectores sociales que consideran «explosivos». Falsa unidad tendiente a ampliar el frente de la «gente decente», pacífica y no subversiva, pero en los hechos es el intento de destruir la unidad popular y crear un sistema de instancias políticas y sociales que aparezcan como metas colectivas y destruyan la identidad básica del pueblo trabajador.
El ensayo participacionista en el plano sindical, que sirve para crear la ilusión de responsabilidad compartida en las decisiones del gobierno, pero que en la práctica no supera el asesoramiento parcial de algunos dirigentes consubstanciados con la política de Onganía tanto por razones ideológicas como por razones de interés personal. Este intento no tiene mucha vida y no puede superar el creciente distanciamiento dirigentes-bases en tanto la política monopólica en la Argentina no pretende «distribuir» beneficios. El manejo político del participacionismo no va más allá de los dirigentes adictos que intentan constituirse en la tendencia predominante de una CGT oficialista al servicio del desarrollismo autocrático. Pero más allá de sus posibilidades movilizadoras o divisionistas, el participacionismo es una de las estrategias importantes de los grupos monopólicos insertados en el Estado. Actúa a la vez en el plano de la corrupción de dirigentes y en el plano de la confusión entre las masas. (El desarrollo del tema participacionismo sindical no corresponde a este capítulo, lo señalo porque es una política básica del imperialismo contemporáneo; ver Sindicalismo de participación, Sindicalismo de liberación, mimeógrafo, Ficha Alfa).
Otro de los aspectos de la política estatal orientada a tranquilizar el frente interno es la creación de Consejos Asesores. Aquí el intento es crear la idea de la responsabilidad compartida en las cuestiones municipales y provinciales, donde un sector de la clase empresaria no beneficiada totalmente por la política desarrollista asume el compromiso de apoyar la gestión del actual gobierno. Se confunde los planos —conscientemente- y se hace pasar la política municipal por la verdadera política; las de cisiones de fondo no sólo no son tomadas por los Consejos Asesores allí donde existen sino que ni siquiera son consultados sobre las mismas. El objetivo es lograr el apoyo de la clase media de las localidades del interior, y desplazar los problemas reales a través de un intrascendente juego municipalista. En tanto, las grandes centrales empresarias y los gerentes de las compañías monopolistas planifican los objetivos generales y aplican con todos los resortes del Estado las políticas correspondientes. A la clase media de provincia se intenta crearle la ilusión de una política compartida, la participación de esos sectores empresarios locales en los Consejos se convierte en un compromiso real de los mismos con la política de Onganía.
Otra de las cuestiones que se presentan actualmente en la estrategia del régimen para autoperpetuarse e impedir las tendencias objetivas hacia la unidad popular es el intento de «integrar» a los jerarquizados en relación de dependencia. Para ello se crean múltiples expectativas de ascensos y mejoramiento general, a la par que se los compromete con los fines de la empresa. Se aumenta la diferenciación entre los trabajadores jerárquicos y la base desjerarquizada, se fomenta la competencia interna por mejores primas, inclusive entre los trabajadores que no ocupan cargos jerárquicos, se amplía el ámbito societario (clubes, entretenimientos, campeonatos, obra asistencial, etc.), creando la imagen de la empresa como gran familia y planteando claramente que es el ámbito más abarcador de la vida de sus empleados. Este proceso se advierte en las grandes empresas, especialmente extranjeras del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, De esta manera se intenta desintegrar a la clase trabaja dora y constituir núcleos parciales de alcance limitado y corporativo. Para los monopolios la finalidad es conseguir que el personal jerárquico se convierta en su aliado real y el resto de los empleados y obreros en una masa sin aspiraciones externas a las que la empresa propone. Por supuesto que esta política de la empresa sólo la puede realizar aquel núcleo más concentrado de la industria y los servicios, mientras la gran mayoría de las empresas y los trabajadores se mueven en una dinámica distinta soportando la política económica recesiva de Krieger Vasena sin la contra-partida integradora. Es entre los trabajadores de este pequeño grupo de grandes empresas que el participacionismo «debería» reclutar a sus adherentes, aunque los dirigentes participacionistas no provengan especialmente de estos sectores, excepto Luz y Fuerza, y sean oficialistas más por un sentido derrotista y un interés corrompido que por una estrategia consciente de embarcar a la clase trabajadora en la aceptación de los monopolios.
En el campo, debido a la situación general de miseria de los trabajadores asalariados, esta política respecto del personal jerarquizado es doblemente efectiva para sus sostenedores. En abril de 1967 el gobierno de Onganía otorgó a los capataces rurales un aumento del 42 % en sus salarios, mientras para los peones el aumento fue del 33 %. Con esto se intenta volver y en buena medida ya se ha logrado hacerlo, a una relación proporcional entre los salarios de peones y capataces rurales similar a la existente hasta 1943. La política de «jerarquizar» y retribuir responsabilidades sirve para crear divisiones entre los trabajadores que, en el caso de la explotación rural por el tipo de economía y relación que establece entre las partes, sirve grandemente a los intereses del patrón. Se crea un sector patronal entre los asalariados rurales claramente delimitado del resto de la clase, no sólo por razones económicas sino por el tipo de relación y sus efectos políticos.
La política de erradicación de villas miseria en los conglomerados urbanos que se viene realizando desde 1967 es otro ejemplo del mismo problema, «correctamente» planteado por los imperialistas pero nunca observado con claridad por los «revolucionarios»: destruir la unidad del movimiento popular, dividir artificialmente, como medio para que el sistema siga subsistiendo. Prácticamente, los nuevos agrupamientos «urbanísticos» transitorios son cárceles que tienden a aislar y mantener vigilados a los sectores más desposeídos de las grandes ciudades del país, especialmente en el Gran Buenos Aires. La erradicación de villas miseria forma parte del terrorismo que el sistema incorpora como eje de su política en una etapa signada por la extensión mundial de la guerra antiimperialista.
El problema regional, el desarrollo desigual del sistema en la Argentina, la política colonialista de las metrópolis litoraleñas frente al interior, el terrorismo que acompaña a esto, la ausencia de una sociedad civil democrática que oculte la explotación integral de los pueblos del interior fueron tratados extensamente en Isidro Velázquez, formas prerrevolucionarias de la violencia, y a ese trabajo remitimos.
Frente a la política del régimen que trata de dividir y aterrorizar al pueblo, se enfrenta la voluntad de las masas populares identificadas con el movimiento nacional liberador, el peronismo y su líder, como único freno a la estabilización del sistema integral que el imperialismo y su aliado local, el desarrollismo en todas sus variantes, intenta implantar.
La experiencia histórica del peronismo en el poder y en la oposición, adoptando formas distintas pero siempre recuperándose de las derrotas y aprendiendo de su propia práctica, nos muestra una clara identidad entre el pueblo explotado y el movimiento nacional. Es la historia de nuestro país, críticamente asumida por las masas y el movimiento, la que enseña y delimita el campo nacional del pueblo del campo antinacional de los imperialismos y las oligarquías. La tarea crítica de recuperar el pasa do revolucionario del pueblo argentino, realizada constantemente en el movimiento, no puede de ninguna manera confundirse con la identificación con el pasado.
Frente al repaso formal y acrítico de nuestra historia ensayado actualmente por distintas especialidades culturales y científicas que asumen el desarrollismo como eje inspirador, es que presentamos la necesaria crítica popular de la historia del pueblo. La historia entonces es política viva y no textos muertos. Pero asumir críticamente la línea histórica tampoco debe confundir los términos, una cosa es la política y otra muy distinta el folklore. Un pueblo que pierde su verdadera tradición, corre el riesgo de perderse en una romántica y acrítica interpretación de su pasado. La política se convierte en folklore y esto tranquiliza al enemigo, los malos se han vuelto buenos.
El proceso político de la revolución invierte la relación entre estructura material y superestructura política. La aceptación del carácter inmutable de esa relación significa aceptar junto con ella el orden burgués-imperialista que la produjo. La revolución significa que lo económico material se convierte en superestructura, mientras la praxis política del pueblo, praxis histórica por otra parte, es la estructura real de la sociedad, es la línea histórica que se proyecta al futuro comprendiendo al mismo tiempo al pasado y explicándolo. Cuando la praxis política se convierte en determinante la revolución triunfa, mientras siga siendo superestructura el orden vigente está salvaguardado. La lucha política entonces es el intento siempre renovado de con-vertir la política revolucionaria de superestructura en estructura de la sociedad.
La revolución no está a favor del «desarrollo», sino está a favor de la negación superadora del sistema. Está en contra del imperialismo monopolista y en contra del libre concurrencismo liberal generador del primero. Los sectores negados por el régimen no pueden plantearse el restablecimiento de las relaciones superadas por el régimen, pues ello significa volver a empezar de nuevo para terminar en el mismo lugar que hoy. La supervivencia del pueblo argentino se encuentra en la negación práctica (política) que rompe con las relaciones imperialistas integralmente, y este pueblo no puede definirse técnicamente en relación con la posición frente a los medios de producción, con relación a una clase, sino que su definición básica es política y es histórica.
Una clase, en mi país el proletariado es un pueblo», LExpress, 24-30 de Mayo, 1965. Peter Worsley refiriéndose a los aportes de Franz Fanón a la teoría revolucionaria escribió lo siguiente: «Porque uno de los factores principales que con tribuyen a la despolitización del lumpenproletariado urbano es, precisamente, la teoría de que es lumpenproletariado.
La teoría revolucionaria así, es una de las razones mayores para que esa categoría potencialmente revolucionaria permanezca en los arrabales de la historia. Por una vez, las élites dirigentes tienen motivo para estar agradecidas a Karl Marx; tratar a las personas de «lumpen», en efecto, ayuda a que lo sean. Debido a estos puntos de vista revolucionarios tradicionales, los marxistas no han procurado organizar a este sector de pobres urbanos; han desperdigado mucho esfuerzo, en cambio, con los sectores más estabilizados y mejor pagados del proletariado industrial, porción relativamente privilegiada y segura de la clase trabajadora». Peter Worsley, La teoría revolucionaria de Frantz Fanón; en Frantz Fanón y la revolución anticolonial, varios autores, Ediciones del Siglo, Buenos Aires, 1970, pág. 45.

III – DESARROLLISMO Y REFORMA AGRARIA

En este punto señalaremos uno de los errores más comunes del pensamiento popular, nacionalista o de izquierda. Este error proviene de pensar que el imperialismo ha mantenido en el agro formas feudales y por consiguiente una de las banderas antiimperialistas debe ser la «reforma agraria». El pensamiento formal, como de costumbre confunde forma y contenido, por otra parte no modifica su pensamiento a la par con los cambios producidos en los imperialistas y que se refieren a esta cuestión. Finalmente, el análisis, cuando se refiere a la sociedad argentina, es doblemente falso, puesto que en la Argentina nunca hubo feudalismo, y además no consideran feudales las áreas donde podría disculparse el error, sino justamente aquellas donde estan más desarrolladas las relaciones capitalistas. Hace ya 35 años que José Boglich, uno de los pensadores nacionales que con más profundidad estudió el tema, señalaba el grave error de los socialistas, comunistas y cooperativistas en el análisis del problema rural, y mostraba claramente el carácter imperialista de la economía agropecuaria así como de sus formas supuestamente «democráticas» como el cooperativismo. El cooperativismo, decía, no viene más que a racionalizar y ordenar la economía rural para facilitar los trámites de los intermediarios y de las compañías in-ternacionales.
El razonamiento de los formalistas parte de la forma que adopte la apropiación de la renta por el terrateniente, para concluir con el carácter del sistema. Esto es anticientífico, puesto que las formas que adopta la apropiación del excedente se encuentran subordinadas al proceso general de circulación del capital, y a la ubicación de la economía argentina en el mercado mundial imperialista, factor determinante de esas formas. Los formalistas parten del latifundio, el sistema de arrendamientos, aparcerías y medierías, y la existencia del pago en especie o prestación de servicios en algunas zonas. No se dan cuenta que el pago en especie es, dentro del mercado local, sólo el primer momento de la circulación, ni que una vez salida de los límites fijados por el alambrado la mercancía se cambia inmediatamente por dinero. Por otro lado, ni siquiera se menciona al verdadero productor de la riqueza agropecuaria, el proletariado rural; el problema lo reducen a la explotación del campesino por el terrateniente, y en ningún caso toman en cuenta la explotación del obrero por el campesino y el terrateniente.
La cuestión de los mercados también es definida erróneamente, de manera inversa al proceso real. Se parte del latifundio como causa de disminución de la población rural, de la proletarización del campesinado y su expulsión del medio, para rematar con la contracción del mercado interno. Este error proviene de confundir mercado interno con mercado de consumo. Para los capitalistas grandes y pequeños el merca do es mercado de consumo, pero para la ciencia el problema es totalmente diferente. La proletarización del campesinado y su expulsión de las áreas rurales, además de demostrar la falacia del feudalismo agrario, proporciona al mercado la más importante de las mercancías: la mercancía fuerza de trabajo. Y a su vez produce en gran escala a la par que «racionalización de la producción», a las fuerzas que constituyen el fundamento del «proletariado histórico».
En la centralización del capital y la liquidación de los pequeños productores consiste uno de los aspectos principales que caracterizan el desarrollo monopolista, y este proceso implica la ampliación del mercado y de ninguna manera su estrechamiento. El estrechamiento se produce solamente en el bolsillo de los pequeños capitalistas y no en el mercado.
Los formalistas manifiestan continuamente que la clase monopolista es enemiga de la reforma agraria. Todo hace suponer, en tanto nos guiemos por lo que ellos afirman, que el oponerse a la reforma agraria es una cuestión de principio para el imperialismo. No demuestran saber que para los imperialistas y desarrollistas no hay más principio que el mayor beneficio, y si las ganancias aumentan haciendo transformaciones en el actual régimen de explotación agropecuaria, adelante pues con ellos. El frigerismo es generalmente enemigo de adoptar medidas legales que modifiquen el actual statu quo del agro, pero los desarrollistas norteamericanos consideran a la «reforma agraria» un elemento importante de su política de integración continental. Para el frigerismo transformar ciertas estructuras agrícolas es perder el tiempo, para ellos es más importante el fomento de las inversiones industriales. Esto tiene estrecha relación con las dos estrategias desarrollistas a nivel continental. La reforma de los desarrollistas tiene una sola limitación, que la misma no signifique movilizar a las clases explotadas del campo; los intereses materiales de los terratenientes serán plenamente considerados pero éstos deben subordinarse a la estrategia del sector dominante de la clase monopolista. Por eso la «reforma agraria» propiciada por los imperialistas es el resultado de fríos cálculos contables, realizados en los despachos de gerentes y financistas nacionales y extranjeros.
Estos cambios persiguen, entre otras cosas, eliminar tensiones producidas por el actual régimen de la tierra, esta quizás sea la razón principal para los monopolios; sacrificar a un pequeño sector de su clase para mantener la hegemonía sobre el con junto de la sociedad. Pero cualquiera sea la motivación inmediata, su consecuencia será una mayor concentración de capitales en manos de los empresarios agrícolas.
Sin embargo, una reforma agraria promovida por los imperialistas no es garantía de que la productividad aumente en la medida deseada por los grupos empresarios interesados económicamente en el cambio de las estructuras rurales, sean éstos propietarios modernos o industriales fabricantes de maquinaria o fertilizantes. Según informaciones existentes a nivel oficial durante el gobierno radical, las desgravaciones por inversiones productivas no dieron mucho resultado. Las supuestas inversiones productivas se convirtieron por regla general en gastos de consumo suntuario como automóviles de lujo o paseo, mejoras en los parques y jardines de las explotaciones, tanques de riego utilizados como piletas de natación, etc. Nada asegura que con las transformaciones legales los créditos a otorgar se canalicen realmente en inversiones productivas. Una agricultura racional desde el punto de vista del sistema es imposible bajo el mismo.
Ya existen en América Latina variados proyectos y programas en ejecución de «reforma agraria»: el M. N.R. y Barrientes en Bolivia; Betancourt y Leoni en Venezuela; varios proyectos diferentes en el Brasil, algunos promovidos por el mismo Castello Branco; Belaúnde en el Perú; y finalmente Frei y la democracia cristiana chilena. Todos ellos inspirados en la Alianza para el progreso y el Consejo Interamericano Económico y Social (organismo dependiente de la O.E.A.), En otras palabras, la nueva politica del imperialismo para las naciones latinoamericanas pasa por trans-formaciones en las regiones agrarias que seguirán hasta aflojar la presión de las masas campesinas y hasta donde los beneficios de los monopolios comiencen a disminuir. El economista desarrollista italiano G.C. Valeri, en una conferencia dictada en la Universidad del Salvador afirmó tajantemente que hay que dejar de lado todo romanticismo en la programación del desarrollo, los empresarios quieren beneficios y seguridad, la justicia social será una consecuencia. Toda política que considera a la «justicia social» como el aspecto primero, en definitiva no logra ni justicia ni desarrollo. Y esto lo afirmó en una universidad católica en un cursillo relacionado con la encíclica Populorum Progressio.
No sólo el sector de la burguesía que produce bienes de consumo inmediato está interesado en realizar transformaciones en el campo para ampliar su mercado consumidor. Los monopolistas que producen vehículos y maquinarias o fertilizantes, son los principales promotores de medidas reformistas en el agro. El fin es la canalización del excedente rural a los bolsillos de la clase monopolista, en este caso en su mayoría de origen europeo o norteamericana. Un agro modernizado, con un régimen intensivo de explotación y que alcance altos niveles de tecnificación es el mayor mercado potencial del país para su producción. Los integrantes de los grupos CREA -empresarios modernos orientados hacia la inversión intensa del capital en el campo-realizan periódicamente reuniones con técnicos o empresarios de la industria para planificar su política de inversiones y aumentar los rendimientos. En la actualidad los CREA no son un grupo marginal entre los poseedores, sino que controlan en par te la Sociedad Rural, tuvieron un ministro y gozan de influencia y prestigio entre los empresarios del campo.
Como contrapartida, los cambios proyectados en las economías rurales, al disminuir la demanda de mano de obra por parte de las explotaciones agropecuarias, acelerarán el proceso de emigración de los trabajadores del campo a la ciudad, amplíando el mercado de trabajo necesario para la expansión de la industria, y manteniendo un elevado ejército de reserva que incida negativamente en el alza de salarios. Como esta política puede profundizar las tensiones sociales, puede ir acompañada por una acción complementaria de desarrollo de las comunidades y afincamiento rural. En ese caso el ejército de reserva se mantiene pasivo políticamente y no es fuente de conflictos.
Ejemplos no faltan para señalar la acción del imperialismo en favor de transformaciones agrarias que, en cierto modo, modifican el sistema tradicional de explotación. Hace un tiempo, Life publicó declaraciones de un ex-presidente provisional de la República Dominicana, donde abogaba por drásticas modificaciones en el régimen de la tierra en Latinoamérica, como única salida para el atraso del continente y como freno del comunismo.
En el número de agosto de 1964, en la Revista del Banco Interamericano de Desarrollo, apareció un artículo de Th. F. Carrolln titulado «Reflexiones sobre la Distribución del Ingreso y la Inversión Agrícola». Carroll no vacila en afirmar que: «La reforma agraria comienza a ser aceptada como el instrumento principal para la transformación social y económica de la agricultura». Más adelante dice que «la concentración del ingreso en manos de un pequeño grupo acaudalado no conduce a un coeficiente alto de ahorro e inversión, sino más bien al consumo suntuario». «Cuan favorables sean en un país su capacidad de absorción de capitales y sus instituciones para realizar inversiones sociales es algo que, está determinado, en gran parte, por la estructura agraria existente y por el alcance de su programa de reforma agraria». «Resulta hoy evidente que la inversión agrícola, sin cambios drásticos en la tenencia de la tierra, produce resultados inferiores y tiende a agravar las tensiones sociales». Al finalizar el artículo Carroll afirma categóricamente que: «Donde la estructura de la tierra sea extremadamente injusta y rígida (como ocurre en la mayoría de los países) la reforma agraria es un prerrequisito para la inversión efectiva. No obstante, si los cam-bios en la tenencia de la tierra no se complementan con atinadas políticas de inversión, podrá desvanecerse el ímpetu de la reforma».
Esto no significa que al imperialismo no le aparezcan opositores en sus mismas filas. Pese a que en su artículo Carroll lo único que pretende es encontrar es el mejor camino para incrementar las inversiones y limitar los conflictos, la clase terrateniente de los países latinoamericanos y la Argentina en particular, no se va a mostrar dispuesta a colaborar en esta política sin antes obtener algún beneficio a cambio. Gran parte del poder político de esa clase proviene del monopolio en la propiedad rural, y la pérdida de ese monopolio, provocará un retroceso en su poder político. Desde el punto de vista económico también será perjudicada la oligarquía tradicional, los beneficios obtenidos por el sistema extensivo de explotación de la tierra, la gran especulación en esa materia, así como la renta de los arrendatarios, disminuirán considerablemente si se ponen en ejecución cualquiera de los planes de reforma proyecta dos por técnicos locales o por los asesores norteamericanos en el problema.
La tradicional política de los gobiernos argentinos de transferir ingresos de las otras ramas de la producción hacia la economía agropecuaria, política que beneficia a los terratenientes y a los grandes comerciantes exportadores, es defendida con uñas y dientes por sus beneficiarios. Expresión de ello son las continuadas manifestaciones de los directivos de las entidades rurales -Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y sus organismos regionales, cooperativas, etc. – en favor de los regímenes promocionales, los precios asegurados, la eliminación de impuestos, etc.
El proyecto de impuesto a la renta potencial de la tierra que reemplazaría a toda tasa fiscal existente en el campo, desde que fue presentado en 1964 por el ingeniero Kugler hasta la actualidad «revolucionaria» en que fue reactivado con escasas modificaciones por los Secretarios Raggio y García Mata, sufrió continuos ataques por parte de las entidades patronales del campo. Los argentinos oscilan entre los que aseguran que el proyecto es comunista hasta los que lo aceptan con restricciones, «hay que estudiarlo más antes de aplicarlo», etc. El hombre encargado de preparar el anteproyecto para los dos gobiernos es el mismo, el Dr. Dino Jarach, especialista en política fiscal. Los ruralistas tradicionales se oponen, los cooperativistas lo aprueban pero tienen miedo que se aplique, los únicos firmes sostenedores del impuesto ala renta potencial son los poderosos capitalistas agrarios nucleados en los CREA, Estos van a ser los más beneficiados, la ruina de los que explotan con medios rudimentarios permitirá por parte de ellos centralizar propiedades aún mayores. El antiguo proyecto presentado por Kugler venía precedido por la siguiente afirmación, afirmación que con algunas variantes es el caballito de batalla del Ingeniero García Mata, actual Secretario de Agricultura y Ganadería:
«Estimular o premiar a quienes por su inteligente dedicación y esfuerzo consiguen altos rendimientos de sus predios. Presionar a aquellos que por negligencia, despreocupación o mero propósito especulativo mantienen a sus campos a un bajo nivel de productividad o totalmente incultos. Premiar a quienes obtengan rendimientos por en cima del normal, ya que el adicional o «plus» se vería liberado de todo gravamen. Inducir a los que obtienen bajos rendimientos, mediante impuestos determinados en base a lo que la tierra debería producir normalmente, a mejorar su explotación agropecuaria o a vender sus predios, todo ello de acuerdo a su propia conveniencia y sin intervención directa del Estado».
Según propias afirmaciones del ubicuo Dr. Jarach, la principal objeción que podría hacerse al proyecto es la siguiente: «este sistema discrimina en contra de aquellos que poseen menos capital y una mayor cantidad de mano de obra familiar que debe ser empleada para el sustento».
A los terratenientes que explotan sus tierras en forma extensiva, el impuesto los obligara a invertir los excedentes para aumentar la productividad de sus campos. En caso de no hacerlo la alta tasa impositiva tarde o temprano los obligará a vender, disminuyendo de esa forma el precio de la tierra y la especulación. Si los excedentes se invierten, García Mata y los exportadores se pondrán muy contentos, porque la cifra de tres mil millones de dólares para exportar podría alcanzarse. El pequeño y mediano empresario rural que no ocupa mano de obra asalariada permanente, sea propietario o arrendatario, y en este último caso peor aún para él, en su mayoría ya está produciendo en forma intensiva. El impuesto lo obligará a invertir su escaso excedente para poder seguir eximiéndose del mismo, en caso contrario deberá abandonar el predio y engrosará las filas de los desocupados y expulsados de las áreas rurales.
El aumento de la productividad en el campo argentino irá acompañado por cambios en el actual régimen de la tierra. Se producirá un reajuste del tamaño de las explotaciones, lo que no significa menor concentración de la propiedad sino dividir la misma en unidades eficientes económicamente, pero manteniendo las distintas explotaciones bajo la misma propiedad. Los pequeños predios así como los latifundios que por su extensión no son rentables en un sistema basado en la explotación intensiva y moderna, serán reemplazados por explotaciones sustentadas por grandes inversiones de capital. En el futuro los terratenientes actuales, que ejercen el monopolio de la tierra, serán sustituidos por sociedades anónimas terratenientes -el proceso ya ha comenzado— como las que actualmente ejercen el monopolio de la producción industrial y las actividades financieras.
Que los financistas argentinos se dieron cuenta de esto lo prueba una declaración de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aparecida en los diarios del 13 de enero de 1965. En la misma se afirma la necesidad de comenzar a corto plazo el estudio y discusión del proyecto con vistas a hacerlo viable (para ellos) y poder así comenzar a aplicarlo en el campo.
Dino Jarach basó sus proyectos de reforma impositiva en las resoluciones de la Conferencia de Política Tributaria, organizada en Santiago de Chile por la O.E.A. durante 1962, Fueron co-organizadores de la Conferencia, el Banco Interamericano de Desarrollo y la C.E.P.A.L. En esa conferencia los principales sostenedores del impuesto a la renta potencial de la tierra fueron los economistas norteamericanos N. Kaldor y H. P. Wald, este último Director Asociado de la Oficina de Análisis Tributario del Tesoro de los Estados Unidos. Ambos sustentaron sus proposiciones en un trabajo de Adolf Berle, asesor de los gobiernos norteamericanos y ex-embajador en el Brasil durante el gobierno de Kennedy. Por si quedan algunas dudas es bueno recordar que el instituto de estudios dependiente de la ex-UDELPA presentó un informe donde se recalcaba la necesidad de un impuesto a la baja productividad de la tierra.
Tendencialmente, el resultado final de todos los proyectos reformistas que se mueven en el área de los organismos interamericanos o en los gabinetes de los gobiernos del continente es el surgimiento de una clase capitalista sustentada en altas tasas de inversión de los excedentes. Esta identidad fundamental se produce por encima de las diferencias que circunstancialmente existen respecto de las formas de gobierno y su representatividad. La capitalización de la economía agrícola, principal objetivo de los proyectos, no significa exactamente la desaparición de la llamada «oligarquía terrateniente» como suponen los desarrollistas y los formalistas de todo tipo, sino su conversión en una clase monopolista agraria con características modernizantes y no tradicionales como la actual.
Si bien la tendencia a convertir la explotación rural en una empresa industrial predomina independientemente de la existencia de proyectos, dado que el fin de éstos es acelerar una tendencia existente, en la región pampeana no ha eliminado todavía todos los vestigios del latifundio colonial, y esto da pie a las interpretaciones erróneas o intencionadas sobre el carácter de las áreas rurales. Los teóricos del feudalismo y el tradicionalismo rural se dan la mano con los burócratas de la CEPAL y la OEA que en esta cuestión afirman lo mismo. El mantenimiento del tradicionalismo rural fue la forma adecuada de ordenamiento de la economía agraria durante cierta etapa de nuestra formación como naciones dependientes. Ese periodo va llegando a su fin, y los imperialistas adecúan su política para responder a las nuevas necesidades del sistema. Pero aún en estas condiciones es un error considerar al agro como precapitalista, dado que las formas tradicionales o semifeudales son superestructuras que ocultan el basamento real: la estructura imperialista de las economías latinoamericanas, su profunda dependencia de las fluctuaciones del mercado mundial. Los ideólogos y tecnócratas del sistema que ocultaron celosamente durante años el problema, lo descubren exactamente en el momento en que deja de ser útil, y los formalistas apegados a un método que los lleva a confundir lo esencial con lo fenoménico, con-vierten su antigua oposición al imperialismo -aunque sustentada en interpretaciones erróneas- en una alianza objetiva con sus intereses actuales.
Pero el problema puede ser encarado de otra forma, aceptando el presupuesto básico del carácter capitalista de la estructura agropecuaria del país y afirmando que la contradicción del sistema es estancamiento o desarrollo, subdesarrollo rural o desarrollo independiente, etc. Este punto de vista, que llamamos aquí por su manía cuantificadora y la subordinación real a las tesis frigeristas «desarrollismo de izquierda», afirma la necesidad de transformaciones revolucionarias para salir del estancamiento.
La tendencia hacia un cambio en los medios de producción utilizados por las clases dominantes, cambio eminentemente técnico y que no altera necesariamente su poder sobre la sociedad, aunque produce desplazamientos y redistribución de los pobladores del campo, es a todas luces evidente: la importancia creciente del I.N.T.A. y los grupos C.R.E.A. y la conocida actitud de los ministros de agricultura de los gobiernos de Illia y Onganía, fenómeno que se acentúa desde hace cinco años, es un hecho irrebatible. Estos cambios responden objetivamente a las necesidades de los sectores más concentrados de la clase terrateniente identificados con la política del neoimperialismo. De allí que, pese a las dificultades políticas que encuentra su realización por la resistencia de algunos sectores de la misma clase a verse desplazados, los cambios se están imponiendo paulatinamente sin modificar las relaciones de poder en la cúspide. La clase terrateniente, quizás representada por nuevos grupos, tiene garantizado el lugar de privilegio que históricamente ha tenido. Su desplazamiento no puede provenir de las reformas de estructuras sino del cambio revolucionario, y esta es una cuestión que no van a resolver los expertos ni los teóricos, y sería una pretensión absurda exponer «la receta» desde este o cualquier otro libro.

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